Nuestras autoridades no tienen ningún empacho en afirmar enfáticamente que los soldados españoles muertos en Afganistán han sido «asesinados», y califican de «atentados terroristas» las acciones armadas que han provocado su muerte.
No seré yo quien discuta que es una desgracia que esa pobre gente haya perdido la vida. Faltaría más. Lo que me parece discutible es a la calificación de los hechos.
Por una vez, y sin que sirva de precedente, he de dar la razón a Mariano Rajoy. El Ejército español está en Afganistán en una misión de guerra. Tratar de disfrazar esa realidad con artificios verbales sobre labores de paz es una bobada. Los soldados que ha enviado allí el Gobierno de Zapatero van pertrechados con armas de guerra y, llegado el caso, las utilizan. Y disparan a matar, si se tercia.
Es cierto que han acudido con el aval de las Naciones Unidas. De esas mismas Naciones Unidas que jamás han enviado tropas a Israel para asegurar manu militari que se cumplan sus acuerdos. De las mismas Naciones Unidas que avalaron la Guerra de Corea. Pero la legalidad formal de una invasión armada no resuelve todos los problemas, ni mucho menos. Las tropas francesas que invadieron España en 1808 se metieron hasta la cocina con permiso del propio rey de España, antecesor del de ahora. ¿Fueron asesinos los guerrilleros que las combatieron? ¿Fueron actos terroristas sus acciones contra el Ejército ocupante? No me enseñaron eso en la escuela.
En las guerras no está prohibido matar a los soldados enemigos. Sí a la población civil, como hace con demasiada frecuencia el Ejército de los EE.UU. que ocupa Afganistán.
Estaría muy bien que las leyes internacionales prohibieran tajantemente matar soldados. Pero entonces no habría guerras. Ni soldados.
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (28 de septiembre de 2007). Javier lo publicó como apunte (¿Se asesina en las guerras?). Lo mantenemos allí porque tiene varias notas y varios comentarios de bienvenida. Subido a "Desde Jamaica" el 29 de junio de 2018.
Ponen de chupa de dómine al Gobierno porque quiere ayudar a los jóvenes a alquilar pisos. Tengo amigos que me aseguran que las medidas anunciadas son erróneas y sólo servirán para encarecer los alquileres. Es posible. No puedo discutirlo. No soy experto en la materia.
Los que me sublevan son los que se oponen al proyecto alegando que el Estado no puede soportar semejante carga económica. No paran de dar voces, indignados porque dicen que el Gobierno está tirando la casa por la ventana acordando toda suerte de gastos sociales. Según ellos, ese electoralismo va a dejar al erario con una mano delante y otra detrás.
Cuando uno calcula cómo administrar sus exiguos ingresos, examina el conjunto de sus gastos y determina en qué capítulos puede mostrarse más sobrio y cuáles otros no tienen vuelta de hoja, porque son imprescindibles. A los críos hay que llevarlos a la escuela. La abuela tiene que estar asistida. Y si hay que prescindir de aperitivos y de camisas caras, se prescinde.
Así deben verse los Presupuestos Generales del Estado. ¿Que no nos podemos permitir la adquisición de más aviones de caza y más tanques, porque son carísimos? Pues no se compran. ¡Total, para lo que nos iban a servir! ¿Que nos sale por una pasta sostener el equilibrio bancario? Pues que se las arreglen los bancos entre ellos, que dinero no les falta. ¿Que es una ruina sufragar los gastos de una familia real tan inútil como venal? Pues nos mercamos un presidente de República barato, y a otra cosa. De lo que no podemos prescindir es de escuelas, de hospitales, de infraestructuras, de jóvenes emancipados y de viejos debidamente atendidos.
“¡Demagogia!”, replican algunos. Ya. Pero, ¿qué culpa tengo yo de que los hechos sean demagogos?
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (27 de septiembre de 2007). Javier lo publicó como apunte ( Demagogia de los hechos). Lo mantenemos allí porque tiene varias notas y varios comentarios de bienvenida. Subido a "Desde Jamaica" el 29 de junio de 2018.
Ahora se llama «radical» a todo lo que tiene aspecto de desaforado, burro e intolerante, a nada que parezca relacionado con el gremio de la política.
Si unos cuantos queman en Girona fotos de los reyes, no tarda nada en aparecer alguna autoridad que nos hace saber que ha sido cosa de «radicales». Si otros incendian un autobús o un cajero automático en Euskadi, rápidamente nos los identifican como «radicales». Si se intenta catalogar a los islamistas dispuestos a cargarse a cualquier viandante de Occidente para distinguirlos de sus correligionarios pacíficos, se les llama «radicales» y ya está.
El asunto me repatea por dos motivos.
Primero, porque «radical», en rigor, es aquel que apunta a la raíz de las cosas, sin irse por las ramas. El Diccionario de la Academia define así el término, en tanto que sustantivo: «Partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático.»
Segundo, porque se habla de lo radical como lo opuesto a lo apacible, lo moderado y lo tolerante. Sin embargo, muchos de quienes son tenidos por moderados no tienen nada de estupendos. Por poner un ejemplo: nadie calificaría al rey de Marruecos de «radical»; sin embargo, vaya pieza. Otro ejemplo: ¿son «radicales» las Fuerzas Armadas de EE.UU. destacadas en Irak? No he oído a nadie que las tilde de tales. Pero ¿no sería un pelín excesivo presentarlas como tolerantes?
Al final, y aunque lo hagan sin pretenderlo, cuando hablan de «radical» parten del sobreentendido de que un radical es, por fuerza, alguien que se expresa desde fuera del sistema constituido, sin respetar las componendas pactadas por la gente de orden.
Pues bien: si de eso se trata, me declaro radical. Aspiro a ir a la raíz de lo que nos pasa. Y estoy dispuesto a defender «reformas extremas, especialmente en sentido democrático.»
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (26 de septiembre de 2007). Javier lo publicó como apunte ( Perdonen: aquí un radical). Lo mantenemos allí porque tiene varias notas y varios comentarios de bienvenida. Fue su primer columna en el citado diario. Subido a "Desde Jamaica" el 29 de junio de 2018.
