Quilombo

El Ministro de Trabajo e Inmigración anunció ayer que pretende restringir los contratos en origen de los inmigrantes a partir de 2009, lo que contradice la política iniciada durante la pasada legislatura. La justificación: el cambio de la situación económica. Según el Ministro, "no parece razonable que con 2,5 millones de parados sigamos recurriendo a la contratación en origen". Excepcionalmente, se permitirá la contratación en origen para puestos especializados o cuando está prevista en convenios internacionales. Por lo que se refiere a África, la contratación en origen era un pilar esencial de los acuerdos marco firmados con los países africanos y en general de la política de cooperación prevista en el Plan África.

Frente al argumento culturalista esgrimido por el Partido Popular durante las pasadas elecciones generales, el gobierno se aferra a la vieja tesis, formulada durante la crisis económica de los años setenta, de la vinculación de la política migratoria a los vaivenes del mercado laboral interno. El argumento de Corbacho retoma la falacia xenófoba del extranjero que "roba" puestos de trabajo a los españoles, pero en realidad no existe "un" mercado laboral homogéneo, en los que todos compiten contra todos por los puestos de trabajo formales existentes. El mercado laboral está bien segmentado, social y jurídicamente, y ello precisamente gracias, entre otros factores, a la política migratoria llevada a cabo desde la aprobación de la ley de extranjería.  De ahí que el gobierno se vea obligado a aclarar que  "la prioridad [de contratación], si se produce desempleo entre las propias comunidades de inmigrantes [ya asentados en España], tendrá que ser para dichas comunidades." Los inmigrantes ya regularizados, residentes en España, pasan a engrosar las filas de los "españoles" amenazados por las nuevas llegadas de migrantes.

Lo que implica el fin momentáneo de la contratación en origen es el cierre de una puerta de acceso, para determinados grupos de migrantes, a una situación de legalidad -limitada y precaria, como hemos visto, dependiente del beneplácito del Estado-.  La "contratación cero" que anuncia el Ministro estaría bien si trajera consigo el fin de la distinción entre inmigración legal e ilegal basada en la política laboral del Estado. Pero no es así, por lo que sólo puede conducir a incremento en el número de casos de personas migrantes en situación ilegal por haber llegado a territorio español por vías diferentes las previstas por el gobierno.

La medida pone en entredicho el compromiso del gobierno de no restringir aún más los derechos de los migrantes. También se suponía que España no aplicaría los períodos máximos de internamiento previstos en la directiva de retorno, pero el gobierno ya ha decidido aumentar el período de internamiento de 40 a 60 días. Luego subvencionará campañas contra el racismo y todos tan contentos.

Pero como dice Sandro Mezzadra, "los movimientos migratorios no pueden reducirse a las leyes de la oferta y la demanda que gobiernan la división internacional del trabajo" y "las prácticas y demandas subjetivas que reflejan van mucho más allá de las "causas objetivas" que los determinan". Dicho de otra manera, en lugar de seguir insistiendo en una lógica de control combinada con una apertura selectiva en función de consideraciones mercantilistas o de intereses geoestratégicos, Europa debería evolucionar hacia un modelo migratorio de instalación que reconozca la movilidad y la autonomía de los migrantes sobre la base de un "ius soli" integral y no limitado por hipotéticas "necesidades del mercado laboral".