Columnas de Javier Ortiz aparecidas en

            

durante el mes de mayo de 2005

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Los 400.000 euros

JAVIER ORTIZ

        
Tiene razón Josu Jon Imaz: si realmente el juez cuenta con indicios racionales de que Arnaldo Otegi es un prominente miembro de ETA, ¿a qué viene imponerle una fianza de 400.000 euros? Ni 400.000 ni dos millones: una acusación de tamaña gravedad debe llevar inexcusablemente aparejada la prisión incondicional del imputado. ¿Cómo puede permitir un juez que alguien al que tiene por peligroso terrorista se pasee libremente por las calles, maquinando tal vez otros crímenes? En ese sentido -aunque sólo en ese sentido-, fue mucho más coherente la posición del fiscal, que reclamó que Otegi fuera encarcelado sin fianza.

Me pregunto también de dónde habrá podido sacar el magistrado la idea de que esos 400.000 euros suponen algún tipo de garantía de que el procesado no tratará de eludir la acción de la Justicia. Si Otegi fuera realmente un destacado militante de ETA, ese dinero sería calderilla para él y los suyos. Me llama la atención la precisión del juez: el abogado de la AVT reclamó que la fianza fuera de 300.000 euros, pero él la subió a 400.000. Si alguien sabe qué clase de salto cualitativo aportan en esta causa 100.000 euros arriba o abajo, que me lo diga.

De todos modos, me intriga todavía más por qué Otegi sí y el resto no. Ante el mismo juez y en relación con este mismo sumario han prestado declaración muchos otros dirigentes de Batasuna. Todos fueron puestos en libertad sin mayores alharacas. Algunos, incluso, sin ningún tipo de medida cautelar. ¿Qué tiene de excepcional Otegi en esta causa? El magistrado no pretende contar con ningún indicio concreto que vincule hoy en día a Otegi con ETA, personal e individualizadamente. Menos aún con sus finanzas. Ni siquiera le atribuye un papel determinado en la estructura orgánica de las herriko tabernak. No le imputa ningún delito específico. La lógica de la acusación es la de siempre: Batasuna es ETA; en consecuencia, el que es jefe de la una lo es de la otra.

Pero, siendo así, no se ve a qué vienen esos distingos entre unos y otros dirigentes de Batasuna ni se entiende cómo, siendo tan terrible el delito que se les imputa, los dejan en libertad por unas u otras vías.

A no ser, por supuesto, que lo que esté en juego no sea una cuestión jurídica, sino política.

Anteayer coincidieron varios dirigentes del PP y del PSOE -José Bono y Eduardo Zaplana muy en especial- en comentar con palabras casi idénticas el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi: «Está donde debería haber estado hace tiempo», «En la cárcel es donde tienen que estar los terroristas y sus colaboradores, como Otegi», etc.

¿De qué modo puede entenderse que gente con preparación jurídica confunda con tanta ligereza un procesamiento con una sentencia firme? Fácilmente: asumiendo que no están hablando de Derecho Penal, sino de política pura y dura.

Sobre todo dura.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 28 de mayo de 2005

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El parlamento minado

JAVIER ORTIZ

        
Sólo alguien que tenga poco o nada asimilados los usos y costumbres de las democracias parlamentarias puede echarse las manos a la cabeza por el poder que en ciertos momentos adquieren en la vida de las cámaras tales o cuales grupos minoritarios. Puede lamentarse todo lo que quiera por el hecho de que un partido que tiene nueve escaños -nueve sobre 75 tampoco es filfa, de todos modos: a escala, en el Congreso de los Diputados serían 42-, pero no tiene derecho a escandalizarse, salvo que se oponga a que el sistema electoral sea más o menos proporcional.

Cuando en un parlamento hay dos bloques relativamente igualados en el número de escaños, no es raro que un grupo minoritario acabe teniendo en su mano la decisión final. Ha habido casos en los que incluso un solo diputado ha estado en condiciones de inclinar la balanza de uno u otro lado: la semana pasada hubiera podido hacerlo en la Cámara de Vitoria la diputada de Aralar, sin ir más lejos. No olvidemos tampoco a Tamayo y a Sáez, la que armaron en Madrid. EHAK se ha aprovechado de su situación privilegiada para obligar al PNV a pasar bajo sus horcas caudinas. Podía hacerlo y lo ha hecho. A cambio, el PNV le ha contestado dejándolo sin representación en la Mesa del Parlamento. Igual: podía hacerlo y lo ha hecho. A la guerre comme à la guerre.

El Parlamento de Vitoria puede tener una vida agitada, pero llevadera, mientras ese tipo de escaramuzas sean la excepción, y no la regla. A cambio, se convertiría en inviable en el caso de que EHAK optara por a plantearlas de manera sistemática. A modo de ejemplo: pongamos que decidiera aplicar a la designación del nuevo lehendakari el mismo tratamiento que a la elección del presidente del Parlamento y que anunciara su disposición a votar a un candidato del PNV...siempre que no sea Ibarretxe. O que se negara día sí día también a negociar con el Gobierno vasco los proyectos de ley, uniéndose al PSE y al PP para tumbarlos. (No es imposible. Como buena parte de la izquierda abertzale, la gente de EHAK le tiene muchas ganas al PNV. Ya ha dejado caer en un par de ocasiones que no renuncia a «coincidir tácticamente» con el PSE ni, incluso, a alcanzar acuerdos concretos con él. «A fin de cuentas», arguye, «tiene línea directa con Madrid».

Insisto: puede hacerlo; estará en su derecho. Pero, de entrar por esa vía, acabará por no dejar al lehendakari más salida que la pronta convocatoria de nuevas elecciones.

Lo cual sería un sorteo. Para todos, pero también para EHAK, que habría de afrontar ante sus electores la responsabilidad de haber tirado demasiado de la cuerda en un momento tan especial.

Tirar demasiado de la cuerda siempre es un error, pero más cuando uno está en el mar a punto de ahogarse y la cuerda en cuestión es la que le han echado para ayudarle a salir.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 25 de mayo de 2005

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EN LA RED

Que el PP se reconduzca

JAVIER ORTIZ

Pregunta:
¿Debe negociar con ETA el Gobierno sin el apoyo del PP?

Respuesta:  SI

Argumentación:

 

La posición del PP de Rajoy con respecto al problema vasco -al mal llamado «problema vasco», porque ni es exclusivamente vasco ni es el único que tiene Euskadi- se asienta, según pudimos leer ayer bajo su propia firma, en una idea clave: no hay nada que hablar con ETA. A la organización terrorista no debe dársele otra salida que su rendición incondicional. Considera el presidente del PP que ese criterio define «el único escenario» coherente con «los principios que fundaron la España democrática».

Deberemos suponer entonces que, según él, quienes suscribieron el 12 de enero de 1988 el Pacto de Ajuria Enea -entre ellos AP, antecesora del PP- y quienes trabajaron durante los años siguientes sobre la base de lo definido en ese Pacto -entre ellos Jaime Mayor Oreja- no actuaron en consonancia con «los principios que fundaron la España democrática», toda vez que establecieron una política radicalmente diferente.

El punto 10 del documento no dejaba lugar a dudas: «Si se producen las condiciones para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».

Obsérvese que este punto prefiguraba de hecho lo que ahora se llama «dos mesas de diálogo»: una, para que el Estado abordara con ETA el modo de poner fin definitivo a la violencia terrorista; la otra, integrada por los representantes legítimos de la voluntad popular, encargada de «resolver las cuestiones políticas».

Conviene recordar cuándo se firmó aquel acuerdo: muy poco después de la masacre de Hipercor (21 muertos) y a un mes del tremendo atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza (12 muertos). Era aquel un tiempo en el que los secuestros, las bombas y los asesinatos a tiros se producían cada dos por tres. Pese a lo cual, las fuerzas democráticas no temieron que se las tachara de claudicantes o de traidoras y ofrecieron a ETA «procesos de diálogo», siempre que se aviniera a abandonar la violencia y diera muestra inequívoca de esa voluntad.

El PP rompió de hecho con las bases de aquel Pacto y trató de seguir otra vía que -dijo- conduciría a la derrota total de ETA. No lo ha logrado, pero sigue en sus trece, afirmando que quien pretenda otra cosa ofende a las víctimas, haciendo como si no supiera que hay víctimas que coinciden con lo acordado el pasado martes en el Congreso de los Diputados.

Va de suyo que me parecía excelente que el PP -como ha hecho el PSOE- se apeara de sus dogmas, admitiera que la vía definida en su día por el Pacto de Ajuria Enea no tuvo ocasión de ser probada en forma debida y que se sumara al actual consenso general. Pero, si bien resulta lamentable que una minoría rehúse seguir el camino de la mayoría, la solución no puede estar en que la mayoría se pliegue a la minoría.

El PP ya ha demostrado el escaso valor de sus promesas a plazo fijo. Su planteamiento no ha traído la paz. Reflexione sobre ello y déjese de protegerse descalificando a los demás.

Es copia del artículo publicado en El Mundo el 22 de mayo de 2005

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El papel de su vida

JAVIER ORTIZ

        
¿Qué José Luis Rodríguez Zapatero es el de verdad? ¿El que defiende ahora el entendimiento entre los partidos democráticos sin exclusiones y el diálogo como fórmula necesaria -aunque no única- para la resolución de todos los conflictos, incluidos los más lacerantes, o el que se atribuía apenas hace dos años el gran mérito de no haber hablado jamás -a diferencia de Aznar, daba a entender- ni con Fidel Castro ni con Xabier Arzalluz? ¿Es más auténtico éste de ahora, que se muestra abierto a reformar in extenso los Estatutos de autonomía de Cataluña y Euskadi, en sintonía con el PSC de Pasqual Maragall y el reconvertido PSE de Patxi López, o lo era aquel que tenía a Juan Carlos Rodríguez Ibarra como consejero áulico?

No soy tan novato en estas lides como para ignorar que muchos políticos de los que deambulan por las cumbres del poder son muy capaces de decir hoy una cosa y mañana la opuesta (y de hacer en ambos casos una tercera o una cuarta). Pero lo de Zapatero no creo que sea un puro ejercicio de cinismo. Para mí que ni hace un par de años estaba realmente convencido de lo que decía ni ahora está persuadido de lo contrario.

Por decirlo educadamente: no parece que su especialidad sea la firmeza de criterios.

A veces da la sensación de que juega con dos barajas. Pero no es eso. Es que no sabe con qué carta quedarse.

Su propio Gobierno es reflejo de sus perplejidades. Los ministros rivalizan a la hora de pontificar sobre lo que finalmente hará o no hará en relación a ETA, como si la mente del presidente careciera de secretos para ellos, e incluso hay uno -el de Defensa- que se permite plantearse los problemas políticos desde una perspectiva netamente diferente de la del jefe del Ejecutivo. Hace meses que José Bono deja claro cada vez que tiene ocasión -y cuando no la tiene se la inventa- que sus inclinaciones ideológicas están muchísimo más cercanas a las del PP que a las de los socios parlamentarios de Zapatero. Y lo peor no es que lo deje entrever, sino que obra en consecuencia, tomando iniciativas a su aire, como la de dejar patas arriba el proyecto de Ley Orgánica de Defensa Nacional tras negociar él directamente con Rajoy. Este género de actuaciones, que llevan a que el propio PP haga distingos dentro del Gabinete -y con razón-, no dice mucho en favor de la coherencia del equipo gubernamental.

Los políticos de natural dubitativo suelen ir dando vueltas y más vueltas, asumiendo políticas y tonos diversos, hasta que, si tienen suerte, un buen día encuentran un papel que, por lo que sea, les granjea un plus de valoración popular. Los menos atolondrados suelen entender la lección y se asientan ya para siempre en la representación de ese papel. Con el tiempo, los hay que hasta son recordados como ejemplo de firmeza.

En cosa de meses sabremos si Zapatero ha encontrado ya de una vez el papel de su vida.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 21 de mayo de 2005

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Lo pésimo no admite grados

JAVIER ORTIZ

        
Aznar, Acebes y Rajoy están de acuerdo: el Gobierno de Rodríguez Zapatero es pésimo. Se trata de una acusación de apariencia terrible, sin duda, pero muy poco práctica. Porque, tras haber definido al Gobierno como pésimo, ya no pueden reprocharle nada peor. Tienen tres años por delante y ya han gastado toda su batería de descalificaciones.

Lo peor que tiene el recurso constante y sistemático al tremendismo en la lucha política es que anula la capacidad de asombro de la ciudadanía. Si a las primeras de cambio dices de uno que es un traidor, un vendido al terrorismo, un cómplice de los asesinos, un filoseparatista, un títere de poderes exteriores hostiles a la Nación, un inútil y un ignorante, todo a la vez, ¿qué podrás reprocharle mañana para impresionar a la opinión pública? Ya sólo te quedará acusarlo de pederasta, como al fundador de los Legionarios de Cristo.

Están tomando a los ciudadanos por estúpidos. Y los habrá -hay de todo-, pero son muchos los que se dan cuenta de que, con demasiada frecuencia, los dirigentes del PP condenan a Rodríguez Zapatero por decir y por hacer lo que ni ha dicho ni ha hecho. Ahora están poniendo de vuelta y media al presidente del Gobierno porque, según ellos, está dispuesto a pactar con ETA a cambio de una tregua. Pero todos oímos lo que Zapatero propuso realmente en el Parlamento: que se le autorice a dialogar con ETA en el caso de que ésta proclame su renuncia definitiva a las armas. No dijo nada de una tregua temporal.

Entre lo que el PP dice que dice Zapatero y lo que Zapatero dice realmente, media un abismo.

En realidad, lo que Acebes dijo anteayer que está haciendo Rodríguez Zapatero es, oh paradojas de la vida, exactamente lo que hizo Aznar hace unos años: iniciar un proceso de negociación con ETA a partir del anuncio de una tregua no definitiva. Sólo que, hecho por ellos, se trataba de una iniciativa tan astuta como patriótica. En cambio, atribuido a Zapatero, aunque no lo haya hecho, es una auténtica aberración.

Hay gente que tiene una memoria histórica de lo más frágil. Pretende el PP que no cabría de ningún modo invocar el interés colectivo del hoy para pasar páginas ominosas del ayer. Parece que olvidan que ésa fue la esencia misma de la Transición de la que tan orgullosos dicen sentirse. Las fuerzas políticas predominantes en la España de 1977 decidieron que cayera un tupido velo sobre los crímenes de 40 años de dictadura, renunciando no sólo a pedir cuentas a sus responsables, sino permitiéndoles incluso continuar en la vida política activa, y hasta en puestos de máxima responsabilidad.

Si alguien no tiene derecho a condenar inapelablemente esas amnesias políticas interesadas es el PP, heredero de Alianza Popular, ella a su vez heredera... en fin, de lo que todos sabemos.

Y los gallegos mejor que nadie.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 18 de mayo de 2005

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Que nadie se engañe

JAVIER ORTIZ

        
A quienes seguimos día a día la actualidad política, los debates del estado de la Nación nos suelen servir sobre todo para constatar qué trato se conceden los partidos entre sí, porque augura las alianzas y los distanciamientos -circunstanciales o de fondo- que cabe esperar para los tiempos siguientes. Valen también de paso, claro está, para ver en qué medida los planteamientos de unos y otros sintonizan mejor o peor con ese magma que llamamos «opinión pública».

En esta ocasión, sin embargo, muchos situábamos el centro principal de interés, con diferencia, en este último aspecto. Y no por capricho.

Durante años, tanto el PP como el PSOE coincidieron en presentar como auténticos dogmas de fe -como «cuestiones de Estado»- un conjunto de planteamientos fijos en relación con la llamada «cuestión vasca» y, más en general, con la organización territorial del Estado. Supongo que no hará falta que los enuncie in extenso: el nacionalismo como aval del terrorismo, los estatutos actuales como límite máximo de las aspiraciones autonómicas, etcétera. Tanto, de manera tan machacona, tan en sintonía y con tantos recursos propagandísticos lo hicieron que una amplia mayoría de la población, fuera de Euskadi y Cataluña, asumió esos principios como si, efectivamente, fueran las mismísimas Tablas de la Ley, imposibles de discutir y hasta de matizar.

Desde su nombramiento como presidente del Gobierno, sin embargo, Rodríguez Zapatero ha ido dejando ver su disposición a introducir cambios de cierta importancia en esos enunciados políticos, primando el diálogo y la negociación y no cerrándose a un cierto replanteamiento de la actual organización territorial del Estado. Ese nuevo talante ha encolerizado al PP, que ha tratado de movilizar no sólo a su propio electorado, sino también a una parte de los seguidores del PSOE, animándolos a lanzarse a la yugular del blasfemo. Esa y no otra fue la reacción que pretendió azuzar Mariano Rajoy con su discurso apocalíptico del miércoles.

Empero, y para sorpresa de bastantes, los sondeos realizados tras el debate indican que fue Rodríguez Zapatero el que más convenció a la audiencia. Y con diferencia. Eso ha hecho las delicias de los propagandistas del Gobierno, que presentan el dato como prueba indiscutible de que la gran mayoría de la opinión pública española rechaza ya los discursos crispados y excluyentes.

Ni creo que sea así ni doy tanta importancia a esos sondeos. La proporción de quienes reconocen no haber seguido en absoluto el debate es muy alta. Otros muchos admiten que apenas le prestaron atención. No me extrañaría que bastantes otros lo hayan juzgado como quien puntúa un ejercicio de esgrima.

La gente no cambia sus filias y sus fobias de un mes para otro y en masa. Y menos cuando hay tantos que le incitan a diario a mantenerse en ellas erre que erre.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 14 de mayo de 2005

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Las igualdades desiguales

JAVIER ORTIZ

         
En los años sesenta se produjo en las paredes de algunos barrios de Barcelona un tira y afloja más bien cómico entre diversas pintadas clandestinas. Algunos pintaban con grandes letras: Volem bisbes catalans! («¡Queremos obispos catalanes!»), tras de lo cual llegaban otros que rectificaban las pintadas, dejándolas en No volem bisbes! («¡No queremos obispos!»).

El embarazo de la Princesa de Asturias parece haber puesto en un brete al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que ha prometido promover la reforma de la Constitución para que ésta deje de establecer la relación de prelación del hombre sobre la mujer en la línea de descendencia de la Corona. El presidente quería introducir ese cambio a la vez que otros referentes al Estado de las Autonomías y a la Constitución Europea. Verse obligado a acelerar el primer aspecto presentaría para él dos graves inconvenientes: primero, que los otros cambios no están todavía maduros, y segundo, que precipitaría el fin de la legislatura, con el consiguiente riesgo de perder las siguientes elecciones. Ante lo cual ha optado por decir que el primero de los cambios no corre prisa porque, aunque naciera primero una niña y acto seguido un niño, la reforma podría aplicarse de modo retroactivo. Lo que no he visto que nadie haya explicado es cómo se las arreglarían para que esa retroactividad no implicara también la pérdida de derechos del Príncipe Felipe en favor de su hermana Elena.

A mí, con este asunto de la discriminación de sexos en la línea de acceso al trono, me viene a pasar lo que les sucedía a los rectificadores de las pintadas catalanas que antes he mencionado. No siento ningún deseo de defender que las mujeres de sangre real tengan los mismos privilegios que los hombres de su misma sangre, sencillamente porque no deseo que haya privilegios. No tengo interés en discutir quién debe tener más derechos para acceder a la cabeza de la Monarquía porque no quiero que haya Monarquía.

Dicho lo cual -que a alguna gente le parece inadecuado y no veo por qué: es de eso de lo que se está hablando-, añadiré que me parece una broma de mal gusto que se pretenda rectificar ese aspecto legal para atender el principio constitucional que prohíbe la discriminación por razón de sexo y se haga la vista gorda ante el hecho de que el artículo de la Constitución que establece tal prohibición, el artículo 14, la hace extensiva a cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, con alusión prioritaria y directa a la discriminación «por razón de nacimiento». Que a determinadas personas se les otorgue unos derechos superiores al resto de la ciudadanía por razones de cuna -base misma de la institución monárquica- representa una violación igual de flagrante del mandato igualitario de la Constitución.

Habrá que entender que hay igualdades más desdeñables que otras.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 11 de mayo de 2005

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Ni luz ni taquígrafos

JAVIER ORTIZ

         
Cada cual es muy dueño de pensar lo que tenga a bien sobre las soluciones que hay que buscar para los problemas específicos de Euskadi. Incluso puede pensar que no hay ninguna solución que buscar, sea porque los problemas no tienen solución, sea porque las vías de solución ya están abiertas y no hay nada nuevo que deba intentarse.

El PP es de este último criterio. Sostiene que lo mejor que puede hacer el Gobierno central es mantenerse en las posiciones en las que se atrincheró Aznar tras su intento frustrado de negociación con ETA. Según el principal partido de la oposición española, en Euskadi no hay ningún conflicto histórico que resolver. Para el PP, el único problema que existe es ETA, cuya resolución corresponde a la policía y a los jueces.

Es un enfoque perfectamente legítimo, por supuesto, pero mal avenido con la realidad. Aznar puso a prueba esa visión cuando prometió en 1996 que en el plazo de seis años habría logrado la desaparición de ETA. Mayor Oreja, fue aún más audaz: dijo que lo conseguiría en un lustro. Nueve años después, parece bastante obvio que fracasaron. En el plano policial y, todavía más, en el político.

Lejos de ese criterio demostradamente erróneo, otros consideran que el llamado problema vasco encierra al menos dos problemas, relacionados, pero distintos. Saben que está, en primer lugar, el problema de ETA, que es el que debe resolverse mejor hoy que mañana. Pero no olvidan que Euskadi ya tenía serias dificultades de engarce en España mucho antes de que naciera ETA. Y comprenden que no hay ninguna razón para suponer que esas dificultades vayan a evaporarse automáticamente con la desaparición de ETA.

Quienes ven así las cosas creen que hacen falta propuestas nuevas que permitan el desbloqueo de una realidad que sigue enquistada. Y propugnan que las fuerzas políticas con influencia real en la sociedad vasca se vayan tanteando a la búsqueda de los consensos posibles y necesarios. Lo cual requiere contactos pacientes, discretos y laboriosos, a los que no tiene sentido acudir con la pretensión de apuntarse éxitos inmediatos de cara a la galería.

Como periodista, trato de enterarme de todo. Y lo que sé lo cuento. Pero me consta que en ese tipo de contactos la discreción de los protagonistas es la norma número uno.

Quienes reclaman que haya «luz y taquígrafos» en todas partes, como ha exigido el PP tras el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe, son siempre -la experiencia enseña mucho- los que quieren que las iniciativas se queden en nada.

Que nos expliquen los populares qué luz y qué taquígrafos hubo cuando una delegación del Gobierno de Aznar se reunió con otra de HB en un célebre hotel burgalés, en la carretera Madrid-Irún, durante la tregua de ETA. Entonces fueron discretísimos. ¿Por qué?

Ya respondo yo: porque no querían boicotear lo que estaban haciendo.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 7 de mayo de 2005

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Políticos que sobreactúan

JAVIER ORTIZ

          
Cuando los políticos sin principios -o con principios malamente definidos que se pierden en las brumas de sus difusos orígenes- pretenden hacer como si tuvieran un código de conducta estricto, les ocurre lo mismo que a los malos actores que no acaban de comprender el personaje que interpretan: o se quedan cortos y no dan la talla o se pasan y sobreactúan.

He leído que el líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, ha lamentado los enfrentamientos que se están produciendo entre el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. Ha pedido a ambos «un ejercicio de mesura y de sentido común para que dejen sus enfrentamientos».

La cuestión no es que ese llamamiento sea hipócrita. Lo peor es que todo el mundo se da cuenta de que lo es. Suena a hueco. Nadie ignora que Simancas desea todo lo contrario, en realidad. Trata de darse aires de estadista de altos vuelos pretendiendo que está por encima de esas pequeñeces, porque para él lo que prima es «el interés de todos los madrileños», pero resulta cualquier cosa menos creíble. Todo quisque sabe que el PSOE madrileño, con el propio Simancas al frente, viene esforzándose en alentar el enfrentamiento entre Gallardón y Aguirre, y que está encantado de que vaya a más.

Y además hace bien. Y no sólo porque eso conviene a sus intereses partidistas, sino también porque, en contra de lo que él mismo alega con aire toscamente jesuítico, ese enfrentamiento no perjudica en nada a los intereses de la ciudadanía de la CAM.

De hecho, la rivalidad entre las administraciones local y regional representa un buen estímulo para ambas. Empuja a cada una de ellas a tratar de demostrar que es más eficaz y más útil que la otra.

Es cosa frecuente en países de larga tradición democrática que el electorado se incline por políticos de diferente signo según de qué elecciones se trate: locales, regionales, para los órganos de poder central... Lo hace precisamente para empujarles a rivalizar y a vigilarse mutuamente. Entiende que, gracias a esos contrapesos de poder, ningún partido puede sentirse por encima del bien y del mal, inmune a la crítica. En este caso, Gallardón y Aguirre son del mismo partido, pero como si no lo fueran.

Simancas lo dice todo pensando sólo en qué caerá mejor y qué peor. No se para a meditar en qué sentido tiene lo que ha afirmado, en el supuesto de que tenga alguno. Menos aún repara en si lo que dice tiene alguna relación con lo que hace.

Sobreactúa constantemente. Y el público lo nota.

No trato de emitir un juicio ético sobre la actuación de Simancas. No haría al caso. Le hago una mera observación técnica: cuando un prestidigitador no sabe esconder sus trucos, la gente acaba por no pagar la entrada para verlo.

Es copia de la columna publicada en El Mundo el 4 de mayo de 2005

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