Hacía ya tiempo que no veía una tomadura de pelo tan descarada. Fue el pasado miércoles y se produjo en el Parlamento, con el inestimable concurso del Consejo de Estado.
El Congreso de los Diputados decidió por abrumadora mayoría que no existe incompatibilidad de ningún tipo entre la Constitución Española, que concede al Rey irresponsabilidad penal total -el monarca no puede ser juzgado por nada, haga lo que haga-, y la adhesión de España al Tratado por el que se crea el Tribunal Penal Internacional (TPI), fundado sobre el principio de que ningún gobernante, por alto que sea su cargo, puede quedar fuera del ámbito punitivo de la ley.
La decisión del Parlamento, realmente llamativa, se basó en un argumento que le ha suministrado el Consejo de Estado: «dado que todo acto del Rey se refrenda por el Gobierno», siempre habría en nuestro país «alguien imputable», caso de producirse aquí un delito perseguible por el TPI. Dicho lo cual, el Congreso -con el voto en contra de IU, el PNV y EA- dio el asunto por concluido.
Sus señorías tienen un morro que se lo pisan. Saben de sobra que eso no es una argumentación, sino una broma de mal gusto.
En primer lugar, porque les consta que, cuando se produce un delito, lo que debe hacer la Justicia no es buscar «alguien imputable», sino proceder contra todos los que hayan intervenido en su comisión. De modo que, si entre el Rey y el Gobierno se montan un delito, han de ser castigados el uno y el otro; no basta con condenar a «alguien».
En segundo lugar, saben igual de bien que las actuaciones que ha de perseguir el TPI no son del tipo de las que se justifican por ley. El crimen de Estado se practica; no se legisla. ¿Se imaginan ustedes? «Decreto-Ley de Persecución de los Gitanos», «Ley Orgánica de Usos, Costumbres e Impunidad de la Tortura». Vamos, hombre.
En fin, es rigurosamente falso eso de que «todo acto del Rey se refrenda por el Gobierno». El Rey se pasa el día haciendo cosas que el Gobierno no refrenda. Ya al margen de las materias propias del TPI: si el Rey se salta un semáforo, atropella a una niña y la mata, ¿qué? ¿Lo refrenda el Gobierno? Y si se dedica a cobrar comisiones ilegales, ¿lo suscribe José María Aznar y se publica en el BOE?
El Parlamento se vio en un lío: no quería ni que España hiciera el ridículo declarando que no puede ratificar el Tratado del TPI ni, aún menos, meterse en el follón -un referéndum y dos elecciones: ahí es nada- que implicaría reformar la Constitución para anular la irresponsabilidad penal del Rey, que está blindada y bien blindada.
Y, como no quería ninguna de las dos cosas, optó por la solución más fácil: tomar descaradamente el pelo a la ciudadanía.
Total, una vez más o menos...
Javier Ortiz. El Mundo (24 de junio de 2000). Subido a "Desde Jamaica" el 30 de junio de 2011.
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