Quilombo

El presidente rumano, Traian Basescu, visitó España hace unos días. En una entrevista a El País (28/11/2007), confirmó su desacuerdo con la moratoria en la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos rumanos impuesta por el gobierno español (a partir de una penosa iniciativa de UGT y CCOO), a pesar de que Rumanía es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007.  

"Pregunta. ¿Por qué cree que hay que eliminar la moratoria?

Respuesta. No podemos decirle al presidente José Luis Rodríguez Zapatero [con quien se reunió ayer] qué políticas debe hacer. Pero creo que la moratoria es un error porque fomenta el trabajo en el mercado negro y provoca que una parte de los rumanos no puedan encontrar empleo legal. Lo peor de todo es que los ciudadanos rumanos no se sienten tratados como europeos. Sin moratoria, los Gobiernos español y rumano podrían saber exactamente el número de rumanos que hay y hacer políticas conjuntas para evitar problemas. La mano de obra rumana que no figura en los registros corre el peligro de convertirse en una bomba de relojería.""

Sin quererlo, el presidente rumano puso en evidencia la falacia de las vigentes políticas migratorias europeas. Basta sustituir la palabra rumano por marroquí, senegalés o boliviano. Sentirse europeo viene a significar sentirse ciudadano con los mismos derechos que los demás. Sin embargo, desplazar la frontera de la discriminación (reconocemos a los rumanos pero no a los africanos, por ejemplo) no se resuelve el problema de fondo.

Discrepo con el presidente en una cosa: no se trata de regularizar para evitar "explosiones sociales" y facilitar el control ciudadano. Uno puede aparecer en muchos registros, incluidos los policiales. Habría que invertir el razonamiento: sólo cabe hablar de convivencia pacífica, y en última instancia de democracia, cuando hay reconocimiento entre iguales. Que pregunten a los jóvenes de Villiers-le-Bel, cómo viven a diario lo de la égalité.

El Plateau de Dakar, centro administrativo de la ciudad, fue escenario la semana pasada de una revuelta inusual, por su violencia y por sus protagonistas: los bana-bana (vendedores ambulantes) del mercado de Sandaga se enfrentaron con la policía senegalesa, después de haber bloqueado las calles con neumáticos en llamas. La batalla campal pronto se extendió al barrio popular de la Medina, donde jóvenes indignados incendiaron coches oficiales y atacaron con piedras las oficinas del alcalde, mientras la policía intervino con porrazos y gases lacrimógenos.

Foto: AFP
La causa de estas protestas se encuentra en la decisión del presidente Abdoulaye Wade de prohibir la venta callejera en el Plateau, en un contexto de incremento de los precios de los productos básicos y por tanto del coste de la vida, que motivó el mismo día otra manifestación de los sindicatos senegaleses. El octogenario presidente pretende renovar la imagen del centro administrativo de Dakar, donde se encuentran las instituciones del Estado, los principales hoteles, las embajadas y las sedes de organismos internacionales. Además, se están realizando importantes obras de infraestructura con vistas a la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica que tendrá lugar en marzo de 2008.

Una de los argumentos empleados para justificar la restricción del comercio callejero es la descongestión de las principales vías de la ciudad. En torno a Sandaga, los puestos de venta invaden literalmente las calles. Esto, unido al gentío que se agolpa para hacer sus compras, dificulta notablemente el tráfico, que en Dakar es predominantemente colectivo: taxis y car rapides (los vistosos autobuses locales). Sin embargo, la restricción del comercio ambulante puede representar una medida políticamente arriesgada, teniendo en cuenta que buena parte de los habitantes de Dakar dependen del comercio informal, en sus infinitas modalidades, para obtener su ingreso diario, la "d.q." (dépense quotidienne), el necesario xaalis (dinero).

Situado en la confluencia de dos importantes avenidas, Lamine Gueye y Emile Badiane, Sandaga es una especie de zoco caótico que ha desbordado el edificio de estilo neosudanés que alberga el mercado propiamente dicho. En él se puede encontrar de todo, en un desorden aparente y colorido: hombres y mujeres (muchas mujeres), sastres que ultiman sus boubous junto a puestos con pescado seco, verdura, mangos y nueces de cola, vendedores ambulantes de CD que ignoran las campañas antipiratería de Youssou N'Dour, recicladores de latas de cerveza o de salsa de tomate con las que recubren bandejas y baúles, vendedores de artesanía (artesanos, pocos), vendedores de libros para la escuela, de coranes, de leche de coco, de babuchas...Pero no sólo hay comerciantes, bana-bana o baol-baol (comerciantes proveniente de la región homónima, Baol). En torno al mercado se multiplican los petit boulots ("pequeños curros"), desde curanderos hasta quienes alquilan sillas por un precio siempre negociable, pasando por los inevitables carteristas.

Pasear por Sandaga es una prueba de fuego para cualquier visitante  toubab (un blanco). El acoso inmisericorde de los vendedores ambulantes, generalizado en Dakar, se multiplica en Sandaga hasta la extenuación. Ya en otras partes del centro de la ciudad resulta difícil dar un solo paso sin que te aparezca uno, dos, tres e incluso más de diez bana-bana que tratan de venderte cualquier cosa, desde las típicas artesanías, a toallas, pasando por electrodomésticos, teléfonos móviles, etc, y que no aceptan un "no" por respuesta. Hay momentos en que pueden llegar a ser realmente agobiantes, y si en un principio uno puede verse tentado a hablar con todos y cada uno de los abnegados comerciantes, en parte por cortesía (¿cómo no responder a un sonriente bonjour?), en parte por mala conciencia, lo habitual es acabar esquivando la mirada, y dando la callada por respuesta. Curiosamente, cuando te estableces en la ciudad, a las pocas semanas desaparece el acoso, aunque sigan queriendo venderte todo tipo de mercancías. Supongo que es entonces cuando dejas de ser visto como un turista.

Viñeta del gran dibujante Mohiss, en la que caricaturiza las tribulaciones de un turista europeo en Senegal.

Este caos es, como digo, aparente. Detrás de una presunta desorganización se ocultan complejas redes económicas y sociales (imposible disociar ambas dimensiones en África), redes que a menudo traspasan fronteras. Buena parte de estos vendedores ambulantes, tanto los de Senegal como los que vemos en España, Italia, o Nueva York, forman parte de la cofradía musulmana sufí de los muridas, seguidores de Cheikh Amadou Bamba, muerto en 1927, y enterrado en Touba, convertida en ciudad santa del muridismo y que goza de una autonomía especial.

Las cofradías sufíes tienen un peso político y económico fundamental en Senegal. El 40 % de la población en Senegal se adscribe a la cofradía murida, y los porcentajes son aún más altos en la diáspora senegalesa. La imagen de Amadou Bamba es omnipresente en el país. El ideario murida enfatiza la importancia del trabajo, la confianza en uno mismo, y la solidaridad, de ahí que sus seguidores prefieran el comercio ambulante a la dependencia del trabajo asalariado. Lo cual no impide otras servidumbres, como las relaciones de dependencia personal con los marabouts (jefes religiosos), institución que tiene un peso importante sobre todo en la cultura wolof.

De momento, las autoridades senegalesas parecen haber cedido, permitiendo a los vendedores ambulantes volver a la vía pública, al menos hasta la fiesta de la Tabaski (el Aid-el-Kebir del Islam). En un reflejo que hace honor a las pretensiones jacobinas del Estado senegalés, parece que ahora el objetivo es regular el comercio callejero asignando días y horarios determinados, tarea díficilmente controlable.

Queda por saber si hemos asistido a un chispazo aislado o al comienzo de tensiones crecientes entre el presidente Abdoulaye Wade y cada vez más amplios sectores de la población.  El africanista Ferrán Iniesta ha escrito reiteradamente que el grado de legitimación de los gobiernos y de los estados en África negra suele ser inversamente proporcional a su intervencionismo interno en materia fiscal o en lo que afecta a las fuentes de ingreso de la población. ¿Lo tendrá en cuenta Wade?.

Discusiones como la mantenida el sábado, durante la clausura de la XVII Cumbre Iberoamericana, entre el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente venezolano Hugo Chávez, son habituales en las democracias parlamentarias, o en asambleas internacionales como la de Naciones Unidas.

No es la primera vez que en un parlamento alguien tiene el uso de la palabra y es interrumpido por su interlocutor. Por lo general, corresponde al presidente de la asamblea terciar y poner orden cuando el debate deriva en una ruidosa trifulca que no conduce a ningún lado. En el caso de la Cumbre que nos ocupa, correspondía a Michelle Bachelet, presidenta de Chile y anfitriona, dirigirse al presidente Hugo Chávez para conminarle a respetar el uso de la palabra del presidente español. A Bachelet, no al rey Juan Carlos.

Con su airada intervención, el rey hizo naufragar una Cumbre que, al margen de su utilidad, constituye una de las principales apuestas de imagen de la política exterior española. No olvidemos que, además de mandar a callar a Hugo Chávez, desairó al presidente nicaragüense Daniel Ortega en su turno de palabra (no estaba interrumpiendo a nadie), al levantarse y ausentarse de la sesión cuando aquél criticaba el papel de Unión Fenosa en su país.

Claramente, el rey excedió las funciones que tiene constitucionalemente asignadas, como acertadamente nos recuerda Javier Ortiz. Y, de un borbonazo, ha pulverizado uno de los tópicos más arraigados en España sobre la utilidad de la función monárquica. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el Rey es "nuestro mejor embajador"? Por favor, no confundamos la función diplomática con la de comisionista.

Es obvio que dejó a Zapatero en una situación muy incómoda, teniendo en cuenta además las críticas a las empresas españolas por parte de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Pero además de reclamar respeto ante los descalificativos dirigidos contra José María Aznar, de paso podría haber pedido disculpas por el apoyo otorgado por el Estado español a los golpistas de abril de 2002.

Este hecho gravísimo ha sido admitido por el Ministro de Asuntos Exteriores español Miguel Angel Moratinos en diversas ocasiones, con las implicaciones que tiene, en derecho internacional, para la responsabilidad del Estado español:

"En el anterior Gobierno, cosa inédita en la diplomacia española, el embajador español recibió instrucciones de apoyar el golpe, cosa que no se va a repetir en el futuro. No se va a reproducir".  (programa de TVE 59 segundos, 22 de noviembre de 2004)

Sin embargo, el Estado español nunca ha pedido excusas, formalmente, al Estado venezolano. Una declaración semejante no significa humillarse ante nadie, sino dejar claros determinados principios. Serviría no sólo para pasar página a un episodio bochornoso de la política exterior española, sino para marcar diferencias con José María Aznar (pocas veces un ausente ha estado tan presente), quien desde su think tank sigue aportando munición estratégica e ideológica a las derechas sudamericanas. De nuevo, un descolocado Zapatero desaprovechó una buena ocasión para mostrar algo más que talante, tan pendiente está de la reacción de una derecha que le va zurrar haga lo que haga, diga lo que diga. Aunque, bien mirado, en ese momento tal vez haya estado más pendiente de su irascible "embajador": su insistencia en el respeto a los representantes electos no deja bien parado a quien ha sido designado por la gracia de Dios.

Con la publicación, en 1721, de las célebres Cartas Persas, el barón Charles de Secondat de Montesquieu inauguraba una visión de Oriente que aún perdura, para satirizar, mediante el relato ficticio del viaje de dos nobles persas* a Francia, la sociedad francesa de su tiempo. Es en esta época que la monarquía francesa mantiene relaciones políticas y comerciales directas con los iraníes** Safávidas, una dinastía que reinó entre 1501 y 1736.

Casi tres siglos después, el Museo del Louvre dedica una hermosa exposición al arte del Irán Safávida, titulada El canto del mundo, que recomiendo a todo el que se pase por París de aquí al 7 de enero de 2008. Pude visitarla este pasado "puente" de noviembre, y quedé maravillado, sobre todo por la belleza de sus manuscritos ilustrados. La otra gran exposición temporal que presenta el Louvre en estos momentos, que no llegué a visitar, es una colección de obras maestras de arte islámico que pertenecen a la Fundación Aga Khan. Algunas de las obras de arte safávida presentes en la primera colección proceden también de la colección del Khan. Otras piezas, provienen de importantes muesos y colecciones privadas. Pocas del mismo Irán. En su origen, provienen de importantes centros culturales de la época, como Ispahan o Herat (actual Afganistán). También de algunas regiones hindostánicas.

Llama la atención el simbolismo de las ilustraciones, la riqueza del color y el detallismo de algunas miniaturas. La pintura, íntimamente ligada al texto manuscrito del que forma parte, no pretende ser un reflejo exacto de la realidad, sino una metáfora, una celebración de la Creación, que se confunde a menudo con una glorificación del rey, como explica en el catálogo el apasionado comisario de la exposición. Las metáforas incorporan continuamente referencias del arte preislámico, que nos sorprenden a los no iniciados: podemos ver a magos zoroastrianos vestidos como mulás chiitas, o banquetes de libaciones de vino para celebrar el final del Ramadán. Quinientos años después de que Omar Khayyam cantara sus virtudes, el vino está omnipresente en la pintura safávida, en las delicadas copas de vino.

Una de las piezas más importantes son las páginas del Shah-Name ("Libro de los reyes") del monarca Shah Tamasp (siglo XVI), que recopila los versos de la monumental obra poética de Ferdowsi (en torno al año 1000 de nuestra era). El manuscrito fue desmembrado por mercaderes europeos y sus páginas dispersas durante el siglo XX. Lo que vendía eran las coloridas ilustraciones, sin percatarse que lo que les daba sentido era la unión entre el texto y la pintura, como se lamenta el comisario de la exposición.

Página del Shah-Name

En el período tardío del arte safávida (finales del siglo XVII y principios del XVIII) se percibe ya la influencia occidental. Algunos artistas incluso reproducen directamente pinturas religiosas cristianas, con sus vírgenes y santos. Me quedo con la curiosa imagen de un visitante europeo que se presenta ante unos notables iraníes, sombrero en mano. Lo que para el extranjero es señal de respeto significa todo lo contrario para sus anfitriones. Una metáfora que mantiene toda su vigencia.

* El barón, que nunca había viajado a Persia, se basó en los escritos de viajeros europeos contemporáneos para construir sus personajes.

** Aquí uso iraní y persa indistintamente, para no complicarme la existencia. Para entender la controversia sobre los respectivos usos, ir a: http://en.wikipedia.org/wiki/Iran_naming_dispute

Comentaba en mi último artículo que "una condena de El Egipcio o una mención explícita de Al Qaeda (apenas si se la menciona en la sentencia) hubiera dado lugar a otros titulares" en medios como El País, que tanto tiempo llevan teorizando sobre la amenaza islamista y Al Qaeda. El reconocimiento de que un grupo de personas que compartan la misma visión de las cosas decida cometer un atentado casa mal con la visión de una organización ubicua con ramificaciones en todas partes y con "líderes" identificables que lo controlarían todo en la sombra. Así pues, la sentencia de la Audiencia Nacional no sólo dejaba en mal lugar -merecidamente- a los propagandistas de la "teoría de la conspiración".

Hoy El País contraataca. Denuncian, con grandes titulares, que el tribunal cometió un grave error judicial al absolver a El Egipcio, asumiendo lo que parece ser una tesis de la acusación particular y ahora también de la fiscalía, que ya habían anunciado la interposición de sendos recursos a la sentencia. Si ha habido error judicial, será el Tribunal Supremo y no El País el competente para determinarlo. Afirmar tal cosa de forma tan tajante, en primera plana, y a cuatro columnas, pone de manifiesto la evidente intencionalidad política de los responsables del diario. A su modo, están insinuando que no existirá "autor intelectual", pero haberlo haylo, y bien barbudo que es.

Y no es así. Primero, porque penalmente no existe la figura del "autor intelectual", tal y como nos la están vendiendo. Segundo, porque aunque la Audiencia Nacional pudiera condenar a Rabei Osman El Sayed por integración en banda armada, esto no quiere decir que haya estado implicado en los atentados, y mucho menos en calidad de autor.

Puedo imaginarme qué tipo de resolución judicial prefieren: sentencias como las del caso Mohammed Atif Siddique en Escocia, un estudiante de veintiún años de edad, condenado a ocho años de cárcel por poseer "material que podría ser usado para fines terroristas": CDs, vídeos que muestran actividades "terroristas", y páginas webs, información muy facil de encontrar en internet.  O como ha sucedido en el caso Bahar Kimyöngür en Bélgica. Interpretación laxa de las leyes, pocas pruebas.

Si las leyes suponen un problema, manipulaciones como las citadas crean el caldo de cultivo idóneo para reformarlas o inventarse nuevos delitos.

El juicio sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 partía con un gran inconveniente: el hecho de que los principales sospechosos se hubieran hecho volar por los aires en Leganés, y que ninguno de los procesados hubiera admitido su participación en los hechos. Era de esperar que del conjunto de los imputados sólo unos pocos pudieran ser condenados como co-autores directamente responsables de los homicidios, y que los demás imputados resultaran absueltos o condenados por delitos menores: cooperación necesaria, integración en banda armada o tráfico de explosivos.

Quienes ahora se dedican a leer la letra chica y a buscar -o a inventarse- lagunas e incongruencias, seguirán cayendo en el mismo error (intencionado, por supuesto): de lo que trata un proceso judicial es de encontrar culpables, con pruebas que permitan al tribunal tener la convicción de su responsabilidad penal. ¿Que sostienen una versión de los hechos diferente? Muy bien. Pues pruébenlo.

La sorpresa por el número de absoluciones, incluyendo la de Rabei Osman El Sayed, más conocido como El Egipcio, se debe a lo mal acostumbrados que nos tiene la Audiencia Nacional y otros tribunales. En esta ocasión parece que el tribunal ha tratado de ser más riguroso de lo habitual a la hora de atribuir autorías y complicidades, a pesar de que la vigente versión del Código Penal ampara, en materia de "terrorismo", una peligrosa discrecionalidad. Por ejemplo, para caracterizar la acción como terrorista (y por tanto, para poder aplicar penas de hasta cuarenta años), se incluye un elemento teleológico que en este caso, como en tantos otros, no deja de ser discutible: ¿la finalidad de los criminales era liquidar el orden constitucional para sustituirlo por una estructura política, social o religiosa? (de nuevo remito a las reflexiones de John Brown al respecto). 

Así, junto a los suicidas de Leganés, habrían participado directamente en el atentado Jamal Zougam y Otman el Gnaoui. Otros han sido condenados como pertenecientes a banda armada o colaboradores, en función de su relación con el resto del grupo. Más problemática es la condena de Hassan El Haski como perteneciente al Grupo Islámico Combatiente Marroquí, sobre la base de testimonios incriminatorios, pero sin que se haya demostrado que tuviera algo que ver con los atentados de Madrid.

Esto es, hubo un grupo de personas que, compartiendo las mismas motivaciones, realizaron el hecho conjuntamente, siguiendo la expresión del artículo 28 del Código Penal español. Así de simple. El mismo artículo prevé que también pueden considerarse autores quienes "inducen a otro u otros a ejecutarlo". ¿Quiere esto decir que en todo delito debe haber siempre un inductor, un autor intelectual que se sitúe al margen de la realización material de los hechos? En absoluto. Al margen de a quién se le haya ocurrido primero la idea de volar trenes de cercanías, en este caso lo que ha quedado probado es que los autores participaron conjuntamente en la comisión del delito, como integrantes de una misma banda.

Es lógico que quienes no han aportado una sola prueba para convencernos de otra versión de los hechos insistan ahora en el misterioso "cerebro", un doctor Mabuse que sigue sin aparecer. Su versión de lo que es un inductor no sólo les permite continuar ad aeternum mareando la perdiz, sino, peor, criminalizar a quienes sostienen una ideología determinada, inventando "entornos" y cattivi maestri. Además, la figura de un "malo" perfectamente identificable nos tranquiliza. La idea de que cualquiera puede matar si se lo propone, incluso de forma masiva si se reúne con otros y disponen del material necesario para ello, es realmente perturbadora.

Que el tribunal haya descartado la idea de un "cerebro" pone en entredicho no sólo la propaganda de El Mundo o Libertad Digital, sino también cierta visión, igualmente propagandista, de lo que significa Al Qaeda. No es de extrañar que los titulares de El País y Público insistan sobre todo en atacar la hipótesis, poco verosímil desde el mismo 11-M, de la autoría de ETA. Una condena de El Egipcio o una mención explícita de Al Qaeda (apenas si se la menciona en la sentencia) hubiera dado lugar a otros titulares.

Mejor no leer los resúmenes de la prensa, escrita o digital. No hace falta embotarse la cabeza con la repetición por televisión de la lectura de la sentencia y de las esperadas reacciones. No vale la pena ponerse de los nervios escuchando al último cretino con platea preferente en la radio. No se vuelvan locos leyendo lo primero que se le ocurre al bloguero de turno, incluyendo este que escribe. Olvídense de los políticos.

No busquen una excusa para sentir el hervor de la sangre, para desahogarse contra alguien. Es de un juicio penal de lo que estamos hablando. De 191 muertos y miles de heridos. De encerrar a unas personas en prisión por el resto de sus vidas. Es algo muy serio.

Por favor, descarguen la sentencia. Cualquier diario digital permite hacerlo, hoy no voy a privilegiar a ninguno. No hay que abrumarse con las 722 páginas, no es necesario leerla en su integridad, se puede activar la opción de búsqueda y rastrear palabras clave, como los nombres de los acusados. Vayan a los Fundamentos de Derecho. Basta con leer a partir de la página 577 (Fundamentos Jurídicos, apartado IV. Autoría o participación ), o activar la opción de búsqueda y buscar palabras clave, como los nombres de los acusados.

Podrán comprobar, por sí mismos, sobre quiénes se han recabado pruebas suficientes para condenarlos por los delitos previstos en el Código Penal, y no por otros inventados. Verán que esa cosa llamada "autoría intelectual" sólo se menciona una vez, en referencia a una alegación de la acusación, finalmente desechada. Si quieren más información, vayan al principio de los fundamentos, y podrán encontrar un resumen de lo que es el objeto del proceso, la prueba, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo.  Descubrirán que en ningún momento el tribunal hace referencia a lo que se conoce como "prueba diabólica", esto es, probar la inexistencia de algo, ese juego que tanto apasiona a nuestros medios de comunicación.

Por favor, lean un poquito, con calma. Mañana hablamos.

A principios de septiembre de 2007 la compañía estatal de hidrocarburos Sonatrach anunció la rescisión unilateral del contrato suscrito con Repsol YPF y Gas Natural para explorar, producir y comercializar gas natural licuado (GNL) en Gassi Touil. La rescisión formaba parte del viraje de la política gasística y petrolera de Buteflika, desde que el inicio de su enfermedad desestabilizara los equilibrios políticos existentes en el seno del régimen argelino. En julio de 2006 Buteflika había anulado las disposiciones de la ley de hidrocarburos de febrero de 2005. Esta ley había otorgado a las compañías extranjeras concesiones extremadamente generosas, entre ellas  el derecho a poseer entre 70% y 100% de las reservas y de la producción de todo yacimiento que explotara en asociación con la compañía nacional Sonatrach. Mientras los medios españoles leyeron la rescisión del contrato de Gassi Touil en clave localista, lo cierto es que el cambio de política afectó sobre todo a los intereses de Estados Unidos.

Se ponía fin de este modo a una luna de miel con los estadounidenses que había comenzado tímidamente en 1999 y que había cobrado un renovado impulso tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Junto con la anulación de una ley que apenas contaba con año y medio de vida se sucedieron hechos como el escándalo de corrupción en Brown Root & Condor, filial de Halliburton, y principal compañía inversora en el país; el incremento del canon que deben pagar las compañías de hidrocarburos al Estado argelino en un contexto de incremento general de precios, siguiendo el ejemplo de países como Venezuela o Bolivia; o el rechazo a que Argelia acogiera la sede de Africom, el nuevo mando militar unificado del departamento de defensa norteamericano, encargado de las operaciones militares en África.

Sin embargo, los generales janvieristes (por el golpe de estado de enero de 1992) vinculados al jefe de los servicios secretos (DRS) Mohammed Médiène "Tewfik", que detentan las riendas del núcleo duro del poder, no parece que hayan visto con buenos ojos este cambio radical de política, que ha llevado a Argelia a alejarse del "amigo americano". El surgimiento de un "Al Qaeda del Maghreb Islámico" de contornos difusos y la multiplicación de los atentados en el periodo reseñado podría no ser casual. A ojos de los críticos del poder argelino, estaríamos ante una nueva guerra de clanes.

Un mes después de la rescisión del contrato de Repsol y Gas Natural, que han llevado el asunto a un arbitraje internacional, el gobierno argelino tensaba de nuevo la cuerda, amenazando con anular el contrato con la empresa española OHL (sí, los del AVE en Cataluña) para la construcción de una línea férrea entre Annaba y Ramdane-Djamel. Argelia denuncia retrasos injustificados en el inicio de las obras. OHL se arriesga a perder otros proyectos de obras públicas, bajo la acusación de recurrir de forma abusiva a la subcontratación. Al día siguiente de que se publicara esta noticia, el 17 de octubre el ministro de industria Joan Clos aseguraba, en su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, que el gobierno estaba "buscando todas las medidas posibles para que [el contencioso entre Sonatrach y Repsol/Gas Natural] se resuelva de la mejor forma para las dos partes y los dos países". Destacó que las perspectivas de solución eran "favorables".
 
Y tan favorables. Cuatro días después de estas declaraciones, el 22 de octubre, la policía española detenía en Benalmádena a Mohammed Samraoui, antiguo coronel y número 2 del DRS, conocido por sus confesiones y denuncias de la "guerra sucia" de los años noventa en su libro "Crónicas de los años de sangre". Refugiado en Alemania, donde obtuvo asilo político en 1996, Samraoui es el oficial de más alto rango dentro del grupo de militares que desertaron del ejército en aquellos años. No existía un mandato de Interpol de búsqueda y captura, por lo que la detención se debe a una petición directa del gobierno argelino, como insinúa el diario argelino Liberté. Teniendo en cuenta la importancia del detenido, lo más probable es que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba haya estado directamente implicado en el arresto.

No sabemos de qué delitos se le acusa. Probablemente el gobierno argelino solicitará la extradición, que vendría facilitada por el convenio de extradición con Argelia que firmó Juan Fernández López Aguilar en diciembre de 2006, lo que no deja de ser lamentable teniendo en cuenta que el estado de emergencia declarado en febrero de 1992 sigue vigente y que se siguen produciendo importantes violaciones a los derechos humanos, sobre todo torturas (ver los informes que organismos no gubernamentales han remitido recientemente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas).

¿Dependerá la suerte de Samraoui de otras negociaciones entre bastidores? Para salir de dudas, habrá que estar pendiente también de las páginas que los diarios dedican a la economía.

"Lo que tratamos de asegurar es que nuestro anhelo de libertad no recaiga de nuevo en otra forma de soberanía, y nuestro sueño de democracia en la pesadilla de la tiranía. Los revolucionarios hace tiempo que son conscientes de que todas las revoluciones, hasta la fecha, sólo han servido para perfeccionar la forma del Estado, no para destruirlo. La revolución de la multitud no debe sufrir la maldición de Termidor *." Antonio Negri & Michael Hardt, Multitud (2004)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó anteayer una reforma de 69 artículos de la Constitución aprobada en referéndum en diciembre de 1999. Los opositores al gobierno de Hugo Chávez, incluyendo nuestros medios de comunicación, denuncian que la reforma convierte al presidente Hugo Chávez en un dictador, al instaurar la reelección sin límites y la extensión del mandato presidencial a períodos de siete años. También claman contra la limitación de la libertad de información prevista para los estados de excepción. Por cierto,el artículo 55 de la venerada Constitución Española prevé exactamente lo mismo. Lo preocupante del caso venezolano es que la declaración del estado de excepción es una prerrogativa presidencial, sin control parlamentario. Además, entre los derechos que pueden ser suspendidos figura el del derecho a un debido proceso.

Por su parte, los intelectuales y medios afines al chavismo, tanto de allá como de acá, al tiempo que alaban las garantías sociales que establece la Constitución (propiedad social, prohibición del latifundio, reconocimientos de derechos sociales para los trabajadores por cuenta propia, reducción de la jornada laboral, etc.), suelen equiparar todo cuestionamiento de la misma y del poder político vigente a una connivencia con los sectores que protagonizaron o apoyaron el golpe de estado de abril de 2002 o el paro petrolero de 2002/2003 (que provocó una severa recesión económica en el país).

¿Es posible analizar la política venezolana con espíritu crítico, y en particular las iniciativas gubernamentales, sin caer en esta polarización simplista? Será posible, pero desde luego nada fácil. Para ello, hay que alejarse de la dialéctica que nos proponen los propagandistas.

Alejado el fantasma del golpe de estado, y con la oposición derrotada y dividida después del referéndum revocatorio y sobre todo tras el triunfo electoral de diciembre de 2006, el presidente Hugo Chávez anunció un nuevo impulso a lo que denomina el "socialismo del siglo XXI", sin precisar su contenido. Para Chávez, la reforma constitucional y la controvertida creación de un Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) son pasos fundamentales en la construcción de una nueva sociedad. ¿Pero qué puede deducirse del contenido real de estos procesos?

En cuanto a la reforma constitucional, por lo pronto no parece que se haya producido un debate en profundidad sobre el significado de este "socialismo", sobre todo a la hora de diferenciarlo del socialismo burocrático y productivista del siglo XX. Esta palabra, que aparece continuamente en el extenso y farragoso texto constitucional, se emplea tanto para describir un modelo de desarrollo, una forma de Estado, o un tipo de propiedad, como algo dado por sentado.

Aunque no hay que caer en el fetichismo constitucional, pues un cambio formal no tiene por qué reflejar una transformación de la cultura política (de la constitución material), la mencionada reforma sí que supone un cambio de orientación importante con respecto a la Constitución aprobada en 1999: ahora se prevé explícitamente una transición al socialismo. Sin embargo, esta reforma ha salido adelante por la vía ordinaria en unos pocos meses, sin pasar por la aprobación más ardua en una nueva Asamblea Constituyente, y la discusión se ha limitado a aceptar o rechazar en bloque un proyecto presidencial (aunque finalmente se hayan añadido artículos a la propuesta inicial), con lo que de nuevo, parece que todo se reduce a un plebiscito sobre el presidente Hugo Chávez, a pesar de que ahora no esté en juego su liderazgo.

En el texto resultante, parece clara la tendencia a un reforzamiento del poder ejecutivo, y significativamente de la figura presidencial. A pesar de la proclamación de la república bolivariana como un Estado federal descentralizado, la reorganización territorial que se prevé reserva importantes competencias al poder público nacional.  La otra cara del espejo podría ser el progresivo control o cooptación de los movimientos sociales.

La creación de un Partido Socialista Unido de Venezuela, que reúna a todos las organizaciones populares y partidos que han apoyado hasta ahora al presidente, podría facilitar este proceso de control. La participación en el PSUV ya provocó algunas fracturas en el seno de las organizaciones sociales. Resulta significativo que la primera estructura que se ha implantado dentro del partido sea un Comité Disciplinario Provisional (creado directamente por Hugo Chávez). A esto hay que añadir la instrumentalización del empleo público y el intervencionismo estatal en todo tipo de organizaciones sociales.

Esta dinámica hay que situarla en el contexto de la crisis del sistema partitocrático venezolano. Fueron las masas de pobres las que en el Caracazo de 1989 ** protagonizaron la primera gran revuelta contra el modelo neoliberal en América Latina. Sin embargo, los movimientos sociales que se fueron desarrollando en Venezuela al tiempo que se hundían las viejas estructuras partidarias y sindicales, no llegaron a articularse como en otros países (juntas vecinales y cocaleros en Bolivia, zapatismo en Chiapas, piqueteros en Argentina, etc.) ni a crear estructuras centralizadas (Conaie en Ecuador). Esta característica ha favorecido un alto grado de autonomía, un inédito protagonismo político de los pobres, y un gran éxito a la hora desbaratar el golpe de 2002 y el paro petrolero, pero también, paradójicamente, la progresiva preeminencia del liderazgo carismático de Hugo Chávez.

¿Se está profundizando la democratización de la sociedad venezolana (y no pueden negarse los avances que se han dado en este punto), o en realidad estamos asistiendo al termidor de la revolución bolivariana?. De momento no es fácil aportar una respuesta, aunque me inclino a pensar que es la segunda alternativa la que podría estar consolidándose, en un escenario no exento de contradicciones.

Las principales iniciativas políticas provienen del Estado y son financiadas con divisas provenientes de la explotación de hidrocarburos, de los que Venezuela es tan dependiente. Esto ha permitido mejorar la salud, alimentación y educación en comunidades que nunca habían accedido a servicios públicos básicos (el gasto social pasó de representar el 8,2 % del PIB en 1998 al 13,2 % en 2006), crear redes comunitarias de comunicación, romper el monopolio de las agencias internacionales de comunicación con iniciativas como Telesur, o apoyar financieramente proyectos de integración regional. El índice de pobreza se ha reducido bastante, pasando del 55,1 % en 2003, al término de la huelga petrolera, al 30,4 % de finales de 2006 ***. Las estadísticas las carga el diablo, y estos porcentajes no reflejan las mejoras en salud y educación. Hacen referencia, además, a la definición convencional de pobreza según el Banco Mundial (vivir con menos de 2 US$ ppp al día). En fin, la alta dependencia de la explotación de recursos naturales para su exportación debería llevarnos a cuestionar la sostenibilidad del modelo y su impacto en diversas comunidades.

Sigue vigente, pues, la encrucijada que planteara a principios de 2006 el periodista Raúl Zibechi:

"En Venezuela, el socialismo tiene dos caminos. O se asienta en las miles de iniciativas de los de abajo, en los más de 6 mil comités de tierra urbana o en las 2 mil mesas técnicas de agua, por poner apenas dos ejemplos, donde millones de personas se hacen cargo de sus vidas; o se asienta en el aparato estatal. En este caso, el Estado toma a su cargo la producción, la salud y la educación, y con el tiempo todos los aspectos de la vida. Será un Estado cada vez más fuerte, más poderoso, más centralizado, que formará una sociedad a su imagen y semejanza: homogénea, idéntica a sí misma, sin espacios para la diferencia y la disidencia. Es un camino conocido. Con toda seguridad conduce a la mejora de los estándares de vida de la población, pero no tiene nada que ver con el socialismo ni con la emancipación. La relación mando-obediencia, uno de los ejes del sistema capitalista y del Estado, seguirá ocupando un lugar dominante."

* Termidor es el nombre del undécimo mes del calendario republicano francés. La convención "termidoriana" es la convención que sucede a la caída de Robespierre. Para despejar equívocos, no pretendo comparar a Chávez con Robespierre, ni mucho menos. Políticamente, este concepto puede tener  diversas significaciones: a mí me interesa el Termidor como símbolo del momento de crisis del proceso revolucionario, como la neutralización del poder constituyente o del movimiento de las multitudes.
** Como curiosidad, resaltar que uno de los responsables del programa económico neoliberal que empobreció a buena parte de la población es Moisés Naím, reciente fichaje del remozado El País. Una evidencia más del tipo de alianzas e intereses que mueven al grupo PRISA en el continente americano.
*** Datos extraídos del informe La economía venezolana en tiempos de Chávez, de Mark Weisbrot y Luis Sandoval. CEPR, julio de 2007).

La propuesta del ministro de justicia español Mariano Bermejo, de reformar las vías de acceso a la judicatura, ha provocado un enorme (y esperado) revuelo. Bermejo propone sustituir las duras oposiciones por una formación de cuatro o cinco años a la que se accedería en función del expediente académico. Las voces más críticas (muchas provenientes del PP, verdadera cantera de opositores) denuncian que semejante reforma pretende sustituir el acceso por méritos objetivos por el puro enchufismo, sobre la base de la pura arbitrariedad. Pudiera ser, aunque las mismas voces críticas nunca han cuestionado seriamente la existencia de cientos de jueces sustitutos que no han pasado por prueba selectiva alguna. Al menos cuando han ocupado puestos en el gobierno. Que domine o no la discrecionalidad depende de otros factores. Uno decisivo es el incremento del número de plazas, una de las causas principales del atasco judicial. España posee uno de los ratios juez/habitante más bajos de Europa.

No todos los argumentos que ha aportado el ministro para justificar la reforma tienen el mismo peso. El descenso de opositores no es tan alarmante como alega: 3.700 para 200 plazas, una proporción de 18 a 1 más o menos. La proporción en otras oposiciones es menor, y en otras, mucho mayor: por ejemplo, las oposiciones generales a funcionario europeo pueden llegar a tener una proporción de 75 a 1. Sin embargo, entre ambos procedimientos selectivos hay una diferencia fundamental, a la que apunta otro de los argumentos que aporta Bermejo, mucho más interesante. Si para una oposición a juez es preciso pasar no menos de dos años literalmente recluido (¡cinco años de media!), en casa o en un colegio mayor, memorizando códigos y reglamentaciones para exponerlo como una máquina ante un tribunal, en concursos como los de las instituciones europeas o de otros países no se exige tanta memorización, por lo que las pruebas son bien distintas: tests, redacción de textos, entrevistas. Bermejo alega que no es bueno que alguien pase cinco años en semejante arresto domiciliario. Y en este punto he de darle la razón.  

Probablemente no se haya estudiado lo suficiente las consecuencias psicológicas de estos encierros, por más que sean voluntarios. Sobre todo cuando son tan prolongados. A partir de cuatro años, un opositor u opositora (la mayoría de quienes se presentan son mujeres) ha acabado perdiendo prácticamente todo vínculo social, limitándose a relacionarse con su familia más cercana. No es fácil mantener amistades en esas circunstancias. Muchos acaban teniendo una relación patológica de dependencia con el preparador (normalmente, otro juez), pues su vida acaba girando en torno al parecer de una sola persona. Y su única conexión con el resto del mundo suelen ser los medios de comunicación, si es que les quedan ganas después de pasar diez horas delante de la Ley de Procedimiento Civil. Su forma de ver la realidad termina siendo muy distinta de la del resto de los mortales. No necesariamente mejor.

En realidad, el sistema no fomenta el conocimiento de una materia cuyos detalles se acaban olvidando después de las oposiciones, sino técnicas de memorización de esquemas y de exposición ante un tribunal. Y sobre todo la anulación de todo espasmo de pensamiento crítico. Aquí reside, en mi parecer, la causa del mantenimiento de este tipo de pruebas.   

Tras cinco, seis o siete años (y probablemente algunos fracasos), alguien que llega a la Escuela Judicial está mentalmente preparado para la siguiente fase: la del adoctrinamiento, por si no bastara con la universidad. En la Escuela Judicial de Barcelona, tan importante como la enseñanza práctica es la ideológica, y sobre todo la corporativa: saber a quién poder arrimarse es una de las lecciones más importantes, y las querellas de los clanes de la cúpula judicial suelen reproducirse en el profesorado. En ese momento, un juez piensa antes en su primer destino, que en cambiar las cosas.  

Se dirá que el juez debe limitarse a aplicar la ley, y punto. Pero esto no es así. La ley no puede dar cuenta de la complejidad de la vida, de ahí la importancia del juez en la interpretación y aplicación de las leyes. De este modo, la nueva batalla político-judicial se lleva al terreno de las subjetividades de los jueces. No sé si Bermejo quiere jueces menos conservadores o simplemente de su cuerda (que un juez pertenezca a una determinada asociación o partido no lo hace más progresista). Sabe, eso sí, que según cómo se moldeen las cabecitas de nuestros futuros jueces, determinados proyectos políticos se llevarán a cabo o no.   

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P.D.: pido disculpas a quienes no hayan podido enviar mensajes al blog. En principio, el problema debería estar resuelto ya.