Tiene razón. Tanto la Ley de Partidos como las sentencias derivadas de ella avalan su indignación.
Otra cosa es que lo establecido en esa ley y en esas sentencias se base en un perfecto absurdo. Porque Batasuna no es una subdivisión de ningún grupo terrorista, sino una organización política que ciñe su actividad al terreno estrictamente político. Sus concomitancias con ETA son ideológicas; no orgánicas. Que algunos miembros de Batasuna han trabajado para ETA –y en ETA, incluso– es de sobra sabido. Pero la organización como tal, colegiadamente, no ha participado nunca de la estructura de ETA, y ningún tribunal ha probado jamás lo contrario. Para dictar sus sentencias condenatorias, todos han echado mano de la doctrina, fabricada en comandita por Baltasar Garzón y Jaime Mayor Oreja, según la cual ETA no es una organización propiamente dicha, a la que se pertenece o no, sino un magma de fronteras difusas cuya principal seña de identidad no es la actividad terrorista, sino la defensa de un ideario, razón por la cual incluso puede haber quienes sean miembros de ETA sin saberlo. Esa doctrina fue durante mucho tiempo rechazada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que reclamó a Garzón una y otra vez que no acusara de pertenencia a ETA sino cuando contara con indicios racionales que vincularan materialmente a los detenidos con actividades terroristas concretas. El escollo fue superado tirando por la calle de enmedio: los tres miembros de la Sala de lo Penal fueron marginados y sustituidos por otros cuyo comportamiento ulterior ha resultado inobjetable (para Garzón, se entiende).
La teoría de ETA como magma, que convierte al llamado «entorno de ETA» en parte constitutiva de la propia ETA –lo que implica que cabe estar simultáneamente en el entorno de algo y dentro de ese algo, por extraño que parezca–, no sólo ha sido asumida por el sustituto de Garzón, Grande-Marlaska, sino también por el poder legislativo (de ahí la Ley de Partidos) y por el judicial (ilegalización de Batasuna y macroproceso 18/98). Les venía bien entonces y optaron por no pararse en barras.
El problema es que ahora hay uno de ellos –y no el menor, puesto que ocupa el Gobierno central– al que ya no le viene bien nada de eso: ni el magma, ni el entorno, ni la Audiencia Nacional, ni la Ley de Partidos, ni la ilegalización de Batasuna.
Pero demos al César lo que es del César y al registrador de la propiedad la propiedad de lo registrado: es Rajoy quien se mantiene fiel al engendro jurídico que dieron a luz hace cuatro años.
Javier Ortiz. El Mundo (19 de junio de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: Rajoy tiene razón.
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