Quilombo

La sentencia que pronunció el pasado martes la Corte Internacional de Justicia, relativa al caso presentado por el gobierno argentino en 2006 contra la instalación de fábricas de pasta de celulosa en Fray Bentos, Uruguay (destinada a la exportación para la industria papelera de Europa y Asia), ha confirmado las previsiones. Es decir, por un lado la Corte declara que el gobierno uruguayo incumplió las obligaciones de procedimiento que establece el Estatuto del Río Uruguay 1975, al no notificar ni negociar estos proyectos en tiempo y forma en el marco de la Comisión Administradora del río (CARU), cuyo papel reivindica la sentencia. Por otro lado, establece que Uruguay no ha vulnerado sus obligaciones sustanciales, las que hacen referencia al control del posible perjuicio medioambiental.


Imagen de la planta de celulosa captada el lunes 19 de abril.
Foto: EFE

Según la Corte Internacional, Argentina no ha demostrado que las plantaciones masivas de eucalipto -que aportan materia prima a la fábrica Orion de Botnia- tengan un impacto negativo en el río Uruguay (artículo 35 del Estatuto), ni tampoco ha podido probar que Uruguay haya incumplido la obligación de prevenir la contaminación y preservar el medio acuático (artículo 41). No se habría presentado, pues, ninguna prueba concluyente que demuestre que Uruguay no haya actuado con la diligencia debida o que los vertidos de la planta de Botnia -ahora en manos de UPM, tras una reestructuración del capital- hayan dañado los recursos vivos o la calidad del agua desde el inicio de sus operaciones en noviembre de 2007. La sentencia no dice que la fábrica no contamine. Simplemente afirma dos cosas: que según los informes de control que se han presentado, los vertidos de Botnia/UPM respetarían los estándares internacionales, los establecidos por la CARU o las Mejores Técnicas Disponibles (BAT, en inglés) que la Comisión Europea acuerda con la industria, "salvo algunos casos en los que se excedieron los límites"; y que no puede constatarse que el posible incremento en sustancias fenólicas, dioxinas, furanos, etc. en el río se deba sólo a los vertidos de la planta de celulosa y no a otras industrias presentes en la región (aunque la instalación de UPM sea la más importante).

Por estas razones, la Corte no impone ningún tipo de indemnización y considera legal la instalación de las instalaciones de la empresa finlandesa UPM en Fray Bentos, Uruguay (la española ENCE alteró su proyecto original a instancias del gobierno español, y trasladó la ubicación de su fábrica unos kilómetros al sur, para luego venderlo). La fábrica se queda.

Ambos gobiernos mostraron su satisfacción. El gobierno uruguayo, porque se confirma la legalidad de la mayor inversión extranjera realizada en el país, aunque se haya vulnerado el procedimiento que establece el tratado bilateral. El gobierno argentino, porque con la sentencia espera renovar las relaciones con Uruguay y desactivar definitivamente el movimiento ciudadano de la ribereña Gualeguaychú, que mantiene cortada la ruta internacional 136 desde hace tres años y medio. La presión mediática y política contra la "irracionalidad" de los asamblearios previsiblemente se intensificará. Pese a la retórica nacionalista de ambos países, lo cierto es que el gobierno argentino nunca tuvo un interés especial en impedir la inversión de Botnia. Cuando el gobierno argentino remitió el diferendo a la Corte Internacional de La Haya, lo hizo por motivos de política interior, forzado por las movilizaciones populares en la provincia de Entre Ríos (donde se encuentra Gualeguaychú) y los cortes de carreteras con el país vecino. Con ello conseguía reducir la controversia a un problema bilateral con Uruguay (dejando de lado a Mercosur y a Finlandia), al que presionaba para negociar una solución que salvara la cara a ambas partes.

Como recuerda Mario Wainfeld en Página12, "la protesta social fue una constante en la época de los Kirchner y, contra lo que predica el sentido común dominante, se ejercitó mayormente en su contra." Se trata de una situación muy diferente a la uruguaya. Los Kirchner han buscado reforzar la legitimidad del Estado -seriamente tocada tras la grave crisis de 2001-2002- y la "paz social", estableciendo para ello relaciones complejas y ambiguas con los movimientos sociales. Raúl Zibechi lo resume de la siguiente manera:

"La mayor parte del movimiento piquetero fue cooptado por el Estado a través de los planes sociales y la designación de dirigentes en cargos de gobierno. El movimiento de derechos humanos, y muy en particular la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que había jugado un papel destacado en la resistencia al neoliberalismo en la década de 1990, se convirtió al oficialismo y pasó a defender sin fisuras las políticas gubernamentales. Una parte de las asambleas barriales desaparecieron.

Sin embargo, no todo es retroceso. En los últimos cinco años han surgido infinidad de colectivos, muchos de ellos vinculados a temas ambientales como la minería a cielo abierto, la forestación y los monocultivos de soja. Así nacieron unas cien asambleas locales (algunas muy pequeñas, pero muy activas) coordinadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que se ha convertido en uno de los actores más activos en resistencia contra la minería multinacional. "

La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú fue determinante en la creación de la UAC. Muchas comunidades del país comenzaron a formar asambleas ciudadanas para rechazar proyectos mineros siguiendo su ejemplo. El activismo de la asamblea puso la ecología en la agenda política de Argentina, interviniendo en cuestiones antes reservadas para técnicos y especialistas de la industria. Su lucha ha puesto de manifiesto:

- Cómo gobiernos que se presentan como alternativa del neoliberalismo promueven en realidad un modelo de desarrollo económico (en ambas orillas) basado en la especulación, el monocultivo (plantaciones de eucalipto, soja transgénica) y la acumulación por desposesión. Como muestra de la movilidad de los capitales, tanto Botnia como ENCE acabaron vendiendo sus megaproyectos a otras corporaciones del sector.

- Los límites de la soberanía estatal y del derecho internacional clásico en la gestión de bienes comunes como el río: en particular, a la hora de aplicar principios como el de prevención frente a los intereses del capital. No existe una regulación clara en torno al alcance que deben tener los estudios de impactoambiental. Estos, al ser encargados por instituciones interesadas en el proyecto (como el Banco Mundial), suelen descartar o minimizar aquellos datos que puedan comprometerlo. Además, los estándares europeos que se emplean como referencia son establecidos en un proceso tortuoso dominado claramente por la industria de cada sector. En el caso del sector papelero, el documento de referencia data de 2001 y su actualización no ha concluido todavía. Una instalación con las dimensiones de la planta de Fray Bentos, aún respetando los citados estándares, implica el vertido de toneladas de productos tóxicos durante un largo período de tiempo, con riesgos evidentes para la salud y el bienestar de las poblaciones ribereñas.

- La necesidad de mantener relaciones estrechas con otros movimientos, dentro pero sobre todo fuera del país, y de aquéllos con el resto de la sociedad. El juego nacionalista de los gobiernos argentino y uruguayo -formalizado en La Haya- obstaculizó la construcción de una oposición con carácter regional. La UAC supuso un notable avance en la unificación de objetivos entre movimientos y organizaciones dispersas de Argentina, con una denuncia del modelo extractivista que tanto vale para la minería en los Andes como para los proyectos celulósicos en Argentina, Brasil o Uruguay. Pero en Uruguay ha sido muy difícil ir más allá del contacto con algunas organizaciones ecologistas uruguayas (Guayubira, REDES), aisladas en medio de un discurso desarrollista que vendía las protestas argentinas -y concretamente los cortes de carretera- como una afrenta nacional, producto de la envidia y la corrupción.

- Una ruptura con la lógica de la representación, a partir del común (o procomún), a pesar del discurso patriótico. La persistencia de este movimiento durante años y de sus formas de autogestión (asamblea, rotación en los cortes de carretera) enseñan cómo esta ruptura ha sido más profunda de lo que podría parecer a primera vista. No han logrado detener la construcción de la fábrica ni su puesta en funcionamiento, pero su resistencia ha transformado sus vidas, ha cambiado radicalmente el sentido de comunidad y de la relación entre ésta y las autoridades. Éste es el peligro que el Estado ha querido contener.

Será la crisis económica mundial, y no una sentencia de La Haya, la que ponga en jaque a las corporaciones de la celulosa y del papel, que en el pasado había publicitado atractivas proyecciones de negocio que han resultado ser demasiado optimistas. Se cierran fábricas y se suspenden proyectos. Más que nunca, el sector precisa de la financiación pública que proporcionan instituciones como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones.

De momento, los asamblearios de Gualaguaychú volverán a manifestarse este domingo para mostrar de nuevo su rechazo a la planta, como cada 25 de abril desde hace seis años, en el puente internacional San Martín. Queda lo más difícil, tras el hecho consumado: reflexionar sobre una nueva estrategia, que podrá pasar por cortes de carretera o no, pero que necesariamente tendrá que hacerse junto con otros movimientos sociales de la región.

La interrupción prolongada del espacio aéreo europeo como consecuencia de las erupciones del volcán islandés Eyjafjallajökull está inspirando interesantes reflexiones (y más de un vacile a cuenta del nombre).

Una de ellas es la del activista italiano Franco Berardi, también conocido como Bifo. Traduzco un bonito texto suyo, a partir de una traducción al francés realizada por su amigo Serge Quadruppani. Por lo que toca a los españoles, podríamos sustituir Mussolini y Berlusconi por los pesados lastres del franquismo y la transición. Y, además de los noruegos, añadir argentinos, bolivianos, africanos...

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Cenizas - Franco Berardi "Bifo"

Estoy atrapado en una bella ciudad de la costa oeste de Noruega que se llama Trondheim. Justo en frente de Islandia. Debía partir el jueves y volar hasta Bolonia, donde había una reunión de "Bolonia ciudad libre". Pero esta mañana, mi amigo Jean me telefoneó para decirme que pasaba algo que implicaba la anulación de todos los vuelos, y que debía partir al día siguiente. Al día siguiente, voy al aeropuerto y me dicen que debería esperar otro día más. Después, comencé a reflexionar. La ceniza no se irá tan rápido. Permanecerá en el cielo europeo durante días y semanas. Los periódicos de aquí ya lo dicen claramente. Las compañías aéreas están tratando de imaginar el efecto sobre sus negocios, ya afectados por la crisis financiera. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la clase dirigente europea está bloqueada en tierra. No pueden moverse. El grupo dirigente polaco, homófobo y racista, ha sido aniquilado por el cielo imprevisible. Ahora el cielo está simplemente declarando el fin de esta Unión Europea basada en la avaricia y el racismo. 

La Unión Europea, que no ha sabido ni querido afrontar la crisis griega, que no quiere ni sabe enfrentar la recesión con el abandono de las políticas neoliberales que provocaron la recesión, está ahora condenada.

Lo que está sucediendo es un llamamiento a la acción y al pensamiento. Los productores de la inteligencia colectiva y los poetas de toda Europa deberían comenzar a luchar por Europa.02, por un nuevo concepto que esté basado en la potencia del trabajo intelectual, no en el dominio financiero del Banco Central.

Pero nadie responde a este llamamiento. Los intelectuales franceses están muertos, los que respiran y escriben en los periódicos son viejos maoístas arrepentidos de su pasado que lamen el culo al poder económico. Los intelectuales italianos están cegados por las lentejuelas de la dictadura del bufón. Dicen mantras en defensa de la constitución italiana (y hacen bien) pero no comprenden que la infección no será arrancada de raíz del pueblo italiano. El pueblo italiano no fue capaz de liberarse de Mussolini en 1939, colgaron por los pies el cadáver de un dictador que fue vencido por los anglo-americanos. Mi padre fue partisano, pero nunca ocultó esta verdad. Lo mismo está pasando ahora: Berlusconi jamás será derrotado por los italianos, será derrotado por los nuevos europeos. Hace unos días, hablando en una asamblea pública en la ciudad de Stavanger, en Noruega, pedí a los intelectuales noruegos que entraran en Europa. Me respondieron: ¿por qué  deberíamos hacerlo? La Europa existente sólo es capaz de explotar el trabajo y desplazar las energías y recursos sociales en provecho de los bancos. Nosotros los noruegos utilizamos la riqueza del petróleo para el bien común. En efecto, los obreros noruegos ganan salarios de 50.000 euros al año y los servicios sociales son mucho mejores que en cualquier otro país del continente neoliberal. ¿Por qué deberían renunciar a su petróleo a cambio del despotismo avaro del Banco Central Europeo?

Pero yo les respondí: les entiendo. Pero la Europa de la que hablan está destinada a morir pronto. Debería construirse una nueva Europa, basada sobre la amistad y sobre la creatividad, no sobre la avaricia, la chabacanería y el racismo. Vengan a Europa a ayudarnos a destruir la dictadura del Banco Central. Vengan a Europa a ayudarnos a destruir el racismo ignorante de Schengen.

Las redes exceden y atraviesan las organizaciones, entendidas como estructuras con fronteras claramente definidas. En las redes se conectan elementos dispersos y relativamente autónomos. Aplicado a los seres humanos, lo importante en esta perspectiva es la relación social, la comunicación entre las personas. La acepción académica continúa teniendo una connotación negativa: las redes no son de fiar. Una trama es lo mismo pero peor visto aún. En una trama entendemos esta relación como una confabulación en la sombra en la que unos pocos consiguen determinados objetivos en detrimento de los demás.

Si en el pasado el poder se encontró con problemas para "pensar en red", en los últimos años parece haber hecho de la necesidad virtud. Por ejemplo, al definir cuáles son las redes, qué elementos las componen y cómo son las conexiones, como el astrónomo que traza líneas imaginarias entre las estrellas, en función de una idea preconcebida, con el fin de dibujar un mapa de constelaciones con el que poder orientarse. Es lo que pasa con el concepto de terrorismo, donde se ha encontrado un filón inagotable: en unos casos, las personas físicas y jurídicas pierden relevancia en favor de un entramado social cada vez más amplio (el "entorno"); mientras que en otros, se tratan redes dispersas como si formasen parte de una misma persona jurídica ("al Qaeda"). Nos encontramos frente a una noción expansiva que pretende superar los engorrosos límites de la responsabilidad penal individual.

Definidas así, y tras pasar un filtro legal, las redes servirán para ampliar el alcance del derecho penal, pero pueden limitar el de la política. Esto es evidente en los casos de corrupción. Tal y como las describe la prensa y sobre todo los tribunales, las grandes tramas de corrupción son pobres descripciones de prácticas generalizadas, de formas de hacer las cosas, de arreglos informales que suelen ir más allá de los presuntos implicados y que conforman costumbres que unas veces se sitúan al margen de la legalidad codificada, pero sin infringirla, mientras que otras las vulneran abiertamente. Al determinar unas pocas manzanas podridas que se habrían desviado de una hipotética normalidad, se espera que el proceso judicial opere como un sacrificio ritual que zanje el debate en términos exclusivamente normativos o moralistas. El sacrificio desactiva las preguntas más incómodas: sobre las relaciones entre entre nosotros y el poder; entre la acumulación de capital y esas prácticas que de repente afloran a la superficie en tiempos de crisis; en suma, sobre la tan cacareada normalidad democrática.

En la práctica, la ocupación israelí se asemeja un trabajo en equipo, aunque haya un jugador consentido que insista en ir por libre. Es al menos lo que intenta el llamado Cuarteto y sus colaboradores. Estados Unidos vende armas a Israel y Egipto -otro gran receptor de ayuda militar estadounidense- colabora en el bloqueo a Gaza. En Cisjordania la Autoridad Palestina se mantiene a flote gracias a la Unión Europea, que aporta dinero a cambio de docilidad; al Fondo Monetario Internacional (FMI), que controla su política económica; y al Banco Mundial, que prevé financiar una "red social de seguridad" que amortigue el descontento popular. Además, varios países occidentales preparan a sus fuerzas de seguridad. Todo este esfuerzo conjunto va destinado a conseguir un "Estado", entendiendo por tal una administración palestina que sea aceptable para Israel, pero también para Estados Unidos y, en menor medida, la UE.

Para ello se aplican reformas estructurales como la privatización de la distribución de electricidad o la reducción de la masa salarial del sector público, como propone el FMI para Cisjordania, pues Gaza sigue condenada a un bloqueo económico brutal sin parangón en el mundo. En su último informe técnico ("Staff Report for the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee"), presentado ayer en la reunión de donantes (sic) en Madrid, el FMI explica la reciente evolución de las economías de ambos territorios. En él aparece un gráfico que muestra a las claras en qué consiste actualmente el "proceso de paz".


El gráfico ilustra la evolución del PIB real per cápita de ambos territorios a partir de un valor 100 que toma como referencia el año 1999. Estadísticas imperfectas, que hay que acoger con precaución, pero que expresan una tendencia evidente. El FMI reconoce, en primer lugar, que existe una correlación entre los índices de crecimiento económico de los territorios y las excesivas restricciones que impone Israel a la circulación de personas (con 700 checkpoints en Cisjordania) y mercancías, tanto al interior de los territorios palestinos, como entre éstos y el exterior. También cabe destacar los fuertes obstáculos a la inversión: ni la Autoridad Palestina ni los ciudadanos palestinos pueden invertir en la denominada Área C, es decir, el 60 % del territorio cisjordano, bajo control directo de Israel.

En segundo lugar, muestra que hemos pasado de una situación en la que Gaza y Cisjordania evolucionaban de manera similar (o incluso con un crecimiento ligeramente mayor en Gaza, en cuanto se relajaban un poco los controles israelíes) a otra de creciente divergencia entre las economías de ambos territorios. Por un lado, la economía de Gaza se ha hundido como consecuencia del persistente bloqueo. Mientras tanto, desde el nombramiento de Salam Fayyad como primer ministro de la Autoridad Palestina en 2007, Cisjordania mantiene un crecimiento económico sostenido dentro de un marco general de penuria. Para el año 2009, el FMI estima en un 1% el crecimiento del PIB en Gaza y en un 8,5 % el crecimiento en Cisjordania, reflejo del dinero que el gobierno de Fayyad ha recibido de sus interesados contribuyentes. 

Aunque en el citado informe el FMI recomienda el levantamiento de muchas de las restricciones impuestas tanto a Gaza como a Cisjordania, lo cierto es que Israel apenas ha recibido una presión digna de tal nombre para que obre en ese sentido. En este macabro experimento, los "donantes" esperan que la asfixia controlada de Gaza y el "buen ejemplo" cisjordano refuerce a la Autoridad Palestina y mueva a los palestinos a rechazar a Hamas, a la que se niega la condición de interlocutor válido. Pero más bien parece que estén logrando lo contrario.

El gobierno de Netanyahu contribuye, con su particular estilo, a la desconexión entre los territorios ocupados. Ayer mismo entró en vigor la orden militar 1650 del ejército israelí (IDF) que automáticamente convierte a decenas de miles de palestinos de Cisjordania o de Jerusalén en criminales que pueden ser deportados o condenados a fuertes penas de prisión, según le plazca o no al IDF. La orden amplía la definición militar de "infiltrado" (vigente desde 1969) a toda persona que esté presente en Jerusalén o en Cisjordania y que no tenga un permiso considerado válido por las autoridades israelíes. Esta medida afecta, por ejemplo, a quienes hayan nacido en Gaza y a sus descendientes, a activistas internacionales, a los cónyuges extranjeros de muchos palestinos y a quienes perdieron su estatus de residente tras la ocupación en 1967. Vale la pena recordar que fue un sistema de permisos (pass laws) el que configuró el núcleo legal del apartheid sudafricano.
 
Hace poco Salam Fayyad volvió a comunicar su intención de declarar un Estado palestino en 2011. No está claro en qué estado se encontrarán entonces los palestinos.

La Audiencia Nacional española, antiguo Tribunal de Orden Público, acaba de absolver a los cinco directivos del diario Euskaldunon Egunkaria que estaban procesados por presunta integración en ETA: Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi, Iñaki Uria y Joan Mari Torrealdai.

Siete años -¡siete!- después de que el juez Juan del Olmo decretara el cierre y el embargo preventivo de los bienes de un periódico que nunca volvería a abrir. Después de que la Guardia Civil hubiera detenido en régimen de incomunicación y torturado a Otamendi y sus compañeros, frente al silencio o las justificaciones de muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras con las imputaciones a Baltasar Garzón. Conviviendo con la posibilidad de enfrentarse a penas de prisión de doce a catorce años, que se dice pronto. En su sentencia absolutoria, el tribunal confirma principios elementales -que los informes policiales carecen de naturaleza pericial-, critica el cierre cautelar del periódico y aprecia claros indicios de tortura:

"Por último, en la valoración de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada –que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación."

El tribunal no puede llegar a ninguna conclusión al respecto. Fantástico. Tendrá que ser otro.

Aquí no acaba esta historia. Como recuerda Luistxo Fernández en su excelente blog sobre el caso, queda el llamado "sumario económico" (y un probable recurso al Tribunal Supremo). Como queda también exigir responsabilidades a la Guardia Civil y a quien era Ministro del Interior en la época en que se produjeron las detenciones (el infame Ángel Acebes). Y, ya de paso, reclamar la disolución de la Audiencia Nacional. Aunque esto último sería como pedir peras al olmo.

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Actualización:
- Lo que se dijo de Egunkaria, recopilado en el Twitter de Javier Vizcaíno. Rescato algunas perlas vomitivas: José María Calleja (Premio Miguel Ángel Blanco a la convivencia): "El señor Martxelo Otamendi es un etarra en comisión de servicios, que tal y como se ha puesto de manifiesto ha puesto una serie de denuncias de presuntas torturas siguiendo el manual de los etarras".
Isabel Durán: "Hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación, su empresa editora, financiaba a ETA".
- Berrinche conjunto de AVT y Dignidad y Justicia, erre que erre: "la indemnización que el Estado tendrá que pagar a los acusados se convertirá en dinero que servirá para financiar el entorno terrorista, con todo lo que eso supone." "Partidos políticos, instituciones democráticas y medios de comunicación han tomado partido –por primera vez y de manera descarada- por los acusados y no por las víctimas del terrorismo. Esto es algo que quisiéramos que sirviera de precedente de lo que NO debe hacerse respecto a un proceso por un delito de terrorismo."

The Real News está publicando, por partes, una interesante entrevista realizada al lúcido activista israelí Michel Warschawski por el director de la cadena, el periodista Paul Jay. A Warschawski lo he citado alguna que otra vez en este blog.

Aquí dejaré dos de los tres vídeos que se han subido a la red hasta fecha de hoy, por estar muy relacionados, y cuyas transcripciones en inglés pueden encontrarse en la página de TRN. En el primero responde a una delicada pregunta: ¿qué pasó con el movimiento pacifista israelí? Según Warschawski, se disolvió en una semana tras la cumbre de Camp David de agosto de 2000, cuando Ehud Barak regresó denunciando que Arafat había rechazado sus "generosas" propuestas y que en realidad seguía siendo un peligroso terrorista que pretendía destruir Israel. Este paso precede a la visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas y el inicio de la segunda intifada. El segundo golpe al movimiento pacifista llegó con los atentados del 11-S: la amenaza ya no era Arafat o los palestinos, sino el Islam, e Israel se supone que está en primera línea del frente para defender una "civilización judeo-cristiana", imaginada ignorando por completo la historia de los judíos europeos. Los israelíes han interiorizado este discurso de tal modo que cuando el ejército israelí bombardeó Gaza entre los últimos días de 2008 y enero de 2009, Warschawski pudo comprobar con horror cómo muchos amigos y antiguos compañeros de lucha acabaron justificando la masacre.

Relacionada con la descomposición de los movimientos pacifistas de izquierda en Israel, el segundo vídeo se centra en la generalización del discurso racista, que se ha vuelto respetable en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad israelí. Warschawski lo ejemplifica con el desprecio con el que fue tratado en la televisión Jamal Zahalka, parlamentario palestino-israelí y dirigente del partido Balad, durante una discusión sobre la matanza de Gaza. En el Israel de Netanyahu, Barak y Lieberman la línea divisoria se establece de manera cada vez más nítida entre los judíos -que, como el propio Warschawski, pueden ser tratados con un mínimo de respeto y disfrutar de una serie de libertades- y el resto.

La espeluznante escena -el asesinato de una docena de personas, incluyendo dos empleados de la agencia Reuters, desde un helicóptero Apache- que muestra el vídeo que Wikileaks ha filtrado y publicado, en una cuidada edición, no constituye un hecho aislado, un "incidente". Forma parte de la terrible cotidianeidad que viven los iraquíes desde 2003 e incluso antes, cuando los cazas estadounidenses jugaban en las zonas de exclusión aérea iraquí. El encubrimiento de este tipo de hechos también forma parte de la rutina, como muestra la reciente manipulación de otra masacre en Afganistán (la misma Wikileaks filtró hace poco un documento de la CIA acerca de cómo manipular la opinión pública en Europa para que apoye la guerra en Afganistán: "la opinión pública de Europa occidental podría estar mejor preparada para tolerar una primavera y un verano con más bajas militares y civiles si percibieran conexiones claras entre los resultados en Afganistán y sus propias prioridades").

Las imágenes son bastante nítidas e incorporan los comentarios de los soldados estadounidenses, todo un ejemplo de la deshumanización del lenguaje militar (el vídeo comienza con una cita de George Orwell). Resulta significativo cómo se analiza y cómo se reorienta el debate para justificar la acción, desde el momento en que Wikileaks cuelga el vídeo y se difunde a velocidad de vértigo por internet. Para unos, lo peor es el encubrimiento; para otros, la forma de rematar a los heridos. Hay quienes se preguntan si los militares actuaron respetando el reglamento, lo que, según parece, depende de si quienes acompañaban al fotógrafo y al conductor de Reuters iban armados o no, aunque en ningún momento se les viera atacando a nadie. Esta discusión, como la gran mayoría de la información que se genera sobre Iraq -películas incluídas-, pretende evitar que nos preguntemos qué demonios hacen los soldados estadounidenses en ese país. Se escudriña cada píxel, pero sólo para aislarlos de una historia más amplia. Así, si los soldados parecen participar de un videojuego, nosotros también.

Por ello no podemos pasar por alto uno de los momentos clave del vídeo: cuando los soldados estadounidenses se percatan de que han herido a dos niños. Con sorna, uno de ellos declara: "Bueno, es culpa de ellos si llevan los niños al combate". La frase es todo un monumento al cinismo, y me trae a la memoria los comentarios de los militares israelíes (miembros del "ejército más moral del mundo") cuando aseguran que los palestinos emplean a sus niños como escudos humanos. Pero los niños, los hombres, las mujeres, ya estaban allí, viviendo en su ciudad, antes de que se precipitara sobre ellos el proyecto para un nuevo siglo estadounidense.

El crimen se produjo en el distrito de Al Jadida, también conocido como Nuevo Bagdad, en julio de 2007. Es decir, en medio de la famosa escalada militar (surge) ideada por David Petraeus, doctrina sobre la que se ha creado un mito que permite que ahora se aplique en Afganistán.



Al Jadida era un barrio de esos que los extranjeros llaman "mixtos": es decir, donde convivían chiíes, sunníes y cristianos asirios, etc. Ellos se veían como iraquíes, antes de que las milicias vinculadas a los partidos chiíes del gobierno (especialmente, los sadristas y los badristas ligados a la Asamblea Suprema Islámica de Iraq) se implantaran en éste y otros distritos y cometieran actos genocidas durante el fatídico año 2006. Los mapas de The Washington Post ayudan a ilustrar lo sucedido, pese a lo engañoso de la etnicización del lenguaje, que oculta las facciones políticas en conflicto.

Cuando comenzó la escalada de Petraeus en febrero de 2007 y los estadounidenses levantaron muros de hormigón en torno al mercado (que había sido objeto de un brutal atentado meses antes), prácticamente no quedaban sunníes  ni asirios, vinculados a la insurgencia. El barrio quedó en manos de las milicias de Muqtada al Sadr, el ejército del Mahdi.

 
Otro gráfico, publicado por Thinkprogress, muestra la evolución de la violencia en la ciudad y la brutal transformación social que produjo, después de varios miles de muertos y cientos de miles de refugiados. De nuevo, hay que tener cautela con el lenguaje etno-sectario que despliega el ocupante extranjero.



Cuál es el papel exacto que tuvo Estados Unidos, potencia ocupante, en el desarrollo de estos acontecimientos, es algo que todavía queda por concretar. Lo que parece claro es que, más que un espectador impotente, como mínimo fue un cooperador necesario. Según Juan Cole, "lo que parece haber sucedido realmente es que la escalada de tropas comenzó por desarmar a los árabes suníes en Bagdad. Una vez que los suníes quedaron indefensos, las milicias chiíes llegaban por la noche y procedían a la limpieza étnica. (...) Durante 2007 Bagdad pasó de tener un 65% de la población chií a al menos un 75% y probablemente más. Mi tesis sería que los Estados Unidos permitió sin querer (sic) la persecución de cientos de miles de árabes suníes y su expulsión de Bagdad (muchos de los cuales tuvieron que buscar refugio en Siria). " Un demócrata como Cole no puede admitir que haya habido una colaboración activa del ejército de su país, pese a las abrumadoras evidencias que él mismo sugiere.

Algunos no han querido que la noticia les estropee las batallas contra sus demonios particulares. Es el caso de El País, cuya edición impresa de hoy hace referencia a la filtración, casi de mala gana, después de dedicar un amplio espacio para hablar de Raúl Castro, Evo Morales, Hugo Chávez y los talibanes. Contra el eje del mal, todo vale.

La noticia de la filtración del vídeo, escondida en la página 8 de la edición impresa de El País - 6 de abril de 2010.

En las pasadas elecciones regionales francesas, la UMP sólo pudo preservar Alsacia y ganar en la isla de Reunión, donde desbancó al comunista Paul Vergès (hermano del polémico abogado), que gobernaba en el Consejo Regional desde 1998. El nuevo presidente regional de la isla, Didier Robert, quiere renegociar con el Estado francés los llamados acuerdos de Matignon, que prevén la construcción de dos grandes infraestructuras: la línea ferroviaria conocida como tram-train -que ha centrado el debate electoral- y la ruta del litoral. Robert apuesta por la segunda frente a la primera, cuya construcción se ha suspendido por considerarla demasiado costosa.

La evolución del proyecto tram-train en Reunión debería interesar a los canarios. Como comenté en su día, hace ya más de dos años, dicho proyecto guarda muchas similitudes con los planes ferroviarios de las islas de Tenerife y Gran Canaria. En ambos casos, se extiende la política continental de desarrollo de redes transeuropeas al contexto insular.


Promoción del tram-train en la prensa internacional.

La historia, el idioma, un continente y nueve mil quinientos kilómetros separan a la isla francesa de Reunión (o Rényon, en creole) del archipiélago canario. Pese a ello, ambos territorios tienen cosas en común: la insularidad, su origen volcánico, su escarpada orografía, una elevada densidad demográfica, una tasa de desempleo muy alta y un mismo estatus jurídico dentro de la Unión Europea. También cuentan con una elite político-empresarial que ha basado su prestigio y poder en la construcción y el desarrollo exponencial de infraestructuras físicas.

Tanto quienes apoyan como quienes rechazan el ferrocarril en las islas utilizan argumentos ecologistas. Pero las autoridades plantean un debate tramposo donde sólo cabe posicionarse en torno a los posibles trazados de un medio de transporte del que únicamente se presentan bondades. El tren sería, por sí mismo, "verde", de cualquier manera y en toda circunstancia. Sin embargo, como han demostrado las organizaciones ecologistas canarias, y el debate electoral en Reunión, no puede discutirse la idoneidad de la construcción de líneas ferroviarias si no es en relación con el territorio concreto y con las necesidades reales (de acceso y movilidad) que se tratan de satisfacer en un determinado contexto socioeconómico.

En Tenerife y Gran Canaria es necesario mejorar el transporte público y descongestionar la red viaria, pero la respuesta ferroviaria privilegia la velocidad sobre la accesibilidad (pueblos y barrios enteros quedan al margen), sin que se observen grandes ventajas con respecto a la guagua, y sobre todo se orienta al desarrollo de polos turísticos -saturados en el caso canario- con graves impactos en espacios naturales (soterramientos, construcción de túneles, puentes), un alto consumo energético y pérdida de suelo rústico. De hecho, las líneas de tren no sustituyen, sino que se añaden a otros proyectos de ampliación de autopistas y carreteras. En ningún momento se ha pretendido desincentivar el transporte motorizado: en Canarias el automóvil recibe un trato fiscal favorable. Se asume además un crecimiento económico y demográfico ininterrumpido que permita rentabilizar infraestructuras cuyo coste total supera con creces los mil millones de euros por isla.

Curiosamente, la relación de fuerzas políticas que apoyan y rechazan el tren parece invertirse según hablemos de la isla de Reunión o del archipiélago canario. Si en Canarias existe un consenso entre las fuerzas parlamentarias (Coalición Canaria-PSOE-PP) para fomentar el desarrollo del ferrocarril en Tenerife y Gran Canaria, mientras que la izquierda extraparlamentaria y los movimientos ecologistas y vecinales se oponen al mismo, en Reunión es el Partido Comunista dirigido por Paul Vergès -desde una perspectiva desarrollista similar- y los verdes de Europe Écologie los principales promotores del tram-train, frente a la oposición de los representantes locales del derechista UMP y las dudas del Partido Socialista, que no firmó un acuerdo con Vergès para la segunda vuelta de las elecciones regionales por esta cuestión. El clan Vergès propone el tram-train como una alternativa al "todo automóvil" pero sin dejar de apoyar la construcción de más carreteras, que es lo que proponen los verdes de Reunión.

Con todo, existe una diferencia importante entre los proyectos ferroviarios de ambas regiones. Si el tram-train se asemeja más a un tranvía (con una velocidad media de 40 km/hora y una velocidad máxima de 100 km/hora), el tren previsto para Gran Canaria se espera que alcance los 160 km/hora, mientras que los trenes del norte y sur de Tenerife se apuntan a la alta velocidad: con menos paradas, teóricamente podrían llegar a los 220 km/hora. ¿Demasiadas prisas?.

El Consejo Europeo de la semana pasada puso en evidencia la crisis política del proyecto neoliberal de integración europea, tal y como se acordó en Maastricht en 1992, y la incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos de los Estados miembros para ver más allá de sus soberanas narices. Empezando por el gobierno de la alemana Angela Merkel, que por motivos internos exigió -y consiguió- que Grecia sólo pudiera recibir ayuda en el caso de que tenga "dificultades muy serias" para financiarse en los mercados; que el eventual rescate fuera acordado por los países de la eurozona por unanimidad; que el Fondo Monetario Internacional (FMI) participe en el mismo (aunque en este caso no pueda pedir modificaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés, Banco Central Europeo obliga); y que la zona euro se comprometa a fijar duras sanciones a los que incumplan la disciplina presupuestaria.

En realidad, por "ayuda" se entiende préstamos bilaterales coordinados por los socios de la eurozona (concesión un gobierno francés cada vez más inquieto por las pretensiones del capital alemán), combinado con préstamos del FMI (con tipos de interés más bajos) que podrían elevarse a 20-22 mil millones de euros. Estos préstamos están condicionados a que Grecia lleve a cabo fuertes recortes presupuestarios, aumente impuestos como el IVA, y contraiga su economía mediante la reducción de precios y salarios. Medidas que suponen en la práctica un ataque a los trabajadores, una especie de "devaluación interna", según la expresión que emplea el economista Mark Weisbrot cuando analiza la desastrosa terapia que se está aplicando en Letonia (que lleva ya dos años con una fortísima recesión). Países como España o Portugal ya se han apresurado a adoptar medidas similares.

Que Alemania, principal potencia económica y política de la UE, reclame semejante ajuste a los países del sur de Europa eludiendo sus propias responsabilidades en los desequilibrios europeos en la balanza de pagos, constituye la señal más clara de lo que pueden esperar los europeos de sus gobiernos y de las instituciones de la Unión. Dogmatismo neoliberal y miopía nacionalista se mezclan en un peligroso cóctel. Se recuperan los peores clichés nacionales y la estrategia de la culpabilización: los alemanes "serios y eficientes" frente a los sureños "irresponsables". El diario argentino Página 12, en su último suplemento económico, compara oportunamente lo que se está produciendo en Europa con lo sucedido en Argentina:

"todos los procesos políticos y sociales para subordinar económicamente a un país, para sacrificar a su población, para transformar al Estado en una mera máquina de pagar deuda, van necesariamente acompañados por un período de denigración colectiva, en el cual se convence a la población de que es la culpable de los males “que le caen” sobre su cabeza, que “el mundo” –en cambio– es serio y los está poniendo en vereda: casi se diría que los está ayudando con una medicina amarga. Se trata de un verdadero operativo estigmatizador en el cual los que van a ser saqueados se transforman en los culpables del saqueo. Por eso cobra importancia decisiva la destrucción de la autoestima nacional y la internalización de la acusación de “pecadores” de las sociedades que tendrán que pagar las consecuencias de las aventuras de los financistas."


La berlinesa Puerta de Brandenburgo, antes (arriba) y durante la Hora del Planeta (Earth Hour), el 27 de marzo de 2010. REUTERS/Fabrizio Bensch

No obstante, dentro del establishment alemán comienzan a levantarse voces contra esta estrategia, visiblemente preocupadas ante las imprevisibles consecuencias del acuerdo del Consejo Europeo. Esto tiene su reflejo en los editoriales de la prensa: para el Frankfurter Rundshau (centro izquierda), Merkel estaría "traicionando el mismo concepto de Europa", mientras que el conservador Die Welt Alemania habría actuado "contra el espíritu de los Tratados -poniendo en peligro a Europa-."

Así pues, hablar de gobiernos buenos y malos -cuando todos han aplicado la misma política económica- sólo vale como cortina de humo para el consumo interno. Se trata de un problema sistémico, con una interdependencia europea que ha seguido patrones de gobierno neoliberales. Alemania superó el período de reunificación sustituyendo la deprimida demanda interna por medio de las exportaciones a países como Grecia, España o Italia. El superávit alemán se corresponde con los déficit comerciales de los países del sur de Europa, lo que ha generado enormes ganancias para el capital en todos estos países. Mientras los trabajadores alemanes ahorraban o tiraban con un salario que apenas ha crecido en términos reales en los últimos quince años, con tasas reducidas de inflación pero también de inversión y crecimiento, la función de los ciudadanos de los países periféricos de la eurozona fue la de consumir masivamente sus productos gracias al endeudamiento que facilitaba la burbuja financiero-inmobiliaria. Los bajos tipos de interés, la moneda única -el euro- y la rígida política fiscal penalizó a su vez la competitividad de las exportaciones de los países del sur de Europa.

La situación es similar a la relación que han venido manteniendo las economías china y estadounidense. En este caso es China la que ahorra y los estadounidenses los que en los últimos años consumieron sus productos gracias al endeudamiento y al crecimiento del mercado inmobiliario. Ambos países se necesitan, pero con la crisis Estados Unidos acusa a China de mantener excesivamente bajo el renminbi (el yuan es en realidad una unidad de medida). La diferencia es que ambos no forman parte de una unión monetaria ni están inmersos en un proceso de integración.


La Acrópolis durante la Hora del Planeta, el 27 de marzo de 2010. REUTERS/Yiorgos Karahalis

Un estudio elaborado por nueve economistas de la red Research on Money and Finance (RMF), coordinados por el griego Costas Lapavitzas, puede ayudarnos a visualizar el panorama y a centrar la discusión. Según el RMF, existen tres grandes estrategias alternativas posibles:

"1. La primera es mantener una austeridad acompañada de una mayor liberalización. Ésta es la opción preferida por la zona Euro y las elites dirigentes de la periferia [como España]. Es también la peor opción. Lograría la estabilización a través de la recesión, imponiendo altos costes sobre los trabajadores. Además, ofrece pocas perspectivas de crecimiento sostenido para el futuro, dado que lo que se esperaría es un incremento espontáneo de la productividad como consecuencia de la liberalización, y eso no se corresponde con la tendencia seguida en el corazón de la Eurozona.
 
2. La segunda es la reforma radical de la zona Euro. Ello implicaría una mayor libertad fiscal para los Estados miembros; un presupuesto europeo sustancialmente incrementado; transferencias fiscales de los ricos a los pobres; protección frente al desempleo; apoyo a los salarios; e inversión transeuropea en industrias sostenibles. Las estrictas regulaciones impuestas sobre el BCE también deberían ser relajadas. Ésta podría denominarse la “opción euro” buena. Dejando de lado los problemas políticos, es probable que esta estrategia amenazase el rol internacional del euro, que conllevase a una caída en su valor. Esto, a su vez, supondría una amenaza para la misma Unión Monetaria.
 
3. La tercera alternativa es una salida radical de la Eurozona. Con ella se produciría una devaluación seguida de un cese y reestructuración de los pagos de la deuda. Los bancos deberían ser entonces nacionalizados y el control público extendido sobre los aprovisionamientos básicos, transporte, energía y telecomunicaciones. Tendría que ponerse en marcha una política industrial que incluyese estrategias para mejorar la productividad. La inversión en infraestructuras y aquélla medioambientalmente sensible debería promover un
crecimiento equitativo. Esta opción requiere de un cambio decisivo en el equilibrio del poder político a favor del trabajo. Para evitar un giro hacia la autarquía los países periféricos necesitarían mantener el acceso al comercio, tecnología e inversión internacional. "

Básicamente, me parece correcta la enumeración de posibles alternativas (y el rechazo abierto de la primera de ellas), pero no tanto la oposición que establecen los economistas entre algunas de las posibles consecuencias de la segunda y la tercera opción. Por ejemplo, un mayor control público de la energía o las telecomunicaciones -que se señala en el caso de una salida de la eurozona-, o bien un control común descentralizado, también podrían darse dentro de una zona euro reformada. La problemática fiscal (sobre todo si se pretende instaurar una tasa sobre las transacciones financieras, propuesta ausente en este estudio) no se resuelve por el mero hecho de abandonar el euro. Del mismo modo, la salida de la zona euro puede ser una decisión apropiada para algunos países en el corto plazo -lo que está por ver, dados los ataques especulativos que podrían producirse contra las nuevas "viejas" monedas nacionales- y de manera temporal -como Mali, que salió de la zona monetaria del franco CFA en 1962 para volver luego en 1984-, pero esto no obsta para que se plantee en serio una reforma de la zona euro y de los criterios económicos consensuado en Maastricht.

Todo dependerá de las relaciones de fuerza que se den entre los diferentes proyectos políticos. Lapativzas y compañía reconocen que tanto en la segunda como tercera alternativa son posibles versiones más o menos conservadoras o progresistas. Los citados economistas parecen decantarse por reformas a nivel estatal en el marco de una salida del euro porque consideran esta opción más realista, al asumir como premisa la imposibilidad política de un federalismo europeo democrático (que erróneamente identifican necesariamente con un Estado europeo). Quizás sea por esta razón que en ningún momento hagan referencia a la cuestión migratoria, que ignoren propuestas como el de la tasa Tobin, y que hablen de trabajadores alemanes, griegos, españoles, asumiendo el marco nacional-estatal (¿fordista?) como único horizonte político viable. Pero la reforma radical de este marco también debería formar parte del programa político de los de abajo. Al menos, si no se quiere acabar imitando a los populistas de extrema derecha con la idea de capturar un supuesto voto "obrero".

"Una victoria para el capitalismo", Michael Moore en Democracy Now!, 23 de marzo de 2010

"Ahora podemos arreglar esto de una manera que sea razonable, esto es, centrista. He rechazado un conjunto de disposiciones que la izquierda quería y que son -ya sabes, sobre las que se mantenían firmes- porque pensé que serían demasiado perturbadoras para el sistema." Barack Obama en Fox News, 17 de marzo de 2010

Finalmente, Barack Obama firmó la ley que reforma el sistema de salud estadounidense, tras su aprobación en la Cámara de Representantes por un estrecho margen y el rechazo en bloque de los republicanos. En principio, la ley amplía la cobertura de los seguros médicos privados a más de treinta millones de personas que carecían de los mismos por no poder permitírselo y por no estar cubiertas ni por Medicare ni por Medicaid; y mejora de paso las condiciones de contratación de las pólizas con las aseguradoras, eliminando por ejemplo la discriminación contra las personas con enfermedades preexistentes. Se habla mucho del éxito político que representa para el presidente de los Estados Unidos, del coste que tendrá (menor, por cierto, que lo que el gobierno norteamericano gastará en defensa en los próximos dos años), pero poco del contenido de la reforma. ¿En qué consiste exactamente?

De la reforma sanitaria se ha destacado que constituye un importante paso con vistas a conseguir la llamada cobertura universal, indispensable para el funcionamiento del capitalismo en la era biopolítica. Pero hay que ver cómo se va a dar este paso: básicamente, a través de un mercado controlado por las compañías aseguradoras y farmacéuticas. Para comprobarlo, basta con atender a los hechos, no a la retórica populista de los demócratas ni al histerismo reaccionario de los republicanos.

Descartada la llamada "opción pública", la Patient Protection and Affordable Care Act ampliará la cobertura a partir de 2014 obligando a quienes no están cubiertos por Medicaid a contratar una póliza con una aseguradora privada. Si no se dispone de un seguro médico pagado por la empresa, habrá que contratarlo en un mercado que será regulado por cada estado. Aquellas familias y ciudadanos cuyos ingresos sean inferiores a un determinado umbral de renta, y que por ello carezcan de seguro, podrán recibir subvenciones para contratar las pólizas, con topes máximos por familia o por individuo que implican acceso a planes limitados. La no contratación de una póliza será penalizada con multas. Por su parte, las aseguradoras que incumplan sus obligaciones o denieguen pólizas de manera injustificada también pueden ser sancionadas con multas irrisorias.

Es decir, las compañías privadas de seguros (que, en lugar de rechazar el proyecto de ley como en la era Clinton, en esta ocasión han participado de manera muy activa en su negociación) continuarán controlando el acceso a la atención médica en Estados Unidos en régimen de oligopolio. No sólo han evitado la creación de un sistema público de salud sino que el gobierno les garantiza -y subvenciona- un mercado cautivo de millones de clientes, mediante la obligación de contratar de pólizas de seguro médico que en el pasado han mostrado su ineficacia y que, por otro lado, no cubren una prestación legal como es la del aborto. Si en otros lugares las compañías de seguros contemplan el futuro regulatorio con inquietud, en Estados Unidos acaban de recibir un regalo que compensa con creces las concesiones realizadas, a pesar de las quejas de la asociación americana de seguros médicos (AHIP) sobre los costes sanitarios a medio o largo plazo. Estas concesiones, como la de tener que aceptar clientes con independencia de su historial médico, suponen obligaciones difíciles de hacer cumplir en los tribunales: las aseguradoras pueden permitirse costearse buenos abogados, contrariamente a los ciudadanos de escasos recursos. Lógicamente, las acciones de estas compañías subieron nada más conocerse la aprobación de esta ley, como lo llevan haciendo desde hace un año.

La industria farmacéutica ha salido aún más victoriosa de este proceso, al no haber hecho concesión alguna. No habrá regulación del precio de los medicamentos cubiertos por Medicare (para las personas mayores de 65 años); los medicamentos caros podrán patentarse -y protegerse de la fabricación de genéricos- por un período de 12 años (en lugar de los 5-7 inicialmente propuestos) y tampoco se facilitará la importación de medicamentos más baratos.

La prensa europea ha señalado que esta reforma era la única posible en un país que sacraliza la visión liberal del individuo y la propiedad privada, pero esta interpretación deja de lado cuestiones más espinosas que nos conciernen: la promiscuidad entre políticos y grupos empresariales, la mecánica bipartidista del consenso que sólo sirve para filtrar y desvirtuar las demandas populares más radicales, y la discriminación de los inmigrantes.

Si la industria del seguro decidió participar en las negociaciones de la ley para que la reforma se orientara en su favor fue porque mediante una oposición frontal podían haber acabado perdiendo. No hay que olvidar que Barack Obama llegó al poder justo después del crack financiero, y que eran muchos los sectores empresariales y profesionales, no sólo las clases trabajadoras, que clamaban por una reforma del sistema que ampliara la cobertura y limitara el poder de las aseguradoras. Existía un conflicto político abierto entre diferentes grupos sociales, del que las mediáticas tea-parties constituyen sólo un ejemplo. Muchos de los que manifiestan en las encuestas su rechazo a la ley no lo hacen con argumentos ultraliberales, sino por motivaciones completamente diferentes: es la izquierda a la que Obama hizo referencia en Fox News, la que critica que no se haya aprobado un sistema público y que se opone a los recortes presupuestarios previstos en programas existentes como Medicare (previamente, Barack Obama había creado una comisión bipartidista que propondrá fuertes recortes en el gasto social).

Sin embargo, la heterogeneidad de intereses en juego, la dependencia de las grandes empresas que tienen los políticos de Washington -empezando por Obama-, y la obsesiva búsqueda del consenso centrista por el lado demócrata -la unidad de la república de los propietarios es lo primero- han inclinado la balanza en favor del capital y, al mismo tiempo, allanado el camino para el populismo conservador republicano. Esto último obliga a detenernos en la cuestión migratoria.

Los grandes excluidos de la reforma sanitaria son los quince millones de inmigrantes sin papeles. El día en que la Cámara de Representantes aprobaba la ley, en Washington protestaban decenas de miles de inmigrantes (más de doscientos mil, según los convocantes) en la mayor movilización conocida en el país desde 2006, protagonizada también por inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos. Reclaman el fin de la discriminación, de las detenciones arbitrarias y de las deportaciones, que se han multiplicado desde la llegada al poder de Barack Obama. En su primer año de mandato, unas 388.000 personas fueron expulsadas del país, lo que representa un 5 % más con respecto al último año de mandato de George W. Bush. El 30 % de la población penitenciaria en las prisiones federales los componen inmigrantes sin papeles, básicamente por infringir las normas de inmigración o por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La manifestación es una reacción a la propuesta represiva Shumer-Graham, que ha recibido el apoyo de Obama por su bipartidismo, aún a riesgo de perder franjas significativas de su electorado.

Como afirma Thomas Frank en una entrevista para el diario Público: "todo es cuestión de clases, de lucha de clases. Este es el tema eternamente olvidado en la política estadounidense, la verdad que los conservadores asumen (dándole un sentido muy particular) y que los demócratas no pueden reconocer (para no asustar a los mercados)." De ahí que un descorazonado Michael Moore se pregunte: "los progresistas, la gente de izquierdas, a veces tienen demasiado miedo de ir demasiado lejos, pero francamente, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?" Una respuesta, inquietante, la puede encontrar a su derecha.

Con todo, y sin que sirva de consuelo, un rechazo en la Cámara de Representantes hubiera supuesto una alternativa aún peor, como lo sería rechazar la misma noción de sufragio universal por las carencias y mistificaciones del sistema representativo de partidos. Esto lo reconocen Moore y otros críticos como Glenn Greenwald. Por ello la consecuencia más grave de esta ley sería que se redujera la presión social por una auténtica gestión pública o comunitaria de las prestaciones sanitarias. La verdadera reforma está por venir.