Quilombo

Hay quien dice que practicar el ayuno cada cierto tiempo, en dosis moderadas, tiene efectos beneficiosos para la salud, sobre todo después del invierno, con su exceso de calorías y alcohol. El cuerpo se desintoxica y la ansiedad inicial deja paso a un estado de serenidad que debe favorecer la introspección. Finalizado el ayuno, volvemos a comer con el placer que transmiten unos sentidos renovados. Sólo al término de las comilonas navideñas es cuando se me pasa por la cabeza ejercer semejante autocontrol. Sin embargo, flojo que es uno, nunca he pasado del pensamiento al acto, salvo cuando la enfermedad obliga.

Con el ayuno cognitivo sucede algo parecido. En el tránsito convencional al nuevo año, durante unos pocos días me he encontrado literalmente desconectado del ciberespacio, por primera vez en mucho tiempo: sin internet, sin televisión y con cobertura limitada para el teléfono móvil. Mi alimentación alfanumérica se ha limitado a lo que aportaba un solo libro de papel, que es como si no hubiera ingerido otra cosa que agua con azúcar. Todo un descanso para el cuerpo y la mente, que para mí es lo mismo. Como en el sueño, el cerebro puede consolidar la memoria y atender a otras facetas de la realidad. Pero si se quiere seguir vivo, todo ayuno debe tener su fin y todo sueño su despertar. Vuelvo a enchufarme, vuelvo a conectarme. Feliz año.

Todos esperaban un resultado decepcionante, y así fue. En lugar de un tratado sobre el clima, jurídicamente vinculante, que sustituyera al Protocolo de Kioto, o al menos un acuerdo político consensuado por todos los países participantes en la decimoquinta Cumbre de Copenhague, unas pocas potencias (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) acabaron negociando, al margen de Naciones Unidas, una carta de intención a la que luego se adhirieron a regañadientes el resto, con algunas excepciones como Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Sudán. Finalmente, la ONU se limitó a "tomar nota" de un acuerdo que expresa la necesidad de que la temperatura global no suba más de dos grados centígrados, y donde se promete un paquete financiero que ayude a los países en desarrollo a adaptarse al calentamiento global y que evite la deforestación.

Aunque ahora todos buscan culpables con los que salvar la cara, lo cierto es que quienes se han irritado más son los europeos, que hablan abiertamente de fracaso. La diferencia de tono entre la prensa corporativa europea y la de otras regiones es notoria: en Japón (país que ha tenido un protagonismo reducido) o Estados Unidos valoran el hecho de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo que incluya a los principales países contaminantes. El enfado del Reino Unido, Francia y otros países europeos se explica, por un lado, por la presión de los grupos y partidos ecologistas; y, por otro, por las esperanzas puestas por su sector financiero, que esperaba reglas que aclarasen el futuro del mercado de derechos de emisión. En este proceso la Unión Europea ha sido la gran ausente, a pesar de que Dinamarca era el país huésped de la Cumbre, y a pesar de que la presidencia sueca había situado Copenhague como una de sus prioridades. La UE había mostrado sus cartas muy pronto, había confiado en el marco de Naciones Unidas y había hecho depender su posición de lo que hicieran los demás, especialmente Estados Unidos y China, que acabaron negociando por su cuenta. A lo cual no ayudó el que países como Dinamarca o Francia hayan ido un poco por libre.

En realidad, la desconfianza que han mostrado todos con su estrategia del "tú primero" se explica por el arraigo de la idea de que el recorte de emisiones de gases de efecto invernadero afecta negativamente a la economía y a la competitividad, en lugar de pensar la economía de otra manera. Por más que se intenten internalizar los costes de la producción industrial por medio de las finanzas, si se mantiene la distinción conceptual entre economía y política (ecológica), los gobiernos continuarán asumiendo que una menor contaminación de la atmósfera necesariamente implica un "mal necesario" o una penosa "concesión" que hay que justificar luego internamente.

Como ya pusiera de manifiesto el crack financiero y la recesión mundial, la crisis es ante todo una crisis del control biopolítico, de "governance". La Unión Europea y Rusia son las dos grandes entidades políticas -ambas europeas- de dimensión continental que han quedado al margen de la negociación final del acuerdo de mínimos. A su vez, la ONU ha vuelto a mostrar una vez más la inadecuación de su estructura para las exigencias de la gobernanza global. La proliferación de grupos informales, según los temas de la agenda polítical, entre Estados (G-20) o entre diversos actores de la aristocracia mundial (Davos) parece que seguirá siendo la norma a falta de algo mejor. La década que ahora se cierra ha presenciado tanto el fracaso del unilateralismo (personificado en el desastroso Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense de los republicanos neoconservadores) como el del multilateralismo, con una ONU desde hace tiempo en franca decadencia, una OTAN inoperante en Afganistán y un directorio, el del G8, que ha tenido que ampliarse para legitimar sus decisiones sobre la crisis financiera.

En este contexto, se entiende mejor el Premio Nobel que se ha concedido este año a la profesora Elinor Ostrom por su trabajo sobre los bienes comunes. En una entrevista al semanario Der Spiegel, Ostrom declaró que "no basta con fijar reglas desde arriba", como se hace cuando se regula la propiedad privada o la pública (estatal). "Las comunidades exitosas suelen partir de unos pocos principios comunes (controlar y sancionar a los participantes, por ejemplo)." De esta manera se puede crear la confianza necesaria entre los participantes. Dicho así, parece que estuviera dando la razón al cónclave informal de Copenhague, pero en realidad por participantes se refiere a los ciudadanos y las empresas. Estas declaraciones vienen precedidas de su último estudio, publicado por el Banco Mundial en octubre de este año, en el que propone precisamente un enfoque diferente de las políticas públicas sobre cambio climático. Según Ostrom, difícilmente se podrá generar una acción política colectiva a partir de políticas adoptadas únicamente a escala global, pues nunca podrán obviar el llamado "problema del polizón" (free rider problem). Una acción colectiva podrá realizarse mejor si se trata desde múltiples escalas o niveles, de ahí que proponga un "enfoque policéntrico", expresión que ya desarrollara en su discurso de aceptación del Premio Nobel. Hay que tener en cuenta que este ensayo fue publicado por el Banco Mundial como documento preparatorio del Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2010. Por lo visto, el Banco Mundial y otras instituciones, a su manera, también habrían "tomado nota". Podemos imaginarnos con qué propósitos.

El eslogan "salvar la Tierra" nunca me ha parecido el más apropiado a la hora de abordar la crisis medioambiental y, en particular, el cambio climático. La Naturaleza no es una entelequia estática, un objeto separado de nosotros que podemos destruir pero también preservar en un estado ideal de armonía y equilibrio. El animal humano se desenvuelve socialmente en un sistema dinámico, impredecible, no lineal, en continua transformación: la biosfera, la esfera de la vida en la Tierra, que a su vez mantiene relaciones muy complejas con otros sistemas igualmente dinámicos y no lineales como la atmósfera o -grandes olvidados- los océanos. El incremento de la temperatura global a la que ha contribuido la actividad industrial de los últimos siglos podría no acabar, pese a todo, con la vida sobre la Tierra, pero sí transformarla de manera importante en un corto espacio de tiempo -en términos geológicos- y provocar una pérdida irreversible de biodiversidad, representando el cambio más radical desde el final de la era glacial (que posibilitó el nacimiento de la agricultura). Existe una narración apocalíptica, al estilo de '2012', que sólo ayuda a alimentar el cinismo de quienes están satisfechos con la manera en que evoluciona nuestro entorno. Pero no hace falta caer en semejantes simplificaciones para reconocer la encrucijada en la que nos encontramos.

Un problema político

El calentamiento global tiene una incidencia directa en la manera en la que cohabitamos este mundo y en el modo en el que interactuamos con otros sistemas y ecosistemas, en el modo en que participamos en el común y en la manera en que lo producimos. Su importancia sólo se entiende desde la (bio)política. Unos países y grupos sociales tienen más responsabilidad que otros en el cambio climático, y son también determinadas áreas geográficas y determinadas comunidades las que se verán más perjudicadas que otras por los efectos negativos del incremento global de las temperaturas. Y los factores antropogenéticos que influyen en el clima, especialmente la contaminación de la atmósfera con gases de efecto invernadero, se corresponden en lo fundamental con un modo de producción, fuerte consumidor de combustibles fósiles, que no es otro que el del capitalismo industrial (y, no lo olvidemos, el de su primo hermano el socialismo soviético).

Cambio climático y crisis económica no son, pues, dos temas diferentes de la agenda política mundial, sino dos aspectos del mismo problema. Lo que invita a la confusión es que ambas crisis corresponden a tiempos y escalas diversas, y son abordados desde culturas académicas que la Modernidad ha diferenciado entre ciencias y humanidades: una visión biológica y geológica domina en el primer caso, mientras que la perspectiva social se impone en el segundo. El clima y su relación con la biosfera obliga a borrar la frontera entre ambas culturas.

Así pues, si la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuya decimoquinta edición se celebra estos días en Copenhague (Dinamarca), es tan relevante -más allá de los resultados concretos a los que se lleguen en la última reunión- es porque tiene implicaciones políticas, ideológicas, ecológicas y económicas de primer orden, como finalmente han terminado por reconocer las elites transnacionales de Davos, tras décadas de luchas por parte de los movimientos ecologistas. Lo que está en discusión es, a corto plazo, la evolución del capitalismo postindustrial; a medio plazo, el planteamiento de un escenario postcapitalista; y a largo plazo, el futuro mismo de la especie humana.

En esta situación, podemos distinguir, simplificando, tres argumentaciones, una vez descartadas las negacionistas: por un lado están quienes, aceptando la necesidad de actuar políticamente, pretenden modificar lo menos posible el modelo neoliberal; por otro lado hay quienes promueven un "new deal" que incluya reformas económicas supuestamente "verdes" pero que tendrían en realidad efectos medioambientales y redistributivos perversos y podrían acelerar las políticas de acumulación por desposesión (adquisición de tierras para agrocarburantes, por ejemplo); y, finalmente, encontramos a los que sostienen que sólo una modificación profunda y progresiva de nuestra manera de vivir, tanto en lo que se refiere a la democracia como al modo de producción y consumo, puede afrontar la cuestión del cambio climático de manera justa (muchos emplean la expresión "green new deal" en este sentido). Cada uno de estos grupos es bastante heterogéneo.

Cuánto cuesta contaminar

Una herencia del primer planteamiento es el mercado de derechos de emisiones de CO2 que creó el Protocolo de Kioto a instancias de los Estados Unidos de Bill Clinton, Al Gore y Lawrence Summers, y que se considera la principal herramienta en la "lucha contra el cambio climático". El comercio (trade) de derechos de emisión es un sistema por el cual los gobiernos o entidades supranacionales asignan a las empresas cuotas para sus emisiones de gases de efecto invernadero en función de los límites (cap) máximos de contaminación fijados para un determinado período (de ahí que se conozca al sistema como cap and trade). Cada "derecho" autoriza al titular a emitir una tonelada de CO2.

Para entender mejor su funcionamiento, veamos qué sucede en la Unión Europea. En virtud de Kioto, a la UE se le ha asignado una cantidad autorizada de emisión de CO2 y de otros gases de efecto invernadero (equivalentes en dióxido de carbono). Esos derechos de emisión para el período 2008-2012 se establecieron en 1997 en relación con los niveles de 1990, afectados de un porcentaje de reducción del 8 % con respecto a ese año. Esa es la cantidad que Europa puede contaminar. Si, por las razones que sea, las empresas de la UE no pueden llegar a cumplir con sus compromisos de reducción, entonces tienen la posibilidad de comprar a otro país, como Rusia, permisos de emisión que dicho país no ha necesitado usar (gracias, dicho sea de paso, al colapso de la economía soviética, el mayor recorte de emisiones que se ha dado en la era industrial). Para poner en funcionamiento este sistema, la UE creó, además, un régimen comunitario de comercio de emisiones propio (ETS por su siglas en inglés) que se articula en torno a planes nacionales de asignación (que en el futuro será reemplazado por una asignación única comunitaria). Otros países desarrollados han instaurado sistemas cap and trade similares.

Este mercado refleja un notable esfuerzo por "endogeneizar" o internalizar las externalidades negativas de la actividad económica, en este caso mediante la atribución de un precio no a la propiedad de una mercancía, sino al derecho de uso de un bien común como es la atmósfera. Hay otras maneras de hacerlo, vía impuestos por ejemplo, opción que los Estados descartaron en una época en la que el neoliberalismo se presentaba como la única alternativa posible. Hasta entonces lo que se había hecho era o bien "exogeneizar" estas externalidades -deslocalizando industrias contaminantes- o mantener la posibilidad de extraer constantemente externalidades positivas sin tener en cuenta el coste de las negativas. Por esta razón, los partidarios del comercio de derechos ven en el desarrollo de este mercado un avance. En realidad, más que un mercado "libre" se trata de un mercado fuertemente administrado por los Estados e instancias supranacionales, pues las asignaciones de derechos que hacen los gobiernos sobredeterminan el juego de la oferta y la demanda y por tanto los precios. Los socialdemócratas sostienen que ahora hay reglas donde antes no las había, y es cierto. Lo que es discutible son las consecuencias que imponen dichas reglas.

En la práctica este esquema no ha servido por el momento para incentivar las reducciones de emisiones y contribuir a mitigar el calentamiento global. Ante la presión de las empresas industriales y debido a las dificultades para calcular estas externalidades, se otorgaron de forma gratuita más derechos de lo que necesitaban las empresas que contaminan. En la UE esto generó, sobre todo en la primera fase de la implantación del ETS, un excedente de permisos que se han vendido a otras empresas contaminantes y que así evitan tener que reducir sus emisiones de gases. Como el número de permisos se calcula de acuerdo con los niveles existentes de contaminación, resulta que quienes han contaminado más en el pasado son los que reciben las mayores ayudas. Este factor, junto con la crisis económica actual, ha contribuido al desplome de los precios de los derechos de emisiones (carbon crunch), lo que a su vez desincentiva las reducciones previstas al disponer las empresas de excedentes de derechos que pueden "titulizar" y vender en los mercados secundarios.

Otro mecanismo flexible es el mecanismo de compensación de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que gestiona Naciones Unidas, por el cual los países más industrializados pueden invertir en proyectos de reducción de emisiones en los países menos desarrollados y de esta manera superar los límites de contaminación (al obtener una especie de crédito). La supuesta reducción en la emisión se calcula sobre la hipótesis de cuántos gases de efecto invernadero hubieran entrado en la atmósfera en ausencia del proyecto (1). Un cálculo, como mínimo, aventurado, que queda en manos de empresas consultoras, y que según la red Carbon Watch incrementa -en lugar de reducir- las emisiones globales debido a las numerosas lagunas que existen en su regulación. De nuevo, se trata de asignar un precio mediante la creación de un mercado y de concebir las finanzas como una forma de gobernanza de la vida y de atrapar el futuro en el presente.

Cuestión de tiempos

Antes he sugerido la idea de diferentes temporalidades y escalas que se entrecruzan a la hora de abordar el cambio climático. La referencia a la especie humana nos sitúa en un tiempo muy largo, geológico. El marco temporal de la política era hasta hace poco mucho más estrecho, y si bien en ocasiones podemos retrotraernos en la discusión a los albores de la contemporaneidad, con el surgimiento del capitalismo, difícilmente escapamos al corto plazo de la longevidad humana. En este marco la especie humana se encuentra polarizada en divisiones sociales múltiples que dan lugar a interacciones y conflictos. 

La perspectiva ecologista obliga por tanto a superponer todas estas temporalidades, lo que no resulta nada fácil. Esto se puede comprobar en el agrio debate que se está dando en el citado tercer grupo, el de los que privilegian una transformación hacia una sociedad más justa y sostenible, y que corre el riesgo de reproducir una falsa alternativa entre reforma y revolución o peor, entre ecología y economía. En el último número de la revista digital Turbulence (2) , Frieder Otto Wolf, ecosocialista alemán, y Tadzio Mueller, editor de la revista y miembro de la Climate Justice Action Network (ahora detenido en Copenhague), discrepan sobre el alcance de un posible consenso global sobre el clima. Mientras Otto Wolf sostiene que hay que "secuestrar el acuerdo" entre la constelación de fuerzas realmente existentes, en lugar de rechazarlo a la espera de un mundo no capitalista, Mueller estima que es necesaria la construcción de sujetos antagonistas, lo que "sólo se puede hacer marcando una clara oposición a las propuestas que están sobre la mesa".

En este punto puede ser de utilidad la referencia de Immanuel Wallerstein sobre el malentendido que surge al enfatizar tiempos políticos diferentes, ya sea el corto, el medio, o el largo plazo (3). Otto Wolf se centraría en la agenda política de corto plazo (la "emergencia climática", aunque con un ojo sobre el largo plazo), mientras que Mueller insiste en lo que Wallerstein denomina la agenda política de medio plazo, que corresponde, como mencioné antes, a las estrategias de superación del capitalismo. Si en el corto plazo, la estrategia es la del compromiso y la elección del mal menor, en el medio plazo no cabe compromiso alguno, sino la lenta construcción de los movimientos, de otra sociedad.

En un reciente ensayo (4), el historiador bengalí Dipesh Chakrabarty pretende superar esta disyuntiva, precisamente con una reflexión sobre las temporalidades históricas. Chakrabarty se pregunta si hablar de especie humana acaso no sirve para enmascarar la realidad de la producción capitalista y la lógica de la dominación imperial. Un término tan inclusivo oculta la responsabilidad específica de los países más ricos y de las clases dirigentes de los países más pobres. Dicho de otro modo: "¿Por qué no podría bastar la narrativa del capitalismo -y por tanto su crítica- como marco para interrogarse acerca de la historia del cambio climático y comprender sus consecuencias?"

Chakrabarty se responde a sí mismo argumentando que cualquiera que sea el modelo socioeconómico,

"no podemos permitirnos desestabilizar las condiciones (tales como el rango de temperatura en el que existe el planeta) que funcionan como parámetros fronterizos de la existencia humana. Estos parámetros son independientes del capitalismo o del socialismo. Han permanecido estables durante mucho más tiempo que las historias de estas instituciones y han permitido a los seres humanos llegar a ser la especie dominante sobre la Tierra. Desafortunadamente, ahora nos hemos convertido en un agente geológico que perturba estas condiciones paramétricas que necesitamos para nuestra propia existencia.

Con esto no quiero negar el papel histórico que los más ricos, y especialmente las naciones occidentales del mundo, han jugado al emitir gases de efecto invernadero. Pensar como especie no implica resistir las políticas de la "responsabilidad común pero diferenciada" que China, India y otros países en desarrollo desean seguir cuando se trata de reducir sus propias emisiones. Si responsabilizamos a los que son culpables retrospectivamente - es decir, culpar a Occidente por sus acciones pasadas- o aquellos que son culpables prospectivamente (China acaba de superar a los Estados Unidos como el principal emisor absoluto de dióxido de carbono, aunque no per cápita) es una pregunta que sin duda está vinculada a las historias del capitalismo y de la modernización. Pero el descubrimiento científico del hecho de que los seres humanos se han convertido en este proceso en un agente geológico apunta hacia una catástrofe compartida en la que todos hemos caído" 

Y concluye:

"Por tanto resulta imposible entender el calentamiento global como una crisis sin comprometer las propuestas que avanzan estos científicos. Pero al mismo tiempo, la historia del capital, la historia contingente de nuestra caída en el Antropoceno, no puede negarse mediante el recurso a la idea de la especie, porque el Antropoceno no hubiera sido posible, ni siquiera como teoría, sin la historia de la industrialización. ¿Cómo podemos mantener las dos ideas juntas mientras pensamos la historia del mundo desde la Ilustración? ¿Cómo nos relacionamos con una historia universal de la vida -esto es, con un pensamiento universal- mientras retenemos lo que tiene un valor obvio en nuestra sospecha postcolonial de lo universal? La crisis del cambio climático reclama pensar simultáneamente en ambos registros, mezclando las cronologías inmiscibles de las historias del capital y de la especie. Esta combinación amplía, sin embargo, de diversas maneras, la misma idea de la comprensión histórica."

Chakrabarty piensa como historiador, pero lo mismo podría aplicarse al terreno político.

Evitar el shock

Volviendo a Copenhague y lo que venga, luchar porque los acuerdos que se deriven de este proceso sean mínimamente "aceptables" no excluye que este juicio de conformidad opere siempre dentro de una agenda política de medio plazo (una o dos generaciones), de transición del vigente modelo económico y político a otro diferente. 

Los gobiernos y las corporaciones también abordan la problemática de los tiempos, pero por medio de las finanzas. Al insistir en esta vía existe el riesgo de que el "shock" climático (5) presente nuevas oportunidades para la explotación y la acumulación, por medio de mecanismos como la deuda (6) o a través de la normativa del comercio internacional (7). Los movimientos sociales que se han desarrollado en torno al Foro Social Mundial han demostrado cómo la deuda externa ha servido, bajo el neoliberalismo, para transferir ingentes recursos a los países desarrollados e imponer modelos de desarrollo basados en grandes inversiones "sucias" enfocadas a la exportación. Estas inversiones por lo general implican fuertes emisiones de carbono (desde la industria extractiva minera hasta la producción masiva de celulosa o de soja transgénica), sin tener en cuenta la deuda ecológica y climática que los países más avanzados habrían contraído con el sur ni los formidables procesos de privatización que traen consigo.

A su vez, las reglas de la Organización Mundial de Comercio dificultan, cuando no contradicen abiertamente, la aplicación de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. El último capítulo es el energético, donde en nombre de la seguridad en el aprovisionamiento se promueve la extracción de combustibles fósiles (gas natural) y se desempolvan viejos planes nucleares. Propuestas que tienen mucho que ver con sistemas centralizados de producción y distribución de la energía que necesitan crear una demanda siempre en aumento.

Muchas de las propuestas que se están debatiendo continúan en la línea de la monetarización y la creación de títulos de propiedad o equivalentes para aprovechar los bienes comunes. El programa REDD de Naciones Unidas, creado a raíz de una propuesta del Banco Mundial, parte de la premisa de que sólo asignando un valor monetario a los bosques se puede evitar la deforestación, sin que a este respecto se tenga en cuenta ni los conflictos no resueltos sobre los derechos sobre la tierra ni la distinción entre plantaciones privadas y tierras comunitarias. Otras propuestas se basan también en el mercado: dudosos esquemas de certificación a menudo controlados por transnacionales, producción masiva de biocarbón, liberalización de bienes y servicios medioambientales, etc.

Por tanto, no se puede discutir acerca de los sumideros de carbono o del biocarbón, en relación con el cambio climático, con independencia de la cuestión de la propiedad y las formas de organización, locales y globales, de la especie humana. En sí mismo, el biocarbón (la producción de carbón de manera artificial a partir de la biomasa) no es ni bueno ni malo. Por un lado, históricamente se ha usado como fuente de energía y como fertilizante natural en la agricultura. Sin embargo, cuando se propone como "solución" para mitigar el cambio climático, desde una concepción de mercado, se acaba considerando una producción a gran escala que inevitablemente requiere dedicar millones de hectáreas a la producción de biomasa (mediante plantaciones privadas de árboles genéticamente modificados), desplazando otros usos de la tierra y generando fuertes impactos en la producción de alimentos y en la biodiversidad, como se ha comprobado con la producción masiva de agrocarburantes.

Para evitar una burbuja "verde" y sus posibles "shocks" habrá que continuar cambiando la manera de pensar y actuar políticamente, dejando de priorizar la escala global y sus representantes como el único nivel aceptable de la acción política, superando las dicotomías público/privado, economía/ecología. Dejar, en definitiva, de considerar lo común únicamente desde lo público o lo privado, o como algo que afecta únicamente a bienes naturales considerados externos a nosotros, como el clima, para pasar a la producción democrática del común.

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(1) En este apartado me baso sobre todo en el excelente informe "Carbon trading: how it works and why it fails", publicado por la Fundación Dag Hammarskjöld (Critical currents n. 7, noviembre de 2009) y elaborado por Tamra Gilbertson y Oscar Reyes, dentro del proyecto Carbon Trade Watch del Transnational Institute.

(2) "Green New Deal: Dead end or pathway beyond capitalism", Turbulence, nº 5.

(3) "Remembering André Gunder Frank", Immanuel Wallerstein (Monthly Review, abril de 2008).

(4) "The climate of history: four theses", Dipesh Chakrabarty, Eurozine (30 de octubre de 2009).

(5) Analogía con la "doctrina del shock" de Naomi Klein, empleado por Slavoj Zizek, según el relato de James Burguess en "Everybody's gone green", New Statesman (24 de noviembre de 2009).

(6) "The climate debt crisis: why paying our dues is essential for tackling climate change", Jubilee Debt Campaign & World Development Movement (noviembre de 2009).

(7) "Change trade, not our climate", Ronnie Hall, Our world is not for sale (OWINFS) network (6 de octubre de 2009).

Tras el éxito de Meno male che Silvio c'è,  ahora los cachorros de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido del presidente Nicolas Sarkozy, aplican la fórmula en Francia con su propio videoclip, con vistas a las elecciones regionales de marzo de 2010.

De este modo tan lírico, los Jóvenes Populares responden al debate sobre la identidad nacional que ha propuesto su ministro de inmigración Eric Besson, que aparece en el vídeo cantando, al igual que Rama Yade o Rashida Dati. Lógicamente, también muestran a Obama e incluyen referencias a la cumbre de Copenhague. Esta es su "integración", una utopía televisiva para los ricos.

El gobierno golpista de Honduras reclama que la participación en las elecciones presidenciales del pasado 29 de noviembre llegó al 62 % del electorado. Esta es la versión que ha reproducido la prensa internacional sin la cautela necesaria, teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno surgido de un golpe de estado y que en dichas elecciones no hubo presencia de observadores internacionales independientes. Para reivindicar la legitimidad de las elecciones y del régimen que las ha promovido, los golpistas necesitaban una tasa de participación presentable. Sobre esta cifra se ha desarrollado la confrontación con el depuesto presidente Manuel Zelaya y el frente de resistencia, que aseguran que la participación no llegó al 35 %.

Un periodista norteamericano que trabaja en Honduras, Jesse Freeston, ha elaborado un reportaje para The Real News, haciendo lo que otros periodistas no se han molestado en hacer: consultar diversas fuentes, visitar colegios electorales, situar las elecciones en su contexto, y grabarlo todo. Incluyendo datos estadísticos en bruto que muestran que la participación no habría superado en realidad el 49,2 %. Los opositores denuncian que incluso estos datos estarían inflados, como consecuencia del fraude, las presiones y las amenazas.

Esta cifra de participación es ciertamente menor a la registrada en las elecciones de 2005, realizadas sin estado de emergencia, que fue de un 54 %. Sin embargo, no es sustancialmente menor, lo que se puede explicar tanto por efecto de la represión y de la cooptación como por la constatación de un apoyo al golpismo por parte de determinados sectores de la sociedad hondureña más amplio -aunque no sea mayoritario- de lo que queremos admitir. También muestra la persistencia de una abstención estructural elevada, reflejo de la alienación de buena parte de los hondureños con respecto a su sistema político. De momento, los países miembros del Mercosur, con Brasil a la cabeza, rechazan los resultados de estas elecciones y no reconocerán el gobierno saliente de estas elecciones.

Como cada 6 de diciembre, en España vuelve a plantearse la posibilidad de una reforma de la Constitución española de 1978. Formalmente, sólo se ha llevado a cabo una pequeña modificación, allá por 1992, pues el procedimiento del título X está previsto para no modificar nada, algo en lo que han estado de acuerdo los principales partidos políticos. En la práctica, sin embargo, se han producido importantes reformas, pero por medio del artículo 93, que vincula el ordenamiento jurídico español con la Unión Europea. Hoy el marco constitucional incluye el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre tras una década de discusiones, seminarios, algunos referendos, protestas y toneladas de papel.

Mientras arrecia la controversia sobre las esencias nacionales y los ámbitos competenciales entre las diferentes administraciones públicas españolas, tendemos a seguir contemplando lo que acontece en la Unión Europea como algo externo. Pero no hay un afuera. La supranacionalidad suele entenderse como un nivel superior al que van a parar, de manera inexorable, competencias o atributos de soberanía a los que renuncia el Estado, que de esta manera pierde importancia. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Los diferentes aparatos administrativos españoles (gobierno central, comunidades autónomas, entidades locales, otras agencias como las cámaras de comercio, etc.) se encuentran insertos en una red de instituciones, agencias, organizaciones transnacionales representativas de intereses (lobbies) que traspasan y transforman las fronteras tradicionales del Estado. Los Estados intervienen en el nombramiento de los Comisarios, y son partidos políticos nacionales los que tienen presencia en el Parlamento Europeo. No es que el Estado pierda importancia frente a "Bruselas", como reitera una interpretación anclada en el pasado; más bien el Estado ha modificado su papel -y de alguna manera su forma- en un sistema en el que intervienen una multiplicidad de actores.

Tomemos como ejemplo cómo actúan los gobiernos en el Consejo de la Unión Europea. Las negociaciones cotidianas que se desarrollan en el seno de esta institución poco tienen que ver con las clásicas negociaciones diplomáticas entre Estados soberanos con vistas a firmar un acuerdo o tratado. Según los casos, los gobiernos actúan como miembros de un ejecutivo, o como diputados en un parlamento (hay quien lo compara con una cámara alta), sobre la base de las normas de su reglamento interno y del llamado acervo comunitario. Esto tiene una incidencia directa en la forma en la que se desarrolla el trabajo real: normalmente las negociaciones no se llevan a cabo sobre el vacío, "a todo o nada" sobre el cálculo exclusivo de los intereses nacionales. Su trabajo está bien encuadrado: por las normas mencionadas, por las expectativas que tienen sobre los demás gobiernos, por el plan de trabajo de la presidencia de turno (a su vez, previamente delimitado en un marco de actuación a 18 meses), por el trabajo de cocina del Coreper y otros comités, por las iniciativas de la Comisión Europea, etc. Hay una rutina administrativa que modifica por completo la percepción sobre cómo opera el juego institucional, sobre la propia definición de soberanía. Y de paso difumina las fronteras entre las dimensiones intergubernamental y supranacional*.

Por ello resulta difícil determinar hasta qué punto, tras el fracaso de la Constitución europea y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, asistimos a una renacionalización de la política europea o a un impulso federalista.

A primera vista, los Estados miembros mantienen importantes parcelas de poder y las prácticas intergubernamentales predominarán en la nueva Unión. Muchas de las novedades asociadas a la supranacionalidad (fin del voto ponderado en el Consejo, Comisión Europea con menos comisarios que Estados miembros) se aplazan hasta dentro de unos años. El nombramiento de dos personalidades, que la prensa califica de irrelevantes, a la cabeza de dos puestos a los que se pretendía dotar inicialmente de una fuerte carga simbólica, confirmaría la percepción de que la UE habría avanzado muy poco en su unidad: Herman Van Rompuy presidirá el Consejo Europeo -en principio, durante dos años y medio- y Catherine Ashton dirigirá el servicio exterior y estará al servicio tanto de la Comisión como del Consejo. Pero la presidencia rotatoria de determinadas formaciones del Consejo continuará existiendo, mientras que José Manuel Barroso, por su parte, continuará al frente de la Comisión Europea.

Quizás se deba a esta complejidad el que el Tratado de Lisboa no entusiasme a casi nadie, ni tan siquiera a los que lo propusieron, que se conforman con un pragmatismo neofuncionalista: "si la cosa funciona...". Como la referencia sigue siendo el Estado-nación, todo lo que se aleja de la unidad es visto con aprensión. Para muchos federalistas, como para sus opositores, la medida del apoyo o rechazo a la UE se basa en su cercanía o no con la estructura tipo de un Estado liberal, en particular en lo que respecta a la separación de poderes.

Pero a la peculiaridad de la multiplicidad de actores y niveles de gobierno, que convierte a la Unión Europea en una entidad política sui generis, se añade el hecho de está en gestación permanente, como el orden capitalista global en el que se inserta. Una forma constitucional en proceso continuo (in progress) que aspira a adaptarse a las transformaciones subjetivas de las multitudes. Lo cual no implica que sea más democrática. En la actualidad, la construcción europea dominante sigue siendo básicamente oligárquica y, me temo, crecientemente autoritaria, y así lo perciben de manera correcta las multitudes europeas. El error estriba en creer que por esta razón no existe un espacio político europeo en el que realizar un proceso constituyente, en el que desplegar los deseos, las luchas, las resistencias. No hay contradicción entre el proyecto europeo vigente y el Estado nacional, o entre éstos y las regiones, como si pudiéramos encontrar en alguna de estas formaciones una reserva de la democracia. Si apostamos por el federalismo, éste deberá ser democrático, si no quiere bloquearse en una república de propietarios como en Estados Unidos. Y, aún si adoptamos otra perspectiva para una reflexión sobre la democracia, no podremos dejar de asumir espacios políticos post o transnacionales (europeo, mediterráneo, global), como hacemos de manera inconsciente los migrantes en nuestro movimiento transfronterizo, como lo hace el capital.

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 *La dimensión "comunitaria" de la UE hace referencia a todo lo que tiene que ver con instituciones como la Comisión Europea y sobre todo con el llamado método comunitario (monopolio de la iniciativa por la Comisión, decisión del Consejo por mayoría cualificada, solo o en codecisión con el Parlamento Europeo, supervisión judicial por el Tribunal de Justicia), que desde el Tratado de Maastricht y hasta el Tratado de Lisboa se asociaba al llamado "primer pilar". Es decir, lo que se aleja de las relaciones diplomáticas del Derecho Internacional clásico. Frente a esta vertiente, nos encontraríamos con la dimensión "intergubernamental", donde no hay iniciativa de la Comisión, el Consejo adopta sus decisiones preferentemente por unanimidad y el Parlamento Europeo tiene un papel marginal. Este sería el ámbito de los llamados "segundo" y "tercer pilar", relativos a la seguridad interior y a la política exterior, respectivamente. Con el Tratado de Lisboa, desaparece ese segundo pilar y teóricamente se refuerza el de la política exterior.

Declaraciones de la Excma. Sra. Doña Rita Martín Pérez (Partido Popular), Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, sobre la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar.

En Canarias, buen tiempo...

El 57,5 % del 53 % de suizos con derecho a voto, es decir, un destacado tercio del censo, votó hace unos días a favor de la prohibición de la construcción de minaretes en Suiza, una iniciativa del ultraderechista Partido del Pueblo Suizo que ha sido acogida con simpatía por mucha gente en el resto de Europa, a juzgar por los comentarios y encuestas en los periódicos.

Lo más significativo de esta propuesta explícitamente racista son los argumentos supuestamente "liberales" o "progresistas" con la que ha pretendido legitimarse. Se trata de una decisión adoptada democráticamente. No se ha prohibido que haya mezquitas, tampoco la práctica de la religión musulmana. Y los suizos tienen todo el derecho del mundo a defender su identidad. Pero la democracia no se limita al rito del voto, la campaña se ha basado no en una crítica urbanística sino en el rechazo abierto de un sector de la población, y la identidad de la que hablan no se está defendiendo sino construyendo con este debate, a expensas de una determinada representación del Islam.

Algunas voces aparentemente críticas no hacen otra cosa que reforzar los estereotipos. El artículo "El islam en Europa", publicado por El País, recoge algunas perlas de colaboradores habituales del periódico. Antonio Elorza afirma que "atacar al Islam sin hacer distinciones destruye la noción de humanidad, pero el otro extremo, la angelización generalizada, tampoco es la aproximación adecuada." Para Elorza, si hay que buscar culpables de la sinrazón hay que hacerlo entre los propios musulmanes, y concretamente "los yihadistas". Fernando Reinares insiste en la misma idea: "esta inquietud [sobre la identidad colectiva] genera en muchas ocasiones hostilidad al extranjero y en este caso islamofobia, lo que debe hacernos reflexionar sobre si está funcionando o no la integración social de los musulmanes". Son los musulmanes los que deben probar que son buenos "suizos", buenos "franceses", buenos "españoles", lo que significa renunciar a la expresión pública de su cultura, como se probó con los moriscos que acabó expulsando Felipe III hace cuatro siglos y cuyo reconocimiento molesta al citado Elorza, no por casualidad.

Quienes invierten la carga de la prueba y responsabilizan a los propios discriminados de los ataques que reciben se niegan a encontrar relación alguna entre el ascenso de la islamofobia y las guerras imperiales en Mesopotamia y Asia, la persistencia de taras coloniales en una política migratoria que levanta muros internos entre los ciudadanos, o la crisis de gobernabilidad que lleva a los Estados a insistir en la identidad nacional como horizonte exclusivo de la política. Identidad, palabra equívoca de la que hay que recelar cuando la enarbola un ministerio.

Traduzco un poético extracto de On the postcolony (2001) del historiador y filósofo camerunés Achille Mbembe (páginas 188-189), libro en el que explora la posibilidad de una subjetividad africana autónoma:

"Tal vez sea esta la característica más determinante de la violencia colonial. Por un lado, procede como si pudiera producir la nada a partir de la negación. Opera mediante la aniquilación (Nichtung). Le bastaría con negar al Otro para que él o ella no existiera, dispuesto a demostrar, si fuera necesario, su nada por la fuerza. Al consignar al nativo a su más perfecta Otredad, esta violencia no sólo revela al nativo como radicalmente Otro, lo aniquila. El significado político de la noción de nativo tampoco deriva solamente del nativo como cosa en estado bruto, siendo la antítesis de lo que realmente existe. El nativo -y aquí subyace la paradoja- es también lo que hace posible la constitución del colonizador como sujeto por excelencia. La existencia del colonizador como sujeto se satura con el disfrute sencillo que consiste en rellenar la cosa con un contenido que se vacía inmediatamente. El sujeto que es el colonizador es un sujeto que se pone tenso por las imágenes sucesivas que él o ella se hace del nativo. Tenso como un arco, el discurso del colonizador se envalentona y constantemente se introduce a sí mismo en el hueco de ese vacío previamente fabricado por el colonizador y sin el cual no puede experimentar su propia existencia y placer sensual. Esta es la razón por la cual, para existir, el colonizador necesita constantemente al nativo como aquel animal en el que poder apoyarse para tener conciencia de sí mismo.



Es decir, el nativo como nada, como cosa, como animal, es una creación del colonizador. Es el colonizador quien llama esta nada a la existencia, lo crea como cosa y lo domestica como un animal. Esta nada, esta cosa, este animal, son creación y objeto de la imaginación del colonizador, el ejemplo supremo del poder de su arbitrariedad. En la raíz de la colonización hay pues un acto inaugural, dentro de una jurisdicción completamente propia, la de la arbitrariedad. Ese acto no sólo consiste en ordenar sin ningún límite, sino también en liberarse uno mismo de los límites de la realidad. Pero el esfuerzo por liberarse de todas las determinaciones se dirige a adquirir un poder de un tipo particular: el poder de pintar lo real ya sea como vacío o irreal, por un lado, y, por otro, el poder de proponer cada cosa representada y representable como posible y realizable. La arbitrariedad colonial no conoce ni causa ni efecto, dado que una puede ser la otra y viceversa. Como el derecho carece de validez, uno puede someter todo a sí mismo. Lo que cuenta es la voluntad, las necesidades, los deseos y caprichos del colonizador. En la colonia todo es leña para el fuego contra la que se ejerce la facultad de representación del colonizador, y no hay nada ante lo que deba humillarse. Del mismo modo, todo es el producto del commandement [dominio]. Que la cosa sea, y será. Que no sea, y no será. Y el colonizador sólo tiene conciencia de sí en el disfrute de la cosa que produce y posee, y el apetito que proporciona.

Desde este ángulo, colonizar es poner en marcha el doble movimiento de destruir y crear, de crear mediante la destrucción, crear destrucción y destrozar la creación, crear para crear y destrozar para destrozar. En este sentido, colonizar es un acto gratuito por excelencia. Colonizar es también desplegar una subjetividad liberada de cualquier límite, una subjetividad que se ve a sí misma como absoluta pero que, para experimentar ese absoluto, debe revelarlo constantemente a sí mismo al crear, destruir y desear la cosa y el animal al que previamente ha llamado a la existencia. Desde el punto de vista del conquistador, la colonia es un mundo de subjetividad ilimitada. En esto, el acto de colonizar se asemeja a un milagro.

Pero, ¿dónde reside la violencia del milagro sino en el hecho de que es indivisible? Frente a su soberanía, ninguna ley, ninguna determinación externa tiene control alguno. Todo tiembla y todo puede ser manipulado. En la economía del milagro, nada es, en principio, inalcanzable, irrealizable. Lo posible es ilimitado. El milagro aniquila la nada al hacer que algo surja de la nada. Vacía lo que está lleno al transformarlo en algo diferente a lo que era. Rellena con un contenido lo que estaba plenamente vacío. Nada contradice el milagro. Esta es la razón por la que, como acto milagroso, el acto de colonizar es una de las expresiones más completas de esa forma específica de arbitrariedad que es la arbitrariedad del deseo y del capricho. El terror puro del deseo y del capricho, ése es su concepto. Como acto milagroso, el colonialismo libera los deseos del conquistador de la prisión del derecho, de la razón, de la duda, del tiempo, de la medida. Así, haber sido colonizado es, de alguna manera, haber vivido cerca de la muerte."