El dedo en la llaga

Se cuenta en las escuelas de periodismo –ignoro si será verdad o mito: no he tenido ocasión de comprobarlo– que hace muchos años, en tiempos de la Guerra de Vietnam, The Washington Post publicó una noticia en la que se leía: “Según un miembro de la Casa Blanca que no quiere revelar su identidad, pero que es Henry Kissinger…”.  

El famoso off the record (o sea: “Yo te lo cuento, pero no me cites”) es un recurso lícito. Pero con dos condiciones.

La primera es que esté previamente pactado. Un periodista no tiene por qué ocultar la identidad de su fuente si no ha llegado de antemano al acuerdo de mantenerla en secreto.

La segunda condición es que no se abuse de ese recurso hasta el extremo de que las informaciones se fundamenten de arriba abajo en declaraciones que nadie asume como propias.

En los últimos días se han publicado un montón de crónicas sobre la crisis interna del Partido Popular basadas en disensiones, planes, augurios y dicterios que aparecen siempre atribuidos a fuentes supuestamente muy solventes, pero todas ellas unánimemente innominadas. Algún periódico que se dice “de referencia” ha llegado a publicar en portada noticias… ¡en las que no figuraba ni una sola atribución de fuente!

Parece que en las altas esferas del PP todo el mundo quiere largar, pero nadie desea aparecer con nombres y apellidos, respaldando lo que larga.

Seguirán haciéndolo, en la medida en que se lo consintamos. Ése es un mal hábito al que los periodistas deberíamos poner coto, tanto por nosotros mismos (para no ser utilizados como instrumentos de oscuras conspiraciones) como, también y sobre todo, por respeto a quienes nos leen o nos escuchan, que tienen derecho a saber quién dice u opina cada cosa, para que cada palo aguante su vela.

Insisto: no me opongo a que se cite a alguien que oculta su identidad. Pero como excepción, no como norma. Me desazona toparme a diario con largas crónicas sustentadas de principio a fin en declaraciones de no se sabe quién: “Según fuentes próximas a…”, “Un alto dirigente confiesa…”, “Círculos vinculados con…”

Que den la cara. O, si no, que se callen. O silenciémoslos, mientras no se retraten.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (4 de junio de 2008). También publicó apunte ese día: De calles y de libros.

Sucede en el Parlamento francés con bastante frecuencia que los diputados no votan en bloque siguiendo la consigna recibida de la jefatura de su grupo político, sino conforme a lo que cada uno de ellos cree que responde mejor al interés de los electores de su circunscripción.

Nada hay en la legislación española, en principio, que impida a nuestros diputados hacer lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución  de 1978 (art. 67.2) afirma: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. De nadie. En consecuencia, tampoco por el mandato imperativo de los responsables del partido en el que militan.

Sin embargo, en el Parlamento español funcionan reglamentos internos de grupo que castigan al diputado que, haciendo uso de su derecho constitucional, vota algo distinto a lo acordado por sus correligionarios. El PSOE puso la semana pasada una multa de 600 euros al diputado Barrio de Penagos por haber votado (él dice que por error) en contra de la decisión del Gobierno de Zapatero de autorizar el trasvase de David Taguas de la Oficina Económica de Presidencia al tinglado corporativo de las empresas constructoras.

¿Puede una agrupación parlamentaria establecer normas internas que contradicen prescripciones constitucionales? Es dudoso. Pero, en todo caso, se trata de un problema menor. Porque si los diputados españoles están atados de pies y manos a la disciplina de su grupo no es porque lo ordene tal o cual discutible reglamento interno, sino porque su reelección depende de la voluntad de la jefatura del partido, que es la que puede hacerles un hueco confortable en la papeleta de los próximos comicios… o borrar sus nombres para siempre. De modo que el diputado de base debe elegir entre decir amén a todo lo que le ordenan (posibilidad A), irse buscando otro partido que le promocione (posibilidad B, harto dudosa) o abandonar la política profesional, posibilidad C que a la mayoría se le hace muy cuesta arriba, porque no tiene en esta vida más oficio ni beneficio que su acta de diputado.

Miserias de la legislación electoral española, cuyo lema supremo es: “Vota y calla”.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (3 de junio de 2008). También publicó apunte ese día: Proteger, no proteger.

Empiezo a preguntarme sobre la capacidad de almacenamiento que tenían los discos duros de los ordenadores portátiles del guerrillero colombiano apodado Raúl Reyes. ¡Guardaba todos sus correos electrónicos, incluso los de hace cinco años! Se ve que el hombre, pese a su larga trayectoria clandestina, era un imprudente de tomo y lomo: se paseaba por las montañas propias y foráneas llevando encima las pruebas informáticas de la totalidad de sus maldades, incluyendo sus proyectos de colaboración con organizaciones armadas ultracontinentales y las cuentas de sus financiaciones ilegales activas y pasivas, sin importarle que, dado lo problemático de su deambular selvático, cualquier día cayera todo ello en manos del enemigo.

Ahora el Gobierno colombiano nos informa –nos cuenta, más bien– que, según lo que dice que ha encontrado en esos ordenadores, las FARC pretendieron establecer hace cinco años una alianza con ETA para realizar atentados en España. Se ve que los de por aquí les dieron largas, tal vez porque estaban demasiado ocupados organizando el 11-M mano a mano con Bin Laden, como denunciaron con mucha perspicacia en su momento los de Aznar. Un caso de overbooking terrorista, como quien dice.

¿Verosímil? En absoluto. No me creo ni una palabra.

Cualquiera que esté en posesión de unos mínimos conocimientos jurídicos sabe que las noticias sobre lo hallado en los ordenadores portátiles de Raúl Reyes carecen de credibilidad, porque esos aparatos fueron confiscados en condiciones ilegales y han estado fuera de control judicial durante mucho tiempo, diga lo que diga el secretario general de la Interpol, que ha sido hasta hace poco funcionario del Gobierno de los EE.UU. y que, por cierto, no dijo que no hubieran sido manipulados, sino que sus servicios no habían encontrado pruebas de que hubieran sido manipulados, que no es lo mismo.

De lo que sí hay abundantes pruebas, en cambio, es de que los servicios policiales de Uribe constituyen un enjambre de corruptos, a los que es mejor no creer ni cuando te dan la hora.

Pese a lo cual, los medios occidentales repiten sus patrañas como si fueran verdades reveladas.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (2 de junio de 2008). También publicó apunte ese día: Ibarretxe.

Cada uno habla de la feria según le va en ella. Este año tengo la satisfacción de no haber publicado ningún libro propio, con lo cual me libraré del trauma de pasar unas cuantas horas en una caseta de la Feria del gremio, en el parque de El Retiro, esperando que alguien compre un ejemplar y me pida que se lo dedique.

Es un tipo de experiencia que tiene dos aspectos. Ambos traumáticos.

El primero es ése al que acabo de aludir. Te sientas en la caseta de la editorial que te ha publicado, o del diario para el que trabajas, y vas viendo cómo la gente pasa. En todos los sentidos.

De vez en cuando (muy de vez en cuando), alguien se detiene, otea la oferta, repara en tu libro, lo toma, lo hojea, mira la solapa, ve tu foto, hace una descarada comparación estimativa entre la fotografía y tu aspecto real y, después de un rato, te pregunta con aire displicente: “Y esto, ¿tiene interés?”. Una grosería a la que, en todas las desdichadas ocasiones en que me ha tocado pasar por ese trance, siempre he respondido: “¿Interés? Pues, si quiere que le diga la verdad, no mucho”. Entonces dan la vuelta al libro, miran la etiqueta de la contracubierta y mascullan: “Jo, qué caro”. Lo dejan y se van.

Es el preciso momento en el que siempre aparece un niño que te pregunta: “¿Tienen pegatinas? ¿Regalan algo?”.

Ése es el primer aspecto traumático, que puede acabar resultando muy caro, en forma de factura del psicoanalista.

El otro –todavía más lacerante, si cabe– es que, mientras tú estás sometido a ese suplicio digno de Tántalo, en la caseta de enfrente está Ruiz Zafón, o Antonio Gala, o cualquier otro superventas del género, que tiene por delante una cola de cien personas esperando a que les dediquen su última cosa, más que nada para tenerla.

Hace algunos años, un día en el que abandonaba el recinto de la feria deprimido porque sólo había firmado una veintena de ejemplares después de haber estado varias horas expuesto al ridículo general, me topé con un muy afamado periodista. Le pregunté: “¿Qué? ¿Has firmado mucho?” Y me respondió: “Quince”.

¡Qué miserables podemos ser! Como yo había vendido una decena más, su fracaso me levantó el ánimo.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (1 de junio de 2008). También publicó apunte ese día: ETA y la ecología.

Hay sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cuya lectura me deja en un estado de ánimo que deambula entre la perplejidad y la melancolía.

Del último de los que se han dado a conocer, me han llamado particularmente la atención las valoraciones sobre los políticos (y las políticas) que registra: que si Carme Chacón esto, que si Teresa Fernández de la Vega lo otro, que si Solbes lo de más allá. (Éste aprueba, la otra suspende, y todo en ese plan.)

Cuando leo los resultados de ese tipo de informes, me pregunto algo elemental: ¿con qué base de conocimientos técnicos evalúa la inmensa mayoría la gestión concreta de unas y otros en tanto que responsables de la cosa pública? Me pregunto eso y me doy una respuesta tirando a obvia: la gente opina sin apenas información y con muy magros fundamentos teóricos. Lo que el personal acaba juzgando es si Fulano parece solvente, si Zutana tiene aire de sensata, si Perengana resulta simpática… Aspectos no necesariamente estúpidos, pero sí superficiales.

En el fondo no es el problema de los estudios del CIS, sino el del sistema democrático, en su conjunto: buena parte del electorado se pronuncia empujado por una mezcla de querencias propias y apariencias ajenas.

Alguna vez he sugerido la posibilidad de que el CIS realice un macrosondeo en el que pregunte a los españoles, en masa, si consideran que E es igual a mc2 , como sostiene la célebre pero no muy sencilla teoría de Albert Einstein. Supongo que una parte de los encuestados respondería sensatamente que no tiene ni idea, pero me juego lo que sea a que habría un montón que contestaría con un sí o con un no.

La experiencia me ha probado que a muchísimas personas les cuesta una barbaridad reconocer su ignorancia sobre determinados asuntos, pero a otras tantas les choca todavía más que alguien se abstenga de opinar sobre algo. Te preguntan, alegas que no sabes lo suficiente como para pronunciarte y te miran como si trataras de evadirte del asunto por alguna razón inconfesable.

Lo normal –como participante y escuchante de tertulias lo sé de sobra– es que haya la tira de gente que no sabe, pero sí contesta.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (31 de mayo de 2008). También publicó apunte ese día: Presentaciones de libros.

En el Estado español, preguntar a la población de un determinado ámbito geográfico lo que piensa sobre esto o lo otro no tiene nada de anticonstitucional. Si así fuera, habría que prohibir la actividad de las empresas que se dedican a realizar sondeos de opinión. Varios estatutos de autonomía –caso del de Cataluña (art. 122) y del de Andalucía (art. 78)– regulan la convocatoria de consultas populares, tanto a escala autonómica como municipal. Cabría citar toda una ristra de consultas promovidas en España desde 1977 por poderes públicos, sobre todo municipales, realizadas con el ánimo de conocer la opinión mayoritaria de la población correspondiente, sin que nadie haya hecho nunca nada por impedirlas. (Fue muy comentado el referéndum que se verificó en Chinchón para decidir de qué color querían sus vecinos que fueran pintados los balcones de su plaza porticada. Felipe González lo utilizó para ridiculizar a los que por entonces reclamábamos un referéndum sobre el Tratado de Maastricht.)

Lo que la Constitución proscribe no es la celebración de toda suerte de consultas populares, sino la realización de referendos políticos vinculantes que no hayan sido autorizados por el Gobierno del Estado. Pero lo que el lehendakari Ibarretxe está planteando no es un referéndum vinculante, sino una mera consulta. Una especie de test, sólo que a escala autonómica.

Por supuesto que cabe discutir qué sentido tiene. Ibarretxe sabe muy bien –en realidad lo sabemos casi todos– que la gran mayoría de la población de la comunidad autónoma vasca, si se lo consintieran y tuviera ganas de hacerlo, respondería “sí” a las dos preguntas que él quiere plantear. Los estudios demoscópicos que se han realizado sobre ambos particulares no dejan lugar a dudas.

Es obvio que lo que el lehendakari pretende es colocar al Gobierno de España ante la evidencia de que está negando a un pueblo –pequeño y con limitada importancia electoral, pero pueblo y nacionalidad, según la propia legislación española– el derecho a decidir sobre su propio futuro. Tan obvio como que a Rodríguez Zapatero no le apetece nada que esa evidencia quede patente.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (30 de mayo de 2008).

Recordaba anteanoche, hablando con Eduardo Galeano, lo que respondió un detenido político de la época del franquismo cuando los agentes de la dictadura comenzaron a interrogarlo en la Dirección General de Seguridad y le conminaron, como primera providencia, a declarar dónde vivía. “Da igual”, dijo. “Si voy a tener que dejar de responder a sus preguntas cuando me hagan la sexta o la séptima, mejor me quedo en la primera. No les voy a dar mi domicilio, así que pueden empezar a pegarme ya”. Lo hicieron a conciencia durante cinco días. Pero el atestado final de la Brigada Político-Social (que así se llamaba aquel repugnante cuerpo policial) dejó constancia de ello: “Fulano de Tal, de domicilio desconocido…”

Mutatis mutandis, ésa debería ser la historia del Gobierno español con la Iglesia católica, cuyo Santo Oficio fue maestro en ese tipo de interrogatorios. Da igual en qué punto Zapatero decida cerrarse en banda ante las presiones y chantajes de la Conferencia Episcopal. Va a atacarle igual, y con la misma saña. ¿Para qué esperar a la sexta o a la séptima? ¡Plántese en la primera, que el resultado será el mismo, pero más digno! Cuando cede terreno, no sólo incumple sus teóricos principios laicos, sino que además hace el bobo.

Fue penoso oír el martes en el Congreso de los Diputados a Ramón Jáuregui, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, argumentar por qué el Gobierno no va a apoyar ninguna norma para excluir los símbolos católicos de las paredes de los locales y de las ceremonias del Estado. Según él, la dejación de esos símbolos tiene que ser una conquista de la sociedad civil, no algo que venga dictado por una norma legal. ¿Qué clase de argumento es ése? ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos no debería existir, porque trata de asuntos que deberían ser conquistas de la sociedad civil? Todo aquello que la mayoría social conquista merece ser refrendado y consolidado por la ley.

No juguemos a mantener el entuerto: el Estado español no es católico, por más que en España haya muchos católicos. Las religiones y los ateísmos son asuntos privados. Y como tales deben ser tratados.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (29 de mayo de 2008).

Espeluznantes episodios de xenofobia en Sudáfrica. Pero lo de allí es un fenómeno muy específico: la población local, paupérrima, sin apenas instrucción, se rebela violentamente contra los inmigrantes de los países vecinos, que huyen de sociedades que están en vías de autodestrucción pero que recibieron en su día una educación comparativamente mucho mejor, por lo que acceden con más facilidad a los puestos de trabajo disponibles.

Lo de Europa es de un género totalmente diferente. Berlusconi, el nuevo histrión de Italia  –sigue el ejemplo de Mussolini, que fue otro, de marca mayor–, se mofa de las críticas que el Gobierno español dirige a su política de inmigración. “¡Pero si nos limitamos a seguir el ejemplo de España!”, replica, socarrón.

Lo peor es que no le falta razón. En lo referente a la inmigración, el Gobierno de Zapatero se ha especializado en combinar un discurso de apariencia humanista con una práctica fría e implacable. El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho –al que doy por supuesto que el presidente del Gobierno no designó por error, sino con plena conciencia de lo que hacía–, ha anunciado que su intención es endurecer la legislación sobre extranjería. El parlamento que se endilgó anteayer en el Congreso de los Diputados dejó muy claros los criterios que rigen su política: que vengan inmigrantes para trabajar en lo que los españoles no aceptan, y menos por esos salarios de vergüenza, pero nos reservamos el derecho a expulsarlos si las condiciones cambian por culpa de la maldita crisis (perdón: desaceleración) y ya no nos compensa su incómoda presencia. Él lo dijo al modo de los políticos de ahora, tan dados al circunloquio. Afirmó que pretende “gobernar el fenómeno de la inmigración reforzando su vinculación con las necesidades del mercado laboral”. Es lo mismo, pero traducido a lenguaje jesuítico.

Es en eso en lo que está ahora mismo toda la Europa rica: “¡Sirve, lacayo, y si no, fuera!”.

¿Saben ustedes que ninguno de los estados de la UE, España incluida, ha ratificado el Convenio de la ONU sobre Derechos de las Personas Migrantes? Pregúntense por qué será. Y acertarán.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (28 de mayo de 2008). También publicó apunte ese día: Pequeña historia de un día.

Es célebre la sentencia que masculló Alfonso Guerra cuando controlaba el aparato del PSOE: “El que se mueve no sale en la foto”. Era un aviso destinado a quienes sentían la tentación de ejercer de disidentes dentro de su partido: prietas las filas y en orden cerrado, porque quien se sale del bloque monolítico corre el riesgo de quedarse fuera ya para siempre. Y fuera –otra frase muy repetida por entonces– “hace mucho frío”. 

No deja de ser curioso que a él y a sus más fieles partidarios (los llamados “guerristas”) les tocara confirmar esa advertencia con el paso de los años. Se movieron y, poco a poco, dejaron de salir en la foto.

El PP también funcionó así en los tiempos de Aznar. Nada más acceder a la dirección del partido refundado, Aznar maniobró para quitarse de encima a cuantos podían hacerle sombra, empezando por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Luego, ya como presidente del Gobierno, no perdonó a ningún ministro que le llevara la contraria (caso de Manuel Pimentel) o que intrigara sin su permiso (caso de Isabel Tocino o, de modo más retorcido, Francisco Álvarez-Cascos).

El PP de Mariano Rajoy es todo lo contrario. Definitivamente, con él todo aquel que quiere salir en la foto lo mejor que puede hacer es moverse. Y cuanto más se mueve, más sale. Todos los medios de comunicación –fotógrafos incluidos, puesto que de fotos se trata– están pendientes de que se muevan, para retratarlos. Y como se mueva alguien nuevo, mejor que mejor.

El actual presidente del PP ha llegado a conseguir el esperpento de tener tres manifestaciones delante de su sede central: una, mínima, en su contra; otra, todavía más imperceptible, a su favor, y la tercera y más nutrida, la de los periodistas empeñados en hablar de las otras dos.

Rajoy es la imagen misma de la perplejidad y la incertidumbre. Simpatizo con ambos sentimientos, que a mí también me acompañan con bastante más frecuencia de la que me convendría. Pero yo me dedico a comentar lo que veo, oigo y leo, sin más pretensiones. No presido ningún partido de avezados navajeros. Y, desde luego, no tengo la menor pretensión de llegar a ser jefe del Gobierno de España.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (27 de mayo de 2008). También publicó apunte ese día: Pollack y Garzón.

Se ha vuelto a manejar en estos días, con motivo de la reunión de la Cumbre de los Pueblos (la contra-cumbre que tuvo lugar en Lima), la célebre consigna alternativa: “Otro mundo es posible”.

¿Sí? ¿Lo es?

No tendría nada que objetar si se dijera que cabe imaginar, como ejercicio teórico, otro modo de organizar el mundo: las relaciones entre los países, los intercambios económicos, las diferencias de clase... Cabe pensar otro modelo, justo e igualitario. Pero, ¿con qué fundamento puede afirmarse que es posible?

Para empezar, no hay nada que asegure que ese modelo imaginario, en el hipotético caso de que cupiera verificarlo, fuera a dar como resultado un mundo calificable de justo e igualitario. La experiencia humana ilustra más bien sobre lo opuesto: todos los intentos que ha habido a lo largo de la Historia de crear sociedades estupendas, integradas por seres libres e iguales, se han ido al carajo un poco antes o algo después, dando paso a formas de explotación y opresión distintas de las anteriores, pero también muy injustas y muy desiguales. A veces más soportables, eso es cierto, pero rotundamente fallidas en cuanto al enunciado inicial.

En segundo lugar, es tal la desproporción de fuerzas de todo tipo que hay hoy en día entre quienes quisieran “otro mundo” y quienes se están forrando con éste que mucho me temo que haya que poner bastante en duda ese “es posible”. Las fuerzas opuestas al tinglado que nos domina a escala internacional son numerosas, pero dispersas, desorganizadas y poco coherentes, en tanto que las de quienes lo sustentan están bien organizadas y tienen muchas armas. De todo tipo.

¿Será inútil resistirse, entonces? ¡Claro que no! Lo que discuto es que haya que animar a la gente a oponerse diciéndole que es posible vencer. Creo que es mucho mejor dejarse de quimeras e incitar al combate apoyándose en lo que no ofrece duda: lo existente es inaceptable, cuando no da asco.

Me dicen: “Bah, Es un mero reclamo publicitario”. Como si los anuncios no apelaran a la ideología de los consumidores.

Sé que hay que estar en contra de este mundo. Lo del otro mundo lo dejo para los creyentes.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (26 de mayo de 2008). También publicó apunte ese día: Barberá dimisión.