No tengo duda alguna de que el ataque que están perpetrando los gobiernos de Washington y de Londres contra Irak carece de amparo legal. El propio presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha declarado que ese extremo le es perfectamente indiferente, porque él no necesita autorización de nadie para intervenir en otros países.
Considero también fuera de discusión que, habida cuenta de que esa agresión armada está produciendo numerosas víctimas -tanto da a estos efectos que se trate de civiles o de militares-, debe ser tildada de criminal.
Me parece igualmente obvio que, en la medida en que la acción armada persigue el derrocamiento de un régimen no por la vía de la Ley internacional sino por la del terror -de hecho Washington no ha dudado en describirla en esos términos-, ha de ser considerada a todos los efectos como terrorista.
Pero, bueno, ésa es mi opinión. Sin más.
Más digno de consideración es, creo yo, el hecho de que esa opinión mía la compartan numerosos juristas españoles, incluyendo un juez -al menos uno, que se sepa- de la Audiencia Nacional. Hay, según se sabe, un magistrado que es titular de un Juzgado Central de Instrucción, que ha declarado a los cuatro vientos que la brutal agresión anglo norteamericana contra Irak está tipificada como criminal en las leyes penales internacionales.
Yo no soy matemático, pero todavía me las arreglo para sumar dos y dos. Si lo que están haciendo en Irak los aliados -aliados entre sí y con nadie más- es criminal, y si en España hay un partido político que no sólo no lo condena, sino que lo defiende, así sea en términos más o menos melifluos, digo yo que habría que aplicar -«con todo el rigor del Estado de Derecho», que diría Acebes- la nueva legislación existente al respecto, procediendo a la suspensión cautelar de actividades del Partido Popular y al bloqueo de sus cuentas corrientes.
¿Qué hace el mencionado juez de la Audiencia Nacional, que no aplica su propia doctrina? ¿Tiene acaso dudas de que el PP forma parte del entramado de Washington? Ese entramado no lo forman sólo los que tiran las bombas, sino toda una tupida red de complicidades, que incluye a quienes les proporcionan bases operativas y les permiten repostar en vuelo sobre sus ciudades. (*)
Ya de paso, convendría no perder de vista a los medios informativos que les sirven de correa de transmisión: ellos señalan con el dedo para que luego Washington dispare.
Ha llegado la hora de demostrar que la Ley de Partidos Políticos no se hizo para un solo caso. Que no es una Ley de usar y tirar.
Aplíquenla con el necesario rigor no sólo al terrorismo local, sino también al internacional. Venga de donde venga.
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(*) Téngase en cuenta, además, que el PP, repitiendo lo que el Tribunal Supremo reprocha a Batasuna, se niega a condenar los asesinatos de los que es cómplice, limitándose a decir que «los lamenta», reclamando que sean situados en «su contexto» y pretendiendo que no se habrían producido de ser por la maldad de los representantes político de las víctimas. Se trata, como puede verse, de dos casos formalmente calcados.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social y El Mundo (29 de marzo de 2003), salvo la nota, la cual apareció únicamente en el Diario. Subido a "Desde Jamaica" el 8 de marzo de 2017.
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