Escuché anteayer al ministro de Justicia afirmar que el voto contrario del PNV a la ilegalización de Batasuna significa que los nacionalistas vascos «todavía no se han decidido a pasar la raya y ponerse del lado de los demócratas». El Gobierno no comparte, pues, el criterio de quienes sostienen que éste es «un asunto que divide a las fuerzas democráticas». Es tajante: el que no está en esto de su lado queda descalificado como demócrata.
Habría preferido con mucho que, en esta materia como en cualquier otra, cupiera una discusión libre y sin amenazas de excomunión. Pero no porque eso sea imposible renunciaré a dejar constancia de mi doble oposición: al auto de Garzón y a la Ley de Partidos.Tan sólo para que, cuando el día de mañana aparezcan los lodos, quede claro quién los propició con su parte alícuota de polvo, y quién no.
En primer lugar, comparto el criterio de los juristas que afirman -o que musitan: temen verse en la lista negra- que el auto de Garzón se basa en una interpretación abusiva del artículo 129 del Código Penal, que no se dictó para ser aplicado a partidos políticos. Por mi parte, considero absurdo que un juez instructor pueda privar de derechos fundamentales a un amplio conjunto de ciudadanos que no sólo no están condenados, sino ni tan siquiera procesados.
La cuestión de fondo, en todo caso, no es jurídica, sino política. El punto de vista oficial es que la ilegalización de Batasuna privará a ETA de fuentes de financiación y reducirá el clima de presión que sufren quienes se enfrentan al terrorismo. Ambas presunciones son gratuitas. En cuanto a lo primero: está más que probada en muy diversos países, incluido EE.UU., la capacidad de unas y otras organizaciones clandestinas para cobrar sus impuestos al empresariado y mantener redes de financiación formalmente honorables. Además, la financiación de ETA nunca ha dependido de la estructura orgánica de Batasuna. Otra cosa es lo que hayan hecho o puedan hacer tales o cuales militantes suyos a título personal, cosa que no se verá alterada por la ilegalización. Segundo punto: no veo por qué las amenazas vertidas en privado, o a través de pintadas u octavillas sin firma legal, o mediante concentraciones espontáneas ante los domicilios, vayan a resultar menos intimidantes que las lanzadas con luz y taquígrafos, forzosamente más comedidas.
Batasuna ha venido siendo hasta ahora, sin duda, la organización que canalizaba la acción política de los partidarios de ETA. Pero los entusiastas de ETA representan, según el último euskobarómetro, una ínfima proporción de los seguidores del partido radical. Su neutralización judicial deja sin caude de expresión política legal a decenas de miles de personas ajenas a ETA.
El PP y el PSOE han llegado a la conclusión de que, para que una olla a presión haga menos ruido, lo mejor es suprimirle la válvula de escape. No tardaremos en comprobar los efectos que tiene tan genial idea.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (27 de agosto de 2002) y El Mundo (28 de agosto de 2002). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 14 de enero de 2018.
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