El dedo en la llaga

Según los portavoces policiales de Francia y España, los dirigentes de ETA detenidos en las últimas semanas estaban obsesionados por su seguridad. Puede que así fuera, pero es obvio que eso no los volvió más eficaces. Están cayendo uno tras otro en manos de la policía a velocidad de vértigo.

Es el conjunto el que hace agua. No estamos sólo ante el estrepitoso fracaso de unas normas de clandestinidad, sino también ante el de toda una línea política errática, descabellada.

Esta hornada de jefes de ETA forma parte del sector que optó por boicotear la última tregua y romper la negociación destinada a poner fin a su cruento recorrido. Es gente que estaba convencida de que podía doblegar al Estado español por la vía de la intensificación de su acción violenta. Un planteamiento que se ha revelado erróneo por los cuatro costados. Para empezar, se ha visto que no estaban en condiciones de lanzar una ofensiva terrorista como la que planeaban. En segundo lugar, los atentados que han cometido, por odiosos que hayan sido, no han debilitado en lo más mínimo las posiciones del Estado. Más bien todo lo contrario. En tercer término, han colocado en una posición casi imposible a su debilitada base política y social, es decir, a la izquierda abertzale. En fin, han arruinado las iniciativas que se estaban poniendo en marcha para resucitar un frente político como el que se pergeñó en su día en Estella-Lizarra.

Yo no considero, como sentenció un diputado francés (nota de edición: apunte de Ortiz sobre este dato: ¡Cuídate de ti mismo!) otras la ejecución del duque de Enghein en 1804, que un error pueda ser peor que un crimen, pero sí creo que una gente que acumula tantos crímenes y errores juntos acaba siendo más útil a sus enemigos que a sus supuestos amigos.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (10 de diciembre de 2008). También publicó apunte ese día: La presunta obsesión por la seguridad.

Es un ritual de obligado cumplimiento: cada vez que un medio de comunicación denuncia tal o cual acción problemática o directamente ilegal de un político, sus allegados (y él mismo, llegado el caso) responden poniendo en solfa las intenciones del denunciante, a quien acusan por sistema de pretender que la atención general se desvíe de “los verdaderos problemas del país” y de no buscar sino la promoción de la gente de su cuerda.

¿Hay denuncias periodísticas que persiguen fines ocultos? Pues claro que las hay. ¿Y qué? Ése es un asunto secundario, del que valdrá la pena ocuparse una vez clarificado lo esencial. Porque lo primero que hay que examinar es si la denuncia responde a hechos reales o no. Es como si un ciudadano se presenta en una comisaría, declara que su vecino ha cometido un asesinato y el policía que está de guardia tras el mostrador le responde: “Bien, bien, vale, pero ¿no será que usted le tiene manía a ese hombre?”. Es un sinsentido, pero así funciona el mundo de la política, y no sólo en España. Todo aquel que es cogido en falta se pone a discutir a cuento de qué se han empeñado en cogerlo en falta, y no si la falta existe.

Para esto segundo tienen otro sistema de escapatoria no menos surrealista. Llega el periodista y pregunta, por ejemplo: “¿Qué tiene que decir usted de las informaciones según las cuales su jefe trincó de la caja pública hasta ponerse malo?”  Y el interrogado (o interrogada) responde sin inmutarse: “No he leído esas supuestas informaciones. Lo que sí puedo decirle es que nuestros oponentes políticos son unos incompetentes”.

O sea, las churras y las merinas a corretear por el campo en alegre tropel. Y a la lógica, que le den.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (9 de diciembre de 2008).

Apenas hay día en que los medios de comunicación no se refieran a tal o cual detenido apuntando, como si eso quisiera decir algo inapelable, que tiene “antecedentes policiales”. Que alguien tenga antecedentes policiales lo único que significa es que las Fuerzas de Seguridad lo han detenido y conducido a una comisaría o a un cuartelillo en algún momento. ¿Con razón? ¿Sin ella? Eso son los jueces los que deben dictaminarlo. Y, en función de lo que decida la justicia, ese alguien acabará teniendo antecedentes penales o no, según los casos.

Si pudieran ustedes acceder a los archivos correspondientes, comprobarían que yo también tengo eso que llaman “antecedentes policiales”. Pero ninguna condena judicial. A resultas de una detención que padecí hace años, quienes resultaron procesados finalmente fueron los policías, a los que el juez imputó un delito de torturas. ¿Tendrán ellos antecedentes policiales? Más recientemente, pasé una noche en comisaría por haber increpado a unos supuestos agentes del orden que pusieron violentamente contra una pared, en Vallecas, a unos chavales porque, según declaración de los uniformados, “su aspecto” (sic!) les había resultado sospechoso. El incidente, desagradable, acabó en un juicio de faltas del que salí absuelto.

La mayoría de los antecedentes policiales que no se sustancian en condenas judiciales en un plazo razonable de tiempo –contemos también con la lentitud de la justicia española– es indicativa de las muchas detenciones injustificadas, o directamente ilegales, que se producen a diario en nuestro país.

Los medios de comunicación que citan como palabra revelada esos “antecedentes policiales” les hacen el juego.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (8 de diciembre de 2008).

México mejora. No es que haya logrado aminorar la corrupción de los aparatos policiales, pero ya reconoce que la padece en alto grado. El propio presidente de la República, Felipe Calderón, ha admitido que la mitad de los policías de la nación trabaja para unas u otras formas de delincuencia (extraoficial, se entiende). Según el informe elaborado por la Procuraduría General de la República, hay zonas del país, como la Baja California, en las que el porcentaje estimado de policías corruptos llega al 90%.

Aunque no hay que descartar que con todo y con eso Calderón se quede corto, se trata de un avance importante. Señalar la realidad de un problema es la condición primera para encarar su solución.

Durante la casi interminable hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, iniciada en 1929 y en buena parte todavía vigente (el PRI sigue gobernando a la mayoría de la población mexicana, aunque haya perdido el poder central), la corrupción ha sido el sistema de gobierno oficial del país. “Esto no es el porfiriato, pero es parecido el cuento”, cantó con tino Judith Reyes. Es posible que en México no todo se compre, quizá por el aquel de la crisis, pero casi todo está en venta. Tengo conocimiento de sucesos tan insólitos como el de un extranjero que se encaprichó con el revólver de un policía y le propuso comprárselo: el agente, tras negociar las condiciones, se lo vendió.

Pero eso es la anécdota. Luego hay que considerar las categorías. ¿Cuántos empresarios y políticos europeos no han ido a ponerse al servicio de magnates mexicanos de tal o cual ramo, incluyendo el sector de la comunicación, para servirles de lacayos?

Los corruptos se reconocen en cuanto se ven.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (7 de diciembre de 2008).

La Constitución Española, de cuya aprobación en referéndum (salvo en Euskadi, donde triunfó la abstención) se cumple hoy 30 años, viene a ser como el refranero castellano, que lo incluye todo y su contrario. Hay un refrán que sostiene: “A quien madruga Dios le ayuda”, pero hay otro que advierte: “No por mucho madrugar amanece más temprano”. Es como jugar a la ruleta y apostar a la vez al rojo y al negro. Imposible no acertar.

Tenemos una Constitución que asegura que todos los ciudadanos españoles son iguales en derechos y deberes, pero luego, con el mismo aplomo, establece que el rey puede dedicarse a lo que le pete, sea con Prado y Colón de Carvajal o con los monarcas de Arabia Saudita, porque carece de responsabilidad penal.  

Es un ejemplo. Otro: la Constitución enfatiza que la soberanía reside en el pueblo y sólo en el pueblo, pero a continuación encarga a las Fuerzas Armadas la salvaguarda de valores tan vaporosos como la unidad y la independencia de la nación, sin fijar a quién corresponde decidir si corren o no peligro.

¿Más ejemplos? Sostiene que el voto de todos los españoles vale lo mismo, y acto seguido avala una Ley Electoral que hace que el voto depositado en provincias muy poco pobladas tenga cuatro veces más peso que el emitido en las grandes urbes.

¿Es usted federalista? La Constitución le aporta un montón de argumentos. ¿Es centralista? Lo mismo.

Tampoco es tontería la cantidad de derechos que reconoce y deja en el limbo: vivienda digna, trabajo… Cuando llegan las inmobiliarias, y los bancos, y los contratos precarios, y el paro, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Es comestible, por lo menos?

La Constitución sirve para todo y para nada.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (6 de diciembre de 2008).

En los últimos años se ha producido en los medios audiovisuales españoles la conjunción de dos factores perversos que se potencian entre sí. De un lado, hay un montón de gente a la que le pirra la idea de aparecer en la tele o meter baza en la radio, incluso aunque le cueste dinero. Del otro lado están unos medios que han descubierto que llenar programas con gente que cuenta sus desgracias y exhibe en público sus impudicias sale baratísimo, atrae audiencia y además apenas da trabajo.

No soy experto en los programas de televisión en los que salen personajes que relatan sus intimidades, lloran, se insultan y finalmente se reconcilian y se van de la mano, aunque cuando me he topado con alguno tampoco me ha parecido que su mecanismo fuera mucho más complejo que el de un alfiler. A cambio, en tanto que oyente nocturno de radio (recurro a ella para tratar de arrullarme), me he encontrado muchas veces con espacios de ésos a los que hay gentes que telefonean para dar a conocer sus experiencias más insólitas y quejarse de la vida, en general, y de quienes les circundan, en particular.

Es curioso que esa modalidad radiofónica tenga éxito. ¿Será que los oyentes no tienen suficiente con sus desgracias particulares y requieren dosis suplementarias? ¿Será que les pierde el afán de cotilleo? ¿Será que, comprobando que a otros les va todavía peor que a ellos, encuentran algún consuelo?

¿Y qué mueve a los exhibicionistas? ¿Buscan el efecto catártico de la confesión? ¿O sólo oírse?

Yo, cuando despierto en medio de la noche y descubro que la emisora que tengo  sintonizada está metida en uno de los muchos espacios lacrimosos de ese estilo, sé lo que busco: otra emisora.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (5 de diciembre de 2008).

Muchos de mis amigos son contrarios al plan del tren de alta velocidad de la Comunidad Autónoma Vasca (más conocido como la “Y griega”, porque ése es el dibujo imaginario que traza la unión entre las tres capitales, Bilbao, San Sebastián y Vitoria).

Mis amigos tienen sus buenas razones para oponerse a ese proyecto ferroviario. Alegan, entre otras cosas, que va a causar un importante destrozo medioambiental en todo su recorrido para acabar beneficiando casi en exclusiva a las gentes pudientes de las tres capitales, que son, precisamente, a las que menos perjuicio causará el tinglado.

Entonces llega ETA y asesina a Ignacio Uría, propietario de una de las empresas que participa en las obras.

A partir de lo cual, ¿cómo seguir polemizando civilizadamente sobre el asunto, cómo discutirlo racionalmente, cómo conseguir que la oposición sensata a ese AVE no se confunda con la barbarie de estos seudoecologistas de tiro en la frente?

Pasó lo mismo con la construcción de la central nuclear de Lemoiz. Había un poderoso movimiento popular en contra y ETA creyó que podía rentabilizarlo. Empezó a poner bombas y mató a un ingeniero y a varios obreros, pero también hirió de gravedad al propio movimiento antinuclear vasco. Como sucedería más tarde cuando metió las narices, sin que nadie se lo pidiera, en las protestas contra el trazado de la autovía de Leitzaran, sembrándolas también de muerte.

Desde sus inicios, ETA ha demostrado su incapacidad para entender que las causas populares las tiene que protagonizar, por definición, el pueblo. Y que cuando pretende hacerlas suyas, se las expropia, se las arrebata al pueblo.

ETA mata personas, sí, pero también muchas expectativas.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (4 de diciembre de 2008). También publicó apunte ese día: También Odetta.

Insiste el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, en que tiene que adquirir más veteranía para lograr que sus decisiones no incomoden a unos u otros parlamentarios.

Me temo que sigue sin entender cuál es el fondo del asunto. Lo fundamental no es que sus iniciativas personales resulten más o menos simpáticas. Lo que debe hacer es dejarse de tomar más iniciativas innecesarias, altamente sospechosas de estar destinadas a su particular lucimiento. Ni placas a sor Maravillas, ni lecturas constitucionales de famosos, ni gracietas sobre la insaculación (¿dónde estaba el saco, por cierto?), ni alusiones supuestamente jocosas al oficio de las madres de los parlamentarios del PSOE… ni nada de nada.

Está claro que, entre las muchas virtudes que seguramente adornan la personalidad de José Bono, no figura la discreción. Se le ve convencido de poseer un gracejo particular (y hasta cabe que lo tenga, aunque yo no se lo encuentre), pero en todo caso no ha sido nombrado presidente del Congreso para hacer gracietas, sino para dirigir con tacto, sobriedad y prudencia una institución que ya tiene suficientes problemas por sí sola, sin que nadie le añada más. No se trata de que invente nada: le bastaría con atenerse al ejemplo que dio Manuel Marín en ese mismo cargo, en el que no se distinguió por ser la alegría de la huerta (ni falta que hacía), pero tampoco se metió en líos innecesarios.

Asegura Bono que, cuando abandone la Presidencia del Congreso, se retirará para siempre de la política. Me suena: hace años, cuando dejó la cartera de Defensa, dijo lo mismo.

Ahora echa la culpa a Zapatero de haberse desdicho. Lo mismo la próxima vez se la echa a sor Maravillas.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (3 de diciembre de 2008).

Hugo Chávez anima a sus seguidores a promover una consulta popular que le permita repetir su mandato presidencial y muchos de nuestros probos comentaristas están escandalizados.

Es curioso cómo funcionan. Si la población de tal o cual estado europeo rechaza en referéndum una reforma importante del funcionamiento de la UE –ha habido varias que han padecido esa suerte–, a nuestros guardianes de la pureza democrática les parece estupendo que el asunto vuelva a someterse a votación al cabo de unos pocos meses, a ver si tiene mejor suerte, e incluso aplauden que se busque un subterfugio para sacar adelante el proyecto sin necesidad de que pase por las urnas, no vaya a ser que sea derrotado de nuevo. En Dinamarca, en Francia y en Irlanda saben algo de estas cosas.

No hay ningún principio rector de la democracia que establezca que lo decidido en un referéndum no pueda ser rectificado en virtud de otro referéndum posterior. No sólo porque el propio electorado experimenta transformaciones generacionales, sino también porque cada votante puede cambiar de opinión en función de las circunstancias. (Un dato curioso: según el último Sociómetro Vasco, recientemente dado a conocer, una proporción considerable de la población vasca declara que apoyaría o rechazaría en las urnas la independencia de Euskadi según cómo viera las cosas en el momento de producirse la votación.)

En resumen: que casi todo en esta vida es legítimo, a no ser que sea el jefe de Estado venezolano quien lo proponga.

“¡Quiere convertir su presidencia en vitalicia!”, claman algunos. Ya. No como Juan Carlos I, quien, como todos sabemos, abandonó el cargo al cabo de dos mandatos, tras pasar por las urnas.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (2 de diciembre de 2008). También publicó apunte ese día: Mikel Laboa.

Según la última encuesta sobre estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística, se ahonda la diferencia que hay entre los ingresos de los directivos de las empresas y la paga media que perciben los trabajadores de base. Los beneficios de los unos crecen sistemáticamente (10% entre 2002 y 2006), en tanto que los de los otros bajan (–0,6% durante el mismo periodo).

Que los ingresos de los directivos hayan crecido un 10% en cuatro años podría considerarse incluso razonable, habida cuenta del encarecimiento del coste de la vida, si no fuera porque el argumento de la inflación sólo parece valer para la gente mejor situada. El común de los mortales –sobre todo el común de los mortales inmigrante– debe arreglarse después de cuatro años con el mismo salario, aunque el IPC haya subido todo eso. Y al que le parezca bien, pues bien, y al que no, que se quite de en medio, que hay cola.

Ítem más: conviene que conste que estos datos se refieren a directivos de empresas, es decir, a individuos que –se deslomen más o menos– meten horas, se estrujan el magín, estudian posibilidades, buscan clientes… Mucho más escandaloso es, por poner un ejemplo, el caso de los consejeros de grandes firmas, que se llevan una pasta aún más gansa por ir a sestear un par de horas al mes en una reunión en la que no dicen nada, porque no tienen nada que decir, ni a nadie le importaría lo que pudieran decir, porque no saben de la misa la media.

Siempre que señalo datos como éstos, tan chirriantes, me pregunto si no estaré haciendo demagogia. Y siempre me respondo evocando el título del viejo y clásico libro de Ignacio Fernández de Castro: es la demagogia de los hechos.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (1 de diciembre de 2008).

Aviso.– En la edición digital de Público correspondiente al día de hoy se me atribuye una columna que no es mía. La que yo escribí, y que reproducirá la edición en papel, es la que antecede.