Se acerca la Semana Santa y algunos diarios británicos comienzan a
fijarse en Canarias, aunque no como desearía el gobierno de las islas.
El
diario liberal británico Financial Times publica un artículo
sobre la economía canaria bajo el título, poco original, "Paraíso
perdido para los parados canarios." Desde Las Palmas de Gran
Canaria, el periodista cuenta cómo la tasa de desempleo en el
archipiélago alcanza el 27 %, y entre los menores de 25 años se llega al
50%. Los males de la periferia española se multiplican en la
ultraperiferia canaria. El gráfico que publican es elocuente.
Según
el periodista, estas elevadas tasas de desempleo se soportan gracias a la
existencia una importante economía sumergida (que según datos del Gestha
equivale al 28,7% del PIB canario), especialmente en sectores como la
hostelería, el comercio, o el trabajo doméstico.
Lo que no
menciona el FT es que en las últimas dos décadas en Canarias los índices
de informalidad, de desempleo y pobreza han estado siempre por encima de la
media española y europea, y ello a pesar de que el crecimiento económico
de las islas también ha sido superior durante en el período 1995-2003
(4,3% frente a la media española del 3,88%). Esta aparente contradicción
se explica por el fuerte crecimiento demográfico y sobre todo por un
modelo de acumulación que se basa en un sector de la construcción
hipertrofiado, altamente consumidor de energía y suelo. Además, el PIB no contabiliza las externalidades negativas de la degradación medioambiental ni permite hacernos una idea de la calidad de los servicios públicos.
De modo
que cuando la
patronal y el gobierno
canario rezan para que haya una nueva burbuja
turístico-inmobiliaria ocultan su insostenibilidad, como ha puesto de
manifiesto la recesión
económica y la crisis energética. A menos que se redoble la
explotación laboral y el desastre ecológico. El desarrollo canario de
las últimas décadas ha necesitado la recepción constante de millones de
turistas (lo que sólo es posible con costes reducidos del transporte,
con un fácil acceso al crédito de las clases medias y populares
europeas, y la competencia feroz con otros destinos), sin que todo ello
se haya traducido en un mejor reparto del ingreso. Más bien todo lo contrario.
Cuando ahora se habla de "contrato alemán" para subvencionar la
reducción de la jornada laboral, con el teórico objetivo de preservar
empleos, se pretende transferir renta a unos empresarios que ya disfrutan de unas
exenciones fiscales... inexistentes en Alemania. Lo cual no tiene nada que ver con ninguna fórmula de renta básica universal o con una política social digna de tal nombre.
Por su parte,
el diario European Voice (del grupo The Economist) publica
una columna firmada por un miembro de Human
Rights Watch(accesible en la página de esta organización). En
él denuncia la situación de 200 menores africanos no acompañados que
permanecen en tres centros de internamiento para extranjeros en
Canarias. La mitad se hacinan en penosas condiciones en el centro de La
Esperanza, en el municipio de El Rosario. Este centro está situado en una zona boscosa a unos mil metros
de altura, y aunque en invierno puede llegar a hacer bastante frío,
según HRW no dispone de calefacción ni mantas suficientes. La comida
también es muy pobre. HRW denuncia que el gobierno español está
incumpliendo con sus obligaciones internacionales en la materia y pide
una vez más el cierre de estos centros. La reducción del número de embarcaciones africanas que llegan a las islas ha ayudado a invisibilizar este asunto. Canarias tiene la competencia en materia protección de los menores residentes en su territorio, aunque en una iniciativa insólita el Parlamento canario pidiera el año pasado que fuera el Estado el que asumiera esta responsabilidad.
A poco que uno conozca la realidad política, económica y social canaria, las campañas de la consejería de turismo (como la de "No winter blues", dirigida a británicos y alemanes) acaban pareciendo una broma desagradable. Claro que, para recochineo, la campaña promocional que diseñaron el año pasado para el mercado peninsular: "Comparte nuestra fortuna". Un lema que sería más útil si muchos canarios la entendieran en su sentido literal y pidieran cuentas.
En mayo de 1904, Ion Perdicaris, comerciante griego-estadounidense
asentado en Tánger, fue secuestrado junto al hijo de su compañera Ellen
Varley por el jerife rifeño Mulai Ahmed al Raisuli (o Raisuni),
quien pretendía obtener dinero y otras concesiones del sultán de
Marruecos Abdelaziz. Esta historia fue objeto de una adaptación
cinematográfica muy libre y orientalista, "El viento y el león"
(John Milius, 1975). En la película, que cuenta por cierto con una
excelente música de Jerry Goldsmith, la secuestrada era Varley y no
Perdicaris.
Al Raisuli era un líder beréber enfrentado políticamente al sultán Abdelaziz y
que solía practicar el secuestro a cambio de dinero. Para muchos
rifeños al Raisuli era un héroe, mientras que otros sufrían el cobro de
tributos que imponía en las zonas que controlaba. Para las potencias occidentales no representaba otra cosa que un
bandido. En 1907 contribuye al derrocamiento de Abdelaziz y en 1912
moviliza a las tribus rifeñas en una fallida revuelta contra las tropas
españolas el año en que se creaba el Protectorado Español en Marruecos.
Una decada más tarde al Raisuli se uniría a los españoles para luchar
contra Abd el Krim, que acabó aplastando a sus tropas.
En aquel año de 1904 el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt no tardó en aprovechar el llamado "incidente Perdicaris"
para desplegar siete buques de guerra frente a las costas de Marruecos,
por motivos de política interior (era año electoral) y para marcar el
terreno frente a un otoñal Imperio Británico, Francia, Alemania y
España, países que entonces se disputaban esferas de influencia en el
territorio norteafricano. De esta manera, la potencia ascendente que
era Estados Unidos fue más allá de la doctrina Monroe, se inmiscuyó por
primera vez en el juego de las potencias europeas en sus propios
"dominios" y acabó participando en la Conferencia de Algeciras (1906).
En un artículo de la época, publicado por The New York Times,
podemos comprobar el tratamiento de los hechos desde la perspectiva
estadounidense. Es interesante ver cómo destaca los antiguos vínculos
de Raisuli con el Majzen, cómo describe las negociaciones diplomáticas
y cómo ya entonces el "experto" asume un papel importante en el
análisis.
Extracto de un artículo publicado por The New York Times el 31 de mayo de 1904.
Un siglo más tarde, secuestros como el de Perdicaris se producen al sur del Sáhara y en el Sahel. Hay que decir que esto no es nuevo. En el pasado, los pueblos nómadas del Sáhara (fulani, imuhagh
o tubus) realizaban con frecuencia razias o incursiones guerreras
contra tribus enemigas, con las que conseguían botín y esclavos.
Los
tiempos han cambiado y, además de la prensa escrita, ahora tenemos
televisión e internet y una fuerte concentración del capital en los
medios de comunicación. Se acabó la era clásica de los imperialismos,
Estados Unidos es ahora el Imperio otoñal y en África trata de
compartir espacios con Francia y contener de paso a China. La
determinación de quiénes son los Raisuli de hoy, la comprensión de sus
motivaciones políticas y financieras reales y la apreciación del
trasfondo geopolítico resulta una operación compleja y delicada que
requiere esfuerzo. Pero para qué complicarse la existencia si tenemos
la palabra mágica: Al Qaeda.
Tras el secuestro de los tres
cooperantes catalanes el 29 de noviembre de 2009, el presidente de
Mauritania atribuyó enseguida el secuestro a Al Qaeda del Magreb
Islámico (AQMI), para incomodidad del gobierno español. No es lo
mismo negociar la liberación si los secuestradores son unos "bandidos"
(en este caso es más aceptable el pago de un rescate) que si son unos
"terroristas", aunque luego pueda hacerse de la necesidad virtud por
motivos de política interior. La reivindicación del secuestro tardó en
llegar, y lógicamente los autores proclamaron formar parte del AQMI. La
televisiva marca "Al Qaeda" permite subir las exigencias y sobre todo
el precio. A la escalada contribuyeron los artículos de los "expertos
en terrorismo", y las referencias al Sahel como una extensísima área de
operaciones de terroristas y una amenaza para Europa. De ahí la lógica
insistencia del gobierno por mantener la discreción.
Aunque
suele atribuirse a una misma organización el secuestro de todos los
europeos en países tan diversos como Mauritania, Mali, Níger o la República Centroafricana,
todo parece indicar que se trata de bandas diferentes, entre las que no
se puede descartar que haya pequeños grupos salafistas argelinos. El
francés Pierre Camatte fue secuestrado
en Menaka (Mali) por grupos ifora locales, que a su vez lo habrían
vendido al AQMI. Lo que sí se sabe con certeza es precisamente lo que
menos se molestan en mencionar los reportajes de la prensa cuando se
habla del "terrorismo" saheliano:
Que Mauritania, Níger o Mali son tres de los países más pobres del mundo. En Níger 2,7 millones de personas afrontan este año una fuerte inseguridad alimentaria. El contrabando de tabaco -y tal vez el narcotráfico, aunque el cócktail narco-terror sea manipulado
por Estados Unidos- se ha convertido en un negocio más lucrativo que el
de la economía ganadera tradicional, afectada por la creciente
desertificación y la sedentarización de los pueblos del desierto. En
relación con lo anterior, podríamos estar asistiendo a una incipiente
"industria del secuestro": no hace falta tener una ideología islamista
para percatarse del valor monetario de un occidental.
Que en el norte de Mali y Níger se produjeron diversas rebeliones armadas imuhagh(tuareg, en árabe) entre 2007 y 2009, lo que debe haber incrementado la demanda de armas y el consiguiente tráfico. Los imuhagh
o tuareg, marginados social y económicamente, no se han beneficiado,
sino más bien han sufrido, los proyectos mineros de explotación de hidrocarburos en Mali y de uranio en Níger.
Las divisiones tribales y políticas, en función de las relaciones y
negociaciones con los respectivos Estados, han debilitado el movimiento
en comparación con el levantamiento de principios de los años 1990.
Que la transformación del GSPC argelino en AQMI ha coincidido, qué casualidad, con el creciente intervencionismo estadounidense
en la región: las declaraciones por las que el GSPC argelino manifestó
en 2003 su vinculación con Al Qaeda se producen en un momento en el que
el gobierno argelino buscaba acercarse a Estados Unidos tras los
atentados del 11-S, para conseguir financiación y cooperación militar y
técnica, mientras que las supuestas declaraciones del egipcio Ayman Al
Zawahiri en 2006,
reconociendo al AQMI, y la serie de atentados que se produjeron en
Argel en 2007, coincidieron con el interés estadounidense no ya de
cooperar sino de crear un Comando África
en territorio africano (aunque de momento esté situado en Stuttgart,
ante el rechazo de los gobiernos africanos). Desde entonces, Estados
Unidos ha incrementado su apoyo militar a Mali y su presencia en el norte del país. En Argelia hay diversidad de opiniones al respecto, y en cualquier caso Buteflika desea vigilar de cerca este proceso.
Que,
al contrario que nuestros medios, los gobiernos y la prensa local de
los países sahelianos -donde no se han producido atentados- tienden a relativizar
la supuesta amenaza de los grupos armados sahelianos y sus pretendidas
conexiones orgánicas con una dirección centralizada en Waziristán. En
la última década, la cifra de miembros estimados del GSPC/AQMI siempre
oscila entre 300 y el millar, dependiendo de si la fuente afirma que
están en las últimas o en ascenso, lo cual puede depender de intereses
particulares. En general, cuando los diarios locales hablan de Al Qaeda
lo hacen citando agencias internacionales de prensa. Por ejemplo, en
Argelia el Ministro del Interior Yazid Zerhouni nunca menciona siglas
sino la expresión genérica de "terroristas".
En
relación con el secuestro de los tres cooperantes catalanes, los
diarios españoles, ya escriban desde Madrid (El País), desde Barcelona
(La Vanguardia, El Periódico) o con corresponsales en Mali (ABC,
Público) recurren a las anónimas "fuentes cercanas a las negociaciones"
(traducción: el Centro Nacional de Inteligencia), a los expertos
habituales como Fernando Reinares y a comunicados del AQMI que reciben
de las citadas fuentes, de canales de televisión árabes o de think tanks como la fundación NEFA o el SITE Intelligence Group, que suelen ser quienes "encuentran" estos comunicados en la red y los traducen al inglés. Por ejemplo, cuando El País anunció en su día la creación del "aparato mediático" del AQMI, Al Andalus, lo hizo basado en un comunicado publicado en la página de NEFA. Lo más grave es que el testimonio de los consultores de esta organización ha servido para condenar diversas personas por su pertenencia a Al Qaeda: en España, Claudio Franco en el caso de los "11 del Raval", y en Estados Unidos Evan Kohlmann ha testificado en juicios contra presos de Guantánamo.
El problema es que estas personas y organizaciones están estrechamente vinculadas con los gobiernos occidentales
y, en particular, con sus servicios secretos, lo que plantea un serio
problema de credibilidad cuando la información se presenta
descontextualizada y sin contrastar adecuadamente con la población
local. Un estudio
de los profesores David Miller y Tom Mills, del departamento de
geografía y sociología de la Universidad de Strathclyde (Glasgow)
muestra cómo en el ámbito anglosajón los "expertos en terrorismo" y los
think tanks en los que colaboran mantienen fuertes conexiones
con los servicios de inteligencia, la industria militar y de seguridad
y los medios corporativos de Estados Unidos, Reino Unido o Israel.
Todos ellos participan en una misma dinámica. La
fundación NEFA fue creada por el Washington Group, una empresa lobbista
subsidiaria de la empresa de Relaciones Públicas Ketchum, que a su vez es parte del gigante de la comunicación Omnicom. Por su parte, la creadora de SITE es Rita Katz,
muy vinculada con el gobierno de Israel. Lo interesante del estudio es
que muestra cómo los expertos que trabajan para estas organizaciones,
que comparten -y construyen- una misma visión ortodoxa del "fenómeno
terrorista" son, con diferencia, las fuentes más citadas por los medios
de comunicación. También describe cómo mantienen una posición dominante que no
se corresponde con su prestigio académico.
El resultado es la creación de profecías autocumplidas. Una
facción tuareg puede estar interesada en acusar a otra de colaborar con
argelinos del AQMI. Al gobierno de Mali, o a los golpistas de Níger,
les conviene mostrar el espantajo islamista a unos gobiernos
occidentales dispuestos a aportar financiación y armas en aras de la
"estabilidad" regional. Y la creciente presencia militar de unidades
especiales del ejército estadounidense puede generar expresiones
locales de rechazo y alterar precarios equilibrios sociales, como en Yemen.
La corresponsal del diario Público en Mali, Mayte Carrasco tiene un blog, según ella escrito "desde las zonas más peligrosas del planeta":
¿en Mali?. Me pareció penoso que comparara este país con otras regiones
mucho más violentas de una manera tan sensacionalista, por más que el
norte del país sea ahora inseguro para los europeos. Pero visto el
desarrollo de los acontecimientos, tal vez no haya hecho otra cosa que
anticipar un futuro tempestuoso en la región. ¿Cómo evitar que la arena
que se levante se meta en nuestros ojos?
El preso cubano Orlando Zapata Tamayo inició una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de internamiento y las de otros presos y acabó muriendo en el intento, ochenta y cinco días después.
La montaña de artículos y comentarios que ha generado su acción no se explica porque se haya producido una intervención particular del Estado cubano que difiera cualitativamente de lo que hacen Estados como el español. La furia que se ha desatado contra quienes osan cuestionar la selectiva indignación de algunos tampoco guarda proporción alguna con los hechos, ni con las carencias en materia de libertades que existen en Cuba. En realidad, la magnitud de la controversia es proporcional a la promesa que todavía representa la revolución cubana. No se habla de Orlando, ni siquiera del gobierno, sino, como siempre, de la legitimidad de dicha revolución.
Quienes acusan al gobierno cubano de haber cometido una monstruosidad, lo que vienen a decirnos es que en la isla el Estado se comporta de una manera esencialmente diferente a como se comportan nuestros Estados. Sin embargo, el gobierno cubano no hizo otra cosa que lo que han hecho otros gobiernos cuando se enfrentan a situaciones similares: rechazo a lo que considera “un chantaje” y alimentación por vía parenteral para mantener la vida del reo.
Que el suicidio en prisión sea considerado la prueba definitiva de la crueldad de la “dictadura” cubana deja muy mal a las autoproclamadas “democracias” (y a sus aliados “en vías de democratización”) que dirigen o participan en guerras coloniales, masacran pueblos desde el aire, practican regularmente el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas o la tortura. Es fácil hacer una comparación de ejemplos donde encontramos claras acciones, no dudosas omisiones, de las que la prensa apenas si se hace eco. La lista de países es larga: desde Estados Unidos a Egipto, pasando por Israel, Marruecos, Iraq, Argelia, Honduras, Colombia o México, por citar unos pocos países “amigos”. La diferencia de trato es demasiado grosera y evidente.
Sí, es cierto que el gobierno cubano ha actuado de la misma manera que los gobiernos respetables. Mal consuelo. Esta respuesta es insuficiente y sólo desplaza el problema, sobre todo si en casa criticamos la ley, su aplicación y la misma naturaleza del régimen carcelario.
El adjetivo
Con los días hemos pasado de cuestionar la atención médica recibida por Orlando Zapata a discutir acerca de su condición como preso común, político o terrorista, como si esto afectara a la legitimidad de su protesta. Si un preso común o un terrorista protesta mediante una huelga de hambre, entonces el Estado debe mantenerse inflexible para evitar que se desvirtúe el efecto disuasorio de la pena privativa de libertad. Como se asume que hay un consenso acerca del trato que merece “un terrorista”, sólo queda determinar si uno lo es o no. Pero los presos políticos de unos suelen ser los terroristas de los otros, y la esencia del delito de terrorismo es su carácter eminentemente político. Es más, la expansión del concepto de “terrorismo” se ha producido al tiempo que se restringía el perímetro del concepto de “preso político”. Entre ambos existe, pues, una relación íntima.
Amnistía Internacional no habla de presos políticos y prefiere el empleo del más restrictivo “preso de conciencia”, que sería “toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso.” Si la referencia a la violencia es discutible (en esta perspectiva, Nelson Mandela no habría sido un preso de conciencia, por ejemplo), nada se dice sobre la “no condena” de la violencia, que en España es una excepción añadida que restringe aún más los márgenes del concepto. En la misma línea, qué “convicciones políticas” o “motivos de conciencia” resultan admisibles para calificar a un preso como político siempre será objeto de disputa. Una persona que es encarcelada por consumir o comerciar con drogas calificadas de ilícitas bien podría calificarse de “preso de conciencia”, pues en la cuestión del consumo y tráfico de drogas son las decisiones personales de consumo entre adultos responsables las que son objeto de represión, aunque formalmente se aluda a la ilicitud de la sustancia. Desde esta perspectiva, las prisiones de casi todos los países, incluyendo las de la misma Cuba, están repletas de presos de conciencia.
Aún más delicado es el caso de quien atenta conscientemente contra la propiedad no con el objetivo de lucrarse sino por razones políticas, ya se trate de la propiedad privada como de la pública. Aquí hay unanimidad en todos los ordenamientos, sean liberales o socialistas: cualquier ataque contra la propiedad entra en la órbita del “delito común” y no caben consideraciones políticas de ningún tipo. Al despolitizar el régimen de propiedad se previene su cuestionamiento.
Si queremos salir de estos terrenos pantanosos, cabe alegar que Orlando Zapata Tamayo no era ni un terrorista ni un preso político, sino un delincuente común. Por lo que he leído esta distinción se ha efectuado de una manera puramente formal. Efectivamente, Orlando Zapata no fue condenado en aplicación de una ley penal especial, la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (aprobada en respuesta a la estadounidense Ley Helms-Burton) como sí ocurrió con las 75 personas que fueron detenidas y condenadas en 2003, sin posibilidad de recurso efectivo, por supuesta financiación de sus actividades con fondos estadounidenses. A Zapata se le aplicó el Código Penal cubano, pero esto no contradice el hecho de que haya sido condenado por las convicciones políticas manifestadas en una protesta pública.
El preso
Doy por buena esta información de Amnistía Internacional (no por nada, sino porque no he encontrado otra fuente, ni gubernamental ni de otro tipo, que aporte información más precisa y rigurosa sobre el proceso y condena del preso fallecido):
"Orlando Zapata Tamayo, albañil y fontanero, había sido detenido en La Habana el 20 de marzo de 2003 cuando participaba en una huelga de hambre en la Fundación Jesús Yánez Pelletier para reclamar la liberación de Oscar Biscet y otros presos políticos.
Fue condenado a tres años de cárcel en 2003 por “desprecio a la figura de Fidel Castro”, “desorden público” y “resistencia”. En noviembre de 2005 le fueron impuestos otros 15 años de prisión por “desacato” y “resistencia” en el centro penitenciario. En mayo de 2006 fue enjuiciado de nuevo por los mismos cargos y condenado a una pena adicional de siete años."
Los tres años iniciales se explicarían por la reincidencia, al haber cometido con anterioridad otros delitos, si bien las últimas detenciones habían tenido que ver con reuniones
políticas. Siempre según Amnistía Internacional, “en noviembre de 2002, tras participar en un
taller sobre derechos humanos en el céntrico parque José Martí, de La
Habana, él y otros ocho opositores del gobierno [habían sido], según
informes, detenidos y posteriormente liberados. Volvió a ser detenido el 6 de diciembre de 2002 junto con Oscar Elías Biscet, y liberado el 8 de marzo de 2003."
Con estos datos en la mano, que en Egipto encierren blogueros o que el gobierno estadounidense cometa tropelías infinitamente peores son hechos que sirven para criticar, y con razón, a los medios de comunicación, pero que son secundarios a la hora de interpretar correctamente lo sucedido. Poco importan las manipulaciones de los opositores más carroñeros y los propagandistas al uso, como no es relevante el historial delictivo que haya podido tener Orlando.
Lo que sobrecoge, lo que debería ser motivo de reflexión entre quienes no cuestionamos el derecho de los cubanos a construir democráticamente su sistema político, es que una persona que participe en una protesta sea detenida y acabe enfrentándose a una reclusión de tres décadas por rebelarse en reiteradas ocasiones contra la disciplina policial y penitenciaria, con independencia de que haya sido instigado por otros o no. Y que no se entienda que pueda tomar una decisión tan extrema como la de la huelga de hambre, sin que necesidad de que haya una manipulación de por medio. La alternativa
Boaventura de Sousa Santos
describió en su día el «problema difícil» que representa Cuba para la
izquierda.
"Todos los procesos
revolucionarios modernos son procesos de ruptura que se basan en dos pilares:
la resistencia y la alternativa. El equilibrio entre ellos es fundamental para
eliminar lo viejo hasta donde sea necesario, y hacer florecer lo nuevo hasta
donde sea posible.
Debido a las hostiles condiciones
externas en que el proceso revolucionario cubano se desarrolló -el embargo
ilegal por parte de los Estados Unidos, la forzada solución soviética en los
años 70, y el drástico ajuste ocasionado por el fin de la URSS en los años 90-,
ese equilibrio no fue posible. La resistencia terminó por superponerse a la
alternativa. Y de tal modo, que la alternativa no se pudo expresar según su
lógica propia (afirmación de lo nuevo) y, por el contrario, se sometió a la
lógica de la resistencia (la negación de lo viejo). De este hecho resultó que
la alternativa ha permanecido siempre como rehén de una norma que le era
extraña. "
Frente a la vitalidad, a menudo
contradictoria, de los procesos políticos que han venido desarrollándose en Venezuela
o Bolivia, que no sufren un cerco equivalente y donde existen movimientos sociales relativamente autónomos, el sistema político cubano continúa preso de esta lógica de resistencia, pese a las transformaciones sociales que la revolución ha traído consigo. Esto explica el endurecimiento de la legislación penal desde mediados de los años 1990, coincidiendo con el deterioro de las condiciones materiales de vida de la población, con la apertura a los capitales extranjeros y con un renovado intervencionismo estadounidense mediante la aprobación de leyes de aplicación extraterritorial. Un endurecimiento penal que no se corresponde con un incremento de los delitos violentos, que se mantienen en un nivel bajo comparado con la situación en los países vecinos. Puede que, como afirma Raúl Zibechi, en Cuba no se haya producido el "sordo pero eficiente sabotaje cotidiano con que la población mostraba su rechazo al régimen" y que hundió el socialismo real en Europa. Pero desde los años ochenta sí se ha producido un aumento de las malversaciones, de las apropiaciones indebidas y otros ataques contra la propiedad estatal, y de delitos como el hurto, sacrificio y comercio de ganado mayor, delitos "comunes" que revelan un cierto éxodo de los circuitos económicos oficiales. Ignoro hasta qué punto es estadísticamente significativo.
En las circunstancias actuales, con un vecino del norte que no ha modificado un ápice su política, parece muy difícil que en Cuba se salga de esta lógica defensiva y "se abra a lo nuevo", aunque hoy cuenta con importantes aliados en América Latina. Cuando lo haga, bajo el empuje de los propios cubanos, habrá que repensar de arriba abajo el delito, las penas y las prisiones.
En el auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, cuyo origen se remonta a cierto bombardeo ilegal realizado por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano en 2008, podría añadirse algún fundamento de hecho que complementase su peculiar manera de conectar personas, interpretar hechos y deducir indicios. Me he tomado la molestia de imaginar cómo podría haber incorporado los datos que faltan:
"Hechos
(...)
OCTAVO.- Como resultado de las conversaciones mantenidas entre la organización terrorista ETA y el gobierno de José María Alfredo AZNAR LÓPEZ, este último aceptó colaborar en la organización, a principios del año 2000, de un curso de instrucción con miembros de las FARC y del gobierno colombiano. El curso se desarrolló en las ciudades de Madrid y Valencia entre el 21 y el 23 de febrero de 2000. En el transcurso del mismo, Luis Edgar DEVIA SILVA, "Raúl Reyes", junto con los integrantes del grupo terrorista FARC, Juan GÓMEZ, Fabián RAMÍREZ, Iván RÍOS, Simón TRINIDAD, Felipe RINCÓN, Olga Lucía MARTÍN, se reunieron con diversos representantes de la administración central y autonómica, y con representantes de organizaciones empresariales y sindicales (CEOE, UGT y CCOO), de quienes pudieron recibir adiestramiento sobre la tradición franquista del terrorismo de Estado, técnicas de amnesia colectiva, así como estrategias para alcanzar sus objetivos políticos. Coincidiendo con su visita, el 22 de febrero de 2000 la organización terrorista ETA asesinó al diputado vasco Fernando BUESA BLANCO.
Todo ello se desprende de la documentación obrante en las DP: "Comunicado FARC-Gobierno del viaje a Europa, 23 de febrero de 2000", el artículo de El País de 21 de febrero de 2000 "Los guerrilleros colombianos llegan a España para reforzar su posición política" o el artículo de El Mundo de 22 de febrero de 2000, "El gobierno colombiano y las FARC visitan España". Esta documentación, incautada en internet, confirma los contactos que mantuvieron las personas citadas con altos responsables de la administración: Francisco GÓMEZ FERREIRO, entonces Director del Instituto Nacional de
la Seguridad Social; Jesús GRACIA ALDAZ, director de la Agencia
Española de Cooperación Internacional; Eduardo GUTIÉRREZ SÁENZ DE
BUROAGA, Director General de Política Exterior para Iberoamérica (...). También se reunieron con Federico TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE, entonces Presidente del Congreso de los Diputados y Eduardo Andrés Julio ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, ambos mayores de edad y, aunque parezca increíble, SIN antecedentes penales en España. Los últimos habían efectuado con anterioridad sendos viajes oficiales a Colombia, según consta en la monografía que el Ministerio de Asuntos Exteriores publica regularmente sobre el país: el Sr. TRILLO-FIGUEROA visitó el país el 17 de marzo de 1998, siete meses antes de que ETA declarara una tregua indefinida, y el Sr. ZAPLANA el 30 de agosto de 1999, durante la tregua, donde podrían haber mantenido contactos preliminares con vistas a preparar la visita de los miembros de las FARC.
Finalmente, cabe destacar que el juez instructor que suscribe, Eloy VELASCO NÚÑEZ, era Director General de Justicia del gobierno presidido por Eduardo ZAPLANA en el momento de los hechos, lo que explica que no pueda incluirle ni a él ni a los consejeros de su gobierno en este rocambolesco relato."
Con la crisis económica
un asunto que inevitablemente se ha situado en el centro del conflicto político
es el de la fiscalidad, al menos en Europa y Estados Unidos (de momento, en
Chinano se considera un problema). En
un reciente artículo, que traduzco en esta entrada sin sus notas a pie de
página, Yann Moulier Boutang plantea una manera diferente de concebir la
fiscalidad, en coherencia con su teorización del capitalismo
cognitivo, a partir de las propuestas de impuestos sobre el carbono o las
transacciones financieras (tasa Tobin). Aunque en castellano lo emplee indistintamente,
prefiero el término "impuesto" al de "tasa", en parte
porque incomoda más. Lo interesante del texto de Boutang (relativamente extenso, aviso), se esté de acuerdo o
no con todos y cada uno de sus puntos, es su propuesta de acomodar la
fiscalidad a una nueva economía política y a una nueva lucha por la
redistribución del ingreso. Incluyo algunos gráficos muy ilustrativos sobre la estructura de los ingresos fiscales en Estados Unidos y en la Unión Europea.
¿Impuesto carbono o impuesto polen?
Por una imposición de todos los flujos
financieros y monetarios
Yann Moulier
Boutang - Revista Multitudes, número 39,
noviembre de 2009
Así se ha
decidido: Francia practicará el impuesto sobre el carbono [taxe carbone]. No podemos sino alegrarnos quienes, como yo o Jérôme
Gleizes, se opusieron fuertemente a los ecologistas partidarios del mercado de
los derechos de contaminación (Laurence Tubiana o Alain Lipietz) al predicar
que este cuasi-mercado acumulaba todos los inconvenientes (que sería ineficaz,
desigual y sobre todo insuficiente), y que en suma habría que volver al
impuesto público.
Pero,
desgraciadamente, habría que ser más preciso. Francia hará en el impuesto sobre el carbono, más que hará impuesto carbono, es
decir, mucho más que practicar seriamente un impuesto carbono. El debate entre
14 o 17 euros no cambia gran cosa en relación con los 100 euros por alcanzar,
por tanto al mínimo de 32 euros, como estableció la Comisión Rocard. Se
contiene tímidamente un principio pero sin someterse de verdad al mismo [la
propuesta del gobierno contenía tantas excepciones que finalmente fue anulada por el Consejo de Estado a
finales de 2009, N. del T.].
Sin embargo, todos saben que deberá implantarse una incitación fuerte para
luchar contra el efecto invernadero.
El nudo gordiano fiscal
¿Por qué tanta
resistencia a un impuesto sólido? Porque es un impuesto que viene a añadirse al
impuesto interior sobre los productos petrolíferos [en Francia, TIPP], al IVA que paga todo consumidor final (más del
50 % de los ingresos fiscales del Estado), al impuesto sobre la renta (un
pequeño 17 %) que paga la mitad de los contribuyentes (los demás están exentos)
y al 18 % de impuesto de sociedades, incluida la tasa profesional. Y porque las
cargas sobre el trabajo asalariado son pesadas: en 40 años la carga fiscal
(exacciones obligatorias), más allá de las presentaciones demagógicas de
diversas corporaciones de la sociedad, alcanza un nivel peligroso para diversas
clases sociales, por razones a veces diametralmente opuestas y difícilmente
compatibles.
Evolución histórica de la composición de los ingresos fiscales federales en Estados Unidos. Aumentó la importancia de los impuestos sobre las rentas salariales en detrimento de las rentas del capital. En Estados Unidos no existe un IVA federal, sino impuestos indirectos a nivel de cada Estado. Fuente: The Washington Post.
Quienes no pagan
el impuesto sobre la renta (hay que decir quienes tendrían más bien problemas
para hacerlo) encuentran insoportable un 19,6 % de IVA. Quienes pagan un
impuesto sobre la renta exactamente conforme a sus ganancias –los asalariados
puros- encuentran la factura tanto más pesada cuanto que se codean con no
asalariados de las viejas profesiones liberales (o asalariados que tienen la
posibilidad de hacer pasar sus gastos en diversas sociedades) , los cuales se
apañan bastante bien. Al observar las ganancias extraordinarias del 1 % de los
más ricos, sueñan con una imposición rooseveltiana del 75 al 90 % de los
ingresos de los tramos más elevados y vilipendian el llamado “límite máximo
para pagar impuestos” [medida aplicada en
Francia, conocida como bouclier fiscal, N. del T.]. Las clases medias
superiores y medias-medias aprueban todas las bajadas de impuestos. Las nuevas
profesiones no asalariadas e inestables (los precarios de todo pelaje), que
oscilan entre ganancias asombrosas entre algunos e ingresos más bien débiles
para la mayoría, cuando no pueden contar con la red de ajuste de un régimen de
intermitencia que viene siendo recortado metódicamente, desean replantearse las
ventajas fiscales de los estables y una mejor mutualización de las cargas
sociales. Si hay 65 millones de franceses y otros tantos sujetos de
descontento, la fiscalidad no tiene nada que ver. Uno podría tranquilizarse y
decirse que el movimiento se ha generalizado por todas partes y es sobre todo
crónico. Lo que no es exacto. La tolerancia al impuesto varía según las épocas.
Cuando el carácter insoportable de los impuestos progresa, siempre es un
síntoma de crisis en gestación. Véanse las precedentes crisis fiscales del
Estado que prepararon las revoluciones inglesas, francesas.
La carga de la
deuda del Estado no va a disminuir en los próximos años, por dos razones. La
primera, de orden coyuntural, se debe a la profundización de la deuda mundial
de los Estados en crisis. Estos últimos deberían encontrar 28.000 billones de
dólares cada año para financiarse (es decir, el 51 % del PIB). Con los gastos
de apoyo al sistema financiero y a la economía, el endeudamiento crecerá por lo
menos al 100 o al 130 % del PIB (Japón ya está al 180 %). Pero la otra razón,
rebelde a todas las políticas virtuosas preconizadas por la Unión Europea o el
FMI, se debe a una transformación
estructural de las economías.
Sea francesa o sueca, americana o británica, la parte de exacciones
obligatorias juega en ellas un papel cada vez más importante. Cuando los
republicanos gritan al socialismo o al comunismo con el proyecto Obama de
protección social, no hacen sino darse cuenta de un movimiento de
europeización, que paradójicamente comenzó desde la presidencia Reagan en los
países más liberales.
De hecho, todos
los Estados están atrapados por una crisis de las tijeras: por un lado, aumenta el perímetro de su
implicación. Dicho de otro modo, para producir la población y su sistema
complejo, que comprende la educación, la salud, las condiciones de empleo y de
la actividad económica de proveedores, productores y consumidores, hay que
movilizar cada vez más recursos. Que esto sea responsabilidad directa de las
colectividades locales, centrales o federales no cambia nada la situación.
Frente a ella, los recursos producidos por el impuesto se funden o se estancan.
A pesar de estas
necesidades crecientes, concebimos que los gobiernos se lo piensen dos veces
antes de aumentar los impuestos. Las promesas de rebajas de impuestos, o de “bouclier fiscal”, o de repartos
diferentes de impuestos a tipos impositivos constantes, atan las manos de la
derecha. Por su parte, la izquierda se empantana en otro obstáculo. Defiende el
principio del impuesto sobre la renta y la progresividad de este último,
garante de la redistribución. Ahora bien, con una base imponible del impuesto
muy reducida (la mitad no lo paga en Francia), se ve obligada a situar el
cursor bastante bajo para incluir al menos al 25 % de la población, lo que
significa la mitad de los sujetos a impuestos. La tasa carbono, al tener que
afectar a todo el mundo, con la fiscalidad que tenemos, de los que algunos
puntos sensibles ya se encuentran en el impuesto interior sobre los productos
petrolíferos, constituye la gota de agua que puede hacer desbordar el vaso, al
tiempo que no se alcanzan los niveles disuasivos requeridos. En particular,
porque habría que implantar transportes en común (tranvía, autobús)
extremadamente densos para que la población, que el urbanismo ha estirado
inteligentemente a centenares de kilómetros, pueda dirigirse al trabajo. De ahí
la complejidad en la percepción de un impuesto reembolsado.
De hecho, la
crisis fiscal implica repensar de arriba abajo la totalidad de la fiscalidad.
Existe, pues, un
nudo gordiano de la fiscalidad.
La derecha está tentada por la demagogia de una reducción de impuestos por la
puerta y se encuentra obligada a recargar la fiscalidad indirecta
antiredistributiva por la ventana. La izquierda descontenta enormemente a una
buena mitad de su electorado de clases medias, al fijar el umbral de los ricos
que deben pagar demasiado poco, o al apoyar erre que erre impuestos simbólicos
que aportan poco más de lo que cuesta su recaudación, como el impuesto sobre
las grandes fortunas, cuando las medidas sobre las sociedades serían más
eficientes, aunque insuficientes y arriesgadas, cuando se aplican en una
actividad económica mimada por sus empleos como es la inmobiliaria.
En realidad, el
sistema impositivo pertenece a un “antiguo” mundo económico: aquel puesto en
marcha bajo el Directorio y modernizado con el IVA en 1954 [1986 en España, N.delT.], por Maurice Lauré. Sólo una sacudida de este sistema y la
invención de un nuevo sistema permitirán salir de este drama. No soñamos con
demoler gratis: nos esforzaremos simplemente en abrir los ojos.
Donde el impuesto Tobin reaparece
Dos semanas
antes de la cumbre del G20 en Pittsburgh (12 de septiembre de 2009), el Financial Times, al que no cabe acusar
de un amor desbordante por el fisco, presentaba en primera página la proposición
de Peer Steinbrück, socialdemócrata más bien de derechas, ministro de finanzas
de la gran coalición, acerca de un impuesto sobre todas las transacciones
financieras del 0,005 %. En el Journal du
Dimanche del 20 de septiembre, era el turno de Christine Lagarde, Ministra
de Economía y Finanzas, que calificó el impuesto Tobin de “buena idea”, y el de
Bernard Kouchner, quien entonó la misma cantinela. La proposición alemana,
rápidamente descartada por Angela Merkel por electoralista, preveía una
imposición muy débil de 0,05 a 1% sobre todas las transacciones financieras
internacionales a escala mundial. Esta medida se supone que frenaría la
volatilidad de los mercados (lo que ha sido contestado con algún fundamento).
Fue adoptada en lo que al principio se refiere por Francia, puesto en práctica
de manera fugaz por Brasil y estuvo a punto de ser adoptada por casi seis votos
por el Parlamento Europeo. Nadie ha contestado jamás los recursos fiscales que
procuraría. En junio de 2008 Dean Baker, un macroeconomista del Center for Economy and Policy Research,
muy escéptico sobre una reforma seria del sistema financiero, escribía en su
blog: “un impuesto modesto sobre las transacciones financieras podría recaudar
fácilmente el equivalente de un punto del PIB, es decir, unos 150 billones de
dólares”. Por “modesto”, Dean Baker entendía un impuesto del 0,25% sobre el
volumen de las transacciones bursátiles y del 0,02% sobre los seguros por
incumplimientos en los swaps, lo que no tendría impacto en la actividad sino
que frenaría las actividades puramente especulativas. Este economista, como el
ministro alemán, extiende el impuesto Tobin a las transacciones interiores.
Un impuesto sobre todas las transacciones
financieras en una economía de polinización
Vale la pena
hacer un pequeño desvío para ver cómo los impuestos reflejan la concepción que
una sociedad se hace de la riqueza. Los impuestos directos sobre el capital
(las sociedades), sobre los beneficios, sobre los ingresos, afectan a la
riqueza que resulta del saldo de los flujos, como el ingreso neto, o el capital neto (lo que queda entre dos ejercicios
anuales). Los impuestos indirectos (el IVA, el impuesto sobre derivados del
petróleo), afectan al consumo
final de las familias. Si
estos impuestos son neutros en relación con el volumen de flujos, es porque
consideran que los flujos en sí mismos no generan ninguna riqueza. Es preciso
eliminarlos de la doble contabilidad. La circulación no se considera que cree
riqueza.
Dicho de otro
modo, la riqueza de las abejas sólo se mediría por la miel que producen, por lo
que recoge el apicultor. Ahora bien, la riqueza realmente producida por la
abeja es la polinización que representa aproximadamente 350 veces
el valor de su producción comercial de miel y de cera para las velas. Esta
polinización se mide por la intensidad de su circulación
en los campos. En la
actividad económica humana, se percibe por el número de transacciones que hace
la gente, incluyendo las transacciones monetarias de las que ya he mostrado una
pequeña introducción: el consumo, los intercambios, los viajes, el ocio.
De lo que se
deduce una consecuencia no carente de interés para nuestro asunto. El impuesto
que afectaría esta forma de creación de riqueza (por la circulación) sería
mucho más inteligente y sobre todo aportaría mucho más. En fin, last but not least, presentaría también
un enorme interés político. Permitiría pasar de las formas arcaicas del
impuesto y de la exacción obligatoria por una única exacción que afectaría a
todo el mundo de igual manera, en proporción a sus transacciones monetarias.
Como toda la
economía está bancarizada y pasa por las tarjetas de crédito o por
transferencias, la imposición con un tipo uniforme (entre 0,5 y 1 %) de todas las transacciones financieras permitiría
la recaudación en tiempo real, con una administración seriamente reducida, de
sumas equivalentes al actual presupuesto del Estado y al presupuesto social de
la nación. En semejante sistema, nadie escaparía al impuesto. Tanto el
ciudadano medio consumidor como el millonario que utiliza una tarjeta de
crédito negra, sin la menor identificación, simplemente con un chip, para
pagarse un coche de 250.000 euros o un collar de perlas. Incluso si, para este
último, esto representa una contribución miserable con respecto a su fortuna…Un
impuesto automático sobre todas las transacciones financieras tendría también
la enorme ventaja de controlar todos los flujos financieros. ¿Y qué pasa con el
efectivo? Las transacciones en efectivo también serían tasadas en este
dispositivo porque hoy en día, ¿de dónde retira la gente el efectivo? De un
cajero automático.
La justificación
de este sistema –que deja atrás el debate sobre la imposición fiscal
progresiva, redistributiva, directa o indirecta (todo se recauda en la fuente)-
es que hemos pasado a una economía donde efectivamente no es la producción de miel ni el producto comercial lo que fundamenta la verdadera riqueza,
sino la polinización a
la vez ecológica, económica e intelectual (la polinización humana). La práctica
correcta del impuesto consiste en recaudar de manera sobre la indolorasobre la verdadera
riqueza. Es decir, a partir del momento en que se desplaza el centro de interés
sobre la riqueza, resumiendo, a partir del advenimiento de la “nueva” economía
política – hacia la polinización, la coralización, el hacer red- y desde que tendemos a desinteresarnos
por la “antigua” economía porque es marginal desde el punto de vista de la
cantidad de dinero que representa, puedo dejar de recaudar el impuesto sobre la
persona o sobre su producción comercial. La recaudación se efectuará sobre todas
las transacciones que se operan entre los diferentes tipos
de agentes económicos.
Nuevas tomas, nuevas situaciones
Esta solución es
eficaz: extrae los fondos gigantescos que
necesitan los poderes públicos, en particular para las políticas ecológicas en
materia de transportes no contaminantes, de energías renovables, así como para
un verdadero new
deal social. Al desplegar
las implicaciones sociales de una política de renta básica (de la que puede
considerarse como la dimensión fiscal), restaura el principio de igualdad entre los ciudadanos. Todo ciudadano,
desde el más pobre al más rico, contribuye en la medida de sus medios efectivos
(sus transacciones monetarias). Se restaura la igualdad ante el impuesto,
violado, a ojos de los ricos, por la progresividad de la fiscalidad y mucho más
escandalosamente, por parte de los pobres, por las modernas gabelas (el IVA
sobre todo consumo, incluso el más necesario para la vida). Actualmente, los
pobres son considerados como asistidos porque no pagan impuestos (antaño se les
retiraba el derecho de voto). Podrán decir al Sr. Pinaut que contribuyen tanto
como él al impuesto, de manera proporcional.
Para quienes
harán notar que este sistema se identifica con la flat tax que
reclaman los ultraliberales americanos desde hace décadas –señalando así la
muerte de un principio de progresividad fiscal, sinónimo de redistribución
social- precisaremos que la manera de recaudar las sumas necesarias para la buena
marcha de los servicios públicos no limita en absoluto nuestra facultad para
concebirlos y para organizar su distribución: aunque un vuelco de la fiscalidad hacia
una imposición proporcional (flat, y no progressive) de las transacciones financieras tomara primero la
apariencia de un “regalo fiscal” para los más ricos (¡uno más!), la
redistribución del maná obtenido de esta manera debería evidentemente adoptar
la forma de transferencias (de ingresos, de servicios, de gratuidad) desde los
más ricos en dirección a los menos favorecidos. La igualdad se situaría menos
en la fuente de estas exacciones como en su destino fuertemente
redistributivo. Este
impuesto permitiría en realidad no sólo captar una (pequeña) parte de la riqueza
producida por la circulación, sino modificary modular las vías por las cuales pasa esta
circulación. Lo que cuenta no son solamente las nuevas tomas (en billones de euros) que generaría esta fiscalidad sino
sobre todo las nuevas
situaciones (en derechos
sociales), las nuevas afectaciones que
permitiría poner en marcha.
Sabemos que hoy
la riqueza de los patrimonios no se evalúa solamente por lo que queda después de las miríadas de flujos de
inversión o de optimización del ahorro. Las enormes ganancias de los
establecimientos financieros (que han recomenzado en Wall Street y otras
plazas) se operan sobre la base de estos
movimientos incesantes de
las finanzas. Para 150 billones de comercio exterior y de PIB cotidianos, hay
1500 billones de transacciones de cambio y 2800 billones de productos derivados
que se intercambian. La esfera de los flujos financieros multiplica por 21 los
flujos de las transacciones del comercio exterior y del PIB. Y esta
desproporción gigantesca no es sólo cuestión de viento, contrariamente a lo que
dicen nuestros apologistas del valor concreto, el trabajo mercantil. Traduce
una captación por la inteligencia de la finanza de mercado de una parte de la
esfera de la riqueza que se basa en la polinización –sólo en parte, porque la relación
entre el valor de la miel y de la cera y los efectos de la polinización es 350
veces más débil.
Esta propuesta
de un impuesto automático y en la fuente de todas las transacciones monetarias
–que podría elevarse al 2 % para hacer frente a una crisis tan excepcional como
la actual- puede esperar acabar con la pobreza planetaria al zanjar el nudo
gordiano de la fiscalidad, al que el impuesto carbono no hace sino añadir un
bucle suplementario.
Tornada: a quienes se quejan de que esta
imposición de toda transacción monetaria corre el riesgo de provocar la huída de la
monetarización de la economía y fomentar los intercambios no monetarios y una
disminución del consumo, respondería que el decrecimiento inteligente de
algunos sectores de nuestra economía se vería enormemente facilitado. Pagarán
menos impuestos quienes desarrollen transacciones no mercantiles y vivan más
intensamente los intercambios mentales que la compra de bienes materiales. Quot erat demonstrandum.
Captura de imagen de CNN sobre el ataque suicida de Joseph Stack del 18 de febrero de 2010. Ninguna referencia al terrorismo.
El abogado y columnista de Salon.com, Glenn Greenwald, comenta una obviedad:
"Terrorismo es, al mismo tiempo, la palabra con menos sentido y la más manipulada del léxico político americano."
Esta
es la conclusión a la que llega después de analizar el tratamiento
mediático del ataque suicida protagonizado por Joseph Stack, quien
estrelló su avioneta contra un edificio civil federal en Austin, Texas,
el pasado día 18 de febrero. Los medios de comunicación se mostraron
muy reticentes a la hora de calificar el ataque de "terrorista", a
pesar de la declaración política que dejó firmada, en la que se recogen
argumentos próximos al populismo de la ultraderecha republicana.
Algunos, como el sensacionalista diario conservador The New York Post, mostraron incluso titulares comprensivos: "Un hombre harto y enloquecido estrella una avioneta contra un edificio de Hacienda". Nidal Malik Hasan u Omar Faruk Abdulmutallab en cambio, no son personas "hartas" o
"enloquecidas", sino terroristas. Como también son terroristas quienes
atacan instalaciones militares, no civiles, de las fuerzas extranjeras
que ocupan países como Iraq o Afganistán. Y cuando alguien en The New York Times reclama que las tropas estadounidenses no se contengan en sus bombardeos en Afganistán aunque mueran civiles, eso no es hacer apología del terrorismo.
Nada
nuevo en la historia del doble rasero. Una función importante del
término "terrorismo" es la de legitimar determinadas acciones políticas
y policiales contra determinados grupo de personas. Por ello resulta
importante adscribir la "acción terrorista" a una organización, cuanto
más amplia y multiforme mejor. E inversamente, para desclasificar un
acto como "terrorista" es necesario que la acción sea despolitizada y
que la protagonice un "individuo aislado". Las ideas del blanco y
cristiano Stack son similares a las del mediatizado "tea-party movement",
como las de Malik Massan puedan corresponderse a las de una determinada
tendencia islamista. Es decir, en ambos casos hay motivaciones
políticas para llevar a cabo acciones violentas. Pero si para Stack no
se quieren establecer conexiones ideológicas u organizativas de ningún
tipo, porque no hay ninguna intención de criminalizar sus ideas, con
Massan estas conexiones se fuerzan hasta el punto de insertarle en una
estructura llamada Al-Qaeda, por más que no haya pruebas en ese sentido.
Por eso Greenwald se lamenta:
"ahora
el término no tiene virtualmente nada que ver con el acto en sí sino
con la identidad del actor, especialmente su identidad religiosa."
Greenwald sólo se refiere a los musulmanes, pero en realidad el actor puede ser tanto un independentista vasco como un anarquista.
En realidad, el término nunca tuvo nada que ver "con el acto en sí",
pues cuando de "terrorismo" se trata los actos sólo cobran sentido
cuando se supeditan a la finalidad política
y, en última instancia, cuando se vinculan a determinados sujetos políticos. Greenwald
no debería sorprenderse: lo que describe es la culminación de un largo
proceso.
A la hora de debatir la fiscalidad y gasto público, lo que importa no son tanto las cifras totales como su desagregación y composición. De dónde vienen los ingresos, cómo se obtienen y a dónde va destinado el gasto público. Estos son detalles que muchas veces se pasan por alto. El último ejemplo es el del déficit público griego.
El elevado déficit público de Grecia no se debe sólo a un problema de mala gestión financiera, producto de la irresponsabilidad y la corrupción. Una de las principales partidas presupuestarias, que no por casualidad ha sido objeto de las mayores manipulaciones estadísticas, es la del gasto militar, del que apenas se habla pero que se eleva a unos 8 mil millones de euros por año, que no es poco. Grecia es el país de la Unión Europea que más presupuesto dedica al ejército en relación con su PIB: concretamente, un valor que equivale al 4,3 % del PIB en 2005, según la CIA. Compárese con el gasto de las principales potencias militares europeas el mismo año: Francia gasta una cantidad equivalente al 2,6 % de su PIB, el Reino Unido el 2,4 % y Alemania el 1,5 %. Datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estiman un porcentaje menor (3,4% en 2005, 3,3% en 2007), aunque siguen situando a Grecia a la cabeza del gasto militar en relación a su PIB.
Grecia es el quinto comprador de armas del mundo: el 31 % de su arsenal lo compra de Alemania, el 24% de Estados Unidos, el 24% de Francia y el resto de otros países. Es decir, Grecia compra más de la mitad de su armamento a Alemania y Francia, que son quienes ahora exigen al gobierno griego un duro plan de ajuste presupuestario.
Merkel junto al primer
ministro griego, Papandreu, en el centro, y Sarkozy, tras la reunión en Bruselas del Consejo Europeo el 12 de febrero de 2010. Detrás, de izquierda a derecha,
el presidente del BCE, Trichet, el presidente de la Comisión, Durão
Barroso, y el presidente del Consejo, Van Rompuy.Fotografía: Reuters.
El elevado presupuesto de defensa griego se justifica por las tensas relaciones con Turquía, en relación con la partición de Chipre. De hecho, tanto Turquía como Grecia son, por este orden, los principales compradores de armas de Alemania. Turquía tiene un gasto militar equivalente al 5,3 % de su PIB, y Chipre el 3,8 %. Esta situación conflictiva explica en parte otra particularidad griega: es el único país de la UE donde la composición detallada del gasto dedicado a defensa es secreto de Estado. En los años previos a la entrada en la zona euro, Grecia "subestimó ampliamente el gasto en equipamiento militar", según Eurostat. Las autoridades griegas habían afirmado que disponían de información completa acerca del valor real del equipamiento militar que adquiría, cuando en realidad no era así. Como la información era confidencial, sólo una pequeña parte del equipamiento militar fue registrado como gasto del gobierno, mientras que el valor de los grandes contratos de leasing de largo plazo quedaba fuera del balance. Queda por ver cuánto tiene que ver el gasto militar en la última falsificación de las cuentas públicas, descubierta por el gobierno de Papandreu en noviembre de 2009. Según los datos del SIPRI, bajo el gobierno conservador de Kostas Karamanlis Grecia habría incrementado su presupuesto militar de manera notable.
De modo que una solución europea ante el problema del déficit público griego podría pasar por resolver la partición chipriota y las relaciones con Turquía, lo que a su vez tendría consecuencias para la industria militar europea. La UE exige a Grecia que en 2010 reduzca el déficit cuatro puntos porcentuales, del 12,75% del PBI hasta el 8,7%, y situarlo por debajo del 3% como muy tarde en 2012. Esos cuatro puntos se corresponden aproximadamente con el desorbitante gasto militar. Una reducción del gasto militar del 4,3 % al 1% en unos pocos años permitiría una reducción significativa del déficit sin tener que recortar drásticamente partidas de gasto necesarias socialmente. No parece que el complejo militar industrial franco-alemán esté dispuesto a hacer semejante sacrificio.
Ilham Moussaïd, militante del Nuevo Partido Anticapitalista francés.
En la polémica que afecta estos días al Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) francés, a propósito de la presencia de Ilham Moussaïd, una mujer de 22 años que porta el hiyab,
en la cuarta posición de la lista del partido para las elecciones
departamentales de Vaucluse, no sé que es peor. Si la calculada
indignación de los laicistas con palco preferente en los medios
(reaccionarios, no laicos), o la lamentable respuesta de muchos
militantes de izquierda, incluyendo muchos de su propio partido.
A Jean Luc Melenchon, del Partido de Izquierda, le da un arrebato soberanista: "El movimiento obrero siempre ha pagado el pasaje a la religión y a la ostentación. Esto impide la unidad." "Si
esta joven piensa unir, se equivoca: divide. Le pido que saque
lecciones de la historia de Francia. No porque se trate de la historia
de Francia, sino porque hemos conocido tres siglos de guerras de
religión." En un comentario que podría suscribir el Frente Nacional, añade: "En
este momento, tenemos la sensación de que la gente va más allá de las
estigmatizaciones: se estigmatizan ellos mismos -porque qué es llevar
el velo, si no infligirse un estigma- y luego se quejan de la
estigmatizacion de la que se sienten víctimas."
El líder del Frente de Izquierda, Pierre Laurent (Partido Comunista Francés), continúa con la idea del estigma: "El
riesgo consiste más bien en contribuir a una cierta estigmatización de
los barrios populares que son más diversos, más variados que eso. Es
añadir una caricatura a la caricatura."
Curioso argumento. Con el fin de que no se estigmatice a los barrios populares, hay que renunciar a ser como uno es.
Más al centro (o a la derecha, según se mire), Martine Aubry asegura que ella "no hubiera aceptado" que en las listas socialistas se incluyera a una mujer "velada".
Da
igual que Ilham Moussaïd lleve puesto un pañuelo que permite mostrar su
rostro. Que tanto el Partido Socialista francés como el Partido
Comunista tengan representantes políticas que llevan hiyab, en ciudades como Creil o Echirolles.
O que en todos los partidos haya gente tanto o más religiosa que
Moussaïd, sean cristianos o musulmanes. Parece que, efectivamente, "algo huele a podrido en Francia" (G. Verhofstadtdixit) y en toda Europa.
Los
ataques al NPA, destinados a provocar a la vieja guardia trotskista de
la LCR, se explica por la cercanía de las elecciones regionales de
abril, pero no tendría mayor repercusión si no existiera un consenso
islamófobo, que se ha ido consolidando con la prohibición del velo en las escuelas, con las sucesivas propuestas de
prohibición del velo integral (burqa, niqab) o el debate sobre la "identidad nacional".
Muchos
militantes del partido de Moussaïd no han ocultado su incomodidad con
esta polémica y algunos han mostrado una clara oposición. En el comunicado
consensuado en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del NPA, el
mensaje es más de tolerancia y respeto a la decisión del comité de
Vaucluse -eso sí, dejando claro que "no crea jurisprudencia" a
nivel nacional- que de apoyo explícito a Moussaïd. De un modo que
recuerda a las obligadas condenas al terrorismo cada vez que uno
critica la vulneración de derechos y libertades, el comunicado se ve
obligado a añadir que "el pañuelo no sólo es un símbolo religioso
visible sino un instrumento de sumisión de las mujeres, utilizado bajo
diversas formas y en épocas diversas por los tres monoteísmos,
aunque Ilham no lo viva de esta manera." ¿Y si mujeres como Ilham lo viven como un símbolo de resistencia? Comentarios como éste suponen el reconocimiento de que es Moussaïd el
problema, con lo que aceptan los términos de una polémica impuesta por la elite dominante. En España, el partido Izquierda Anticapitalista habla también de una "decisión sin duda problemática".
Previamente, Olivier Besancenot había denunciado, con acierto, el "clima nauseabundo, islamófobo, que llega a ser insoportable", pero cuando Le Mondele pregunta
si hubiera defendido la decisión de incluirla de haber sido adoptada a
otro nivel que el regional, el entrevistado responde de manera evasiva:
"mi posición personal, voy a aportarla primero a los militantes. Vamos a gestionar este debate." Para luego añadir: "No vamos a excusarnos por haber buscado volver a arraigarnos en los barrios populares".
Efectivamente, no tiene por qué excusarse, pero con ese lenguaje
táctico por momentos parece que sí que lo hace. Reconoce la islamofobia
reinante, pero en sus palabras cuesta encontrar una argumentación
solvente que rebata las acusaciones de connivencia con "los musulmanes
tradicionalistas y reaccionarios", como sentencia Caroline Fourest, quien sólo reconoce un único significado al hecho de llevar el pañuelo. Valorar a Moussaïd por su representatividad despolitiza su compromiso e insiste en una determinada concepción esencialista del pañuelo. Por supuesto que la participación de mujeres como Moussaïd tiene implicaciones políticas: la más importante, el rechazo a la exclusión de la política a determinadas categorías de trabajadores.
El
rechazo generalizado al hecho de que un partido político de izquierdas
pueda presentar en sus listas a una mujer que no esconde sus
referencias culturales o religiosas es una buena muestra de la
involución del republicanismo francés, que produce minorías al
tiempo que pretende invisibilizarlas, es decir, excluirlas. Este
proceso de segregación y exclusión es estimulado por una política
migratoria orientada a controlar amplios segmentos de los trabajadores.
Frente a estos hechos consumados, nos encontramos con la desorientación
de una izquierda incapaz de llevar a cabo una crítica postcolonial,
atrapada aún en un esquema nacionalista y republicano de origen burgués
y, en el fondo, de esencias católicas.
¿Y qué opina Ilham Moussaïd, a quien apenas se le ha dado vela -que no velo- en este entierro?. En el diario digital Rue89 escribe, junto con Julien Salingue, miembro del NPA en Seine-Saint-Denis, una carta abierta a los militantes de izquierda:
"Nuestros
recorridos divergen, así como muchas de nuestras preocupaciones y
referencias. Y sin embargo estamos en la misma organización,
distribuímos las mismas octavillas, vendemos los mismos periódicos,
defendemos los colores del NPA porque nos reencontramos en su
orientación anticapitalista, ecologista, internacionalista,
antiracista, feminista y laica."
(...)
"Al
practicar una política voluntarista en los "barrios populares",
comprometido con la lucha contra todas las discriminaciones y todos los
racismos, incluyendo la islamofobia, el NPA adquirió una audiencia
significativa ante públicos nuevos, tradicionalmente alejados de la
extrema izquierda: entre ellos, los jóvenes herederos de la inmigración
magrebí, musulmanes o no. Y muchos de ellos se han unido a nosotros.
¿Por
qué, entonces, sorprenderse o contrariarse por la presencia de una
joven musulmana en una de nuestras listas a las elecciones regionales?
¡Todo el mundo debería felicitarse!
Pero no, porque está el famoso pañuelo.
Un pañuelo que
suscita muchos miedos, desconfianzas, interrogaciones… Pero la realidad
es muy simple: ambas tenemos convicciones personales que estimamos
totalmente compatibles, incluso complementarias, con nuestro compromiso
con el NPA.
Convicciones que hacen la riqueza de nuestras identidades y que
no invalidan, más bien lo contrario, nuestra vinculación con los
principios y objetivos enunciados más arriba. Y para una de nosotras,
eso se ve. Simplemente. Lo esencial no es tanto cómo la sociedad
francesa o las organizaciones políticas interpretan el significado
oculto de este « signo visible », sino la significación concreta que le
da quien lo lleva."
Son otros los que quieren convertir este pañuelo en el elemento central de su compleja identidad, los únicos que se ven autorizados para explicar su significado, los que niegan toda posibilidad de reflexión positiva mediante el empleo de códigos referenciales islámicos, los que plantean una concepción monolítica y esencialista del hecho religioso, los que, de este modo, reservan la visibilidad en el espacio político precisamente a las posiciones islamistas más reaccionarias, aquellas que se ajustan mejor a la imagen demoníaca que promueven. Desde su perspectiva, mujeres como Ilham Moussaïd siempre representarán, sin duda, un problema.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE) Jean Claude Trichet y la canciller alemana Ángela Merkel. Fotografía: BCE.
Tomado del blog del economista francés Paul Jorion, traduzco una parodia de un fragmento -también paródico- del Acto III de la opereta "La bella Helena" (1864), de Jacques Offenbach.
“Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando” Warren Buffet, citado por The New York Times, 26 de noviembre de 2006
Bastó
que algunos recuperaran beneficios y reforzaran posiciones -con dinero
público- para que los banqueros volvieran al redil de Davos y
entre todos olvidaran cualquier pretensión de cambiar de dogmas y
renunciar a ciertos privilegios. Si ante la presión ciudadana los
gobiernos se atreven a amagar con tasas Tobin o similares, los
"mercados" tienen que dar un golpe de mano. Como dice Nicolas Sarkozy,
lo más que se puede hacer es "moralizar el capitalismo", lo que
por lo visto pasa por demonizar el déficit público -como en los viejos
tiempos de Maastricht-, por culpabilizar a los ancianos que osan vivir
sin someterse más al trabajo asalariado y a los trabajadores que se
resisten a sufrir la enésima reforma del mercado laboral, y por
criminalizar a determinadas categorías de inmigrantes.
Por más que se nos quiera convencer de lo contrario, la llamada crisis
financiera refleja una crisis sistémica del capitalismo, lo que incluye
un aspecto esencialmente político de gobernabilidad. En medio de las
turbulencias provocadas por el crack financiero de 2008, fueron muchos
los dedos que apuntaron a la luna, pero con cifras ligeramente
positivas de PIB ahora pretenden que sólo miremos la uña del dedo, y con gafas distorsionadas. Países
que han superado -provisionalmente- la recesión, países que continúan
en recesión económica, y países cuyo PIB no ha dejado de crecer.
Fuente: The Guardian
Durante estos últimos meses los neoliberales más recalcitrantes vuelven a sacar pecho, como si no hubiera pasado nada. En la pelea ideológica en la cumbre
por "salvar" el capitalismo encontramos, por un lado, a los Warren
Buffet que, como en la era Bush de los regalos fiscales, pretenden
seguir ganando sin hacer compromisos ni concesiones; y, por otro,
quienes se preocupan por resolver las contradicciones del capitalismo,
integrar el antagonismo social, y asegurar su sostenibilidad mediante la adopción de un New Deal. Pero
todos ellos pretenden minimizar las transformaciones democráticas.
La burbuja inmobiliaria y los derivados financieros
permitieron durante
los últimos treinta años compensar la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios y esbozaron una manera de valorar -y controlar- la
producción biopolítica de la sociedad. Si los keynesianos apuestan por
impulsar la demanda por la vía del gasto público, los
neoliberales confiaron -y todavía confían- en que la generación de
plusvalías de los mercados financieros mediante el endeudamiento
generalizado, aún de las franjas más pobres o precarizadas (y con más
riesgo de insolvencia), cumpla el mismo papel. Pero si, como sucede
ahora, las finanzas no logran compensar la disminución del salario
medio, se acaba socavando la base social de la producción y poniendo en
riesgo los mismos privilegios que se desean mantener. Esta es la gran contradicción del capitalismo contemporáneo:
"la
incompatibilidad de una ganancia desigual con la necesidad de ampliar
la base financiera para continuar desarrollando el proceso de
acumulación. Este nudo contradictorio no hace sino poner en evidencia
una irreductibilidad (un exceso) de la vida de buena parte de los
sujetos sociales a la subsunción [del capital] (ya sean fragmentados
singularmente o bien definibles en segmentos de clase)." *
La crisis europea,
con los recientes ataques especulativos a cuenta de la deuda soberana
de los países mediterráneos, es una buena muestra de estas
contradicciones, y de la dificultad de encontrar una salida política
con las vigentes estructuras neoliberales de gobierno. La prensa
española cita a Paul Krugman cuando afirma que es España, y no Grecia, el epicentro de las tribulaciones financieras de la zona euro, pero ignora deliberadamente el centro de su argumentación:
que el problema no es la irresponsabilidad fiscal de Grecia o España
(que tenía el famoso superávit antes de la crisis y cuya deuda pública
sigue siendo hoy baja comparada con otros países de la OCDE), sino el
hecho de tener "una unión monetaria sin una integración fiscal y del mercado laboral." Es decir, sin una integración política.
Un New Deal como el que reclaman los neokeynesianos como Krugman sólo
es posible en un marco supranacional que en Europa, a pesar del Tratado
de Lisboa, no existe. Esto tiene consecuencias para países como España:
España
no puede devaluar su moneda. Desde que se adoptó el euro ya se sabía
que a falta de poder realizar ajustes en el tipo de cambio nominal, los
inversores exigirán un ajuste en el tipo de cambio real deprimiendo
precios y salarios (véase lo sucedido en Letonia). Si Alemania se lo
puede permitir es porque exporta la crisis a la periferia europea. Como
afirman
Pascal Canfin, Daniel Cohn-Bendit y Sven Giegold en Le Monde, en una
zona integrada económicamente como la zona euro, los déficits de unos
forman los excedentes de los otros.
Los Estados europeos
periféricos tampoco pueden contar con transferencias federales como
California o Florida en los Estados Unidos. El presupuesto comunitario
no puede superar el 1 % del PIB, mientras que el presupuesto federal
estadounidense alcanza el 20%. El rechazo a apoyar al Estado griego con
fondos del presupuesto de la Unión Europea tiene que ver con la
obsesión por mantener dicho techo presupuestario, que podría romperse
si se diera una avalancha de peticiones de ayuda.
En el marco del fracasado pacto de estabilidad y crecimiento,
el gobierno español -más papista que el papa- se ve obligado a
comprometerse a reducir el déficit público por debajo del 3% de aquí a
unos pocos años aunque países como Alemania
o Francia no lo hayan respetado cuando convenía hacerlo, mientras el
Banco Central Europeo sigue teniendo como prioridad en su política
monetaria contener una inflación inexistente.
La
fiscalidad de los Estados, heredada en lo básico de la era fordista, se
basa en una imposición indirecta o directa -sobre la renta salarial- que no es progresiva, ni justa, ni suficiente. Como recuerda Martín Seco,
el déficit público español -como el de otros países- se debe
fundamentalmente al descenso de la recaudación, no al incremento del
gasto público. Este déficit sigue siendo más bajo que el de otros
países de la eurozona. Y la banca española, que reclama un recorte de
los salarios, omite mencionar que el endeudamiento en España es sobre
todo privado.
Deuda
pública como porcentaje del PIB, en 1997 y 2007. La deuda pública
española en relación con su PIB es relativamente baja, en comparación
con otros países de la OCDE. Fuente: OCDE, tomado del blog de P. Krugman
A falta de ingresos vía impuestos, los Estados recurrieron a la emisión de
bonos de deuda
para apoyar al sistema financiero, sembrando las condiciones para una
nueva burbuja. Amarga ironía: los
acreedores privados han aprovechado esta coyuntura y las carencias
políticas de la zona euro, para fomentar la
desconfianza sobre las capacidades de los Estados para reembolsar su
deuda y atacar de este modo los sistemas de protección social en
Europa. No es sólo que quieran obtener elevados beneficios, como George
Soros cuando provocó la devaluación de la libra esterlina en 1992; el
objetivo es imponer determinadas políticas.
Pretenden evitar que los gobiernos lleven a cabo políticas de estímulo
de la demanda mediante el gasto social y sobre todo quieren evitar
cualquier evolución política que implique una reapropiación colectiva
de la riqueza producida socialmente.
El ataque financiero debe considerarse, por tanto, un ataque preventivo, lo que en un lenguaje mafioso se llamaría "una lección". Es el tono matón de los diarios financieros: "si el joven Papandreu falla esta vez, Grecia será castigada aún más duramente", advierte The Economist. Si los inversores se ensañan con Grecia no
se debe a la incompetencia o corrupción de sus gobiernos, sino a su
"debilidad" frente a la presión social a favor de cambios radicales,
puesta de manifiesto en el vuelco electoral de octubre de 2009. Ya en
diciembre de 2008, a los pocos días de que estallara la gran revuelta que se extendió por todo el país tras la muerte de Alexandros Grigoropoulos, el margen adicional de interés (spread) que se cobra con respecto al tipo de interés de los bonos alemanes alcanzó los niveles más altos
desde que Grecia adoptara el euro. En el caso español, se teme que en
el futuro el gobierno pueda embarcarse en políticas "equivocadas", algo
que el presidente del Banco Santander Emilio Botín, gran valedor -y beneficiario- de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha apresurado a desmentir.
Mientras chispazos como el griego no inflamen Europa, no habrá nada que
temer, aunque haya millones de parados. ¡España no será Argentina, ni Islandia! Botín, como Buffet en su día, tiene claro quiénes se están saliendo de momento con
la suya. Nosotros seguimos debatiendo cómo demostrar que se equivocan.
* "Nada será como antes. Diez tesis sobre la crisis financiera", Andrea Fumagalli (comp.), La gran crisis de la economía global, Traficantes de sueños, octubre de 2009.
