Quilombo

La sentencia que pronunció el pasado martes la Corte Internacional de Justicia, relativa al caso presentado por el gobierno argentino en 2006 contra la instalación de fábricas de pasta de celulosa en Fray Bentos, Uruguay (destinada a la exportación para la industria papelera de Europa y Asia), ha confirmado las previsiones. Es decir, por un lado la Corte declara que el gobierno uruguayo incumplió las obligaciones de procedimiento que establece el Estatuto del Río Uruguay 1975, al no notificar ni negociar estos proyectos en tiempo y forma en el marco de la Comisión Administradora del río (CARU), cuyo papel reivindica la sentencia. Por otro lado, establece que Uruguay no ha vulnerado sus obligaciones sustanciales, las que hacen referencia al control del posible perjuicio medioambiental.


Imagen de la planta de celulosa captada el lunes 19 de abril.
Foto: EFE

Según la Corte Internacional, Argentina no ha demostrado que las plantaciones masivas de eucalipto -que aportan materia prima a la fábrica Orion de Botnia- tengan un impacto negativo en el río Uruguay (artículo 35 del Estatuto), ni tampoco ha podido probar que Uruguay haya incumplido la obligación de prevenir la contaminación y preservar el medio acuático (artículo 41). No se habría presentado, pues, ninguna prueba concluyente que demuestre que Uruguay no haya actuado con la diligencia debida o que los vertidos de la planta de Botnia -ahora en manos de UPM, tras una reestructuración del capital- hayan dañado los recursos vivos o la calidad del agua desde el inicio de sus operaciones en noviembre de 2007. La sentencia no dice que la fábrica no contamine. Simplemente afirma dos cosas: que según los informes de control que se han presentado, los vertidos de Botnia/UPM respetarían los estándares internacionales, los establecidos por la CARU o las Mejores Técnicas Disponibles (BAT, en inglés) que la Comisión Europea acuerda con la industria, "salvo algunos casos en los que se excedieron los límites"; y que no puede constatarse que el posible incremento en sustancias fenólicas, dioxinas, furanos, etc. en el río se deba sólo a los vertidos de la planta de celulosa y no a otras industrias presentes en la región (aunque la instalación de UPM sea la más importante).

Por estas razones, la Corte no impone ningún tipo de indemnización y considera legal la instalación de las instalaciones de la empresa finlandesa UPM en Fray Bentos, Uruguay (la española ENCE alteró su proyecto original a instancias del gobierno español, y trasladó la ubicación de su fábrica unos kilómetros al sur, para luego venderlo). La fábrica se queda.

Ambos gobiernos mostraron su satisfacción. El gobierno uruguayo, porque se confirma la legalidad de la mayor inversión extranjera realizada en el país, aunque se haya vulnerado el procedimiento que establece el tratado bilateral. El gobierno argentino, porque con la sentencia espera renovar las relaciones con Uruguay y desactivar definitivamente el movimiento ciudadano de la ribereña Gualeguaychú, que mantiene cortada la ruta internacional 136 desde hace tres años y medio. La presión mediática y política contra la "irracionalidad" de los asamblearios previsiblemente se intensificará. Pese a la retórica nacionalista de ambos países, lo cierto es que el gobierno argentino nunca tuvo un interés especial en impedir la inversión de Botnia. Cuando el gobierno argentino remitió el diferendo a la Corte Internacional de La Haya, lo hizo por motivos de política interior, forzado por las movilizaciones populares en la provincia de Entre Ríos (donde se encuentra Gualeguaychú) y los cortes de carreteras con el país vecino. Con ello conseguía reducir la controversia a un problema bilateral con Uruguay (dejando de lado a Mercosur y a Finlandia), al que presionaba para negociar una solución que salvara la cara a ambas partes.

Como recuerda Mario Wainfeld en Página12, "la protesta social fue una constante en la época de los Kirchner y, contra lo que predica el sentido común dominante, se ejercitó mayormente en su contra." Se trata de una situación muy diferente a la uruguaya. Los Kirchner han buscado reforzar la legitimidad del Estado -seriamente tocada tras la grave crisis de 2001-2002- y la "paz social", estableciendo para ello relaciones complejas y ambiguas con los movimientos sociales. Raúl Zibechi lo resume de la siguiente manera:

"La mayor parte del movimiento piquetero fue cooptado por el Estado a través de los planes sociales y la designación de dirigentes en cargos de gobierno. El movimiento de derechos humanos, y muy en particular la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que había jugado un papel destacado en la resistencia al neoliberalismo en la década de 1990, se convirtió al oficialismo y pasó a defender sin fisuras las políticas gubernamentales. Una parte de las asambleas barriales desaparecieron.

Sin embargo, no todo es retroceso. En los últimos cinco años han surgido infinidad de colectivos, muchos de ellos vinculados a temas ambientales como la minería a cielo abierto, la forestación y los monocultivos de soja. Así nacieron unas cien asambleas locales (algunas muy pequeñas, pero muy activas) coordinadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que se ha convertido en uno de los actores más activos en resistencia contra la minería multinacional. "

La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú fue determinante en la creación de la UAC. Muchas comunidades del país comenzaron a formar asambleas ciudadanas para rechazar proyectos mineros siguiendo su ejemplo. El activismo de la asamblea puso la ecología en la agenda política de Argentina, interviniendo en cuestiones antes reservadas para técnicos y especialistas de la industria. Su lucha ha puesto de manifiesto:

- Cómo gobiernos que se presentan como alternativa del neoliberalismo promueven en realidad un modelo de desarrollo económico (en ambas orillas) basado en la especulación, el monocultivo (plantaciones de eucalipto, soja transgénica) y la acumulación por desposesión. Como muestra de la movilidad de los capitales, tanto Botnia como ENCE acabaron vendiendo sus megaproyectos a otras corporaciones del sector.

- Los límites de la soberanía estatal y del derecho internacional clásico en la gestión de bienes comunes como el río: en particular, a la hora de aplicar principios como el de prevención frente a los intereses del capital. No existe una regulación clara en torno al alcance que deben tener los estudios de impactoambiental. Estos, al ser encargados por instituciones interesadas en el proyecto (como el Banco Mundial), suelen descartar o minimizar aquellos datos que puedan comprometerlo. Además, los estándares europeos que se emplean como referencia son establecidos en un proceso tortuoso dominado claramente por la industria de cada sector. En el caso del sector papelero, el documento de referencia data de 2001 y su actualización no ha concluido todavía. Una instalación con las dimensiones de la planta de Fray Bentos, aún respetando los citados estándares, implica el vertido de toneladas de productos tóxicos durante un largo período de tiempo, con riesgos evidentes para la salud y el bienestar de las poblaciones ribereñas.

- La necesidad de mantener relaciones estrechas con otros movimientos, dentro pero sobre todo fuera del país, y de aquéllos con el resto de la sociedad. El juego nacionalista de los gobiernos argentino y uruguayo -formalizado en La Haya- obstaculizó la construcción de una oposición con carácter regional. La UAC supuso un notable avance en la unificación de objetivos entre movimientos y organizaciones dispersas de Argentina, con una denuncia del modelo extractivista que tanto vale para la minería en los Andes como para los proyectos celulósicos en Argentina, Brasil o Uruguay. Pero en Uruguay ha sido muy difícil ir más allá del contacto con algunas organizaciones ecologistas uruguayas (Guayubira, REDES), aisladas en medio de un discurso desarrollista que vendía las protestas argentinas -y concretamente los cortes de carretera- como una afrenta nacional, producto de la envidia y la corrupción.

- Una ruptura con la lógica de la representación, a partir del común (o procomún), a pesar del discurso patriótico. La persistencia de este movimiento durante años y de sus formas de autogestión (asamblea, rotación en los cortes de carretera) enseñan cómo esta ruptura ha sido más profunda de lo que podría parecer a primera vista. No han logrado detener la construcción de la fábrica ni su puesta en funcionamiento, pero su resistencia ha transformado sus vidas, ha cambiado radicalmente el sentido de comunidad y de la relación entre ésta y las autoridades. Éste es el peligro que el Estado ha querido contener.

Será la crisis económica mundial, y no una sentencia de La Haya, la que ponga en jaque a las corporaciones de la celulosa y del papel, que en el pasado había publicitado atractivas proyecciones de negocio que han resultado ser demasiado optimistas. Se cierran fábricas y se suspenden proyectos. Más que nunca, el sector precisa de la financiación pública que proporcionan instituciones como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones.

De momento, los asamblearios de Gualaguaychú volverán a manifestarse este domingo para mostrar de nuevo su rechazo a la planta, como cada 25 de abril desde hace seis años, en el puente internacional San Martín. Queda lo más difícil, tras el hecho consumado: reflexionar sobre una nueva estrategia, que podrá pasar por cortes de carretera o no, pero que necesariamente tendrá que hacerse junto con otros movimientos sociales de la región.