Se puede recalificar un pedazo de suelo, pero no el mar. ¿O tal vez sí? Los estatuyentes canarios de 1982, tan insularistas ellos, se olvidaron completamente del mar cuando describieron al archipiélago canario como un conjunto de islas e islotes. Sus asesores legales tampoco debieron estar muy pendientes de lo que ese mismo año el gobierno español había intentado negociar en otra isla, Jamaica, bajo el nombre de Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar(CNUDM). En su descargo cabe decir que no podía aprobarse un plan general de ordenación urbana para las aguas interinsulares ni tampoco podía construirse en ellas -a un coste asumible- hoteles o autopistas que aportaran jugosas plusvalías. Más tarde, en la reforma de 1996 se añadió la palabra "archipiélago" para describir el territorio, lo cual ya denotaba cierto interés por la cuestión marítima. Pero hasta 2001, cuando el gobierno de José María Aznar otorgó permisos de prospección petrolífera a Repsol YPF en aguas situadas a una decena de kilómetros de las islas orientales (anulados por el Tribunal Supremo por no respetar el medio ambiente), sólo se habían preocupado seriamente por la cuestión de la soberanía de las aguas interinsulares el senador Victoriano Ríos y algunos nacionalistas canarios como Antonio Cubillo.
Y es que las aguas situadas más allá de las 12 millas náuticas contadas a partir de la línea de bajamar de cada isla, no de las líneas de base que unen los extremos del archipiélago, se consideran aguas internacionales, lo que complica su regulación. La CNUDM sólo menciona expresamente a los Estados archipielágicos en lo que respecta a la delimitación de sus aguas interiores con efectos vinculantes para terceros. Se habla mucho menos de la regulación de los fondos marinos no sujetos a soberanía estatal, que según el CNUDM son "patrimonio común de la humanidad" sometidos a la regulación, todavía embrionaria, de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
Sin embargo, en los últimos años ha ido creciendo el runrún sobre el control de las aguas y los recursos fósiles que teóricamente se esconden a miles de metros de profundidad. Hasta el punto de que la mención de la delimitación de las aguas canarias en el pacto presupuestario entre el PSOE y Coalición Canaria (CC) ha servido de excusa para escenificar la ruptura del pacto de gobierno autonómico entre CC y el Partido Popular (una ruptura motivada en realidad por las elecciones autonómicas de 2011).
El Estado español nunca ha zanjado en derecho interno la cuestión de la demarcación de su mar territorial y de su zona económica exclusiva (ZEE). Sobre el agua salada, lagunas jurídicas. Para Canarias y Baleares, el Estado nunca ha reconocido sus aguas interiores ni tampoco ha trazado las "líneas de base rectas" necesarias para fijar la ZEE, tal y como estaba previsto en una ley preconstitucional de 1978. De hecho, en un principio se abstuvo de firmar la CNUDM y no la ratificó hasta quince años después. Esta pusilanimidad o dejadez se debe a dos razones fundamentales: una se llama Gibraltar y la otra, Marruecos. La pertenencia a la OTAN (todavía en el aire en la época de la negociación de la Convención) implicaba una serie de obligaciones que incluía el tránsito de buques y submarinos militares por el Estrecho de Gibraltar (el llamado "paso inocente"). Por otro lado, continúa en disputa la soberanía sobre las aguas territoriales que rodean el Peñón de Gibraltar, como se expresa en las reservas que comunicó España en el momento de la firma y de la ratificación, que no mencionan a Canarias.
Marruecos no ratificó la CNUDM hasta 2007. España nunca ha querido abrir un nuevo frente diplomático con su vecino por la delimitación de la mediana marítima y de la plataforma continental marroquí (que afecta a Canarias), por la delicada cuestión de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otras plazas de soberanía del norte de África, reclamadas por Marruecos, y por la irresuelta descolonización del Sáhara Occidental. El ingreso en lo que más tarde se llamaría Unión Europea facilitaría con el tiempo la resolución del tema pesquero con Marruecos sin tener que pasar por demarcaciones soberanas y haciendo caso omiso a las pretensiones saharauis, al ser la pesca competencia exclusiva de la Unión.
Con Portugal tampoco se ha resuelto el problema de la demarcación de las aguas con Canarias, pero con este país no existen los mismos problemas políticos que con el Reino Unido o con Marruecos. Pese a esta inconcreción, Portugal -pese a ser menos "federal" que España- sí que ha realizado una delimitación unilateral de las aguas interiores y circundantes de sus archipiélagos en sus respectivos estatutos de autonomía. Por ejemplo, el de Madeira (1991, reformado en 1999 y 2000) establece, en su artículo 3.2, que "la Región Autónoma de Madeira también cubre el mar que la rodea y sus fondos, incluidas las aguas territoriales y zona económica exclusiva, en los términos que disponga la ley." Además, en las reservas a la CNUDM Portugal menciona a sus archipiélagos e islas.
Nada parece impedir que España lleve a cabo también un acotamiento unilateral. Es la opinión del Tribunal Supremo, que en una sentencia de 2008
declaraba que la CNUDM deja en el aire -pero no prohíbe- que Estados no
archipielágicos pero mixtos como el español puedan efectuar dicho reconocimiento. El "contorno perimetral" que han acordado establecer PSOE y CC podría ser un paso importante en este sentido, dependiendo de cómo se haga. Esto no resolvería por sí sólo la distribución
de competencias sobre el dominio público estatal de las aguas
interiores, aunque la delimitación de las aguas sea competencia
exclusiva del Estado. El Tribunal Constitucional, al abordar el artículo 132 de la Constitución española, ha determinado que "es doctrina
reiterada (...) que la titularidad estatal sobre el mismo y
su competencia para determinar las categorías de bienes que lo integran
no son, en sí mismas, criterios de delimitación competencial". Haría falta una reforma del Estatuto de Autonomía. Es más, "aunque hagamos un reconocimiento legal interno a la
cuestión de las aguas interiores archipelágicas, es lo cierto que, con
las consideraciones generales actuales del Convenio de 1982, al no tener
Canarias la consideración de Estado archipelágico las aguas interiores
entre las Islas no serán, de momento, reconocidas internacionalmente". Es lo que señala, entre otros, el jurista Santiago Rivero Alemán en uno de los artículos más serios que he leído sobre este asunto. El problema se plantearía, por tanto, en caso de un hipotético conflicto jurisdiccional con otro país (Marruecos). Que es precisamente lo que quiere evitar el Convenio del Mar.
En el fondo de todo este embrollo político-jurídico se atisba una carrera por la explotación de los recursos del subsuelo marino de la costa norteafricana. El control de los vertidos de los cientos de buques que transitan por aguas canarias cada año es lo de menos. Algunos de los nacionalistas canarios más afines al independentismo sueñan con la explotación de los hidrocarburos para reafirmar la soberanía política y económica, sin pararse a pensar en sus consecuencias ecológicas. Los representantes de Coalición Canaria se conformarían con sacar tajada fiscal de las concesiones que en el futuro pueda otorgar el Estado dentro de las aguas canarias o en la ZEE. El año que viene Repsol comenzará a extraer gas del yacimiento de Anchois, frente a la costa de Tánger. Si los marroquíes se aprovechan, ¿por qué no "los canarios"?, piensan algunos. ¿O "los españoles"? Piensan otros.
Así pues, en Canarias se ha puesto en marcha una nueva recalificación, pero esta vez de los fondos marinos. No para captar una renta urbanística sino para apropiarse de una renta minera e hidrocarburífera. Es la "nueva frontera" de la fiebre extractivista en un mundo donde muchos minerales comienzan a escasear. Qué pronto hemos olvidado el desastre ecológico de BP en el Golfo de México y los riesgos que entrañan las prospecciones petroleras a grandes profundidades. Entre la alternativa estatizadora o "privatizadora" de las ZEE y la opción "Leviatán", en forma de autoridad minera mundial, poco espacio se deja para explorar otras formas de cuidado colectivo de ese patrimonio común dinámico que son los océanos.
El argentino Luis Mattini, a propósito de las manifestaciones que pedían
que se demoliera en Buenos Aires el monumento al general Julio Roca,
responsable del genocidio indígena durante la decimonónica Campaña del
Desierto, se preguntaba con socarronería lo siguiente: "si es que
están convencidos de que por ahí pasa la solución a la opresión que
sufren los indígenas, ¿no sería mejor que en vez de llevar esas vistosas
banderas y esos disfraces para pedir, no sería mejor, digo, en honor al
"hacer" que aprendimos de la inmanencia del Che, que llevaran picos y
mazas para demoler el monumento?". Obviamente, para los manifestantes "la solución" no pasa por ahí, aunque sí dieran importancia
simbólica a la desaparición del monumento, como sucede en España con la
iconografía franquista. Del comentario me gustaría destacar no tanto esa
valoración como ese "hacer" que reclama Mattini con la contundencia
propia del ex guerrillero que fue.
Desde España
muchos contemplan embelesados lo que está sucediendo en Francia mientras
se quejan de que aquí los sindicatos no hacen lo mismo. No sé, pero me
parece que en Francia muchas organizaciones y colectivos no han esperado
a que los denostados sindicatos convoquen una gran huelga unitaria en
un magno día D. Desde que hace unos meses comenzaron las protestas
contra las reformas del gobierno de Sarkozy, estas han ido ganando en
amplitud y en desbordamientos que incomodan cada vez más a la oposición
socialista. Los "no representados" (los parados, precarios, becarios,
estudiantes, etc.) no han esperado a que la vieja aristocracia obrera
canalizara sus demandas. Y entre ellos el debate político ha sido desde
luego más rico y ha superado con creces la vieja cantinela de "más
crecimiento" (sostenible, sí) y "más empleos" (de calidad, por
supuesto). Rechazan de plano los dogmas neoliberales sobre la crisis "de las pensiones", "de la seguridad social" y muchos se plantean cómo extender una renta básica universal e incondicional.
"En
mayo comenzó una huelga de parados en toda Francia. Intervención en
directo en un plató de TV, ocupaciones de agencias de empleo y de sus
direcciones departamentales, regionales y nacional, bloqueo de
plataformas telefónicas, intervenciones en la CAF [organismo que abona una serie de subsidios],
visita de los centros de coaching, paseos y piquetes de huelga en la
calle, reunidas en la plaza pública... La huelga de los parados es una
huelga contra la culpabilización, el trabajo forzado, el aislamiento, la
gestión.
Hoy nos manifestamos contra la reforma de las
pensiones. Parados que ya están sometidos a la reducción de nuestras
prestaciones, a las conminaciones a que trabajemos cada vez más, y a la
vigilancia de nuestros comportamientos, sólo cabe combatir una reforma
que destruye un derecho que ha sido conquistado duramente por las luchas
obreras: el derecho al reposo después de una vida dedicada a las
empresas.
Pero no podemos limitarnos al rechazo de la
duración del período de cotización. ¿Quién cuenta todavía con un empleo
ininterrumpido a tiempo completo (por tanto con cotizaciones plenas)
hasta los 60 años? ¿Qué jubilación existe hoy para los precarios
permanentes, para quienes cobran el salario mínimo desde hace tiempo,
los que empiezan a cobrar el RSA,
las "amas de casa" divorciadas, los intermitentes del empleo, los
interinos de toda la vida, los parados de duración indeterminada, los
abonados a los empleos a tiempo muy parcial, los autónomos sin clientes,
los estudiantes que demoran sus estudios, los campesinos que cobran el
RSA...? La última semana, en un taller colectivo en Pôle emploi [el INEM francés]
donde habíamos sido invitados, nos cruzamos con un parado de 60 años y
40 kg que buscaba trabajo como vigilante para poder tener derecho a una
pensión correcta. Una realidad banal, que gobierno y empresas desean
generalizar, y que las centrales sindicales niegan en sus propuestas,
sin ponerlo siquiera en relación con el aumento actual del número de
personas dependientes de una "pensión no contributiva", la que se
concede a una parte de quienes no tienen jubilación cuando, sobre todo
ellas, alcanzan sus 65 años...
Se trata tanto de la
gestión de las pensiones como de la gestión de la precariedad: cada uno
es culpabilizado para empujar a todo el mundo a permanecer disponible en
el mercado de trabajo durante el mayor tiempo posible, a cualquier
precio y bajo cualquier condición. Deberíamos avergonzarnos por vivir
más tiempo, nuestros abuelos serían culpables por haber tenido
demasiados niños, nuestros padres por no tener suficientes. Y todos
seríamos culpables de endeudar a la empresa-Francia.
No queremos esa realidad No debemos nada Queremos todo"
Recientemente, en Montreuil los profesores en huelga organizaron una asamblea interprofesional
en la que participaron el colectivo de parados CAFard ("cucaracha", en
francés, juego de palabras con el organismo CAF). En ella aportaban unas
cuantas ideas:
"Que tengamos un espacio de trabajo o
no, podemos organizarnos de manera transversal más allá de las
corporaciones o de los estatutos. Es necesario que se inventen nuevas
formas de huelga. Bloquear un Pôle emploi
con sin papeles, ocupar un instituto con jubilados y una residencia de
ancianos con estudiantes, parar una empresa privada de seguros con
interinos del público, hacer un piquete con mensajeros, sitiar una
agencia fiscal con insolventes, requisar las mercancías de un Monoprix
con vendedores ambulantes, bloquear una autopistas con agentes RATP [la
empresa de metro], ocupar centros de coaching con estibadores, organizar
una asamblea en una escuela de comercio con trabajadores de los
servicios de empleo con contratos a tiempo determinado..."
Esta búsqueda radical de transversalidades la hemos visto también en Grecia con los colectivos que ayudan a inmigrantes y refugiados, que están sometidos a una especial represión. En
los últimos días ha sorprendido en Francia la irrupción de los estudiantes de
instituto, que ya son conscientes de las implicaciones que tiene para
ellos la reforma de las pensiones. En Rennes han dicho cosas como ésta:
"Rechazamos
tener que cotizar 41,5 anualidades y esperar 67 años para poder tener
derecho a una pensión completa, sabiendo que la duración de nuestros
estudios se amplía y que a lo largo de nuestra vida nos encontraremos
con el paro y la precariedad."
Todo esto no quiere
decir que en Francia no se haya dado el mismo debate sobre si es
necesario tener convocada una huelga general total para comenzar a
protestar. Y también allí la izquierda política discute con ansiedad
sobre cómo traducir esta efervescencia en resultados electorales, para
que no vuelva a haber otra gran decepción como sucedió después del No a
la Constitución Europea en 2005. Últimamente se debate mucho acerca
de la posibilidad de una huelga general indefinida pero no hasta que dimita Nicolas Sarkozy (que es como se plantean las cosas en España), sino hasta que se retiren esta y otras reformas. Algunos -pocos, es cierto- incluso ya
han superado este discurso moralista y equívoco de la búsqueda de
"culpables de la crisis", un terreno abonado para la extrema derecha,
por más que nos refiramos a los bancos. Pero esto sucede porque antes se
han multiplicado y ampliado lo que en principio eran movilizaciones
locales y sectoriales. Hasta el punto de que quienes "hacen" o "actúan" son vistos con simpatía por muchos de los que no pueden o no quieren por las razones que sea. Lo que no tiene mucho sentido es empezar la
casa por el tejado.
Frente al resurgimiento de un pensamiento basado
en los bienes comunes nos encontramos con una feroz reacción propietaria, del mismo modo en que el poder ha reaccionado durante la crisis con ajustes neoliberales frente al posible desarrollo de alternativas
económicas más democráticas. Un buen ejemplo es el Acuerdo Comercial contra la Falsificación, más conocido por sus siglas en inglés, ACTA.
Después de tres años de negociaciones, a principios de octubre los países
negociadores aprobaron en Tokio un texto casi definitivo del mismo. En
principio, sólo quedaron pendientes algunos flecos que no alterarían la
sustancia del tratado. La apropiación privativa del conocimiento
Con el ACTA los países signatarios aspiran a reforzar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
entre ellos. Las grandes empresas occidentales de la industrias
farmacéutica, de la biotecnología, del software o del entretenimiento
esperan así limitar los reveses judiciales orientando la regulación a su
favor. Su interpretación de lo que constituye una vulneración de dichos
derechos es extensiva: se vulnera la propiedad cuando se comparten
archivos "protegidos" o cuando un agricultor usa semillas que
contienen genes modificados genéticamente sin pagar regalías. Con los bienes inmateriales la propiedad privada se entiende más como una reserva exclusiva de utilidades que como un dominio material absoluto. Hasta la
fecha han participado en las negociaciones Australia, Canadá, Japón, la
República de Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza,
los Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir,
en su mayoría países con un cierto grado de desarrollo y productores de
bienes y servicios "intensivos en conocimiento". O dicho de otro modo,
hablamos de países donde la reorganización de la producción en torno a
la valorización económica del conocimiento colectivo afecta a arraigados
intereses corporativos. El problema para el capital estriba en que las
nuevas formas de organización de la producción no se corresponden
todavía con un régimen consolidado de propiedad privada (mediante
esos monopolios temporales que son los derechos de propiedad
intelectual) que permita obtener una renta a partir de la explotación
del trabajo inmaterial. Aunque con los bienes inmateriales la propiedad privada se entienda más como
una reserva exclusiva de utilidades que como un dominio material
absoluto, al aplicarse al conocimiento (bien público o común por excelencia), se acaba
obstaculizando aquello que se supone que quiere fomentar: la creatividad
y la innovación. Un acta de expropiación puede acabar convirtiéndose en un acta de defunción.
Las negociaciones del acuerdo se llevaron a
cabo en secreto hasta que en mayo de 2008 Wikileaks filtró un documento de trabajo sobre el mismo. El primer borrador oficial no se publicó hasta abril de este año. Buena parte de las críticas se han centrado en la falta de transparencia de las negociaciones y en el arsenal punitivo que se prevé contra los usuarios de contenidos protegidos. Los primeros documentos que circularon introducían elementos como la regla de los tres avisos (three strikes),
que obliga a los proveedores de servicios de internet a controlar,
filtrar y cortar el acceso a la red a los usuarios que descarguen
contenidos objeto de derechos de propiedad intelectual y que actualmente
aplican países como Francia. También buscaban consagrar la
responsabilidad civil y criminal de los proveedores de servicios por
vulneración de los derechos de autor (copyright). E imponían
controles en frontera que podían perjudicar a países exportadores de
medicamentos genéricos como India. En general, el borrador destacaba por
la relativa desprotección del interés público frente a
los intereses privados.
Desde entonces la movilización internacional contra el acuerdo no ha dejado de crecer, con multitud de colectivos que convergen en sitios activistas como La Quadrature, Knowledge Ecology International, Act on ACTA (del grupo parlamentario europeo Los Verdes/Alianza Libre Europea) o el blog del abogado canadiense Michael Geist.
Philippe Aigrain, uno de los cofundadores de La Quadrature, destaca dos
características de estos movimientos pro-común: una es la creciente
integración entre actores dispares (quienes están a favor del software
libre, quienes fomentan el acceso libre a los medicamentos, los
campesinos que se oponen al monopolio propietario de los organismos
genéticamente modificados); y otra -esencial- es que no se limitan a una mera resistencia contra la apropiación, sino que participan activamente en la construcción de dichos bienes comunes.
Por su parte, y tras haber sido ninguneado en una primera etapa, el
Parlamento Europeo se convirtió este año en un campo de batalla político
fundamental (el Tratado de Lisboa le otorga más competencias en materia
de comercio internacional). Ya en marzo exigió a la Comisión Europea que lo mantuviera informado y que tuviera en cuenta sus resoluciones.
Al final el texto consolidado del acuerdo
que anunciaron los
principales negociadores hace unos días difiere en no pocos
puntos de la versión que se filtró en mayo de 2008, lo que de por sí
constituye un éxito de la presión social. En buena medida desaparece de
la letra del tratado algunos elementos que en la práctica equivalían a
una aplicación a nivel mundial de la legislación estadounidense sobre
propiedad intelectual (la Digital Millenium Copyright Act),
que va más allá de lo que regula el acervo comunitario europeo. Por
ejemplo, se elimina la obligación de los
proveedores de servicios de desconectar las conexiones de los
infractores, aunque no se descarta que algunos gobiernos así lo decidan. No obstante, tanto la administración de Barack Obama, que
parece tener mucha
prisa por firmar el acuerdo antes de las elecciones de noviembre, como
la Unión Europea, se muestran satisfechos. Y es que aunque no se hayan incorporado las medidas más controvertidas sí que se exige a los Estados parte
que prevean
procedimientos y sanciones que permitan actuar contra los infractores. Para determinar el monto de daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales podrán considerar "cualquier medida legítima de valor presentada por el titular de derechos" (artículo 2.2.1). Además, el mismo término "piratería" se mantiene en la versión final y
aparece con relativa frecuencia a lo largo del documento. Podrán haberse suavizado algunos aspectos de la letra del tratado, pero
el espíritu sigue siendo el mismo. La dificultad de lograr un consenso global
El ACTA, al ser un acuerdo plurilateral, está siendo negociado por un grupo reducido de países al margen de la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque se basa en uno de sus principales tratados, el del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
que sí se aplica a todos los Estados miembros de dicha organización. El
ADPIC es único en el contexto de la OMC, pues en lugar de prohibir
restricciones a la circulación (de mercancías, de servicios) impone obligaciones positivas a
los gobiernos, incluyendo estándares mínimos de observancia. Un ejemplo
más de cómo el "mercado" en el capitalismo es sobre todo una
construcción jurídica que precisa de un intervencionismo activo y
constante de los Estados. La inclusión del ADPIC en el marco de la OMC
al finalizar la Ronda de Uruguay en 1994 fue el resultado de las
presiones estadounidenses y europeas, que buscaban ante todo que los
países "en vías de desarrollo" aplicaran unas regulaciones en materia de
propiedad intelectual más exigentes que las previstas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Su aplicación implica unos costes administrativos y económicos que
apenas se compensan: los países que no produzcan bienes y servicios que
incorporen tecnologías y conocimientos "protegidos" se ven obligados a
pagar elevadas rentas que son transferidas
al exterior (básicamente a Estados Unidos y a Europa). Por no hablar de
los costes sociales en el ámbito, por ejemplo, de la salud pública. Si
estos países acabaron por aceptar fue a cambio de concesiones en materia
textil o agrícola y, años más tarde, por la inclusión de flexibilidades
en la importación de productos farmacéuticos patentados fabricados al
amparo de licencias obligatorias.
Sin embargo, una cosa fue ratificar el ADPIC y otra muy diferente aplicar de manera efectiva los principios que contienen, sobre todo si es en el sentido que pretenden las transnacionales de los países OCDE. Muchos países "en vías de desarrollo" tienen muy pocos incentivos para hacerlo: con la ronda comercial de Doha estancada las posibilidades de obtener contrapartidas en áreas como la agricultura se han evaporado. De ahí que, por un lado, los países ricos hayan tratado de negociar un acuerdo como el ACTA y que, por otro, Estados Unidos y la Unión Europea hayan tratado de incluir capítulos sobre observancia de la propiedad intelectual en las negociaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio (como los que ha celebrado la UE con Colombia, Perú y Corea del Sur). Estos acuerdos bilaterales amplían las obligaciones existentes en el ADPIC y crean otras nuevas que no figuran en el acuerdo multilateral. Una tendencia que no gusta a un gobierno que tiene mucho que decir en este tema: el gobierno chino.
Un final aún por escribir
El próximo miércoles 20 de octubre el Parlamento Europeo debatirá el ACTA. El mismo día en que se debate, por cierto, el informe Figueiredo sobre una renta mínima en Europa. En noviembre la asamblea votará una resolución en sesión plenaria. En cualquier caso, esta institución aún deberá dar su visto bueno para que dicho tratado pueda entrar en vigor en la Unión Europea por lo que la acción ciudadana en este espacio continuará siendo importantísima. El Senado mexicano ya ha mostrado su oposición al mismo.
Pero el debate no debería reducirse a la búsqueda de un precario equilibrio entre derechos, entre una noción expansiva de los derechos de propiedad intelectual y los derechos a la intimidad, al acceso al conocimiento o la misma libertad de expresión. Tal vez lo más notable de este conflicto político sea que se haya puesto en discusión el mismo régimen de propiedad, algo que los funcionarios que negocian el acuerdo suelen dar por sentado. Es ese régimen el que sobredetermina el modo de producción y, en última instancia, la posibilidad de democracia. No se trata por tanto de rechazar toda forma de propiedad, sino de configurar nuevos regímenes de propiedad común que permitan la libertad de todos.
var a2a_config = a2a_config || {};
a2a_config.linkname = "Quilombo: Un ACTA de defunción";
a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/un-acta-de-defuncion";
Desde hace ya algunos años los sectores más conservadores tienden a rechazar las políticas que van en contra de sus convicciones e intereses presentándolas como un ataque a las libertades, una manipulación que es lo único que justifica que se autoproclamen como "liberales". En nombre de la libertad pretenden cercenar la libertad de quienes, según ellos, merecen vivir sometidos. Pero esta pretensión no debería hacernos perder el espíritu crítico frente al objeto de sus invectivas.
La semana pasada la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación que ha suscitado el rechazo de la oposición y de los principales medios de comunicación del país. La ley define como discriminación (artículo 5) "a toda forma de
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de
sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen,
cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología,
filiación política o filosófica, estado civil, condición económica,
social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción,
capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial,
estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta,
apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la
Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se
considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa." Luego especifica qué es lo que entiende por discriminación "racial" o por actitudes como la homofobia, la transfobia y la misoginia. Se crea un comité gubernamental que debe velar por la aplicación de los objetivos de la ley. El apartado más polémico es el que hace referencia a las sanciones, y concretamente las que se aplican a los funcionarios públicos y a los medios de comunicación. Según el artículo 16 "el medio de comunicación que
autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de
sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento,
sujeto a reglamentación."
Para entender por qué se ha aprobado esta ley hay que tener en cuenta la historia lejana y reciente de Bolivia. Los movimientos sociales que auparon el MAS al poder fueron portadores, entre otras cosas, de un proyecto de "descolonización" de la sociedad y del Estado bolivianos. El Estado moderno en América Latina se formó sobre bases patriarcales, esclavistas y racistas, muy explícitas hoy en las prefecturas donde se atrincheran las oligarquías opositoras. No es de extrañar que su transformación sobre bases completamente diferentes se sitúe en el centro del debate político entre el gobierno y los diversos movimientos.
La cuestión es compleja porque las jerarquizaciones raciales y machistas permean las mentalidades en prácticamente todos los ámbitos sociales. Como explica la antropóloga Raquel Gutiérrez Aguilar, ex militante de la guerrilla Túpac Katari (como el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera o el líder aymara Felipe Quispe), "la opresión patriarcal se filtra por los mil vasos capilares de la socialidad y se ejerce en todo lo cotidiano, desde la cama hasta la alimentación, desde la educación hasta las reuniones políticas, exigiéndonos la subversión en todos los aspectos de la forma de vida, de convivencia y de trabajo." Destacados líderes indígenas pueden luchar por un lado contra el racismo criollo y por otro hacer gala de un machismo penoso con sus compañeras y de un notorio desprecio de los homosexuales. Esto explica la larga lista de motivaciones discriminatorias que incorpora la ley. Ahora bien, ¿constituye este tipo de normativas la mejor manera de acabar con las discriminaciones?. No estoy tan seguro.
El colectivo feminista boliviano "Mujeres creando", cuyo miembro más conocido es María Galindo, lleva tiempo denunciando estas contradicciones y realizando provocadoras representaciones artísticas que colocan a la sociedad boliviana frente a un incómodo espejo. Como cuando denuncian el apoyo institucional a concursos de belleza que cosifican a las mujeres y les imponen determinados parámetros estéticos como vía preferente para el ascenso social. Cuando el gobierno de Evo Morales apoyó la organización del certamen Miss Universo en la ciudad de Santa Cruz -un jugoso caramelo para el empresariado cruceño- no hacía otra cosa que continuar con esa tradición de la derecha local -y no sólo local- consistente en el empleo de modelos con las que resaltar la virilidad de políticos y empresarios. Esta cultura del macho aflora de vez en cuando en algún que otro comentario o actitud del mismo presidente. Cabe preguntarse, pues, si con esta ley destacados representantes del gobierno no podrían incurrir en el futuro en sanción por según qué comentarios o iniciativas.
Y es que el aspecto más delicado de esta ley es su carácter eminentemente sancionador. La tipificación penal o administrativa de la "discriminación" no es muy precisa, lo que puede facilitar todo tipo de abusos desde los poderes públicos. No sólo desde el gobierno del MAS sino por parte de quienes en la oposición denuncian un supuesto "racismo a la inversa". Es, por ejemplo, lo que piensa su contrincante político Felipe Quispe. Por su parte, María Galindo opina que, aunque la lucha contra el racismo sea necesaria, la ley "propone medidas que en la apariencia combaten el racismo pero que en el fondo se convertirán en inservibles. En toda la ley hay un solo artículo concreto y sanador que puede ser aplicado mañana mismo y es la prohibición de la reserva del derecho de admisión en todo local público. Es concreto y operativo inclusive porque responsabiliza de su cumplimiento inmediato a una instancia específica del Estado como son los gobiernos municipales. El resto de la ley lamentablemente es inaplicable, declarativa, y enunciativa." Por eso Galindo cree que es más práctico y adecuado prohibir de antemano "prácticas segregacionistas" como la del "derecho de admisión" o la segregación económico-racial entre escuela pública y privada. "Primero el racismo es división espacial y luego es conversión de esa división espacial jerárquica en estructura mental y emocional. Por eso la eliminación del segregacionismo es una política altamente efectiva, concreta y posible a la hora de combatir el racismo. Yo me siento en la misma silla que tú y nuestros hijos e hijas van al mismo colegio y punto". Tampoco entiende por qué se privilegia el racismo frente a otras discriminaciones, aunque el mero hecho de que se incluyan ya supone un importante reconocimiento.
Cuando la oposición convervadora denuncia la ley porque atenta contra la "libertad de expresión" apunta sin duda a un aspecto problemático y preocupante de la misma, pero lo hace de una manera que obvia el entramado de relaciones de poder que justifica su aprobación. Al mismo tiempo, la pretensión de acabar con el racismo por la vía penal muestra una cierta impotencia frente al discurso del odio y del desprecio. Algo parecido está sucediendo en estos momentos en Holanda con el proceso contra Geert Wilders, que podría consagrarlo como un mártir por las libertades, desde la libertad de expresión a la de las mujeres, aunque sus posiciones nada tengan que ver con ellas. Lo fácil es tratar de impedir que Wilders diga las estupideces xenófobas que quiera; lo difícil, y que pocos piden, es desmontar el sistema institucional de discriminaciones que contribuye a que alguien como él encuentre eco en Europa con sus exabruptos.
var a2a_config = a2a_config || {};
a2a_config.linkname = "Quilombo: Discriminación y libertad de expresión";
a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/discriminacion-y-libertad-de-expresion";
El 28 de agosto de 1963 tuvo lugar en Washington la famosa "Marcha por el trabajo y la libertad", donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso "Yo tengo un sueño". Una de las personas que más contribuyeron a la organización de la marcha fue el gran Harry Belafonte, amigo y mecenas de la familia King, y activo luchador contra el racismo y contra el colonialismo. Puedo imaginarme su indignación cuando bufones reaccionarios como Glenn Beck, Sarah Palin y otros se arrogaban la herencia moral y política de King en vano. Así que cuarenta y siete años después Harry Belafonte volvió a las escalinatas del Lincoln Memorial en una marcha algo más descafeinada y más electoral, la de "Una nación trabajando juntos", convocada por las organizaciones progresistas estadounidenses, muchas de ellas decepcionadas por la administración de Barack Obama. Pero esta vez quiso poner su desgastada voz al frente del micrófono para oponerse a la guerra y a las desigualdades sociales. Podremos discutir algunos aspectos, como su fe en el sistema electoral de su país, pero no puede negarse la lucidez y la fuerza de sus palabras, poco habituales en artistas mucho más jóvenes. Este fue su discurso.
"En 1963, Martin Luther King, Jr. se levantó en los escalones de este memorial y declaró que esta nación debía unirse y abrazar sus grandes ideales. Dijo que deberíamos marchar juntos y superar la injusticia y el racismo, y que todos los ciudadanos no sólo tenían el derecho de voto, sino que debían ejercer ese derecho y hacer America. Esto explica en parte por qué estamos hoy aquí. Pero también estamos aquí para ocuparnos de otros agravios. Martin Luther King, Jr., en su discurso “Tengo un sueño”, hace cuarenta y siete años dijo que América pronto entendería que la guerra en la que estaban implicados en aquel tiempo, la guerra que esta nación llevaba a cabo en Vietnam no sólo era enormemente injusta, sino que era imposible de ganar. Cincuenta mil americanos murieron en aquella cruel aventura, y más de dos millones de vietnamitas y camboyanos perecieron. Hoy, casi medio siglo después, mientras nos reunimos en este lugar donde el Dr. King rezó por el alma de esta gran nación, decenas de miles de ciudadanos de toda condición se reúnen hoy aquí para reavivar su sueño y una vez más esperar que toda América pronto se dé cuenta de que las guerras que hacemos hoy en tierras lejanas son inmorales, injustas e imposibles de ganar.
La CIA, en un informe oficial, nos dice que el enemigo que perseguimos en Afganistán y en Pakistán, al-Qaeda, cuentan con menos de cincuenta — digo cincuenta —personas. ¿Creemos realmente que enviando a 100.000 hombre y mujeres jóvenes a matar civiles inocentes, mujeres y niños, y suscitando el rechazo de decenas de millones de personas en toda la región nos hace de alguna manera estar más seguros? ¿Tiene esto algún sentido?
La decisión del Presidente de escalar la guerra en aquella región cuesta a la nación 33 mil millones de dólares. Esta suma de dinero permitiría no sólo crear 600,000 empleos en Estados Unidos, sino que nos dejaría algunos miles de millones para empezar a reconstruir nuestras escuelas, nuestras carreteras, nuestros hospitables y viviendas asequibles. Podría servir también para reconstruir las vidas de los miles de nuestros veteranos heridos que han retornado.
Dr. King amaba a esta nación. Vio, como vemos hoy todos los que estamos aquí, que no deberíamos dejar que esta gran nación perezca. La visión de Martin fue también la visión de Abraham Lincoln, que entendió el mal que representaba la esclavitud y, al abolir ese mal, salvó América. Aunque la esclavitud haya sido abolida, el veneno atroz del racismo persiste todavía, y la lucha continúa. Tenemos la población penitenciaria más grande del mundo. Y mientras industrializamos este sistema de prisiones, robamos a cientos de miles de trabajadores los empleos que necesitan y los salarios que por derecho les corresponde.
La difícil situación de las mujeres no se soporta mejor. Su opresión no cede, y las violaciones y la violencia doméstica, la esclavitud sexual y los embarazos de adolescentes abundan.
Pero quizás la amenaza más grande de todas sea la subversión de nuestra Constitución y el ataque sistemático contra los derechos inalienables de los ciudadanos de esta nación, derechos que están garantizados por la Constitución. En la vanguardia de este ataque insidioso se encuentra el 'Tea Party'. Esta banda de ciudadanos equivocados se está acercando peligrosamente a conseguir sus malvados fines.
Esta reunión de hoy es una llamada de atención para América. Este gigante llamado democracia finalmente vuelve a agitarse. Los ciudadanos están reuniéndose para decir que la libertad no duerme. Puede que por un momento hayan logrado adormecerla en un letargo, pero ahora se ha despertado por completo. Y su motor somos el pueblo. Debemos despertar a los apáticos, a los cínicos, a muchos que están furiosos y dudan, a quienes ven su futuro como una perpetua desesperanza, y mostrarles que nuestro arma más grande es el voto. Y que es la respuesta para mucho de lo que nos aflige.
El próximo 2 de noviembre debemos sobrecargar, por millones, nuestras urnas electorales votando contra quienes quieren ver a nuestra nación convertirse en un Estado totalitario. Los americanos saben que el sueño del Dr. King no ha muerto. Votemos el 2 de noviembre por empleos, empleos, empleos, por la paz, por la justicia, por los derechos humanos, por nuestros niños y el futuro de América. Y pongamos fin a la guerra. La paz es necesaria. Por justicia, es necesaria. Es necesaria para la esperanza, por nuestro futuro.
Les quiero a todos y Dios bendiga América."
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"Cuando
el nigeriano Wole Soyinka escribe en inglés, Europa le da el Nobel de
Literatura, pero si el keniata Ngugi Wa Thiong'o lo hace en kikuyu o en
kiswahili, entonces no existe para la intelectualidad occidental. En
realidad, hay que tener sentido de la hospitalidad con políticos y
literatos africanos del pasado siglo XX, porque aunque han aprendido muy
pocos de sus gentes han hecho un honesto esfuerzo de aculturación para
blanquear sus mentes, sus políticas y su arte." Ferrán Iniesta (Imaginar África, Editorial Catarata, 2009)
Es posible que el escritor keniata Ngugi wa Thiong'o(nacido
en 1938) nunca reciba el Premio Nobel de Literatura. No sería el
primer africano al que se lo conceden, pero sí podría ser el primer galardonado que
escribe en su lengua africana originaria, en su caso en kikuyu, una de las muchas que conviven en Kenia. Sólo dos de sus libros han sido traducidos al castellano. Lo cual
dice mucho acerca de la persistencia de las jerarquías coloniales del
saber. No es una cuestión de escritores, sino de culturas y sistemas lingüísticos y estructuras de dominio (también empresarial). Otro ejemplo, aún más grosero: el Premio Nobel de Literatura sólo se ha concedido una vez a un escritor en lengua árabe, que sin embargo es una de las lenguas más habladas en el mundo. La Academia Sueca hoy podía haber dado un paso valiente precisamente en estos momentos, cuando
Europa se vuelve más irrelevante y asiste al ascenso de las posiciones más conservadoras y
xenófobas. No lo ha hecho, y con su decisión han vuelto a hacer del Premio algo menos universal. Enhorabuena al ganador, un gran novelista cuya vida sí que ha venido marcada por la búsqueda de este galardón.
No es el caso
de Ngugi (o Ngũgĩ) wa Thiong'o. Ngugi ha mantenido una larga
trayectoria anticolonial y antiimperialista desde que renunciara a escribir literatura en
la lengua del colonizador a finales de los años sesenta. Por escribir
una obra de teatro en kikuyu crítica con el gobierno, y por ponerla en escena con campesinos y trabajadores, el dictador Daniel
Arap Moi ordenó su encierro en prisión. Y fue en la cárcel de máxima
seguridad de Kamiti donde escribió, usando como papel el papel higiénico
de su celda, la primera novela moderna escrita en lengua kikuyu, Caitaani mũtharaba-Inĩ (El diablo en la cruz,
editado en España por Txalaparta en 1994). En 1981 explicaba * las razones políticas de su determinación en el uso de su lengua materna, frente a autores como Chinua Achebe que se conformaba con enriquecer la lengua colonial.
"Creo que mi escritura en lengua kikuyu, una lengua keniata, una lengua africana, forma parte de las luchas antiimperialistas de los pueblos de Kenia y del resto de África. En las escuelas y universidades nuestras lenguas keniatas - es decir, las lenguas de las muchas nacionalidades que conforman Kenia - estuvieron asociadas con las cualidades negativas del retraso, el subdesarrollo, la humillación y el castigo...
Así que me gustaría contribuir a la restauración de la armonía entre todos los aspectos y divisiones del lenguaje para reponer al niño keniata en su ambiente, comprenderlo plenamente para poder estar en posición de cambiarlo para su bien colectivo. Me gustaría ver que las lenguas maternas de los pueblos de Kenia (¡nuestras lenguas nacionales!) sean portadores de una literatura que refleje no sólo los ritmos de la expresión hablada de un niño, sino también su lucha con su naturaleza y su naturaleza social.
Pero el hecho de que escribamos en nuestras lenguas -aunque constituya un primer paso necesario en la correcta dirección - por sí solo no traerá el renacimiento de las culturas africanas si la literatura no es portadora de las luchas antiimperialistas de nuestros pueblos por liberar sus fuerzas productivas del control extranjero".
Una de las últimas entrevistas a Ngugi Wa Thiong'o (a partir del minuto 1:54), realizada por Amy Goodman para Democracy Now!, 13 de septiembre de 2010.Aquí nos habla de la historia de su país, del significado del
colonialismo y de la figura del ex presidente Jomo Kenyatta.
Desde su salida de la cárcel ha vivido
exiliado en Estados Unidos, donde trabaja como profesor universitario de literatura comparada e inglesa y donde alterna ensayos en inglés con sus
escritos en su lengua africana. Este año ha publicado sus memorias, en las que
nos relata una infancia marcada por la guerra que emprendieron los movimientos
anticoloniales contra el brutal dominio británico. Las ha publicado en inglés desde una traducción propia a partir del kikuyu. Su relación con la lengua de la metrópolis ya no consiste en un mero rechazo frontal sino que es más ambigua y compleja. No puede ser de otro modo, pues recibió su educación universitaria en esa lengua y ha vivido exiliado dos décadas en los Estados Unidos. El inglés es también el vehículo que le permite acceder a un público más amplio. Ello no le impide que su aproximación sea (auto)crítica. En 1996 habló sobre lenguaje y literatura en Miranda House, Nueva Delhi, India, de la siguiente manera **:
"Si controlas la mente de la gente, no necesitas a la policía para controlarla en cualquier otro nivel. Puede comprobarse cómo ese control puede cambiar no sólo cómo las personas se ven las unas a las otras sino cómo observan su relación con aquellos que les controlan. Esto se ve claramente en el modo colonial de educación, que para muchos de nosotros en África nos hace ver Europa como la base de todo, como el mismo centro del universo. Podemos verlo por cómo hemos sido educados para que contemplemos la lengua inglesa como la base de la definición de nuestra propia identidad. En lugar de concebir al inglés solamente como otra lengua con muchos libros y una literatura disponible, lo vemos como la manera de definir nuestro propio ser. Nos volvemos cautivos de esta lengua, desarrollando algunas actitudes de identificación positiva con el inglés (o el francés). Desarrollamos también actitudes que nos distancian a nosotros mismos de nuestros propios lenguajes, nuestras propias culturas. No se trata simplemente de adquirir otra herramienta importante; la adquisición de esta herramienta intelectual se convierte en un proceso de alienación con respecto a nuestras propias lenguas y lo que ellas pueden de hecho producir. Otra manera de mirarlo, especialmente en África, es como la creación de una elite alienada. Pueden ver el tipo de inversión comunitaria que acompaña la producción de estas mentes cuando ellas salen al extranjero para obtener su doctorado, por ejemplo. Nunca devuelven nada a la comunidad comunicando ese conocimiento en lenguajes propios de la gente. La comunidad invierte en nosotros, y donde quiera que vamos -ya sea la Miranda House, o Nairobi, o Yale- lo que producimos lo encerramos con llaves marcadas en inglés o en francés o en portugués o en cualquier lenguaje de educación. El lenguaje es de una enorme importancia. Si miran el área de la cultura, la lengua es clave. Es el medio por el cual nos comunicamos con los demás para la producción de riqueza. Es por eso que lo he llamado en otra parte el banco de la memoria colectiva del pueblo."
(...)
"Bajo el impulso de los departamentos de inglés de las universidades, encontramos muchos estudios y comentarios sobre las nociones de moderno y postmoderno. Pero ignoran lo que constituye la modernidad. Si pensamos la modernidad occidental en términos de la Europa renacentista o post-renacentista, esa modernidad está ligada completamente al colonialismo. No hay manera de librarla del colonialismo y, de hecho, en algunos casos se refleja directamente en la misma literatura.
De manera que el estudio de las literaturas africanas, asiáticas, latinoamericanas, deben ser vistos como parte de la enseñanza de la literatura y la cultura occidentales. Lo realmente importante es apreciar estas conexiones. Sólo cuando veamos las conexiones podremos hablar de un modo significativo de diferencias, similitudes e identidades. La frontera, vista como un puente, se basa en el reconocimiento de que ninguna cultura es una isla en sí misma. Ha sido influenciada por otras culturas y otras historias con las cuales ha entrado en contacto. Este reconocimiento está en la base de todos los otros puentes que queramos construir entre nuestras diversas fronteras culturales. De hecho los puentes ya están ahí. El desafío al que se enfrentan los profesores de literatura inglesa, o de literatura africana o asiática, consiste en reconocer y encontrar estos puentes y construir sobre ellos. Por ello la enseñanza de las literaturas y de los idiomas es un privilegio que nos enfrenta a todos con un desafío, el de descubrir las conexiones entre la literatura y esa plenitud que llamamos sociedad, una plenitud constituida por todo lo que viene con la economía, la política y el medio ambiente."
En 2004, pocos años después de
que Arap Moi perdiera las elecciones, Ngugi volvió con su familia a
Kenia, por primera vez en mucho tiempo, para presentar una novela. Acabó viviendo una experiencia
terrible: cuatro sicarios armados asaltaron la casa donde se alojaba el escritor y saquearon sus pertenencias, incluyendo el ordenador
con el que trabajaba. A él le golpearon brutalmente y a su mujer la
violaron en la habitación contigua. Sus asaltantes fueron condenados
a muerte (ignoro si la pena se ha ejecutado), pero Ngugi está
convencido de que detrás había gente vinculada con el entorno de Arap
Moi, que aún vive. Su crítica anticolonial no se limita por tanto a la
antigua metrópoli, sino que incluye las relaciones postcoloniales de
poder en su país de origen, donde destaca la violencia y el
autoritarismo del poder político (que volvió a manifestarse con
intensidad en 2007-2008). Desde entonces no ha dejado de viajar a su tierra, no sólo para testificar en el juicio. Hace unas semanas estuvo en Nairobi promocionando sus memorias. "En este libro tiendo mi mano a los jóvenes lectores y les digo que no abandonen la escritura, ni siquiera cuando la vida les proporcione tiempos duros", dijo. "Se trata de levantarse cuando uno esté hundido, y no abandonar sus sueños."
La violencia atraviesa toda su vida. Mantiene, sin embargo, la voz serena de los sabios. Vale la pena escucharla, como hacen sus estudiantes en inglés y muchos africanos en otras lenguas. O leerla, como puede permitirse una afortunada minoría.
** 'Borders and bridges: seeking connections between things', recogido en 'The Pre-Occupation of Postcolonial Studies', Durham, N.C. y Londres, Duke University Press, 2000.
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"Normalidad" es una palabra que se ha repetido mucho esta semana que termina, de huelga general y manifestaciones por toda Europa contra las políticas de ajuste. Han abusado de ella desde el presidente del gobierno español hasta sus ministros, pasando por los medios de comunicación. Aquí no pasa nada, todo forma parte de la sucesión natural de los
acontecimientos que entran en el "debe" de la contabilidad política: es
"normal" que la gente muestre su descontento ante los mayores recortes
en el gasto público que se recuerdan y ante reformas laborales que no se
atrevieron a hacer ni los gobiernos de derecha. La protesta ciudadana debe neutralizarse con la propaganda, con el arbitrario arbitraje de "derechos" que se desempolvan para la ocasión (los del trabajo, los de los usuarios) y si ello no basta, como así fue, pues habrá que hacerlo mediante la organización de una puesta en escena teatral. Al final todos habrán cumplido "con su papel": los sindicatos, el papel de manifestarse y desfilar; los asalariados, el de hacer huelga; los medios, el de construir el relato que pase a la posteridad; y el gobierno, el de aportar cifras, mantener el orden público y hacer caso omiso a las reivindicaciones, por aquello de la "responsabilidad".
"Igualdad y justicia". Estandarte del sindicato británico Communications Workers Union (CWU). Una bonita tradición del Reino Unido. 29 de septiembre, Bruselas. Fotografía: Samuel.
Cumplir "con un papel" significa también representar, en este caso una clase, llámese obrera, trabajadora o clase media. "Por la no desaparición de la clase media", decía un cartel en la manifestación sindical de Barcelona, según relata Alberto Arce. Con semejante programa, ¿cómo no simpatizar con el desprecio de quienes no se sienten representados por los sindicatos o de quienes se sienten irrepresentables? Habrá que recordar aquel viejo objetivo comunista que consistía precisamente en la desaparición de las clases tal y como se configuran en el capitalismo.
En las altas esferas europeas sucede lo mismo. El mismo día 29 de septiembre, fecha de la jornada de acción convocada por los sindicatos europeos, el presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy emitió un comunicado que muy pocos han visto pero que expresa el consenso de una elite:
Las protestas, dijo, son comprensibles. Pero las medidas de ajuste que se tomaron para salvar el euro fueron excepcionales, aunque no haya signos de reversión. Para el cristiano demócrata Van Rompuy, la economía europea mejora y la salida de la crisis no consiste en otra cosa que en la recuperación del crecimiento y la creación de empleo. Una fórmula, la de la estrategia de Lisboa aprobada hace diez años, en la que coinciden los propios sindicatos: "crecimiento y empleos" fue también el lema de la jornada de acción del 29 de septiembre. Rompuy, en una línea similar a la de Zapatero, apela a los "espíritus animales" de Keynes: "la confianza es la base del crecimiento", "debemos tener confianza en nuestros bancos, en nuestras finanzas públicas y en nuestro futuro".
"Trabajar y vivir en Europa". Manifestación sindical europea, 29 de septiembre de 2010. Fotografía: Samuel
No hacía falta pactar ninguna huelga, como se ha insinuado: los cauces que deja la democracia representativa son tan estrechos que todo debe pasar por un ritual muy formalizado y encuadrado por la policía, como las procesiones religiosas o aquellos desfiles soviéticos de primero de mayo. Cualquier desborde, o cualquier acto político, por pequeño que sea, que rompa con esta pretensión de "normalidad" será objeto de criminalización. Todo con tal de evitar lo que los gobiernos europeos denominan la "radicalización". Sucedió con la audaz ocupación del edificio Banesto en Plaza de Cataluña donde se estaban congregando cada vez más gente para hablar y hacer otra política. O con el campamento No Border en Bruselas, que durante una semana ha puesto en evidencia el racismo institucional presente en las políticas europeas de inmigración. Doscientas cincuenta personas del campamento fueron detenidas cuando asistían a la manifestación sindical en aplicación de la figura legal de la "detención preventiva administrativa". Cuando terminó la manifestación oficial atrás quedaron, sin embargo, algunos carteles con cierto aire situacionista. Y mensajes inquietantes.
"Todo nos pertenece", cartel pegado a las puertas de un supermercado de Bruselas. Fotografía: Samuel
¿Cuáles son los criterios que nos permitirán calificar de éxito o de fracaso la huelga general del 29 de septiembre? ¿Cuál tiene que ser el grado de seguimiento y en qué sectores? ¿Cuántas personas tienen que participar en las manifestaciones? ¿Cómo contabilizarán a los "no representados" -como los parados o los trabajadores informales- que salgan a protestar? Los medios de comunicación, fieles portavoces del poder político y económico, ya han sentenciado. Fue un fracaso, y eso que todavía no ha comenzado. Da igual incluso que la participación acabe siendo masiva: "a los efectos de los derechos de los trabajadores, podría no haberse convocado y no pasaría nada", concluía ayer José María Ridao en El País. Las cúpulas de UGT y de CCOO parecen compartir la misma opinión, a juzgar por la aparente falta de convencimiento con la que encaran la convocatoria y por la aceptación de unos servicios mínimos (ver mapa) en el transporte que buscan desactivar una herramienta estratégica fundamental en los territorios metropolitanos: la interrupción del flujo de personas y mercancías.
No cabe otra opción que la de rechazar los parámetros utilitaristas que ofrece el poder para que valoremos lo que acontecerá esta semana. La huelga general implica una deserción del puesto de trabajo, pero de algún modo también de quienes se arrogan el derecho a hablar por nosotros, ya sean partidos políticos, sindicatos convocantes o medios de comunicación. El "éxito" de la huelga no puede cuantificarse y dependerá fundamentalmente del grado de apropiación de la misma al margen de los rituales preestablecidos, de los nuevos caminos que abra, de los encuentros que produzca y de la politización que se consiga mediante el aprendizaje colectivo. Una huelga no implica inactividad, sino otro tipo de actividad colectiva. Apropiarse la huelga general significa apropiarse de la política. Después del día 29, los ciudadanos tendrán que "seguir haciendo política", como se dice en el boletín especial que ha publicado en Tenerife la formación Alternativa Sí se puede. No hay que olvidar que en Grecia, por ejemplo, son innumerables las huelgas y acciones de protesta que se han venido realizando en los últimos meses. ¿Qué han conseguido?, se lamentan muchos. La pregunta debería ser otra: ¿qué se está gestando?. No sólo hay razones, pues, para la huelga; "hay (...) algunas razones para querer (si no se puede, sí al menos desear) convertir la huelga en algo propio." Y hay quienes ya comenzaronpor su cuenta.
En esta puesta en común de saberes y experiencias, vale la pena leer el análisis que hace John Brownsobre la "lucha de clases", quien, junto al griego Akis Gavriilidis, nos recuerda dos cosas que los derrotismos de izquierda se niegan a reconocer, aún a riesgo de ser adelantados por la derecha (extrema): que las "clases" no constituyen identidades cerradas que preexistan a las luchas; y que la crisis ha sido primero "impuesta al capital" desde abajo, y sólo en un segundo momento aquel ha reaccionado con una feroz huida hacia adelante tras la detracción de ingentes cantidades de dinero público.
No sólo en España. En la Unión Europea, lo que está en juego es la misma idea de Europa en tanto que espacio político posible de producción social, de libre circulación y de democracia. Como señala Christian Marazzi en The Guardian, de continuar así "el neoliberalismo hundirá Europa", entendiendo por tal el proyecto iniciado en 1957. Significativamente, la traducción de PressEurop omite los dos últimos párrafos, los que reclaman una alternativa:
"Es a partir de esta crisis que debemos encontrar una salida al
neoliberalismo, que es su principal causa. La solución no consiste, al
menos por el momento, en escribir una nueva constitución europea. Supone
comenzar procesos constitucionales de abajo arriba, movimientos que
luchen contra las medidas de austeridad que, en su mayoría, todavía
deben implementarse.
Debemos resistir la reducción de los
salarios, oponernos a los recortes en los servicios públicos,
redistribuir la riqueza que se ha apropiado el capitalismo financiero, y
convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible. La Europa
que se caracteriza por su gente y sus diferencias sólo podrá salvarse si
la Europa neoliberal es destruida."
Por este motivo mañana habrá también una jornada de accióneuropea, en diversos países miembros de la UE, que ha sido convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (ver mapa de acciones, aunque no menciona la manifestación prevista en Londres contra los recortes de los servicios públicos). El epicentro será Bruselas, donde tendrá lugar una gran manifestación. Además, durante toda la semana se celebra el campamento No Border, que reúne a organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes -una categoría de trabajadores con problemas específicos- y a los grupos que se oponen a la política (anti)migratoria europea.
La huelga, por lo tanto, ni es cosa de tres (gobierno, UGT y CCOO), ni podrá valorarse viendo la televisión. Será mejor darse un paseo, hablar con los amigos y recurrir a internet, a las redes sociales, a twitter y a medios como Diagonal, Agència d'informació 29-S, Onda Precaria,El Correillo de Luján o Indymedia Bruselas, o blogs como los reunidos en IloveIU. No es el fin de un camino, pero puede ser un pequeño gran paso en una tarea que llevará tiempo.
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Más observaciones sobre el neoliberalismo a cargo del sociólogo Maurizio Lazzarato (Expérimentations politiques, 2009). Una estrategia que, insisto, ha entrado en quiebra estos últimos años, por más que en Europa sus promotores se empeñen en llevarla hasta sus últimas consecuencias. En esta ocasión, sobre las cuestiones del empleo y del paro :
"Para comprender el funcionamiento de la estrategia neoliberal de gobierno, puede ser interesante compararla a la de una gran parte de la izquierda política y sindical. Ésta "piensa" y "actúa" a menudo a partir de una norma única, el contrato de trabajo indefinido [en Francia, de duración indeterminada (CDI)], que quiere generalizar a toda la población.
Los patrones y el Estado, pero también todos los gobiernos que se han sucedido desde hace treinta años, actúan y piensan siguiendo otra lógica: reparar, construir y consolidar una multiplicidad de "normalidades" (paro, precariedad, tiempo parcial, sistema salarial y contrato indefinido con plan de ahorro salarial, etc.). El gobierno de estas "normalidades diferenciales" no tiene como objetivo reconducirlas al modelo, a la norma del contrato indefinido sino (...) mantenerlas en un estado de "igual desigualdad", de competencia, de favorecer las diferencias de situación para perpetuar una inseguridad y una incertidumbre "movilizadoras".
(...)
Las políticas actuales de empleo y las políticas de "workfare" (que buscan forzar e incitar al empleo a quienes reciben ayudas sociales) son políticas que introducen, en diversos grados, inseguridad, inestabilidad, incertidumbre, la precariedad económica y existencial en la vida de los individuos. Ellas intranquilizan no sólo la vida de los individuos sino también su relación con todas las instituciones que hasta entonces les protegían. Es cierto que la inseguridad del parado y del precario no es la misma que la del empleado de una gran multinacional, con plan de ahorro salarial y participación financiera en los beneficios, pero sí que hay un diferencial de miedos que van de un lado a otro de un continuo. ¿Cómo explicar, si no, este sentimiento de inseguridad generalizado (y no sólo económico) que reina en una sociedad que sin embargo nunca había estado tan "protegida"?"
* * *
"La concepción del individuo como "empresario de sí mismo" supone la culminación del capital como máquina de dominación. Para Gilles Deleuze y Félix Guattari, el capital actúa como un formidable "punto de subjetivación que constituye a todas las personas como sujetos, pero mientras unos, los capitalistas, son sujetos de enunciación, los otros, los proletarios, son sujetos de enunciado sometidos a las máquinas técnicas." Con el "capital humano", podemos hablar de una realización del doble proceso de sujeción y de explotación. Por un lado, el "capital humano" lleva la individualización a su paroxismo, pues el sujeto compromete en todas sus actividades los recursos "inmateriales", afectivos y cognitivos de sí mismo. Por otro lado, las técnicas del "capital humano" conducen a la identificación de la individualización y de la explotación, pues el "empresario de sí mismo" es al mismo tiempo patrón de sí mismo y esclavo de sí mismo, capitalista y proletario. Como destaca Michel Foucault, con el neoliberalismo las prácticas de gobierno pasan del lado del individuo, de su subjetividad, de sus comportamientos y de sus estilos de vida. Así, si el análisis económico clásico se resume en el estudio de los mecanismos de la producción, de los mecanismos del intercambio y del consumo, y deja escapar así las elecciones y decisiones del mismo trabajador, los neoliberales quieren por el contrario estudiar el trabajo como conducta económica, pero como conducta económica practicada, realizada, racionalizada, calculada por quien trabaja.
Las técnicas de seguridad son de este modo procedimientos que integran sin parar nuevos elementos (los comportamientos, las reacciones, las opiniones) y nuevos saberes de expertos (médicos, psicólogos, economistas, sociólogos, asistentes sociales) que dependen del diagnóstico y, eventualmente, la enmienda de los individuos.
El seguimiento de los parados que introduce la "refundación social" de la Medef [patronal francesa, equivalente a la CEOE española] puede entenderse como una técnica de seguridad que trabaja por la transformación del individuo "excluido", del parado, del que cobra el salario mínimo, del precario desafiliado, en "capital humano", es decir, como una técnica que moviliza al individuo, sus competencias, su subjetividad, para adaptarlo a la oferta de empleo. Nos encontramos lejos de la representación ("motivadora") que las políticas de empleo dan de sí mismas porque es el instrumento disciplinar del castigo, de la obediencia, de la obligación, de la subordinación, de la culpabilidad el que se moviliza con más frecuencia, el que se reactualiza y se redespliega en las políticas de workfare (obligación de trabajar). A medida que el paro se incrusta en la realidad socioeconómica como una "enfermedad endémica", el gobierno de las conductas se apoya ampliamente en la dimensión disciplinaria, en la construcción de una lógica disciplinaria adaptada a la seguridad. El paro aparece entonces como la culpa de los parados, como una enfermedad "moral" del individuo. La sujeción pasa por la responsabilidad, o más bien, por la culpabilidad.
(...)
La noción de empleabilidad, bajo la pluma de Denis Kessler [ex vicepresidente de la patronal francesa], expresa precisamente este cambio de paradigma que se dirige directamente a la subjetividad del individuo, pues el riesgo del paro "ya no puede considerarse como independiente del comportamiento de los individuos" y de los "estilos de vida". Ser empleable significa concordar sus comportamientos y su estilo de vida con el mercado. El riesgo se califica de este modo como una mezcla compleja de "acontecimientos aleatorios y de acontecimientos más o menos previsibles, para los que las características intrínsecas de los individuos y sus comportamientos desempeñan un papel importante."
Según la "refundación social" patronal, vamos a entrar en la era del"monitoring", del "seguimiento individual" de los comportamientos y de los estilos de vida. Se conminará a los beneficiarios a que "se hagan cargo de cambios en su comportamiento" y en su manera de vivir. Ernest-Antoine Seillière [fue presidente de la patronal francesa hasta 2005], entrevistado por François Ewald, resume las nuevas funciones de la política social de la siguiente manera: "la protección social pasa así de la constitución de un derecho uniforme a la gestión de un modo de vida".
El workfarees precisamente la remodelación, la adaptación de una vieja técnica disciplinaria (el control sobre el trabajador) que actúa sobre los movimientos del cuerpo en un espacio cerrado a las exigencias de las nuevas técnicas de seguridad y de control (la monitorización, el "seguimiento individualizado") que actúan sobre la subjetividad, sobre los estilos de vida, fuera de la fábrica o de la empresa. Las políticas de workfare son un buen ejemplo de la manera de integrar y hacer funcionar las técnicas disciplinarias en dispositivos de seguridad pública, de integrar la heterogeneidad de los dispositivos de poder en una nueva modalidad de gobierno."
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Suele analizarse el neoliberalismo solamente como un tipo de política económica -que tiende a confundirse, además, con el capitalismo- cuando en realidad constituye todo un dispositivo de gobierno. Que haya entrado en crisis no significa que sus impulsores hayan encontrado otras fórmulas, viendo el tipo de reformas que se están impulsando con bastante agresividad. En Francia tuvo lugar ayer la quinta huelga general contra la reforma del sistema de pensiones y el retraso en la edad de la jubilación. Esta semana también se han producido protestas en República Checa, Grecia, Rumanía o Polonia. En España todo parece girar en torno a la huelga general del próximo día 29 de septiembre, en protesta por la reforma laboral que aprobó el gobierno, aunque hace tiempo que proliferan pequeñas huelgas sectoriales, movilizaciones y marchas que encuentran menor eco en los medios. Más que hacer campaña -que también- por la participación en la jornada de huelga general, que apoyo y que me parece necesaria (pero insuficiente), me gustaría incluir aquí algunas reflexiones teóricas que hecho en falta en estos días.
Maurizio Lazzarato, en Expérimentations politiques (ed. Amsterdam, 2009), aporta interesantes observaciones sobre el significado de ese "gobierno de las desigualdades" que es el neoliberalismo. Así que aprovechando las protestas francesas de ayer, comenzaré hoy por traducir e incluir el siguiente extracto, a propósito de las pensiones (los subrayados son míos):
"La financiarización de la economía forma parte seguramente de los dispositivos de gobierno de las conductas porque diseña una nueva alianza o una nueva forma de integración entre capital y trabajo, que ya no se funda en el empleo, la redistribución de las ganancias de productividad y en la protección social, sino en el accionariado y en el ahorro.
El acto de nacimiento del neoliberalismo lo representa el giro monetarista de la administación estadounidense y de la Reserva Federal que, al multiplicar los dispositivos decaptación del ahorro, lo han dirigido a la financiación de la empresa y de la economía a través de la bolsa. La "revolución silenciosa" de los fondos de pensión de los trabajadores (obreros y empleados), es decir, la inversión del ahorro salarial en la economía de mercado, constituye lo esencial, desde el punto de vista del gobierno de las conductas, del giro monetarista. La movilización de los fondos de pensión hacia la inversión bursátil, por ejemplo, tiene un objetivo muy preciso: se trata de eliminar "la separación entre capital y trabajo, implícita en la forma del salario fordista, al ligar estrictamente el ahorro de los trabajadores al proceso de transformación-reestructuración capitalistas" (Christian Marazzi). La nueva alianza estadounidense entre fracciones del capital y componentes del trabajo asalariado ya no se opera a partir del reparto de las ganancias de productividad que libera la industria ni por la seguridad del empleo o por el consumo, como sucedía durante el fordismo, sino se hace a partir del reparto de las ganancias de rentabilidad que libera la bolsa (es decir, por el ahorro).
Lo que nos interesa más concretamente en esta transformación neoliberal es el hecho de que la "revolución" de los fondos de pensión se abriera por la crisis fiscal del Estado de Nueva Yorken los años 1974-75, es decir, por una crisis de la regulación social (y no solamente industrial) del capitalismo. Los fondos de pensión de los empleados públicos se utilizaron para financiar el déficit del welfare del Estado de Nueva York, por lo que los sindicatos sustituían de este modo a los inversores tradicionales del gasto público. La crisis, antes de ser industrial, es social, y es a partir de ella que se inventaron las técnicas y los dispositivos capaces de gestionarla. La inversión del ahorro de los empleados para reabsorber el déficit del Estado-Providencia de Nueva York alcanzó un doble objetivo político: implicar a los empleados en la regulación de los gastos sociales (por medio del chantaje del déficit) y cortar la hierba bajo los pies de una posible alianza entre los "asistidos" (pobres, parados, madres solteras, jóvenes, etc.) y los funcionarios de los servicios de protección social.
La desproletarización que los ordo-liberales alemanes deseaban (construcción de pequeñas unidades de producción, ayudas al acceso de la propiedad de su vivienda, accionariado "popular", etc.) se realiza aquí primero por una nueva gestión del ahorro de los trabajadores con contrato de duración indeterminada. En esta perspectiva, la intención de los neoliberales es, desde los ordo-liberales alemanes, siempre la misma : "un asalariado igualmente capitalista ya no es un proletario", con independencia del hecho de la "salarización creciente de la economía".
Estas políticas ejercen un poder cierto sobre las conductas de los asalariados pues les dividen en su interior al volverles "esquizofrénicos": el asalariado y el ahorrador, aunque se confundan en la misma persona, no comparten necesariamente la misma racionalidad. El capitalismo accionarial traza nuevas divisiones y nuevas desigualdades que, al hacer estallar la solidaridad de clase, hunden las políticas sindicales tradicionales en la impotencia y les obligan a una actitud exclusivamente defensiva. Las reestructuraciones, los despidos, las deslocalizaciones, el aumento de la productividad en una empresa cuyos riesgos están a cargo de los asalariados son dirigidos por la inversión de fondos de pensiones que detentan otros asalariados.
Este análisis de los fondos de pensiones hace aparecer un nuevo terreno de lucha, que no debe limitarse a la defensa de las conquistas sociales del fordismo. Porque las políticas neoliberales introducen una importante novedad que hay que saber volver contra el mismo neoliberalismo: el capitalismo accionarial promueve y generaliza la desconexión del ingreso y del empleo, de la renta y del trabajo. El objetivo de una restauración del valor trabajo, que el presidente Sarkozy ha sabido imponer, es absolutamente ridículo y falaz en un capitalismo que favorece sistemáticamente la renta financiera, petrolera, inmobiliaria, la renta de los derechos de autor (la continuación lógica del restablecimiento de la renta es la herencia - exactamente lo contrario del principio de meritocracia que preconizan los neoliberales, como muestran las primeras medidas económicas de Sarkozy). Es esta desconexión la que hay que aprender a "poner del revés" para abrir la posibilidad de nuevas formas de socialización y de mutualización. Lo que hay que generalizar no es el empleo, sino la disyunción que el capitalismo accionarial querría reservar solamente a los propietarios del capital."
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"La financiarización de la economía forma parte seguramente de los dispositivos de gobierno de las conductas porque diseña una nueva alianza o una nueva forma de integración entre capital y trabajo, que ya no se funda en el empleo, la redistribución de las ganancias de productividad y en la protección social, sino en el accionariado y en el ahorro.
