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2014/10/04 19:50:6.380435 GMT+2

Democracia en suspenso

Con la suspensión cautelar de la ley de consulta catalana y de la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, y a la espera de su anulación definitiva, el Estado español ha decidido suspender un atisbo de democracia en Cataluña. Es decir, no solo allí, como es posible que pronto comprueben los canarios. Tanto el gobierno como esos garantes mohosos del Estado profundo que son el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional consideran que los representantes electos no pueden consultar a los ciudadanos sobre asuntos públicos, ni siquiera de manera excepcional en asuntos de gran trascendencia, si no es siguiendo una interpretación restrictiva y muy nacionalista de la ya de por sí encorsetada Constitución de 1978. Así, la participación política a la que se refiere el artículo 23.1 de la Constitución solo podrá cualificarse como referéndum cuando pueda imputarse "a la voluntad general del cuerpo electoral" español. El referéndum es además una excepción a la regla de la representación cuya convocatoria o autorización -para el caso autonómico- se reserva al gobierno del Estado.

La justificación del Consejo de Estado en sus dos dictámenes (sobre la ley de consultas y sobre la consulta en sí) es a este respecto muy explícita. El principal problema de la ley de consultas aprobada en Cataluña sería que invoca al pueblo catalán como titular del poder político, cuando según el Estado no cabe otro pueblo que el español. Como ya advirtiera el Tribunal Constitucional a propósito del denominado Plan Ibarretxe o del fallido Estatuto de Cataluña de 2006, la "soberanía nacional y, por ende, el poder constituyente, reside en el pueblo español y no en una parte del mismo". Los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el "poder soberano", que se concibe como "la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del ordenamiento". De este modo llegamos al párrafo clave:

"la celebración de una consulta en la que se solicita a los ciudadanos de Cataluña que, a través de su voto, se pronuncien sobre la creación de un Estado catalán independiente, supondría aceptar que una fracción del cuerpo electoral (los españoles con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Cataluña) pudiera, en hipótesis, abrir un auténtico proceso constituyente -facultad que sólo corresponde al sujeto que ostenta la condición del poder soberano, que es el pueblo español en su conjunto (artículo 1.2 de la Constitución)- dirigido a vulnerar uno de los fundamentos del orden constitucional, como es la unidad de la Nación española (artículo 2 de la Constitución)."

Lo que aterra es, pues, la apertura de un proceso constituyente que pueda romper con la camisa de fuerza que tanto les ha costado elaborar. Ya sea en Cataluña o en el conjunto del Estado español. Porque según la Constitución y sus guardianes, solo cabrá un proceso constituyente si se refiere al conjunto de los ciudadanos españoles, aunque en realidad a estos tampoco se les permita iniciarlo. La reforma constitucional solo es posible cuando la promueven sus representantes en las Cortes mediante un complicado procedimiento. Este es el "atado y bien atado" al que se refiere la mafia del régimen cuando apela a su legalidad y al Estado de su derecho. 

Se evidencia así que el principal papel de la vigente constitución -en realidad, de toda constitución liberal moderna- es la contención del poder constituyente de la multitud -o si lo prefieren, de la gente- en la figura unificada del pueblo soberano, que solo existe en tanto que representado. A este respecto resulta irónico que se apele a la soberanía -de uno u otro titular- para expresar el poder de la ciudadanía, cuando aquella lo que hace es justamente limitarlo. Sin embargo, si las revueltas y las revoluciones -fallidas o no- han demostrado algo es que el poder constituyente no reconoce límites temporales ni espaciales. Estos son impuestos por los poderes constituidos, que en Europa se configuran a distintos niveles. Pese a ello, siempre habrá fugas transversales, viralidades incontrolables, destituciones y reapropiaciones. Especialmente en tiempos de crisis constitucional como el que vivimos. El poder constituyente -la democracia en su intrínseca radicalidad- no necesita ser reconocido por la constitución. No es resultado de la misma, sino su fundamento. No puede reconducirse a una "unidad ideal de imputación", sea cual sea ésta, porque es irreductible heterogeneidad.

Así las cosas, resultan patéticos y engañosos aquellos representantes que, al tiempo que ceden y aceptan la necesidad de una consulta, se afanan por buscar el beneplácito de la legalidad que la potencia constituyente vuelve caduca. Obviamente, ellos, corresponsables del deterioro democrático, van a lo suyo, que es su supervivencia política. En cuanto al Estado, si no quiere preguntas, aunque estas se formulen adaptadas a su paladar, tendrá como respuesta más democracia. Y esta solo se obedece a sí misma. 

Escrito por: Samuel.2014/10/04 19:50:6.380435 GMT+2
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2014/08/16 15:12:12.262083 GMT+2

Marikana, dos años después

Hoy 16 de agosto se cumplen dos años de la masacre de Marikana, cuando la policía sudafricana mató a 34 mineros en huelga, en su intento por desalojarles a toda costa de una colina cercana a las instalaciones de la multinacional Lonmin, la empresa productora de platino para la que trabajaban. Los primeros 17 mineros fueron muertos a tiros como se vieron en las imágenes que fueron difundidas por todo el mundo. Lo que no se vio entonces fue cómo los 17 mineros restantes fueron asesinados inmediatamente después en una cacería humana, que incluyeron auténticas ejecuciones. La masacre conmocionó la Sudáfrica post-apartheid y en este blog se habló de ella aquí y aquí. Desde entonces está en marcha una comisión de investigación, conocida como la Comisión Farlam (al estar presidida por el ex juez, ya retirado, Ian Gordon Farlam), cuyas audiencias públicas al menos han tenido el mérito de mantener vivo el recuerdo de esta tragedia.

Durante los trabajos de la Comisión, que han sido ignorados por la prensa internacional, han salido a la luz detalles que no se conocieron inicialmente, como los correos electrónicos que muestran la connivencia entre la dirección de Lonmin y la policía, o imágenes de video inéditas como las aportadas por el documentalista Rehad Desai, también activista social y miembro del comité de apoyo a los mineros.Precisamente es Rehad Desai el autor de un excelente e imprescindible documental, Miners Shot Down (2014). Debajo pueden encontrar la versión completa (la película fue eliminada de Youtube el 18 de agosto - incluyo el trailer). Una película de visión obligada para apreciar cómo funciona el engranaje político-económico, de clase y de raza, capaz de asumir con notable cinismo ("en defensa propia") que una policía militarizada provoque una matanza de trabajadores precarizados y pobres, muchos de ellos migrantes y que se sitúan en lo más bajo de la escala social: los mineros taladradores de roca.

La película parte de la visión de los mineros en huelga para reclamar un salario digno. A ellos les da voz y muestra imágenes de sus protestas en los días previos a la masacre del 16 de agosto. En esos días se produjeron violentos enfrentamientos entre los mineros y los guardias de seguridad de Lonmin y la policía, que dejaron varios muertos, incluyendo entre las fuerzas de seguridad (lo que podría explicar el ensañamiento posterior). También con miembros del sindicato Nacional de Mineros (NUM), mayoritario en Lonmin y aliado con la dirección de la compañía y con el partido del gobierno el Congreso Nacional Africano (CNA).

Un punto de conexión clave entre el NUM, Lonmin y el CNA es Cyril Ramaphosa, el histórico líder sindical que creó el NUM, miembro del CNA y actualmente uno de los hombres más ricos de Sudáfrica. Ramaphosa es miembro de diferentes consejos de administración, y durante los incidentes de Marikana también de Lonmin, puesto que abandonó en 2013 para implicarse más en política. Suyos son los correos electrónicos filtrados en los que, veinticuatro horas antes de la matanza, calificaba a los mineros de "viles criminales" y proponía que la policía actuara en consecuencia. Pese a su oscuro papel en los sucesos, en diciembre de 2012 Cyril Ramaphosa fue elegido vicepresidente del Congreso Nacional Africano y tras las elecciones de mayo de este año es nada menos que vicepresidente de Sudáfrica, número dos del gobierno por debajo de Jacob Zuma y por tanto posible próximo presidente. Aunque perdió votos en favor del nuevo partido de Julius Malema, la abrumadora victoria del CNA se explica por su identificación con la lucha contra el apartheid y porque sigue contemplándose como garantía de gobierno para la mayoría de la población negra. Y al fin y al cabo, los taladradores de roca son minoritarios. 

La película no muestra las recientes declaraciones del denominado "Sr. X", minero y testigo protegido que sostiene que los responsables de las muertes fueron los propios mineros, que se acercaron a la policía con armas tradicionales y en actitud violenta. Sin embargo, dicha confesión se contradice con muchos de los otros elementos de prueba que muestra la película, incluyendo imágenes grabadas por la propia policía.

Así, el film explica muy bien cómo los mineros optaron por concentrarse en las colinas que luego fueron cercadas por las fuerzas policiales. Las colinas no formaban parte de los terrenos privados de la compañía Lonmin, allí se refugiaron para sus asambleas justamente por su carácter comunal y no había ningún motivo legal para desalojarles de allí a la fuerza. En una escena potente de la película, días antes de la tragedia, la policía interrumpe el acceso de los mineros a la colina y les exige que suelten las lanzas que portaban. El diálogo, cánticos incluidos, es tremendo: los mineros argumentan que las necesitan para defenderse, pues de noche suelen atacarles guardias de seguridad y miembros del NUM, y dos de los suyos habían muerto hacía poco. Ellos no tienen nada con la policía, con sus hermanos negros, solo quieren negociar con los gestores de la compañía. En otra escena uno de sus líderes recuerda a los trabajadores: "¡La sangre de un taladrador no es diferente de la de los directivos!". Pero los ejecutivos y sus esbirros policiales pensaban lo contrario. Y con sangre quisieron demostrarlo. 

* * *

Epílogo: la exhibición de violencia policial no arredró a los trabajadores de las minas de platino en Sudáfrica. Continuarían las huelgas para exigir mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo, muchas promovidas por el sindicato AMCU, que antes había apoyado a los mineros de Marikana frente al NUM. En enero de este año el AMCU convocó una gran huelga en las minas de platino sudafricanas que en mayo, en vísperas de las elecciones, ya se había convertido en la mayor huelga y la más duradera en la historia de Sudáfrica, con pérdidas multimillonarias para la industria. Finalmente el pasado junio la industria minera dio su brazo a torcer y aceptó el aumento del salario mensual base a los 12.500 rands por el que habían luchado los taladradores de Lonmin. Dos años y decenas de muertos después. 

Escrito por: Samuel.2014/08/16 15:12:12.262083 GMT+2
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2014/07/27 19:39:59.169322 GMT+2

Premisas y conclusiones

Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 22 de julio de 2014

Mientras el ejército israelí bombardeaba Gaza y aumentaba la macabra cuenta de muertos y heridos palestinos, los veintiocho ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea reunidos en Consejo (desde el griego Evangelos Venizelos al español José Manuel García-Margallo, pasando por el francés Laurent Fabius) aprobaron unas Conclusiones sobre la situación en la franja. Tal vez por pudor, no nombraron Gaza en el título y prefirieron hablar más bien del inexistente "Proceso de Paz en Oriente Medio". 

El primer punto de la declaración ministerial desarrolla las premisas de las que parten los gobiernos europeos. Son dichas premisas las que convierten el resto de las declaraciones sobre las supuestas "negociaciones de paz" en una farsa. La diferencia de los términos y del tono empleados para calificar las acciones del ejército israelí y las de los grupos palestinos -denominados terroristas- es enorme y esclarecedora.

Así, en primer lugar "la Unión Europea condena enérgicamente el fuego indiscriminado de cohetes sobre Israel por Hamás y otros grupos militantes en la franja de Gaza, que directamente hieren a los civiles. Estos son actos criminales e injustificables." También emplea la tesis fraudulenta de los escudos humanos, ampliamente difundida por la propaganda israelí.

En cambio, la UE solo "condena la pérdida de cientos de vidas civiles, incluyendo muchas mujeres y niños", sin referirse al autor de dichas muertes, que no es otro que el Estado de Israel. Además, reconoce "el derecho legítimo de Israel de defenderse contra los ataques", lo que reafirma la idea de que la responsabilidad última de las muertes reside en los actos de los propios palestinos. Nuestros gobiernos apenas se limitan a pedir que la operación militar israelí sea "proporcionada y en línea con el derecho internacional humanitario (sic)". Es decir, los actos cometidos por el ejército israelí no son "criminales e injustificables" como los de los resistentes palestinos. El mundo al revés. 

Lógicamente, semejante apoyo fue recibido con entusiasmo por el gobierno israelí. No solo eso. En un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel da a entender que las conclusiones del Consejo fueron previamente negociadas con el propio Estado de Israel, como si fuera un Estado miembro más de la UE. Según dicho comunicado, el ultraderechista Ministro de Asuntos Exteriores de Israel "Avigdor Liberman, que ha estado en contacto con sus colegas, ministros europeos de asuntos exteriores, antes de la reunión [del Consejo], afirmó que la declaración de los ministros de la UE ilustra que el mundo libre está unido contra el terrorismo de Hamás y que Israel tiene pleno derecho a protegerse. El ministro Liberman también agradeció al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores por sus esfuerzos efectivos a la hora de conseguir estos resultados.

A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

 

Escrito por: Samuel.2014/07/27 19:39:59.169322 GMT+2
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2014/07/21 23:22:52.336198 GMT+2

Gaza todavía

"- ¿No conoce su sentencia?

- No - replicó el oficial (...)-. Sería inútil anunciársela. Ya la sabrá en carne propia"

En la colonia penitenciaria (1919), Franz Kafka.

 

 Niños juegan en una calle de Gaza con fuegos artificiales mientras celebran el inicio del Ramadán el 30 de junio de 2014. Fotografía: Mohammed Shurrab/Getty Images/Pacific Press.

 

Gaza otra vez, no. Gaza todavía. 

La franja de Gaza es un área urbana densamente poblada por aproximadamente 1,8 millones de personas refugiadas, hijas y nietas de refugiados oriundos de otras partes de Palestina que hoy se denominan Israel o Cisjordania (ACNUR tiene registradas como refugiadas, merecedoras por tanto de protección internacional según el convenio de Ginebra de 1951, a un millón de personas). El territorio se encuentra bajo ocupación israelí desde 1967, al igual que Cisjordania. Pero desde 2005 Gaza vive sometida a una trágica mentira. Los políticos e intelectuales sionistas insisten en que el Estado de Israel abandonó Gaza en 2005 con la famosa "desconexión" que impuso Ariel Sharon, y que desde la victoria electoral de 2006 la franja está gobernada por Hamás, lo que debería eximirles de toda responsabilidad. 

 

En realidad, con la desconexión de 2005 lo que se logró no fue otra cosa que "congelar el proceso de paz" para facilitar la colonización del territorio que interesa económica y estratégicamente a Israel, Cisjordania, que no puede ser bombardeada del mismo modo por la presencia de incontables asentamientos israelíes. Y Gaza continúa en realidad bajo ocupación militar israelí de acuerdo con el derecho internacional y el sentido común. Aunque Israel haya retirado a soldados y 8000 colonos del interior de la franja, continúa controlando toda entrada y salida de personas y mercancías, su espacio aéreo y su costa. Gaza también depende de Israel en su suministro eléctrico y en el aprovisionamiento de agua, aunque el bloqueo económico (en junio se cumplieron ocho años del mismo) y los reiterados bombardeos hayan hecho que la mayor parte del agua que se consume allí no sea apta para el consumo humano según nuestros estándares. Todo ello cualifica a Israel como potencia ocupante, un alcaide brutal que tiene a su cargo una inmensa colonia penitenciaria que cuando se le antoja convierte en una mortífera ratonera.

 

Por este motivo la discusión sobre quién empieza primero cada vez que se produce una escalada militar israelí carece de sentido. En cuanto a las razones inmediatas de la masacre en curso, estas tienen más que ver con la reciente formación de un gobierno palestino de unidad nacional, tras siete años de desencuentros entre Al Fatah y Hamás, que con el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes en Cisjordania (que llevó a la detención más de 500 palestinos y a la irrupción violenta de los militares israelíes en más de mil casas) o el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Desde el anuncio de la reconciliación entre las dos facciones palestinas, Israel ha impedido el pago de los salarios de los 43.000 funcionarios de la administración pública en Gaza y se ha negado a suavizar el bloqueo fronterizo.

 

Gaza - The Funambulist Mapa que describe las infraestructuras y ciertos aspectos militares e históricos de Gaza. Vía The Funambulist

Conflicto de Gaza, no. Ocupación de Palestina. 

Las vidas de millones de palestinos están en manos del Estado de Israel desde que éste ocupara la franja de Gaza y Cisjordania en 1967. Podríamos remontarnos a la Nakba pero desde 1967 la ocupación israelí tomó una dirección particular, al hacerse cargo e ir asimilando territorios (especialmente Cisjordania) con una mayoría árabe que en sí misma impedía garantizar el carácter judío del Estado, tal y como lo concibe el proyecto sionista. Excluida la cesión a otros Estados árabes, quedaba la cuestión del gobierno y gestión de territorios con una población resistente que reclama un Estado palestino.

La disociación de territorio y población está en la base de las diferentes opciones tomadas por los sucesivos gobiernos israelíes. La primera doctrina oficial que afrontó esta cuestión, el Plan Allon (13 de julio de 1967) buscaba cómo absorber "la mayor superficie de territorios con el menor número de habitantes árabes". Como quiera que el crecimiento demográfico palestino solo podría "resolverse" mediante el genocidio o la limpieza étnica sistemática, Israel articulará desde el proceso de Oslo una gobernanza biopolítica más compleja basada en una fragmentación funcional de los territorios palestinos, una separación clara -incluso física- entre palestinos e israelíes, y una segmentación de la población árabe y de sus correspondientes derechos, especialmente los de circulación. Todo ello imposibilita la constitución de algo que pueda considerarse como un Estado palestino. Visto el conjunto de territorios bajo dominio israelí (directo e indirecto) difícilmente puede calificarse al Estado israelí como democrático, al menos desde la perspectiva de quienes buscamos democratizar nuestros propios sistemas oligárquicos de gobierno.  

Democracia, no. Apartheid. 

Semejante gobernanza reúne elementos más que suficientes como para ser caracterizada como apartheid. Según la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973), el "crimen de apartheid" comprende una serie de "actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente". El Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional se refiere al apartheid como "un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen", lo que se corresponde perfectamente con las políticas oficiales del Estado de Israel, que se autoproclama como "judío" y que mantiene una cincuentena de leyes discriminatorias.  Si otros Estados no reconocen al régimen israelí como un apartheid es por razones políticas, entre las que encontramos preocupantes elementos de afinidad, que son los que explican el apoyo explícito del gobierno francés a la última agresión. 

 

Las motivaciones políticas se apoyan en una artimaña jurídica. Cuando conviene, el Estado de Israel sostiene que los territorios ocupados representan entidades "exteriores" controladas en gran parte (aunque sea nominalmente) por la Autoridad Palestina (o Hamás), con lo que pretende ocultar las responsabilidades que le incumben en el control de la población palestina y en la situación real de facto. Como hizo Sudáfrica con los bantustanes. Los anteriores ocupantes del territorio palestino, el Imperio Británico, fueron pioneros de esa gestión indirecta de población y territorios que el Estado de Israel ha perfeccionado con la bendición de la comunidad internacional. Si Hamás es calificado como "organización terrorista" y toda Gaza es considerada una "entidad enemiga" se debe simplemente a que ellos rechazaban representar ese papel. 

Guerra, no. Masacre colonial.

En esas condiciones, los reiterados bombardeos aéreos de Israel sobre Gaza, un territorio urbano que carece de ejército, fuerza aérea o naval, constituyen pura y simplemente masacres al más puro estilo colonial. Que buena parte de los críticos de Israel prefieran comparar estos crímenes exclusivamente con los del nazismo en lugar de hacerlo con los del colonialismo da una idea del lugar que ocupan cada uno en el imaginario colectivo occidental, que no acaba de asumir ni entender el segundo. Según Achille Mbembe (On the postcolony, 2001) la soberanía colonial -tal y como la concibieron los imperios europeos e Israel en la actualidad- se asienta en tres tipos de violencia, que en Palestina se despliegan simultáneamente: una violencia fundacional (nakba), la violencia que tiene que ver con la legitimación ideológica de la desposesión, y la violencia que asegura el mantenimiento del orden colonial, un orden que se justifica por sí mismo y cuya incondicionalidad tiene como corolario la impunidad. "En la raíz de la colonización hay un acto inaugural, dentro de una jurisdicción que le es propia, la de la arbitrariedad", afirma Mbembe. En este contexto el fin de los bombardeos (el alto el fuego) de ningún modo trae consigo el fin de la dominación ni de la violencia salvaje que la sustenta. Toda referencia honesta a la violencia de la resistencia palestina no puede dejar de situarla en su realidad histórica ni negar el sufrimiento del que nace. Aunque el Estado de Israel y sus cooperadores necesarios hayan logrado reducirla a una expresión testimonial en términos comparativos.

 

Aún así, el Estado de Israel ha tenido éxito en presentar sus agresiones como un "conflicto armado" y no como la acción brutal de una potencia ocupante, entre otras cosas para justificar un desmesurado uso de la fuerza bélica (no la policial de un ocupante) mientras retuerce el derecho a su favor. En 2009 el profesor de derecho internacional George Bisharat escribía: "Hoy la mayoría de observadores - incluyendo Amnistía Internacional - aceptan tácitamente esta manera de enmarcar el conflicto en Gaza como un conflicto armado, por lo que sus críticas de las acciones de Israel se basan en la vulneración del deber de distinción [entre militares y civiles] y del principio de proporcionalidad." Israel solo puede pecar por exceso: se excede en su reacción, que de este modo queda legitimada como tal.

Pro-palestino, no exactamente. Pro-dignidad humana. 

El marco conceptual del conflicto bélico -como si Palestina fuera el Egipto de 1967- constituye sin duda un éxito propagandístico que ha calado incluso entre los críticos, ya que paradójicamente permite mantener la ficción de un proceso que debería conducir a la coexistencia pacífica de dos Estados. La prensa reproduce esta visión del conflicto entre israelíes y palestinos, o incluso entre judíos y musulmanes (aunque haya palestinos cristianos) y se refiere a las manifestaciones contra el genocidio como "pro-palestinas". No es que no falten antisemitas entre los críticos, pero al evacuar la cuestión colonial y el apartheid se fomenta una visión etnicista y sectaria que es preciso demoler para poder empezar a construir una alternativa justa al embrollo actual.

Gaza nos convoca a todos todavía porque allí se juega la humanidad común que niegan a los bombardeados. Otras ciudades fueron mártires por un tiempo: Hiroshima, Sarajevo, Bagdad, Faluya... Gaza lo es desde hace muchos años y lo sigue siendo. Hay otras, es cierto, como Mogadiscio. Pero en Gaza es un gobierno considerado democrático el que se ha arrogado un derecho de genocidio, con la comprensión o el aplauso de gobiernos como el nuestro, que dicen compartir los mismos valores.

El horror más cercano es el que continúan padeciendo las ciudades sirias, como Homs o Alepo, machacadas por el ejército de Bachar Al Asad con los mismos argumentos con los que Israel hace lo propio en Gaza. Cálculos estratégicos aparte, no debe extrañar el progresivo alejamiento de Hamás con respecto al régimen de Asad hasta su ruptura definitiva en 2012. Al contrario que muchos de sus extraños compañeros de cama geopolítica, en Gaza saben lo que es dormir pendientes del cielo, con miedo a no volver a ver la luz del día, la propia madre o el hijo.

Gaza todavía.

 

Escrito por: Samuel.2014/07/21 23:22:52.336198 GMT+2
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2014/06/30 14:30:38.406762 GMT+2

Pablo y los inquisidores

El Mundo - 30 de junio de 2014

"Vivimos en un tiempo enqe la libertad de pensar en todas las materias amenaza lo más sagrado de la religión, y no menos la pública tranquilidad en los Estados"

El Inquisidor General, a propósito de la obra de Cesare Beccaria "De los delitos y de las penas", en carta de 25 de mayo de 1777

 

No por previsible resulta menos miserable. Me refiero a la evidente campaña que están llevando a cabo los principales medios de comunicación del régimen contra Podemos, tras la sorpresa electoral del 25 de mayo. Del rosario de acusaciones con el que pretenden convencer a sus lectores para que no voten a Podemos en las próximas elecciones, destacan las que se refieren a supuestos vínculos con ETA. 

A diferencia de las acusaciones de bolivarianismo, que se quedan en una irrisoria demonización política, en el Estado español la relación con ETA opera en cambio con otra intencionalidad, la de la pura criminalización, lo cual puede tener consecuencias más serias.

No hay que olvidar que en España continúa en vigor una legislación penal que será endurecida y que sostiene una concepción expansiva del concepto de terrorismo. En España sigue vigente una Ley de Partidos Políticos -hecha a la medida de la gran coalición de facto que la redactó- que impuso una condicionalidad política arbitraria y discrecional para justificar la ilegalización de partidos políticos vascos a los que no era posible aplicar el Código Penal. Si ha habido un populismo exitoso en España en tiempos recientes ese ha sido el populismo punitivo .  

Los recientes ataques mediáticos contra Pablo Iglesias (por sus referencias al carácter político del conflicto vasco o el apoyo a organizaciones objeto de ilegalizaciones injustificables) buscan iniciar un calvario propagandístico-judicial que mine la imagen positiva de Podemos que reflejan las encuestas, aunque los argumentos sean tan débiles que ni con la jurisprudencia vigente permitan justificar una sentencia de ilegalización (véase lo que ocurrió en 2009 con la lista electoral encabezada por Alfonso Sastre). 

En este contexto resulta comprensible que Pablo Iglesias haya querido aclarar de entrada que Podemos "condena la actividad de ETA". Pero como sucede con la izquierda abertzale vasca, ninguna condena moral será suficiente para los inquisidores del Reino. La legislación antiterrorista ha conseguido desplazar progresivamente el reproche penal por las acciones concretas que una persona pueda cometer, a la criminalización por lo que se es o se piensa en tanto que integrante del colectivo equivocado. La pertenencia a una organización terrorista viene determinada principalmente por lo que diga el Estado, con independencia de las actividades reales que lleve a cabo un grupo determinado de personas. Es dudoso que haya intervención judicial al respecto, pero los buenos mafiosos se bastan con las amenazas.

Conviene aclarar aquí al menos tres cosas. En primer lugar, el grupo armado ETA hoy no es más que un espectro en vías de extinción y los principales responsables de que no desaparezca definitivamente son el gobierno del Partido Popular y el PSOE, con la ayuda inestimable de la Audiencia Nacional y los medios de comunicación que les sirven como aparato propagandístico. En segundo lugar, la "teoría del entorno", que los citados responsables continúan aplicando con celo inquisitorial, constituye un atentado contra la democracia, sobre todo si tenemos en cuenta la desproporción de las penas que se suelen imponer. Resulta intolerable que una actividad legítima y legal como el apoyo organizado a personas presas justifique detenciones policiales como ha sucedido con Herrira (en cuyo proceso todavía no ha sido dictada sentencia), como también lo es emplear la estigmatización resultante para extender redes de sospecha sobre la disidencia política. Y tercero, la desaparición de ETA no supone el fin del uso del concepto del terrorismo contra el disenso político, como muestra el desarrollo a nivel europeo de políticas "preventivas" contra la "radicalización". En este sentido, constituye un acierto que Podemos haya incluido en el programa de las pasadas elecciones el "fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las personas".

Que el director de El País afirme sin recato en JotDown que Podemos "son antisistema democrático" es un anticipo de lo que vendrá en los próximos meses. Frente al éxito comunicativo de Podemos a la hora de presentar a "la casta" (política, económica, mediática) como una elite antidemocrática, los partidos y los medios que se sienten aludidos pretenden rescatar viejas líneas divisorias que antes de 2011 habían dado sus frutos: "nosotros somos los demócratas, ustedes los violentos". Signo de la transformación política en curso, hoy los crédulos son muchos menos y semejante aseveración solo merece nuestra burla. Un choteo que es necesario, pero no suficiente. Son recurrentes las detenciones por hacer cosas como manifestarse, mientras seguimos sintiéndonos obligados a dar explicaciones dentro del marco conceptual que ampara las pulsiones más represivas del régimen. La deconstrucción de dicho dispositivo ideológico será una tarea fundamental en la construcción constituyente de una sociedad más libre.


Escrito por: Samuel.2014/06/30 14:30:38.406762 GMT+2
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2014/06/06 10:39:51.576980 GMT+2

La sacudida europea

Las elecciones al Parla­men­to Europeo confirmaron lo que ya sabíamos: el descrédito profundo de las élites dirigentes europeas y de las políticas deudocráticas de austeridad que han venido promoviendo. Dicho descrédito se ha expresado nuevamente con una fuerte abstención –mayoritaria pero que varía según los países–, el hundimiento de muchos de los partidos políticos del consenso neoliberal en los que aquellas élites se apoyan y el ascenso de partidos de derecha radical que, de un modo u otro, cuestionan el proceso de integración actual.

 

(pueden seguir leyendo en Periódico Diagonal). 

Escrito por: Samuel.2014/06/06 10:39:51.576980 GMT+2
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2014/05/22 21:04:23.321083 GMT+2

Votar o no votar

Votar o no votar, esa no es la cuestión.

O, al menos, no es la única cuestión política.

La discusión sobre la utilidad de votar o no en unas elecciones parlamentarias en régimen partitocrático suele encallarse en torno a dos posiciones absolutas, supuestamente aplicables por principio en todo momento: o bien el voto es imprescindible para lograr cualquier cambio político reseñable (y la abstención es vista entonces poco menos que como una traición), o bien el voto no sirve para nada salvo para legitimar a las burocracias partidistas o a los privilegiados que consigan escaño (y el voto se presenta entonces como colaboracionismo). Al plantearlo en estos términos, tanto unos como otros coinciden en considerar el voto como un acto trascendental y decisivo que marca a uno de manera indeleble frente a la sociedad a quien lo lleva a cabo. Pero ni tanto, ni tan poco. 

La conveniencia o no del voto en un juego desigual y dominado por tramposos depende de diversos factores, entre los que destacan el contexto político del momento, las fuerzas políticas que se presentan, y las oportunidades que se abren para quienes promovemos una transformación democrática de la sociedad. En este sentido, el voto debe contemplarse como una acción más, dentro del repertorio de acciones políticas posibles, como hacer huelga, manifestarse o difundir ideas. Su utilidad depende de la estrategia en la que se enmarca.

La necesaria crítica a la representación no es incompatible con ejercer el voto en determinados momentos o implicarse en la política de las instituciones existentes. De hecho, el dilema descrito arriba (voto imprescindible o digna abstención) es propio del representado que anhela un representante con el que poder identificarse -una búsqueda identitaria cuya frustración puede conducir justamente a la abstención. Más bien, el "no nos representan" debería implicar su desacralización, desde una perspectiva no estatocéntrica. En realidad, el llamado voto útil, terror de moralistas y terreno fértil para la teoría de juegos y los asesores de márketing, ya supone un reconocimiento -no necesariamente bien orientado- de la realidad del voto único. Presupone un pensamiento estratégico y cierto cuestionamiento, individualista eso sí, del significado del mandato representativo.

La ruptura con la lógica representante-representado exige por tanto concebir el voto como una herramienta, que puede ser importante, pero que no es menos relevante que la actividad política colectiva que se requiere después de unas elecciones. El ritual electoral parlamentario (campaña, recuento, celebración) presenta la votación como el final de la actividad política del representado y el inicio de la actividad política del representante en quien aquél delega. La propia intensidad de las campañas electorales, con su reiteración hasta el aburrimiento de eslóganes y mensajes proselitistas, contribuye a la resaca y desmovilización posteriores, justo cuando es más necesaria la participación, el debate, la presión para exigir el cumplimiento de las demandas populares y el control de las personas que resultan elegidas para ocupar cargos políticos. El vacío que deja nuestra retirada es ocupado luego, progresivamente, por los grupos de presión (corporativos, financieros... u oenegeros) y por el aparato burocrático de los partidos que privilegia la interacción con aquéllos.

Como he sostenido en este blog, prefiero "conseguir un entorno institucional más favorable al despliegue de la sociedad en movimiento" que resignarme a acoger los golpes con quejas o mediante repertorios exclusivamente expresivos. Afortunadamente, en este ciclo electoral que se abre el 25 de mayo con las elecciones al Parlamento Europeo y que continuará, querámoslo o no, hasta finales del 2015 con las elecciones municipales y generales, contamos con algo novedoso: las experimentaciones políticas que ha generado el clima 15M (o post15M) y que tienen la potencialidad de articular otro tipo de relación entre electores y elegidos, entre las instituciones existentes y las posibles instituciones democráticas por venir. En la medida en que se alejen de la forma-partido, será posible y deseable la participación transversal -en distinto grado- en varias o en todas estas iniciativas sin necesidad de convertirse en militante de carné y banderín, y la principal limitación es el tiempo disponible que tenemos para ello. En cuanto a las candidaturas que se presentan a las próximas elecciones, el Partido X ha entendido este aspecto y durante la campaña ha tendido puentes -bien es verdad que de manera algo improvisada y desde posiciones de debilidad- a Podemos, que deberían replantearse con más sosiego tras la campaña. Pero en unas elecciones solo se puede votar una lista.

Por mi parte, votaré por Podemos. Es el proyecto electoral con el que he colaborado más de cerca (donde vivo muy pronto se formó un "círculo", no un nodo X) y el que siempre he pensado que podía ganar más fuerza e incorporar un espectro más amplio de personas (especialmente a las menos activistas), algo necesario en unas elecciones. El peso de la figura de Pablo Iglesias no debería hacernos olvidar la heterogeneidad de las personas que participan en los círculos y la de sus electores. La iniciativa presenta defectos, riesgos y en su corto período de vida se han cometido errores que deberán abordarse democráticamente tras el 25 de mayo. Algunos de esos defectos son producto del electoralismo y de una centralización en la toma de algunas decisiones que se ha justificado por la urgencia electoral. Otros son errores comunes con los de otras candidaturas, especialmente por lo que respecta a la falta de politización de lo europeo (que tampoco ha logrado el Partido X con la adaptación de su programa a lo que existe en la UE). Discrepo en asuntos no menores, como la innecesaria retórica patriotera de Pablo, que dudo mucho que sea lo que al final movilice a la mayoría de sus votantes, sobre todo en determinados territorios del Estado. Pero Podemos ha reactivado mecanismos colaborativos y tiene una fuerza antagonista de la que carece por ahora el Partido X, con su lenguaje tecnocrático y procedimental. Y en estos tiempos necesitamos más antagonismo que competencias de gestión, más ilusión que eficacia técnica, no solo frente a la "casta", sino frente a los otros "patriotas", los que sí ganan adeptos por la reivindicación reaccionaria de comunidades nacionales que se reservan el derecho de admisión. 

Porque el citado ciclo electoral se produce en un contexto global y europeo turbulento, con fuerzas reaccionarias que han ido recuperando el terreno que habían perdido tras la crisis financiera de 2008 y tras el ciclo de protestas iniciado en 2011, promoviendo una agenda aún más regresiva que la que ganó impulso tras los atentados del 11S. Este es un proceso que no podemos ignorar, pensando que pasará o que no tendrá impacto alguno en un régimen constitucional español en estado avanzado de putrefacción. Tenemos que interrumpir el proceso de recomposición en curso de las elites de la España y de la Europa neoliberales (en última instancia intergubernamental) evitando al mismo tiempo su recambio autoritario.

Después del 25 de mayo habrá que evitar cerrarse sobre lo nuevo que hayamos creado, especialmente en el caso de las propuestas que tengan éxito y accedan a las instituciones. Necesitamos un cambio de régimen y esto supone un cambio constitucional (también a nivel europeo) sobre la base de una agenda propia, no una adaptada a los requerimientos del poder constituido. Deberíamos seguir empujando en esa dirección desde posiciones y perspectivas diversas. Llevará tiempo. El debate en el que deberíamos estar embarcándonos ya va bastante más lejos que la confección de un programa electoral y desborda cualquier plataforma electoral. No hace falta renunciar a estas, siempre que sigan evolucionando de manera abierta, democrática y conversen entre ellas regularmente, no solo cuando te convoque un canal de televisión. En este sentido, entre estas elecciones y las siguientes tenemos citas que aprovechar: la consulta por la democracia o lo que pueda desarrollarse tras el multireferèndum en el ámbito catalán. Porque si bien la representación parlamentaria reclama un matrimonio monógamo santificado con el voto, la democracia no podrá ser sino pura promiscuidad.

 

Escrito por: Samuel.2014/05/22 21:04:23.321083 GMT+2
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2014/04/06 23:26:31.333418 GMT+2

Por la abolición del segregacionismo

Nosotros, nosotras, somos hijos e hijas del viento. Un día echamos a andar y desde entonces no hemos dejado de desplazarnos. Y cuando el cuerpo renuncia, buscamos otros medios o viajamos soñando.

El lenguaje nos hace humanos, pero también el movimiento que nos acerca. Son nuestras libertades primarias, básicas, las que luego permiten otras. Pensamos, caminamos, comemos, hablamos, amamos. Caminamos (o rodamos). Así nos encontramos, así hacemos una sociedad humana. También huimos: del peligro, de la miseria, de los encuentros perniciosos, de un futuro vacío, de quienes buscan someternos. De las sociedades que se deshumanizan.

Nos movemos. Y habitamos. La mayoría vivimos en un lugar diferente al que nos vio nacer, ya sea un barrio, una ciudad o un país. Pero la nacionalidad o la ciudadanía que va aparejada a aquélla determina que en un mismo territorio unas personas tengan de entrada muchos más derechos legalmente reconocidos que otras. Después, todo un laberinto legal establece un arbitrario proceso de "integración" que filtra, segmenta y sobre todo estigmatiza. La ciudadanía integra excluyendo y hace depender cualquier derecho del vínculo con un Estado y de lo que éste determine en función de una idea de nación que se construye a partir de lo que rechaza. 

La Modernidad, con la formación de los Estado-nación y la creciente sofisticación de sus fronteras, el desarrollo -simultáneo e inseparable de aquél- del capitalismo y el colonialismo,  trajo consigo significativos retrocesos para la libertad de movimiento. Los grandes viajes de los exploradores y comerciantes blancos se lograron con los cercamientos rojo y negro de los esclavizados. El movimiento libre de los ricos se apoyó en el movimiento controlado y la fijación proletaria de los empobrecidos. Sin embargo, abajo resistieron.

Los esclavos africanos se fugaron de las plantaciones. Los obreros europeos rechazaron las libretas obreras. Los colonizados se rebelaron. Los sudafricanos quemaron los pases. Hoy los migrantes del sur pagan intermediarios para obtener falsos pasaportes, se cansan de pedir visados que saben que no les darán, intentan vivir y trabajar aunque no consigan los permisos de trabajo y de residencia. Saltan vallas. No por desesperación, sino por dignidad. Nos recuerdan que son nuestros iguales humanos.

Es un régimen tiránico el que se basa en cercenar o encauzar nuestro libre movimiento para sus propios fines. El que reduce a una parte de nuestros iguales a posiciones subalternas o serviles por su género, por su color, por su ascendencia o por no permanecer en el lugar que se le ha asignado. Todo proceso democrático conduce necesariamente al reconocimiento de la humanidad común, de la igualdad de los cualquiera, incluyendo la capacidad y el deseo humano de movimiento. Todo proceso autoritario tiende a bloquearlo, limitarlo y convertirlo en el privilegio de unos pocos, a producir categorías de personas con inferiores derechos civiles y sociales. Esta última es la tendencia segregacionista que impera hoy en la Europa gobernada por las finanzas, por el capital que tiene garantizada constitucionalmente una libertad absoluta de circulación.

Y es que el fin de los imperios coloniales no supuso el fin de la colonialidad europea, entendida como la manera en que el poder social continúa configurándose sobre la base de criterios originados en la relación colonial. Esta persiste y evoluciona ahora en el interior mismo de los espacios metropolitanos, reproduciendo incluso viejas relaciones centro-periferia y norte-sur entre los propios ciudadanos europeos. Es además cínica, porque promueve un racismo institucional con argumentos universalistas, como vemos de manera destacada en Francia. Dicha colonialidad opera gracias a una triple negación o mistificación: del pasado colonial y esclavista, de las verdades de los subalternos y de la diversidad no domesticada.

Este negacionismo resulta especialmente grave en el Reino de España, uno de los primeros Estados europeos en sistematizar la esclavitud (de aborígenes canarios y americanos, de africanos) y el último en abolirla (1886). Olvidamos que la crueldad franquista (que se prolonga en la dictadura ecuatoguineana) nace en las guerras coloniales africanistas en el Rif marroquí. Hablamos ocasionalmente de las vergonzosas vallas en las ciudades poco autónomas de Ceuta y Melilla, dando por bueno que guardias civiles hagan frontera de Europa en territorio africano y haciendo caso omiso de los ciudadanos de segunda que viven en ambas ciudades: magrebíes, españoles musulmanes, negros africanos.  

Cualquier proceso de transformación democrática dentro de Europa deberá incorporar por tanto un programa abolicionista de desmantelamiento de nuestros sistemas segregacionistas: cierre de los centros de internamiento para extranjeros, libre circulación –hacia Europa y dentro de Europa- y residencia efectivas sin discriminación y que no dependan de la condición salarial, fin de los arbitrarios visados, contribución y participación igualitaria en el común y en lo público (son las elites las que abusan de nuestros sistemas sociales, apropiándoselos, desguazándolos y privatizándolos), derecho de voto basado en la residencia y no en la nacionalidad, etc.

No nos sirve, pues, la mirada de quienes se compadecen de aquellos que son reducidos a la condición de víctimas. Necesitamos una mirada que los conciba como hermanos, compañeros de lucha por una democracia real, contra las verdaderas mafias y frente a los nuevos fascismos. 


Escrito por: Samuel.2014/04/06 23:26:31.333418 GMT+2
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2014/03/19 21:25:41.836209 GMT+1

Siria, ¿una revuelta sectaria?

Ando leyendo un estimulante libro sobre Siria, Pas de printemps pour la Syrie (La Découverte, 2013, varios autores). Su editor, François Burgat (hasta 2013 director del Institut français du Proche Orient, cuya sede estaba en Damasco hasta hace poco) incluye al principio una declaración de Nahed Badawie, veterana activista del Partido de Acción Comunista sirio. Este es un partido opositor, escisión del Partido Comunista sirio, que tiene la particularidad de incluir un fuerte componente alauí, razón por la cual fue duramente reprimido en los 70-80 por un régimen que se arrogó la representación de dicha comunidad. Badawie participó desde los primeros días en la insurrección siria que ahora cumple tres trágicos años. Su perspectiva desde dentro resulta interesante. Nahed Badawie estuvo presa entre 1987 y 1991, y de nuevo durante la primera "primavera de Damasco" del año 2000, tras la muerte de Hafez el Asad. El 16 de marzo de 2011 fue arrestada durante una manifestación organizada en Damasco ante el Ministerio del Interior. Ella vive hoy refugiada en el extranjero. De su descripción de la gestión gubernamental de las divisiones sectarias nosotros también podemos extraer lecciones. Sus palabras las anotó François Burgat en enero de 2013 en Beirut. 

"Lo más importante, es entender que el régimen sabía que la única oportunidad que tenía para hacer frente a una protesta democrática que sobrepasaba todas las divisiones confesionales era restaurar esas divisiones y hacer que la revuelta girara hacia una confrontación interconfesional. La gran diferencia entre esta revuelta de 2011 y las de los años 1980, es en efecto que cuando los Hermanos Musulmanes se rebelaron en Hama (y en muchas otras ciudades del país) solo los suníes les apoyaron. En cambio, en 2011, desde el principio, la movilización, al menos entre los intelectuales, tenía un apoyo en casi todos los compartimentos de la sociedad. Dicho esto, podemos también reconocer que los suníes eran mayoritarios. Para ello hay dos explicaciones. 

Primero el hecho de que el movimiento arraigara sobre todo en los barrios desfavorecidos. Ahora bien, aunque los desfavorecidos no son todos suníes, los suníes desfavorecidos de algún modo lo eran por partida doble: como los demás, pero también en tanto que suníes; los cristianos o los drusos desfavorecidos y, especialmente los alauíes, podían aspirar, para mejorar su condición, a intentar acceder al aparato del Estado o a determinados empleos. No había nada similar para los suníes. Además, si la protesta movilizó a partes iguales a los intelectuales de todas las confesiones, no fue así entre las capas populares: en el seno de las minorías cristiana, druza o alauí, a diferencia de los intelectuales, estos componentes desfavorecidos de la sociedad se mostraron mucho más receptivos a la propaganda destinada a cortarles de la mayoría suní.    

Cuando se trata de los grupos islamistas radicales como Jabhat al-Nusra, por supuesto que les temo. Pero ni más ni menos que a todos los extremistas, sean suníes o alauíes, pero también marxistas, nacionalistas o cristianos. Hoy estos grupos islamistas han adquirido sin duda cierto dominio sobre el terreno. Pero esto se debe al hecho de que nos encontramos en el contexto de una lucha armada. Su legitimidad es fuerte porque luchan contra –y por tanto protegen de- la terrible violencia del Estado.  

Cuando cese esta violencia, todo lo que justifica su radicalismo terminará también. Porque yo no creo de ningún modo que sus pocos millares de miembros puedan controlar el país, ¡ni por las armas ni luego por las urnas! Frente a ellos tendremos que llevar a cabo un combate, pero este será político y por lo que conozco de la práctica religiosa dominante entre los sirios estoy convencida de que no están en posición de vencer. No hay ninguna razón para alegar hoy el peligro que representarían para la transición democrática con el fin de prolongar la vida de un régimen que, en realidad, contribuyó a fabricarlos."


Escrito por: Samuel.2014/03/19 21:25:41.836209 GMT+1
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2014/03/14 14:07:10.719575 GMT+1

Post-11M

La conmemoración del décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 ha servido, entre otras cosas, para certificar una vez más el fin de ETA como enemigo interno número uno -aunque lo más rancio del régimen se resista- y para que algunos presionen para promover su urgente reemplazo por otros espantajos.

La insistencia por parte de la derecha españolista en apostar por su vieja obsesión nacional no le ha salido bien. Hasta ahora solo le ha servido para cohesionar las filas partidarias internas, sin que ello haya impedido las defecciones, lo que es claramente insuficiente en términos de legitimación de una política de Estado. Esta percepción es compartida desde otros sectores del régimen, y particularmente entre los denominados "progresistas", que vieron en las sentencias que pronunciaron la Audiencia Nacional (2007) y el Tribunal Supremo (2008) una oportunidad política, la de la consolidación de un nuevo enemigo que facilite la gestión del miedo y una nueva manipulación del dolor. Uno que puede ser tanto interno como externo.

Efectivamente, dichas sentencias confirmaron que el atentado cometido en Madrid el 11 de marzo de 2004 había sido cometido materialmente por un grupo de personas de ideología islamista, “yihadistas” de “tendencias radicales”, que compartían una “visión extrema del Islam”. Si por un lado, la determinación de hechos probados y la asignación de responsabilidades penales parece irreprochable, por otro lado el empleo de dichos términos -poco precisos desde un punto de vista científico- por los tribunales y la aplicación de la lógica antiterrorista que preside nuestro remendado código penal, plantean más problemas. Como por ejemplo, las figuras de los delitos de "pertenencia a banda armada" o de "colaboración con banda armada", que han venido estirándose desde la época en que las militancias eran claras, los grupos armados se identificaban como tales y reivindicaban sus atentados. Al aplicarse en los casos en los que no se ha podido demostrar que la persona ha tomado parte en la acción criminal, acaba por servir para condenar con duras penas a alguien simplemente por sus ideas políticas o por tener relaciones personales con los responsables directos y compartir un mismo "entorno". Así sucedió con algunas de las personas condenadas por la Audiencia Nacional y que luego absolvió el Tribunal Supremo en 2008. Motivo por el cual se reformó el Código Penal en 2010, para incluir una nueva definición de "grupo terrorista" y ampliar aún más lo que se considera como colaboración. La cualificación de una persona, y no de un acto, como "terrorista" suele basarse además en un discutible argumento circular (eres terrorista porque nosotros decimos que formas parte de un grupo que nuestras listas negras designan como terrorista).

Este salto conceptual, de condenar a alguien estrictamente por su responsabilidad a la hora de cometer determinadas acciones -y aplicarle penas proporcionales al delito cometido- a condenarlo por lo que la policía dice que es, con penas desproporcionadas con respecto al delito pero proporcionales a la estigmatización, constituye un ataque a la garantía de nuestros derechos y libertades, aunque los encausados sean finalmente una minoría. La desaparición de ETA debería estar sirviendo para realizar una reevaluación crítica de las políticas antiterroristas y penitenciarias, también desde los movimientos. En cambio, asistimos a una aceptación inconsciente y acrítica de este pensamiento policial cuando se aplica a un otro culturalmente distinto, lo que sienta las bases para un desplazamiento de la figura del enemigo sin que las premisas de fondo se alteren. Hoy hasta los que nunca cuestionaron el “todo es ETA” cuando lo promovía el juez Baltazar Garzón, se ríen de esta pretensión criminalizadora. No cuestionan, sin embargo, el fondo de esta impostura intelectual, e incluso reclaman una mayor prevención del terrorismo islamista por parte de la policía y de los servicios de inteligencia. Es ahí donde se están sentando las bases para nuevas manipulaciones.

Para interiorizar al enemigo y permitir el control policial preventivo de la peligrosidad social, el terrorismo ha tenido que complementarse con otros términos. El más reciente es el concepto de radicalización, que se basa en el más veterano de peligrosidad. La radicalización vendría a ser un proceso por el cual, una persona aparentemente normal se convierte, opiniones mediante (sobre todo si se corresponden con determinadas ideologías), en un monstruo sediento de sangre. Para ello se han creado cátedras, financiado estudios y formado grupos de trabajo como el que creó la Comisión Europea en 2006. Aquí participan “terroristólogos” como Fernando Reinares, estrecho colaborador del grupo PRISA y del Centro Nacional de Inteligencia, que sin saber árabe, pastún o urdu, es capaz de publicar, con gran promoción, el libro definitivo sobre la trama islamista del 11M. Es posible que muchos de los datos que ahí figuren sean ciertos, pero como suele pasar con la “industria del terrorismo”, lo más importante es cómo aquéllos son conectados en un discurso, más o menos sutil según se parta de posiciones neocon o más bien ‘técnicas’. Según las declaraciones de Reinares, su libro parece que promueve las ideas de que los terroristas globales están entre nosotros, que su odio ideológico hacia "occidente" se sitúa al margen de cualquier contexto histórico, político y social (Iraq sería “una excusa”, cuando la intervención militar extranjera en dicho país empezó realmente en 1991 y no en 2003), y que no existen grupos autónomos sino vinculados necesariamente a una cadena de mando (no simplemente afinidad o conexión) transnacional. La interiorización del enemigo es sin embargo parcial, lo que facilita la difuminación de la frontera entre lo policial y lo militar.

No podemos negar la existencia de personas y de grupos de inspiración salafista o takfirista dispuestos a matar, no tanto por motivaciones estrictamente religiosas como políticas, muchas perfectamente rechazables. Algunos grupos se centran en las fuerzas de seguridad de un determinado país aunque con métodos que se llevan por delante a decenas de personas. Otros plantean represalias colectivas a la israelí o promueven variantes de limpieza étnica según el país. Esto no quiere decir que nuestros sistemas legales y nuestras sociedades europeas deban articularse en torno a un concepto policial, preventivo y totalizador, de seguridad, que haga abstracción de realidades como el racismo institucional, la xenofobia o las intervenciones militares de nuestros gobiernos, cuando es ahí donde residen los verdaderos riesgos. Asimismo, debemos admitir que es imposible una prevención absoluta de atentados a menos que se lleve a cabo la vigilancia sistemática de los ciudadanos y se edifique un régimen totalitario.

Es más, el andamiaje conceptual del terrorismo y la radicalización, convertido en estrategia europea, aunque destinado preferentemente a europeos árabes o musulmanes y los de origen migrante, ya suficientemente estigmatizados con el discurso islamófobo imperante, también afecta a cualquier activismo contestatario, especialmente “de izquierdas” o “anarquista”, como suele describir la policía las más variadas protestas en las calles. Para hacernos una idea de lo que esto puede llegar a suponer, veamos la kafkiana historia de Ahmed Belbacha. En 2002 este hombre de nacionalidad argelina, que previamente había visto su petición de asilo rechazada por el Reino Unido (en Argelia estaba amenazado por el GIA), fue secuestrado en Pakistan por las fuerzas de seguridad paquistaníes y entregado a la CIA. Ha pasado los últimos 12 años de su vida encerrado en la base naval estadounidense de Guantánamo, donde fue torturado repetidamente. Nunca fue acusado o procesado por delito alguno. 12 años de esclavitud, versión siglo XXI. Ayer el gobierno estadounidense autorizó su salida y transferencia al gobierno de Argelia. Sus abogados esperan que el gobierno de Argelia lo libere, aunque un tribunal argelino lo haya condenado en 2009, sin posibilidad de defensa, simplemente por estar preso en Guantánamo. Da igual lo que hubiera hecho. Una serie de autoridades decretaron que Ahmed era peligroso. Otros le silenciaron.

Escrito por: Samuel.2014/03/14 14:07:10.719575 GMT+1
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