Columnas
de Javier Ortiz aparecidas en
durante el
mes de noviembre de 2005
[Se incluyen en orden inverso al de su publicación.
Para fechas anteriores, ve al final de esta página]
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Sin tregua, pero con ley |
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JAVIER ORTIZ Siempre me ha molestado que se hable de «las reglas del juego democrático». Cuando se emprende con rigor y con principios, la lucha política no tiene nada de juego. Del mismo modo que, según la clásica definición de Klaus von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es una guerra que se libra sin armas. Su finalidad es, en último término, la misma que la de las guerras cruentas: convertir al enemigo en inofensivo. Así las cosas, no veo por qué deba nadie ser tolerante
con el enemigo. Yo, al menos, nunca he preconizado tal cosa. Más bien todo lo
contrario: al enemigo hay que hostigarlo sin tregua. Por eso mismo, nunca he
pedido a mis enemigos que no disparen contra mí, ni me he quejado de que lo
hagan. Lo propio del combatiente es ir a por el enemigo. Y si le ve
angustiosamente apurado, razón de más para insistir en el ataque con todas
las energías concentrables. ¿Que ya está contra las cuerdas? Pues a seguir
pegando. Hasta el KO. Establecido lo cual, lo que no debe olvidarse jamás es
que incluso las guerras están sometidas a leyes y reglas que es obligado
respetar. Por ejemplo: no es lícito someter a los prisioneros a vejaciones ni
darles un trato degradante. No se puede atacar a la población civil de la
zona enemiga. Debe renunciarse por entero al uso de armas prohibidas.
Etcétera. Ese género de leyes, recogidas en varios acuerdos
internacionales, el más conocido de los cuales es la Convención de Ginebra,
tienen también sus correspondientes equivalencias en la lucha política. Por
ejemplo: no es lícito inmiscuirse en la vida privada de nuestros oponentes.
Tampoco cabe convertirlos en víctimas de rumores objetivamente difamantes. Es
asimismo inaceptable el uso de la mentira. Dicho de otro modo: armas, todas, y cuantas más mejor,
pero siempre que sean legales. En España, sin embargo, todo funciona al revés. La pelea
política tiene, de hecho, una trascendencia más bien escasa, dados los muchos
criterios comunes que mantienen los dos principales partidos en liza. Pero, a
cambio, ambos se sirven de las peores artes, incluyendo algunas que producen
auténtica vergüenza ajena (véanse los argumentos que han venido utilizando el
PP y la jerarquía católica para ir en contra de la Ley Orgánica de Educación,
muchos de ellos basados en puros inventos). En donde debería regir la intransigencia con ley, ellos
han instaurado el pasteleo envenenado. Es copia de la columna publicada en El Mundo el 24 de noviembre de 2005 Para
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30 años de Transición |
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JAVIER ORTIZ Las sociedades acceden a la categoría de libres cuando sus ciudadanos aprenden a distinguir claramente la libertad de la tiranía, cuando saben apreciar tanto la primera como repudiar la segunda y cuando son capaces de examinar desde esa perspectiva, sin complacencias ni paños calientes, su propio pasado. En la Alemania de hoy se puede
denostar abiertamente el nazismo porque, salvo un puñado de nostálgicos de
Hitler, todo el mundo está de acuerdo en que el III Reich fue un horror, y
bien que lo lamentan. No cabe decir lo mismo de
España. Aquí quedan todavía sectores sociales de importancia a los que les
incomoda que se coloque al régimen franquista en la larga y sangrienta
relación de las tiranías que enlutaron la Historia del siglo XX. No hay más que echar un simple
vistazo a la actualidad para comprobar que incluso algunos órganos del propio
Estado son incapaces de trazar la necesaria línea divisoria entre las
arbitrariedades de la dictadura y las leyes del régimen parlamentario. Tómese el ejemplo que acaba de
proporcionarnos la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha considerado, a
instancias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que la manifestación
en recuerdo de los cinco últimos fusilados por la dictadura que se celebró el
sábado podía ser constitutiva de un delito de «enaltecimiento del
terrorismo». El fiscal en cuestión, con el respaldo del titular del Juzgado
Central de Instrucción número 2, partió del sobreentendido de que levantarse
en armas contra un régimen tiránico es terrorismo, y a correr. (Hay otra
posibilidad: que piense que el franquismo no fue un régimen tiránico.
Cualquiera sabe.) Con todo, lo que más me ha
llamado la atención en este asunto es que a ninguno de los implicados en la
iniciativa (AVT, fiscal y magistrado) se le pasara siquiera por la cabeza la
posibilidad de medir con su particular rasero la otra marcha que ha tenido
lugar este pasado fin de semana, y que fue desde Moncloa al Valle de los
Caídos para homenajear a Francisco Franco. Ni se les ocurrió pensar que ese
acto sí que estaba explícitamente dedicado a enaltecer a un criminal de tomo
y lomo. Así que ni lo denunciaron ni lo catalogaron ni nada: vía libre para
los fascistas. Curiosa situación: los
antifranquistas bajo vigilancia y los franquistas a su aire. Dicen algunos que nuestra realidad no lleva la impronta
del franquismo. Descartado que se lo crean -no son tan obtusos-, imagino que
lo dicen para disimular. Pero algunos parecidos son indisimulables. Es copia de la columna publicada en El Mundo el 21 de noviembre de 2005 Para
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Chávez, el malo
malísimo |
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JAVIER ORTIZ Una de las muchas cosas en las que coinciden es en su modo de distinguir a los gobernantes que merecen ser tratados con deferencia de los que no. Así, dan por supuesto que George W. Bush es un gobernante que, aunque tenga sus cosas, es digno de la más alta consideración. No así el presidente venezolano, Hugo Chávez, al que descalifican sin remisión. Creen que el presidente estadounidense puede cometer errores, pero rectificables. A lo que no ven remedio, en cambio, es a lo de Chávez, al que no dudan en calificar de «personaje intolerable», «atrabiliario», «soez», «demagogo» y «bufón». Para mí que critican de vez en cuando a Bush nada más que para prevenirle del peligro que corre de deslizarse por la peligrosa senda de Chávez: ya se sabe que se empieza invadiendo ilegalmente estados soberanos, quitando y poniendo gobiernos, montando cárceles clandestinas y lanzando bombas de fósforo sobre la población civil y se puede llegar a la abominación de recitar coplas sarcásticas en televisión y llamar «lacayo» al presidente de México, Vicente Fox. Tan ocupados han estado en descalificar los «malos
modos» de Chávez que ni siquiera se han tomado el trabajo de examinar el
conflicto concreto que ha enfrentado al venezolano con Fox. Hubieran tenido
que dar cuenta de que, en la reciente Cumbre de las Américas, Bush, pasándose
el orden del día por el arco del triunfo, se puso a hacer proselitismo en favor
del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que patrocina él mismo.
Los presidentes de Argentina y Brasil le señalaron que ese debate no figuraba
en las previsiones de la Cumbre, lo cual no impidió al mexicano Vicente Fox
salir en defensa del inquilino de la Casa Blanca. Fox tiene muchas deudas de gratitud con Bush, pero lo
cierto es que la iniciativa del ALCA parte de un principio de patente
desigualdad: reclama de los países de América Latina que no pongan ninguna
traba al libre comercio, pero autoriza a los EEUU a mantener una política
claramente proteccionista sobre su producción agrícola. Es el apoyo del
mexicano a esa versión neoliberal de la doctrina Monroe lo que ha motivado el
choque. No retener de todo este asunto más que la anécdota de la
coplilla que Chávez le dedicó a Fox es algo peor que una perfecta
superficialidad. Es una superficialidad destinada a preparar a la opinión
pública española para encajar cualquier iniciativa normalizadora que Washington pueda promover en Venezuela. Cualquier
nueva iniciativa, quiero decir. Es copia de la columna publicada en El Mundo el 17 de noviembre de 2005 Para
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La relación de fuerzas |
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JAVIER ORTIZ Los obispos católicos franceses son tan propensos a la restauración de lo superado por la Historia -tan reaccionarios, en sentido estricto- como los españoles. Pero saben a qué atenerse. Saben cuál es la relación de fuerzas. Entre los muchos problemas que se crea el Gobierno de
Rodríguez Zapatero él solo, uno, y no el menor, es que no sabe ni movilizar
las fuerzas que le respaldan ni utilizar los recursos del poder que el
electorado ha puesto en sus manos. Es algo que afecta a muy diversos planos
de la vida política. Resulta increíble, por ejemplo, que el teórico pluralismo
de los medios de comunicación de titularidad pública siga expresándose, aún a
estas alturas, juntando a unos cuantos opinantes más o menos pro
gubernamentales -no mucho, si de lo que se habla es del Estatut- con bastantes más situados en la órbita del PP. Como si
ésa fuera toda la variedad política reflejada en el Parlamento. (De serlo,
¡bueno iría el Gobierno!) Le llevan a uno el alma los diablos, y digo bien, cuando
ve las respuestas apocadas y pusilánimes que da el Gobierno a la ofensiva
coordinada de las derechas. Le bastaría con comunicar lacónicamente a la
Conferencia Episcopal que considera que el Estado español ya le ha
indemnizado más que de sobra por las desamortizaciones del XIX y que va a
ajustar la ayuda económica que le proporciona a las labores de estricto
interés social que desarrolla. Y ya de paso, y puesto que las derechas han
elegido la calle como teatro para su pulso político, propiciar que las
fuerzas laicas hagan lo propio, sólo que más. Bajan las expectativas de voto del PSOE, según las
encuestas, y suben las del PP. Pero no es porque ahora haya menos gente
opuesta a la derecha que en marzo de 2004, sino porque buena parte del
electorado que se movilizó entonces ha vuelto a sus cuarteles de invierno,
desalentada por la blandenguería del Gobierno de Zapatero, siempre temeroso
de responder con hechos -con hechos, Montilla, no con desahogos verbales- a
la insólita belicosidad de los aznaristas de civil, de uniforme o de sotana. Zapatero tiene el poder del Ejecutivo y puede contar
para algunos de sus litigios -para éste de la Conferencia episcopal, sin ir
más lejos- con el apoyo de muchos millones de ciudadanos. ¿A qué espera para
actuar? Si quiere imponer una relación de fuerzas favorable, deberá empezar
por dejar claro el peso real de sus propias fuerzas. Es copia de la columna publicada en El Mundo el 14 de noviembre de 2005 Para
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Gernika en Faluya |
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JAVIER ORTIZ Las más recientes revelaciones sobre los métodos a los que la Casa Blanca está recurriendo en su presunta guerra contra el terrorismo internacional son anonadantes. De lo penúltimo que hemos tenido noticia es del funcionamiento de prisiones secretas diseminadas por medio mundo, en las que los gobernantes estadounidenses tienen encerrados -sin ninguna garantía jurídica, obviamente- a varios cientos de supuestos activistas de Al Qaeda. Ayer se supo que la CIA ha iniciado una investigación para determinar quién ha filtrado a la prensa la existencia de tales cárceles clandestinas. De modo que la noticia es cierta. Al poco, nos hemos enterado de que el Ejército de los
EEUU utilizó a finales de 2004, durante las operaciones destinadas a la
ocupación de la ciudad de Faluya, bombas de fósforo blanco, al igual que
MK77, un agente incendiario similar al napalm. El Pentágono admite que sus
tropas utilizaron proyectiles de fósforo blanco, pero alega que lo hicieron
«para iluminar las posiciones enemigas». Sin embargo, existen vídeos, fotografías
y testimonios de periodistas y cooperantes que señalan que las bombas de
fósforo fueron arrojadas sobre el casco urbano de Faluya. Conviene recordar a los más olvidadizos que muchas de
las bombas que los aviones de la Luftwaffe nazi dejaron caer sobre Gernika el
26 de abril de 1937 y que provocaron la práctica destrucción de la histórica
villa y la muerte de la mayoría de sus pobladores iban cargadas precisamente
con fósforo blanco, como las lanzadas por la U. S. Air Force sobre Faluya. El
Pentágono ha aducido que se trata de un arma legal, pero miente, para variar:
el portavoz del Comité de la ONU para la Prohibición de las Armas Químicas,
Peter Kaiser, ha dejado claro que las bombas de fósforo blanco figuran entre
las armas no autorizadas. Con razón, dada su tremenda crueldad: el fósforo se
adhiere a la piel de cuantos se encuentran en un radio de 150 metros del
lugar de la explosión y los asa vivos, sin dejarles posibilidad alguna de
escapatoria. Según los testigos, no menos de 800 civiles murieron en
el ataque estadounidense contra Faluya. Ahora resulta que en Irak sí había armas prohibidas: las
que llevó el Ejército de los Estados Unidos. Algunos tratan de justificar la inhumanidad apelando a
la lucha contra la inhumanidad. Es inútil. Tras la II Guerra Mundial, muchos alemanes excusaron su
apoyo a Hitler diciendo: «De haber sabido...». El día de mañana nadie podrá
alegar ignorancia cuando se recuerden los crímenes de Bush. Porque los hechos
-los suficientes, al menos- están ya bien a la vista. Es copia de la columna publicada en El Mundo el 10 de noviembre de 2005 Para
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El PP, contra la Constitución |
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JAVIER ORTIZ No me interesa tanto -a los efectos de esta columna, quiero decir- la decisión que ha tomado como el modus operandi que ha seguido para adoptarla. Es típico del Partido Popular. Cada vez que ese partido ha de tomar una determinación de importancia, su jefe supremo se lo piensa, sondea las opiniones de quienes tiene a bien -de manera informal, a su aire- y finalmente comunica su resolución a los órganos colegiados correspondientes, para que la pongan en práctica, y a los medios de prensa, para que la difundan. Todo a la vez. Es el mismo sistema que aplicó
Aznar a la hora de nombrar sucesor al propio Rajoy: rumió la cosa por su
cuenta, habló con quien le vino en gana y, llegada la víspera del día en el
que debía reunirse la dirección del PP para ver quién habría de ser el
candidato, dio a conocer públicamente que su elegido era Rajoy. Con lo cual
abortó cualquier posibilidad de debate interno. Igual que ha hecho en esta
ocasión su sucesor, que ha impuesto su criterio sin confrontarlo con los de
quienes defendían otros (Piqué, por ejemplo, que se había declarado favorable
a la presentación de enmiendas concretas al articulado, y no sólo de una
enmienda a la totalidad). El artículo 6º de la
Constitución Española, que trata de los partidos políticos, establece
taxativamente: «Su estructura y funcionamiento interno deberán ser
democráticos». Hay pruebas públicas y notorias
-he mencionado dos, pero podría poner muchas más- de que el funcionamiento
interno del PP no responde ni de lejos a criterios democráticos. Algunas de
sus opciones principales no se adoptan tras el preceptivo debate en los
órganos colegiados electos. Se las reserva el jefe, que no deja a sus
vasallos otro remedio que aceptarlas, salvo que quieran colocarse en el
disparadero. No es una cuestión formal, ni mucho
menos. La democracia interna de los partidos debe expresarse tanto en la
designación de sus órganos dirigentes, que ha de ser libre y sin coacciones,
como en la existencia de canales que hagan valer las opiniones de los
militantes en la determinación de la línea política. Lo que hace el PP es
justo lo contrario: el presidente reparte los cargos, dejando a los demás en
la obligación práctica de ratificarlos, y decide los puntos esenciales de la
línea política, sirviéndose del partido como mera correa de transmisión. Quiere decirse que el
funcionamiento interno del PP es anticonstitucional, grave hecho que podría
servir de base para promover su ilegalización. O, por lo menos, para exigirle
que practique el caudillismo sin tanto descaro. Es copia de la columna publicada en El Mundo el 7 de noviembre de 2005 Para
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El signo de los tiempos |
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JAVIER ORTIZ Aplauden no pocos reputados juristas la actitud de Felipe de Borbón, quien, según ellos, viene a reconocer el valor superior de lo proclamado en el artículo 14 de la Constitución, según el cual «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Dejando a un lado que en la Constitución no hay artículos a los que quepa atribuir un rango jurídico -jurídico, digo- superior a los demás, de modo que tanto vale el artículo 14 como los incluidos en el Título II (y tanto el artículo 2 como la Disposición Adicional Primera, por poner otro ejemplo), se ve mal por qué todos, del Rey abajo, hayamos de inclinarnos ante la parte del artículo 14 que habla de la no discriminación por razón de sexo y, en cambio, debamos dar por no oída la parte que habla de la no discriminación por razón de nacimiento. ¿Tal vez porque, si no se aceptara la discriminación por razón de nacimiento, no sólo la recién nacida Leonor, sino toda la institución monárquica, quedaría en una situación extremadamente inconfortable? En efecto, la piedra angular misma de la Monarquía es el privilegio de cuna: ellos nacen superiores, con derechos y privilegios exclusivos, inalcanzables para los demás. Apoyándose en ello, no faltan los aguafiestas que hacen
chanza de la adecuación de la Monarquía española al «signo de los
tiempos».«Si tan partidarios son del «signo de los tiempos», que acepten el
derecho igual de todos los ciudadanos a ser elegidos para el puesto de Jefe
del Estado», argumentan. Pero se equivocan. Cometen el error de dar por hecho que
el signo de estos tiempos que corren empuja hacia la igualdad universal de
derechos. No sé de dónde habrán podido sacar tan absurda idea. Lo
característico del actual momento histórico -el signo de estos tiempos- es la
combinación de las más hermosas proclamas igualitarias con el mantenimiento,
o incluso el acrecentamiento, de las desigualdades más lacerantes. La Monarquía española se atiene estrictamente al signo
de los tiempos. Es copia de la columna publicada en El Mundo el 3 de noviembre de 2005 Para
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Columnas publicadas con
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