Quilombo

Primero se adujeron razones de tipo económico para restringir la inmigración. Mientras el paro afectara a los trabajadores "autóctonos", había que impedir la entrada de trabajadores inmigrantes. Pero entraron, impulsados en parte por los estragos de la globalización en África, América o Asia, y también por la demanda de pequeñas y medianas empresas de muchos sectores (las grandes se deslocalizan). Las sucesivas regularizaciones simplemente formalizaron una situación de hecho que contrasta con la retórica oficial.

Luego se añadieron razones políticas relacionadas con la naturaleza del Estado: el refuerzo de las fronteras y la delimitación de la condición de ciudadano permite reafirmar ante sus súbditos la soberanía del Estado-Nación. El Estado europeo que ya no puede acuñar su propia moneda, cuyo ejército depende de comandos de otros países, y cuya legislación deriva en su mayor parte de lo acordado a nivel supranacional, todavía podía excluir del voto y otros derechos a una parte importante de la población, arrestar, encerrar y expulsar a personas en función de su calidad de "ilegales", término delimitado por el propio Estado en uso de sus prerrogativas soberanas. Pero aquí el Estado ha tenido que admitir su impotencia a la hora de "controlar los flujos migratorios" y ceder competencias "a Bruselas" para que se ocupe del tema.

Así llegamos al argumento cultural, hasta hace bien poco patrimonio exclusivo de la extrema derecha, pero cuyo discurso ha ido permeando los partidos mayoritarios y los medios de comunicación. Hay que evitar la llegada de personas que alteren nuestras costumbres, que perturben nuestra identidad racial y nacional. En el marco de la propaganda de la "guerra contra el terrorismo" y el "choque de civilizaciones", esta argumentación se vincula sobre todo con la población de origen árabe o musulmán en sentido amplio: las polémicas sobre el velo, sobre la apertura de mezquitas, la criminalización de toda corriente islamista, etc. Pero el fenómeno migratorio es más amplio, y la justificación cultural abarca al Otro en general, en aras de la defensa de la identidad nacional. En España está sirviendo para reanimar un nacionalismo español cada vez más grotesco, aunque no pocos representantes de los nacionalismos periféricos o subalternos también recurran a este tipo de argumentaciones.

La propuesta de política migratoria presentada por Mariano Rajoy va en esta dirección, basándose en ese estudio de mercado que representaron las pasadas elecciones municipales, donde los partidos con un discurso anti-inmigrante tuvieron un relativo éxito. Rajoy promete establecer, entre otras cosas, un visado por puntos (!), la regulación del uso del hiyab (gran problema) y la firma de un contrato de integración, como si hicieran falta aún más papeles.

Hace algunos siglos, Thomas Hobbes pretendió resolver la problemática de la guerra civil en su país desarrollando la idea de contrato social. Mediante este contrato los ciudadanos cedían el derecho a gobernarse a sí mismos al soberano a cambio de la paz social. Obviamente, se trata de una metáfora cuya función consiste en legitimar al soberano (monarca absoluto o república liberal) sobre la base del consentimiento ciudadano. 

Sarkozy y Rajoy proponen en cambio un contrato de verdad que regule (limite) los derechos de los inmigrantes, es decir, de una parte de la población que vive y trabaja en España, sobre la base de criterios culturales y religiosos. Este contrato no pretende integrar, sino dividir y resegmentar la fuerza de trabajo migrante. Frente al viejo modelo liberal, se trata de un contrato social para los no-ciudadanos. No se propone evitar la "guerra de todos contra todos" sino más bien azuzarla.