Quilombo

Fue el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos Sean McCormack, quien confirmó el pasado 11 de julio lo que muchos habían anticipado: que el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI)  podría solicitar hoy lunes -como finalmente ha hecho- una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, por su responsabilidad en los crímenes cometidos en la región de Darfur en los últimos cinco años. Es la primera vez que el fiscal del TPI solicita una orden de arresto contra un jefe de Estado *. Ni Estados Unidos ni Sudán son Estados parte del tratado que creó el Tribunal Penal Internacional. La legitimidad del tribunal para investigar la situación en Darfur procede de la petición realizada en su momento por el Consejo de Seguridad de la ONU, posibilidad prevista en sus estatutos. Y Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad.

De esta manera, uno de los Estados que más ha obstaculizado la creación del Tribunal Penal Internacional tiene la posibilidad de activarlo (por medio del Consejo de Seguridad) para perseguir determinados fines políticos. De hecho, el activismo del fiscal Luis Moreno-Ocampo en un asunto relativamente conocido por la opinión pública estadounidense tal vez esté influenciado en parte por el deseo de legitimar el TPI ante los propios Estados Unidos.  

Un vistazo a los casos que están siendo analizados actualmente por el Tribunal nos da los siguientes resultados: situaciones en República Democrática del Congo, Uganda, Sudán (Darfur) y República Centroafricana. La comisión de crímenes terribles en esos países justifica la intervención del TPI según sus estatutos, los cuales permiten la investigación incluso en aquellos casos en que, como hemos visto, se refieren a situaciones que se producen en Estados que no son parte del Tribunal.

La cuestión políticamente relevante no es por qué interviene el TPI en esos países, pues existen claros indicios de la comisión de crímenes competencia del tribunal (aunque su calificación jurídica siga siendo objeto de controversia), sino por qué interviene solamente en esos países y por qué no se adoptan en este caso las precauciones que se toman en otras ocasiones cuando se trata de jefes de estado o altos cargos gubernamentales, en activo o no. Vale la pena recordar las excusas por las que el fiscal Ocampo rechazó en febrero de 2006 iniciar procedimiento alguno por los crímenes cometidos en Iraq. O la situación humanitaria en Somalia, actualmente más dramática que la de Darfur, pero estrechamente vinculada al intervencionismo militar patrocinado por Washington.

Producto de soberanías asimétricas, la justicia universal tal y como se ha concebido puede consolidar -en lugar de resolver- las injusticias globales, como sucede a escala estatal, donde ciertas clases y colores tienen alojamiento preferente en las prisiones de Estados Unidos y Europa. Muchos pensarán que es "mejor que nada", que el TPI puede suponer el embrión de una auténtica justicia global. No lo tengo tan claro. Al excluir la responsabilidad de las potencias occidentales en la tragedia iraquí, el fiscal desaprovechó una oportunidad histórica para defender algo tan abstracto como es la igualdad ante la ley y por tanto para legitimar el tribunal ante todos y no sólo ante unos pocos con patente de corso. 

* Anteriormente, Slobodan Milosevic había sido imputado por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, y Charles Taylor por el Tribunal Especial para Sierra Leona . Es habitual la confunsión de ambas jurisdicciones con el TPI.

Sin que haya llegado a ocupar las portadas de los periódicos, en los últimos días Argelia ha tenido una presencia en los medios de comunicación internacionales poco habitual cuando no hay bombas de por medio. Lo normal es que de Argelia (bueno, de sus hidrocarburos) sólo se acuerden los suplementos especializados en negocios.

En junio el semanario The Economist describía cómo los problemas económicos de los argelinos no acaban de mejorar a pesar de los 120.000 millones de dólares en reservas de que dispone el país gracias a las exportaciones de hidrocarburos cuyo precio se ha multiplicado en los últimos años.

Más significativo fue el repentino interés del New York Times. Primero con un reportaje sobre el sistema educativo argelino, y el pasado 1 de julio con una entrevista exclusiva a Abdelmalek Droukdel, el supuesto líder del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) desde agosto de 2004, ahora rebautizado como Al Qaeda del Maghreb Islámico (AQMI), y que ha causado mucho revuelo en Argelia. El cambio de denominación ha coincidido con la creciente presencia de Estados Unidos en el país africano (donde el gobierno estadounidense mete la pata, allí aparece Al Qaeda). Lo bueno de trabajar para el NYT es que luego te ahorras tener que pasar por Guantánamo o la Audiencia Nacional.

Pese a lo que dice el periodista, no es la primera entrevista que se hace a Droukdel (en octubre de 2005 la revista Al-Jamaâ ya había publicado una). La entrevista del NYT hay que acogerla con cautela: el periodista nunca entrevista personalmente a Droukdel, sino a través de un intermediario que le pasa una grabación -accesible online- en la que Droukdel responde a las veinte preguntas que se le ha transmitido previamente por escrito. El resto del artículo se basa en opiniones de militares y gente vinculada a los servicios secretos estadounidenses o franceses.

Que el NYT comience a publicar reportajes sobre Argelia es otro indicativo del tira y afloja geopolítico en que se encuentra inmerso el país y del interés estadounidense por el mismo. El NYT se une al coro de los que en Europa señalan al GSPC-AQMI como una amenaza internacional (y por tanto, también a los intereses estadounidenses). Lo curioso es quien no comparte la misma opinión sea...el propio gobierno argelino (cuyos funcionarios rechazaron entrevistarse con el periodista), o al menos el entorno de Buteflika y la prensa afín, quienes insisten en resaltar el caracter local de "sus" terroristas, cuatro gatos peligrosos pero en vías de extinción. La prensa argelina ha criticado el artículo del NYT, al que acusan de hacer el juego a los terroristas y de buscar una excusa para la intromisión norteamericana.

Por las mismas fechas la revista Jeune Afrique publicaba un especial sobre Argelia, probablemente más del gusto del presidente, pues se ocupa sobre todo de los grandes proyectos de obras públicas (realizados o por realizar) que se están financiando en el marco de un programa quinquenal de nada menos que 155.000 millones de dólares. A juzgar por las revueltas sociales de los últimos meses, no parece que la mayoría de los argelinos se estén beneficiando mucho de estas inversiones.

Del futuro prometedor al pasado que se cerró en falso. El 6 de julio el diario italiano La Stampa removía el pasado, concretamente los trágicos años noventa, con un artículo sobre el asesinato de los monjes de Tibhirine tras su secuestro por Djamel Zitouni en nombre del GIA. El artículo se basa en una entrevista a un "alto funcionario de un gobierno occidental que trabajó en Argel en aquellos años" y que en el momento de la entrevista se encontraba temporalmente en Finlandia. Según este funcionario, el grupo del GIA habría estado infiltrado por los servicios secretos argelinos (el DRS) -denuncia ya conocida- y los monjes habrían sido acribillados por error en un ataque en helicóptero del ejército argelino. El caso, bajo investigación judicial en Francia, dista de estar resuelto. Como  buena parte de la dramática historia reciente de este hermoso país. 

Haciendo honor al título de este post, traduzco como buenamente puedo un texto de la filósofa Rada Ivekovic, escrito originalmente en francés y publicado en la revista-web Crosswords.

Una forma de ver la espinosa cuestión lingüística muy diferente a la de los abajofirmantes, aunque más estimulante.

------------------------------------------------------

Ponerse en traducción

Por Rada Ivekovic

Ninguna duda sobre el hecho de que la lengua de Europa, como toda lengua en el fondo, es la traducción, y que las lenguas se llevan y se acogen las unas a las otras. El multilingüismo, antes de ser el acceso a diversas lenguas (¿pero quién no tiene acceso a varias lenguas? En cuanto hay lengua, ellas son múltiples), es la acogida de una lengua por otra y el hecho de que las lenguas se atraviesan. Un centralismo estatal exagerado, cuya lengua es un instrumento de coerción y que es poder de nombrar, ciertamente, pudo ocultar esta evidencia. El grado de la dimensión policial del idioma dependerá de la política de la lengua y de la cultura política. Un centralismo estatal que favorezca no sólo una única lengua, sino también - por la televisión, las academias etc - una particular normalización y un vocabulario normalizado a costa de los demás, contribuye especialmente a, y fabrica, la “incapacidad” de generaciones de aprender lenguas extranjeras y abrirse a otros universos. La traducción entendida en un sentido amplio, contextual antes que textual, y entendida en el sentido político de una política de la traducción, puede contribuir a desactivar la violencia que es siempre posible y por desgracia no es lo contrario de la cultura.

La solución no consiste pues en aprender varias lenguas incluyendo el inglés (indispensable en todos los casos además de las lenguas locales), sino también permitir, por medio de políticas culturales y una educación que deberá, en adelante y pronto, liberarse del yugo de la educación nacional, que las lenguas se atraviesen mejor recíprocamente. Las escuelas y las universidades que cuentan en el mundo ya forman élites transnacionales y no simplemente locales. No bastará tampoco con dejar hacer traducir todas las lenguas hacia todas las demás (¡la pesadilla de la burocracia europea!), porque a largo plazo corremos el riesgo de aumentar el ruido en las tuberías y de enredar las redes; en la globalización no hay igualdad absoluta entre las lenguas, y la multiplicación mecánica de las traducciones que pretendiera que todas se valgan de ellas correría el riesgo de garantizar la saturación por la cacofonía. Será necesario tomar como ejemplo situaciones (aún demasiado poco presentes en Europa Occidental) como las que existen en medios multilingües (tomemos Asia o África), donde cada uno habla y tiene la oportunidad de estar expuesto a una pluralidad de lenguas, alfabetos y culturas con distintos usos: la lengua de su familia, la de la escuela, la de la administración, la de los vecinos, la antigua del colonizador si hay; y sobre todo al inglés. El inglés mundializado, que de ahora en adelante es un hecho y no podrá pues ser eliminado por ninguna voluntad política (¡pero podrá eventualmente compensarse a largo plazo por el español o por el chino!) tira su fuerza de ser a la vez lengua local e internacional. En Francia, por ejemplo, uno apenas se expone a las otras lenguas, excepto quizá al árabe en la canción; pero no lo aprendemos de verdad, aunque sea una gran lengua mundializada a su manera. En verdad, el lugar no determina ya la lengua en la era de las grandes migraciones de hoy. Allí donde el lugar lo determina aún a la exclusividad, se está en un muy pequeño lugar provincial que no sospecha de la existencia del mundo. La acogida de unas lenguas por otras debería permitir salir de la perspectiva única Norte-sur en favor de una perspectiva Sur-Sur tan necesaria como poco reconocida. En favor de todas las perspectivas de un lado para otro. Las lenguas son aquí las mediadoras las unas para las otras, habladas por subjetividades individuales y colectivas que no se dejan definir por el lugar, ni reducir a identidades monolíticas. ¿Cómo comunicar entre el lapón y el maltés en Europa? Queda claro que el inglés así como la traductora que se pone en juego serán determinantes, al igual que el contacto entre las personas y las migraciones - encuentros a menudo en terceros ambientes. Estamos hoy en un callejón sin salida epistemológico y una crisis cognitiva (entre otros elementos de crisis) debidas a la no traducción de los efectos de la descolonización y del final de la Guerra fría. Sin duda, queda por descolonizar Europa. Las consecuencias de la post-Guerra fría convergieron con los efectos retardados de la descolonización. La experiencia de las y los que se ponen en situación de traducción, dan esperanza de que podamos traducir lo extraño y evitemos de ser aterrados por ello, ya que este miedo es fuente de violencia. 

El proyecto debe ser, en esta política de la traducción, trasladar la identidad de la lengua única. La “identidad” es algo provisional que intenta infatigablemente imponerse como algo fijo, estable e inmutable. Ahora bien, una identidad es constantemente construida, deconstruida, reconstruida, amenazada. Las identidades, solidificadas o fluidas, sólo se piensan en el marco de fronteras que las delimitan y que responden a su misma descripción: una frontera es algo de provisional que intenta imponerse como algo fijo, estable e inmutable. Trazar fronteras y construir identidades es desde luego una estrategia de poder, pero puede ser también una estrategia de subjetivación en resistencia; tales estrategias aparecen tanto - aunque de forma diferente - en las tentativas de desposesión de sí como en las de afirmación del sujeto. Las fronteras, como las identidades, no se refieren solamente a territorios geográficos, naciones, Estados, sino también a otros espacios y dimensiones, así como el tiempo, el espíritu y la razón. Las fronteras son operadores políticos. Tienen una consistencia política cualquiera que sea la “dimensión” en la cual evolucionan. El significado de una frontera extrae en todo lo que ella delimita, protege o pretende representar, incluidas las identidades. “Soft” o “hard”, las fronteras y las identidades atraviesan los individuos, las colectividades, los abarcan y los sobrepasan, e invitan a la traducción/traslación. La traducción puede entonces ser la negociación de la violencia necesaria para cambiar de identidad monolinguística, para arrancársela, para construirse otra multilingüe, para erigir o a derribar fronteras. Traducción contextual, se entiende, y no solamente textual. La traducción - es decir, la lengua de origen (que no es la lengua denominada materna) - es una travesía de las fronteras que llaman (a) la traducción. Las fronteras, pasaje de las lenguas, son también modelos que debemos estudiar como tantas formas del reparto de la razón, puesto que funcionan sobre todo en nuestras cabezas como operadores de pensamiento. Es realmente en ese aspecto que son políticas. La traducción será entonces a la vez inevitable e “imposible”, en cualquier caso es siempre insuficiente. Intentemos comprender cómo los pasajes de las fronteras en tanto que instituciones se traducen (así como las fronteras y las propias identidades) en prácticas individuales o colectivas - sociales, culturales, políticas, ¿y de la mano de quién? Quizás veamos entonces el autismo psicológico del monolingüismo, duplicado de una tendencia totalitaria de la política de la lengua.

Sería difícil pensar los “prerrequisitos comunicacionales de un espacio público transnacional”. En cualquier caso pensarlos antes y fuera de los mismos protagonistas transnacionales. Es en el propio proceso que tal sujeto, plural, se construye y se da los requisitos previos. Pero es cierto que el que las “educaciones nacionales” fueran hacia la transnacionalidad, algo que por definición a algunas de ellas les cuesta mucho pensar; que las políticas culturales en las que integráramos una humildad de la lengua propia en beneficio de las lenguas otras y en las que se aprendieran las lenguas extranjeras (¿porqué algunos países tienen mucho más éxito que otros?) ; y finalmente, el que las políticas europeas (nacionales y transnacionales) reconocieran las migraciones en masa sin precedentes, las tomaran en cuenta y las aceptaran - todos ellos estarían entre estos “prerrequisitos”. Y por supuesto esto no sería lo que llamamos la comunicación, sino mucho más que eso.

No sé cuántos meses o años tienen pensado mantener abierto a firmas el manifiesto por la lengua común. La euforia españolista post-Eurocopa y un gran esfuerzo propagandístico han logrado reunir en dos semanas más de cien mil adhesiones, lo cual no es tanto si se tiene en cuenta simplemente el promedio de tirada o el número de lectores de uno de sus entusiastas patrocinadores.

El manifiesto es una patética declaración desesperada en defensa, no de la lengua castellana, sino de una visión monolítica de la Nación, de la unidad soberana asediada por todas partes. Lo común es lo que se construye en común, no lo que decreta el Estado. En realidad, los argumentos empleados no difieren mucho de aquellos con los que se suele denigrar cualquier política afirmativa de esa anomalía política (a los ojos unitarios, claro) que constituyen las minorías, empezando por la minoría mayoritaria de las mujeres. Hombres y blancos (como categorías diferenciadas, creadas socialmente) también han recurrido a hipócritas defensas de la igualdad para impedir acciones afirmativas en favor de las mujeres o de los negros, según los casos.  

Hace años, uno de los intelectuales firmantes escribió un texto contra las patrias. Pero se ve que en el fondo lo único que le molestaba era el plural.

Las medidas que vienen adoptando los gobiernos europeos en el marco de la llamada lucha contra la "inmigración ilegal" (fenómeno que crean las propias leyes que proclaman combatirla) podrían ahorrarse al menos la peste de un insufrible paternalismo adobado con fuertes dosis de hipocresía.

Leyes o Directivas como la de retorno, dicen, se aprueban por el bien de los migrantes, en realidad garantizan sus derechos, como explicaba ayer un desvergonzado López Garrido a los embajadores latinoamericanos. España no aplicará un período de detención de 18 meses, pero ya piensa aumentarlo de 40 a 60 días. Y tranquilizan: sólo se aplicará a los "ilegales". Viendo el color y el origen de los que se hacinan en los centros de internamiento para extranjeros, podemos entender a quiénes se refería el secretario de Estado. Algunos, como el embajador de Ecuador, declaraban luego a la televisión sentirse satisfechos con las explicaciones del gobierno.

En Canarias, el gobierno de Paulino Rivero interpreta un papel similar. Denuncia que el gobierno central se desentiende del "drama de los cayucos", pero las medidas que reclama, como incrementar el control, reforzar el operativo de Frontex o fomentar la contratación en origen con cupos (¿para satisfacción de los empresarios canarios?) no tienen nada que ver con una propuesta seria que evite la muerte de miles de personas en aguas atlánticas.

Para entender mejor hasta qué punto es la propia legislación de extranjería y de restricción de la circulación y entrada de personas migrantes la que genera esta situación, podríamos plantearnos la siguiente hipótesis. ¿Qué pasaría si un buen día las islas canarias capitalinas, es decir, Tenerife y Gran Canaria, implantaran -porque se declararan independientes o por lo que fuera- un régimen de visado y de restricción del acceso a las mismas a los habitantes del resto del archipiélago? ¿Y si el diferencial de desarrollo económico y social entre las dos islas y las demás se incrementara por concentrar en exclusiva inversiones exteriores?

Puede sonar a broma la idea de embarcaciones repletas de jóvenes palmeros, en época de crisis, intentando llegar a Punta Teno, pero no lo es tanto. Porque esa hipótesis surrealista ya se ha verificado. A miles de kilómetros, en el Océano Índico, en el extremo norte del canal de Mozambique. El archipiélago es el de las Comores, y la isla-fortaleza, Mayotte.

 

Setenta kilómetros es la distancia que separa Mayotte, isla bajo soberanía francesa en el archipiélago de las Comores, de la vecina Anjouan (Nzwani), perteneciente a la Unión de las Comores. Ambas pertenecen al mismo archipiélago, y hasta 1995 comoranos y mahoreses podían viajar libremente entre las diferentes islas. 

No voy a entrar en la agitada historia reciente del archipiélago, abundante en golpes de estado y aventuras mercenarias, cuyo penúltimo capítulo lo representó la expulsión este año del secesionista Mohamed Bacar por tropas de la Unión Africana. Lo que me interesa es que a partir de 1995 Francia impuso un restrictivo sistema de visados que sigue vigente. Este "cierre de la frontera", que bloqueó las históricas relaciones familiares, sociales y comerciales que unían Mayotte con las demás islas, no ha impedido el fuerte aumento de la inmigración que se ha producido desde entonces, que proviene básicamente de Anjouan, y que se ha desarrollado en paralelo al fuerte crecimiento urbano en Mayotte.

La inestabilidad política de Comores, la elevada densidad demográfica existente todas las islas y las enormes diferencias de ingreso entre los reducidos salarios en euros de Mayotte (para una economía en la que las obras públicas, impulsadas por la administración, constituyen el sector económico principal; ¿les suena?) y los paupérrimos salarios en francos comoranos son algunas de las razones por las que cada año miles de jóvenes pretenden acceder a "Europa" (aunque Mayotte no forme parte del territorio de la Unión Europea ni se incluya en la Unión Aduanera). 

Da igual que se hayan implantado radares y desplegado guardacostas, que hayan abierto un centro de retención, o que Mayotte tenga el récord en Francia de expulsiones (¡10.000 al año!). Lo que ha producido esta política es una rentable economía del tráfico humano en Anjouan, desde donde parten las embarcaciones conocidas como kwassa-kwassa, y un cementerio marino que tal vez supere el de las aguas canarias o el del estrecho de Gibraltar (se estima en más de cuatro mil los muertos por naufragio entre 1997 y 2002). Además, cómo no, de crear un nuevo subproletariado sin derechos.

Una historia déjà vue. Que no nos venga con cuentos, ni aleguen luego que no sabían.

Propuesta de bandera para la Unión Europea, diseñada por el arquitecto holandés Rem Koolhass. Curioso intento de reflejar la multiplicidad europea, irreducible a la soberanía nacional, que se asemeja mucho a la wiphala andina.

Semanas después del No francés a la Constitución europea, un No que -como el irlandés- fue inevitablemente plural y diverso, el filósofo esloveno Slavoj Zizek se preguntaba en Le Monde: "¿quién va a apropiarse de este "no"? Esto es mucho más importante que el referendo en sí".

Tres años después, podemos confirmar que desde luego no han sido los movimientos más democráticos. Las banderas de ATTAC que se agitaron la noche del 29 de mayo de 2005 en la plaza de la Bastilla representaron un espejismo. Lo cual debería hacer(nos) pensar a los críticos de la Europa del capital, para no caer en una lamentable autocomplacencia: la de quien se cree cumplir con un deber militante al reivindicar una Europa "alternativa" cada vez que se despierta ante una nueva directiva o tratado, pero que mientras tanto apenas ha pensado Europa políticamente, como espacio de acción y de lucha políticas, en vez de como una entidad burocrática situada en Bruselas a la que enfrentarse cada cierto tiempo.

Porque si en algo coinciden los proponentes del sí y los promotores del no a los últimos tratados europeos (Constitución, Tratado de Lisboa) es en el fetichismo constitucional: reducir todo horizonte político a los tratados que se someten (o no) a referendo.   

Quienes rechazan la construcción europea realmente existente denuncian –con razón- el catastrofismo de quienes pretenden que se apruebe a toda costa el correspondiente tratado de reforma. Y es cierto, la vida continúa aunque no se apruebe el Tratado de Lisboa. Pero los mismos críticos hacen gala de una actitud similar cuando piensan que la aprobación del Tratado significa forzosamente más neoliberalismo, menos libertades, más precariedad y menos Welfare, deriva que se produce al margen de lo que diga cualquier texto.

Lo que los movimientos opositores a la Europa del capital no acaban de plantearse es una pregunta muy pertinente: ¿permite la no adopción de la Constitución, o del Tratado de Lisboa, preservar de alguna manera nuestras libertades o determinadas garantías sociales? La experiencia de los últimos tres años nos indica que no.  

El No a la Constitución, lo quieran o no sus críticos (entre los que me cuento), supuso un Sí al intergubernamentalismo de Niza y al neoliberalismo de Maastricht. Lisboa representa una solución institucional de urgencia a la crisis política que implica mantener la estructura actual en una Europa ampliada. La política europea se ha vuelto menos federal y más nacionalista, pero sin que ello haya garantizado derechos sociales y libertades. No nos engañemos: directivas como la de retorno o como la que permite a los Estados incrementar la jornada laboral traducen presiones diversas de los Estados miembros (España o Francia, en el primer caso; Reino Unido, en el segundo). Que algunos despistados se quejen de que la "primera reacción [de las clases dirigentes europeas] ante el resultado irlandés no ha sido proponer (...) un mayor control de los paraísos fiscales", cuando precisamente el rechazo a la armonización fiscal es una de las razones por las que más de uno votó No en ese país, nos indica que no basta con repetir la misma cantinela que en 1992.

La Europa que comenzó a construirse a finales de los años cincuenta, se hizo a espaldas de los trabajadores y de la izquierda. Construir "otra Europa" más democrática obliga a los trabajadores de hoy, tanto a los estratos industriales del proletariado como al nuevo proletariado cognitivo y móvil a no limitar su perspectiva política al ámbito nacional o local. La insistencia por bloquear, controlar y estigmatizar el trabajo migrante expresa el intento de las clases dirigentes por impedir la construcción de un interés común. Es aquí donde hay que empezar, lo que precede a cualquier texto constitucional formal. Esta constitución material es la que hace tiempo que debería centrar el debate.

La mayor parte de la legislación que se aplica en los países miembros de la Unión Europea se discute y decide en el marco de las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento), según las reglas que marcan los tratados. Poco pueden hacer los ciudadanos para intervenir en el proceso legislativo, a menos que se organicen en torno a alguno de los 15.000 grupos de presión que pululan en torno a las instituciones, y que incluyen desde organizaciones patronales a ONGs como Oxfam, pasando por las representaciones de las comunidades autónomas. Obviamente, no todos estos grupos tienen el mismo peso, como muestra la fuerte influencia que ejercen las grandes corporaciones europeas. La complejidad del proceso legislativo y la lejanía de las instituciones favorece este juego político que produce una elite transnacional, parcialmente desarraigada.

La denuncia del déficit democrático de la UE suele incluir lamentos sobre la ausencia de una genuina separación de poderes, la política de hechos consumados que pretende hacer pasar tratados constitucionales sin consultas ciudadanas o con referendos con las cartas marcadas, y el neoliberalismo que sirve de lingua franca para la mencionada tecnocracia.

Críticas totalmente fundadas. Lo curioso -o triste- es que el mismo escepticismo y espíritu crítico desaparezca en cuanto se trata de los Estados nacionales, cuyos representantes por cierto forman parte del Consejo. En Madrid, como en Dublín, Barcelona o Bruselas, las leyes se discuten preferentemente con los mandamases corporativos y los oligarcas locales. En España (o a otro nivel, en Canarias, en Cataluña) tampoco existe una separación real de poderes. Pero es que tampoco existe en Francia, en el Reino Unido o en Alemania. Y en Madrid, como en Bruselas, el neoliberalismo se codea con otras querencias conservadoras.

Tal vez sea la identificación cultural y lingüística la que favorezca esta ilusión óptica de cercanía. Pero no deja de ser eso, un espejismo. Nuestros representantes actúan a espaldas de los presuntamente representados, aquí o en Bruselas. La distancia mental y física de la entelequia Babel-Bruselas pone de manifiesto más fácilmente lo que ciertas anteojeras nos dificultan ver en nuestro terruño: la crisis de la representación, de la política profesional, partidaria y tecnocrática.

Ahora se discute el sentido del "No" irlandés al Tratado de Lisboa, aunque haya tantos votos como razones. Pero mientras unos insisten en que se trata de un No a una determinada concepción de Europa, otros subrayan que expresa sobre todo un No al establishment político irlandés. ¡Como si fueran cosas distintas!

¿Cuánto vale una hora de trabajo? ¿Mide lo mismo hoy que hace un siglo, en plena fase de consolidación del capitalismo industrial fordista?

En aquel período, la equivalencia de los productos derivaba del tiempo socialmente necesario para su producción. Pero hoy la actividad creadora de valor coincide cada vez menos con la unidad de tiempo y lugar en el interior de cada empresa.

Bajo el capitalismo cognitivo, la creciente hegemonía del trabajo inmaterial, que implica la actividad de toda la sociedad, más allá de la empresa o fábrica, dificulta una concepción de la productividad basada en fracciones de tiempo humano determinadas puestas a disposición de la empresa. No hay una proporción entre el "tiempo de trabajo" y el valor producido. Una crisis de la medida, o del valor, que se ha ido generalizando poco a poco

Esto no quiere decir que el trabajo pierda importancia. Al contrario. Sólo que el modo de producción ha sufrido profundas modificaciones. Ahora el capital requiere una  implicación activa del conocimiento y del tiempo de vida de los trabajadores para poder aprovechar las externalidades positivas de su interacción social. Es decir, una prestación total de la personalidad del trabajador que coincide a veces con su subordinación total (Emmanuel Rodríguez). En realidad, las empresas sólo "pagan" una parte de la cooperación social productiva, beneficiándose de externalidades que no figuran en los balances contables (de ahí toda la literatura sobre clusters, distritos empresariales, metrópolis productivas , etc.). 

En el último número de primavera de la revista Multitudes, Antonio Negri y Carlo Vercellone lo expresan de esta manera: existe "un desfase flagrante entre el carácter cada vez más social de la producción, por un lado, y los mecanismos de formación de los salarios que siguen prisioneros de la herencia de las normas fordistas que hacen depender el acceso al ingreso del empleo. Este desfase ha contribuido fuertemente al estancamiento de los salarios reales y a la precarización de las condiciones de vida. Al mismo tiempo, asistimos a un descenso drástico del montante y de los beneficiarios de las prestaciones fundadas en derechos objetivos que resultan de la cotización social o de la ciudadanía. De lo que resulta un retorno hacia un Estado-Providencia residual que se rige por políticas centradas en categorías particulares y estigmatizadas de la población. En este marco, la prioridad que se da a prestaciones asistenciales de un montante muy débil y sometidas a una condicionalidad fuerte estructura la transición de un sistema de Welfare a un sistema de Workfare [N.del T.: régimen de coacción salarial]"

Para muestra de este desfase, el proyecto de directiva de tiempo de trabajo , que además de prever la posibilidad de jornadas laborales de sesenta horas con el acuerdo supuestamente voluntario del trabajador (¡puro Workfare!), frente a las cuarenta y ocho actuales,  se esfuerza en vano por definir qué se entiende por "tiempo de trabajo", con conceptos como "tiempo de atención continuada" (vinculado a una obligación de permanencia en el lugar de trabajo) y "período inactivo del tiempo de atención continuada".
 
Esta concepción del trabajo desvaloriza las cualificaciones y competencias que se movilizan en la actividad laboral. Y deja un montón de trabajo sin cuantificar y por tanto sin remunerar. Para tener una idea de su valor, echen un vistazo a la bolsa.

Autor: Khalil Bendib

"Primera democracia del mundo versus dictadura del Tercer Mundo

General: ¡sí señor, presidente Bush, aquí en Birmania basamos nuestra filosofía de ayuda humanitaria en la de los mejores!"

Las conclusiones del tercer informe periódico del Comité contra la Tortura de la ONU, publicadas el pasado 15 de mayo, volvieron a dejar en mal lugar al gobierno argelino, pese a la encendida intervención de su embajador.

Para los expertos del Comité, la lucha antiterrorista no puede justificar las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen denunciando desde 1992, año de aprobación de un estado de emergencia -que por definición supone la suspensión de elementos básicos del Estado de Derecho- que sigue vigente y que podría prolongarse indefinidamente (como Egipto, que vive bajo el estado de emergencia desde 1967, y que recientemente ha prorrogado su aplicación).

Mención especial merece la legislación antiterrorista. El Comité critica la definición vaga de terrorismo que recoge el Código Penal y que permite todo tipo de abusos, como los períodos de detención de 12 días (con frecuencia más), o el empleo habitual en los tribunales de confesiones producto de la tortura. El Comité se preocupa también por los centros de detención secretas del DRS (Departamento de Información y Seguridad), la práctica corriente de la tortura, las desapariciones forzadas y las masacres no investigadas ni sancionadas. 

La publicación de este demoledor informe no impidió que pocos días después se reunieran en Argel los Jefes de Estado Mayor de las fuerzas terrestres de los países miembros de la iniciativa 5+5 Defensa, entre los que se encuentra España. Este tipo de reuniones permiten intercambiar experiencias sobre diversos asuntos y acordar estrategias comunes. En este caso, sobre el terrorismo. A nadie extraña ya que sean militares y no policías los que traten estas materias, pues el terrorista -según lo definen ellos- es, antes que nada, un enemigo. Que ahora el Ministro del Interior español ocupe momentáneamente el cargo de Ministro de Defensa tal vez anticipe un futuro no tan lejano.

Ah, a juzgar por lo que escriben y cómo lo escriben parecería que muchos periodistas españoles hubieran mantenido reuniones similares. Pero sobre propaganda.