El dedo en la llaga

Los dirigentes de la Unión Europea siempre han deseado mantener buenas relaciones con el régimen marroquí. Tienen para ello razones muy materiales y arrastradas, por más que intenten encubrirlas con encendidas proclamas de apoyo a la democratización y el desarrollo del país magrebí.

Desean, para empezar, que las nada escrupulosas huestes de Mohamed VI les sirvan de guardia pretoriana en dos frentes fundamentales. Primero, yugulando en su propio territorio la expansión del islamismo radical, objetivo que concuerda con las prioridades de Washington para la zona. En segundo lugar, frenando el flujo de la inmigración ilegal hacia Europa, asunto que, en estos momentos de crisis, se les ha convertido en doblemente prioritario.

Las clases dirigentes europeas tampoco le hacen ascos, faltaría más, a las posibilidades que Marruecos ofrece como espacio económico: el vecino del sur tiene una considerable riqueza energética accesible a nuestras multinacionales, necesita de obras públicas que sus empresas locales no pueden atender, cuenta con un litoral excelente para la explotación pesquera y posee una abundante mano de obra capaz de realizar jornadas extenuantes por salarios de miseria en las más diversas funciones, desde las agrícolas hasta las textiles.

Vistas las cosas desde esa perspectiva, con la mano bien aferrada a la billetera, ¿qué importancia pueden tener los derechos del pueblo saharaui y el supuesto respaldo histórico de España a su autodeterminación? Zapatero ha expresado su apoyo al plan de “regionalización” de Mohamed VI, que ni siquiera tiene fijados ni vías ni plazos de realización.

Así son las cosas: hay gente que tiene principios; otra, sólo fines.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (20 de diciembre de 2008).

La noticia no es que el Parlamento Europeo haya rechazado la propuesta de elevar el límite de la semana laboral a 65 horas. La noticia es que haya en Europa gobiernos sedicentemente demócratas, incluyendo alguno que se proclama socialista, que propongan tamaña barbaridad.

65 horas por semana significa una jornada laboral diaria de más de 10 horas (si es que al trabajador se le permite tener al menos un día de descanso). A ello debemos sumar el tiempo de desplazamiento entre su domicilio y el centro de trabajo, en recorrido de ida y vuelta, lo cual, en cualquier ciudad europea medianamente populosa, añade como poco otra hora a la ocupación laboral. En resumen: que abría de invertir en su empleo la mitad del día. A nada que duerma, ¿qué le quedaría para comer, realizar las tareas domésticas, tener relaciones –incluidas las familiares–, enterarse de qué pasa en el mundo, solazarse?

Dicen los adalides de la propuesta, encabezados por los gobernantes británicos (¡menos mal que son laboristas!), que no se trata de imponer la semana de 65 horas, sino de permitir que empresas y trabajadores puedan “pactarla libremente”. ¿Qué clase de libertad puede tener nadie para pactar nada cuando corre el riesgo de que, si rechaza lo que le proponen, lo pongan en la calle?

Es fantástica la desvergüenza de los dirigentes político-empresariales de la UE. De un lado, dicen lamentar lo mucho que está creciendo el paro en estos tiempos de crisis. Del otro, pretenden que la gente con empleo trabaje más y más horas y se jubile más tarde.

¿Y qué tal si el conjunto del trabajo disponible se repartiera mejor? ¿Y qué tal si se aplicara aquello de “trabajar menos para trabajar todos”?

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (19 de diciembre de 2008). También publicó apunte ese día: Kilómetros y más kilómetros.

Cándido Méndez, secretario general de la UGT, ha dicho que, como el Gobierno de Rodríguez Zapatero persista en su política de salir en auxilio de los financieros a costa de chinchar a los trabajadores, parados, jubilados y desasistidos en general, su sindicato está dispuesto a lanzar “una campaña de movilizaciones informativas”.

El primer reproche que me merecen las declaraciones de Méndez no se lo dirijo particularmente a él, sino a la emisora de radio que reprodujo sus palabras a la hora de comer. Las oí cuando tenía la boca llena, me entró un ataque de risa y las lentejas se me fueron por donde no debían, con las previsibles y desagradables consecuencias respiratorias.

¡”Movilizaciones informativas”! El Gobierno tiene que estar temblando ante la posibilidad de que la UGT ponga en práctica una medida de lucha obrera tan audaz y tan agresiva, haciendo la competencia a los medios de comunicación. Sólo le faltó a Cándido Méndez conminar al Gobierno: “¡Te lo advierto! ¡Si sigues en ese plan, voy y lo cuento!”

El nuevo coordinador general de IU, Cayo Lara, habló vaporosamente hace unos días de la posibilidad de que los sindicatos, de continuar la economía por la pendiente actual, acaben convocando una huelga general contra la política del Gobierno, como aquella de la que se acaban de cumplir 20 años. A Cándido Méndez le faltó tiempo para salir a la palestra (al escenario, mejor: no nos pongamos combativos) para afirmar con gran rotundidad que éste no es tiempo de huelgas, sino de diálogo social.

Antes se hablaba de los sindicatos de clase. Ahora resulta mucho más adecuado hablar de los sindicalistas con clase. A algunos convendría llamarlos incluso sindicalistos.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (18 de diciembre de 2008).

Así que Fraga no quería colgar a los nacionalistas. Sólo ponderarlos, o sea, establecer su peso. Un objetivo puramente científico. ¿Dietético, tal vez?

A él también hay que ponderarlo. Ha perdido mucha chicha: se arruga sin parar, por fuera y por dentro. ¡Ah, aquellos tiempos en los que guardaba un mosquetón en su armario del Ministerio de la Gobernación y se lo enseñaba a quienes le contrariaban! Ahora, cuando no sestea o se echa a llorar por lo que sea, retrocede y esconde sus querencias más íntimas.

También el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps –éste cualquier cosa menos arrugado: estiradísimo, casi tanto como su bronceado rival Eduardo Zaplana–, ha decidido recular. Hace unos meses afirmaba, más chulo que un ocho, que en su tierra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o se impartía en inglés o no se impartía. Se ha topado ahora con que el gremio de la enseñanza del País Valenciano le iba a montar un pollo de mil pares y se ha acobardado.

Otro chulo menos. O, por lo menos, menos chulo.

Quedan todavía algunas joyas de la arrogancia perdonavidas del PP, cuyo capitán general sigue siendo Aznar, cada vez más encantado de haberse conocido. El caso más escandaloso es el del castellonense Carlos Fabra (que se mea de gusto, según confesión propia), pero el más importante lo encarna Esperanza Aguirre, que insiste en vituperar a todo el mundo basándose en lo que “intuye”, aunque admita que habla por hablar, sin ninguna prueba.

Peor para ella. Los estudiosos del ramo dicen que ha logrado arruinar todas sus posibilidades de reemplazar a Mariano Rajoy.

Y es que la mayoría del electorado español no quiere estridencias. Al menos por ahora.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (17 de diciembre de 2008). También publicó apunte ese día: Cosas de deontología.

Un periodista iraquí lanzó el pasado domingo en Bagdad dos zapatos contra George W. Bush durante una conferencia de prensa. También le increpó llamándole “pedazo de perro”.

No soy un fervoroso admirador de George Bush –quizá a veces se me note–, pero desapruebo la acción y los gritos del periodista iraquí.

En primer lugar, porque detesto el vicio de insultar llamando “perro” o “perra” al oponente. Es una manía universal que no viene a cuento. La especie canina, salvo casos especiales, posee un montón de virtudes, afirmación dudosamente extensible a la raza humana.

Pero lo que peor me cae de la acción del periodista iraquí es la beligerancia de su gesto.

A lo que tiene que dedicarse un informador es a informar. Mientras ejerce de informador, debe prescindir de sus visceralidades personales. Luego, en sus horas libres, puede decir y hacer lo que le dé la gana, como cualquier otro ciudadano, pero no mientras está cubriendo la función social de recabar y difundir datos.

Por estos pagos, en 2001, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, realizó una purga política en la televisión autonómica porque emitió un documental sobre Euskadi a cuyos autores, según él, les faltó “beligerancia”. Hay gente que no entiende que el informador no acude a las guerras para combatir en ellas (que eso es ser beligerante), sino para relatar lo que ve y proporcionar los elementos de juicio necesarios para que cada cual se haga su propia composición de lugar.

En tiempos, en el oficio periodístico se consideraba obligado distinguir la información de la opinión. Ahora me da que va a ser necesario empezar a distinguir también la opinión del zapatazo.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (16 de diciembre de 2008).

Nota de edición. Un par de días más tarde, Javier publicó un apunte sobre esta columna: Cosas de deontología.

Hace años, cuando mi columna vertebral aún daba para eso, tuve una pequeña embarcación neumática con motor, que subía y bajaba desde mi casa a la costa con gran entusiasmo y considerable esfuerzo. La verdad es que era un peñazo, pero me divertía.

En cierta ocasión, al entrar con ella en una ensenada, me pararon unos uniformados que me exigieron que les mostrara “mi titulín”. “¿Qué?”, pregunté, perplejo. Me enteré entonces de que para conducir cualquier barca con motor, por minúscula que sea, hay que obtener un título que, como es muy poca cosa, lo llaman “titulín”.

Al principio me pareció ridículo pero, tras pensarlo, concluí que era sensato. A fin de cuentas, por pequeño que sea el bote, uno va por la orilla con una hélice en marcha, por allí hay gente nadando o buceando… En fin, que conviene estar adiestrado en lo que se puede hacer y en lo que no, y en cómo hacerlo.

Hay profesiones, empleos y oficios que no requieren ningún título. Si uno pinta cuadros, lo hará mejor o peor, pero no pone nada en peligro, salvo el buen gusto. Pasa lo mismo con la escritura. Y con el periodismo: he tenido a mi cargo licenciados en Ciencias de la Información incapaces de hacer la O con un canuto y primorosos escritores autodidactas.

Asunto muy distinto es el de los cirujanos, o el de los ingenieros, o el de los arquitectos. Son profesiones de riesgo. Por más que el título universitario no certifique su pericia, aporta una mínima garantía. Es exigible.

Ahora se discute si hay que tener título para ejercer de informático. Jamás le he pedido a nadie del ramo que me enseñe ningún diploma. Al tercer día de trabajo uno ya sabe si es competente o si es mejor mandarlo a freír espárragos.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (15 de diciembre de 2008).

Ahora que tanto se habla sobre Ernesto Guevara, no pocos recuerdan la consigna que el revolucionario argentino-cubano lanzó en su mensaje a la Conferencia Tricontinental de 1966: “Crear uno, dos, tres Vietnam es la consigna”. El Che se refería –aclaro, para quien no lo sepa– a la guerra que en aquel momento se libraba en Vietnam contra el hegemonismo de los EE.UU. Proponía fomentar focos de resistencia semejantes en otros lugares del mundo para poner coto al arrogante expansionismo que Washington estaba desarrollando manu militari.

El planteamiento de Guevara, por mucho que algunos pudiéramos simpatizar con su intención de fondo, era decididamente voluntarista. Las revoluciones maduran y estallan (o no) por razones muy diversas, incontrolables. No basta con que tales o cuales minorías radicales quieran provocarlas. Son resultado de una enorme multiplicidad de factores económicos, sociales, políticos… y a veces hasta geológicos, como se demostró tras los terremotos de Irán y de Nicaragua.

El Che no consiguió “crear uno, dos, tres Vietnam” (pereció en el intento) pero, paradojas de la vida, quienes pueden llegar a materializar su consigna son los propios gobernantes de los EEUU. Van de conflicto armado en conflicto armado. Ahora mismo, cuando aún siguen empantanados en Irak, se les ha puesto al rojo vivo Afganistán. En la lejanía y por otras vías, buena parte de América Latina también les está dando la espalda.

Los días pares, Washington ejerce de pirómano; los impares, de bombero.

Quién le iba a decir al Che que quizá le habría traído más cuenta seguir el consejo árabe y haberse sentado en la puerta de su casa a la espera de ver pasar el cadáver del enemigo.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (14 de diciembre de 2008).

Se ha dicho muchas veces que “quien pierde sus orígenes pierde su identidad”. No sé por qué, siempre se pronuncia esa sentencia como un consejo de pretensiones positivas, partiendo del sobreentendido de que los orígenes son invariablemente buenos.

La Audiencia Nacional no ha perdido ni los orígenes ni la identidad. Nació como heredera directa del brazo judicial de la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público, es decir, como un tribunal especial destinado a entender de delitos de naturaleza política.

La excusa que se manejó para hacer caso omiso del derecho de los ciudadanos al juez natural es que los magistrados que laboran in situ podían sentirse intimidados por la inmediatez del entorno social de los acusados. Nadie habló de la posibilidad de que los integrantes de la Audiencia Nacional pudieran verse mediatizados por la cercanía de los grandes poderes del Estado, incluido el llamado “cuarto poder”, y que se dedicaran a compadrear con ellos.

Para maquillar el carácter político de la Audiencia, le añadieron atribuciones en delitos de narcotráfico y monetarios, empeños en los que, a decir verdad, nunca se ha distinguido ni por su dedicación ni por su eficacia, si prescindimos de alguna redada televisada en directo.

La Audiencia ha determinado que no tiene competencia para ocuparse de juzgar los crímenes del franquismo. Lo hace apelando a unos cuantos tecnicismos, pero el fondo es transparente: acepta que se hurgue en los bajos fondos de las viejas dictaduras latinoamericanas, e incluso en las tropelías del gobierno de Pekín en el Tibet, pero considera que la caca de casa es mejor dejarla en paz porque, cuanto más se remueve, peor huele. Y en eso tiene razón.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (13 de diciembre de 2008). También publicó apunte ese día: Abominación de lo obvio.

Me telefonea mi buen amigo Gervasio Guzmán. “¿Qué piensas de la revuelta de los jóvenes en Grecia?”, me pregunta. Y sin esperar mi respuesta, prosigue: “Está claro que tienen sobrados motivos de descontento, pero eso no les da derecho a armar la marimorena. ¡Se han dedicado a romperlo todo!”.

Compruebo una vez más cuántos presuntos herederos del 68 –Gervasio sigue hablando de las luchas estudiantiles de entonces con lacrimosa emoción de excombatiente– han olvidado por entero los principios rectores de aquel movimiento juvenil. Una de las principales consignas de los estudiantes del Mayo francés fue “On a le droit de se révolter” (“Tenemos derecho a rebelarnos”). En nombre de esa convicción, quemaron coches, rompieron escaparates y tiraron todos los cócteles molotov que pudieron.

“¡Pero es que Grecia es una democracia!”, me argumenta Gervasio. ¿Y qué? ¿Lo eran menos la Francia, la Italia, la Alemania o la Gran Bretaña de 1968? No; lo eran más.

Cabe entender la democracia como un sistema en virtud del cual cada tantos años se convocan elecciones para que disputen los escaños del parlamento los partidos políticos que cuentan con el dinero necesario para hacerse oír. Si la democracia es eso, Grecia es una democracia. Pero, urnas aparte, la política griega pertenece al reino de la corrupción, el nepotismo y la desatención de las necesidades populares más elementales: educación, sanidad, infraestructuras, medio ambiente...

La clase dominante griega ha logrado que muy buena parte de la población de su país, joven y menos joven, esté harta de cómo la tratan. Porque no ve cómo arreglárselas para vivir. Y, como está desesperada, se rebela. Tiene derecho a rebelarse.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (12 de diciembre de 2008). También publicó apunte ese día: Cuídate de ti mismo.

Insisten los medios de comunicación públicos en conceder a Mariano Rajoy el título de “líder de la oposición”. Pudimos comprobarlo hasta la saciedad en las crónicas de los actos oficiales de la Inmaculada Constitución.

Las radios y televisiones privadas pueden otorgar o retirar los honores que les venga en gana. Las públicas, en cambio, salvo en los espacios específicos de opinión, están obligadas a respetar las formas.

Rajoy es presidente del Partido Popular, primero por la gracia de Aznar y luego porque así lo decidió un Congreso de su grupo. Es presidente del PP: ése es su título oficial.

¿Cabe calificarlo de líder del PP? Habrá quien lo dude, a la vista de que la autoridad que ejerce sobre una buena porción de sus correligionarios es escasa (en parte porque él es de natural dubitativo y en parte porque lo toman por el pito de un sereno), pero, bueno, si uno considera lo del liderazgo en sentido amplio y sin demasiados remilgos, también puede aceptarse que se le presente como líder del PP.

Lo que resulta inadmisible es que se le conceda el título de “líder de la oposición”. En España no hay una sola oposición, sino varias, y nada homologables. Hay fuerzas de oposición a las que Rajoy no podría representar ni aunque quisiera.

El PP es el partido opositor con más amplia presencia parlamentaria, qué duda cabe, pero no es la oposición, es decir, toda la oposición. Hay otros modos de oponerse a la política del Gobierno (el de algunos nacionalistas, el de fuerzas de izquierda ajenas al PSOE) que Rajoy no encabeza en absoluto.

Aludan a él los medios públicos por lo que es, sin más, y déjense de fomentar el bipartidismo a cargo del erario, que Hacienda somos todos.

Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (11 de diciembre de 2008).