Quilombo

Discusiones como la mantenida el sábado, durante la clausura de la XVII Cumbre Iberoamericana, entre el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente venezolano Hugo Chávez, son habituales en las democracias parlamentarias, o en asambleas internacionales como la de Naciones Unidas.

No es la primera vez que en un parlamento alguien tiene el uso de la palabra y es interrumpido por su interlocutor. Por lo general, corresponde al presidente de la asamblea terciar y poner orden cuando el debate deriva en una ruidosa trifulca que no conduce a ningún lado. En el caso de la Cumbre que nos ocupa, correspondía a Michelle Bachelet, presidenta de Chile y anfitriona, dirigirse al presidente Hugo Chávez para conminarle a respetar el uso de la palabra del presidente español. A Bachelet, no al rey Juan Carlos.

Con su airada intervención, el rey hizo naufragar una Cumbre que, al margen de su utilidad, constituye una de las principales apuestas de imagen de la política exterior española. No olvidemos que, además de mandar a callar a Hugo Chávez, desairó al presidente nicaragüense Daniel Ortega en su turno de palabra (no estaba interrumpiendo a nadie), al levantarse y ausentarse de la sesión cuando aquél criticaba el papel de Unión Fenosa en su país.

Claramente, el rey excedió las funciones que tiene constitucionalemente asignadas, como acertadamente nos recuerda Javier Ortiz. Y, de un borbonazo, ha pulverizado uno de los tópicos más arraigados en España sobre la utilidad de la función monárquica. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el Rey es "nuestro mejor embajador"? Por favor, no confundamos la función diplomática con la de comisionista.

Es obvio que dejó a Zapatero en una situación muy incómoda, teniendo en cuenta además las críticas a las empresas españolas por parte de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Pero además de reclamar respeto ante los descalificativos dirigidos contra José María Aznar, de paso podría haber pedido disculpas por el apoyo otorgado por el Estado español a los golpistas de abril de 2002.

Este hecho gravísimo ha sido admitido por el Ministro de Asuntos Exteriores español Miguel Angel Moratinos en diversas ocasiones, con las implicaciones que tiene, en derecho internacional, para la responsabilidad del Estado español:

"En el anterior Gobierno, cosa inédita en la diplomacia española, el embajador español recibió instrucciones de apoyar el golpe, cosa que no se va a repetir en el futuro. No se va a reproducir".  (programa de TVE 59 segundos, 22 de noviembre de 2004)

Sin embargo, el Estado español nunca ha pedido excusas, formalmente, al Estado venezolano. Una declaración semejante no significa humillarse ante nadie, sino dejar claros determinados principios. Serviría no sólo para pasar página a un episodio bochornoso de la política exterior española, sino para marcar diferencias con José María Aznar (pocas veces un ausente ha estado tan presente), quien desde su think tank sigue aportando munición estratégica e ideológica a las derechas sudamericanas. De nuevo, un descolocado Zapatero desaprovechó una buena ocasión para mostrar algo más que talante, tan pendiente está de la reacción de una derecha que le va zurrar haga lo que haga, diga lo que diga. Aunque, bien mirado, en ese momento tal vez haya estado más pendiente de su irascible "embajador": su insistencia en el respeto a los representantes electos no deja bien parado a quien ha sido designado por la gracia de Dios.