Desde Jamaica

Aunque todo juicio tajante comporte riesgos, me atrevo a afirmar que, en términos generales, resulta preferible que los que gobiernan no sean criminales.

Me hago cargo de que es una proposición arriesgada, pero estaría dispuesto a defenderla, llegado el caso. Lo que renuncio a imaginar es qué podría suceder si hubiera gobernantes que, además de no ser criminales ellos mismos, estuvieran en contra de los que sí lo son.

Eso sería ya demasiado.

Imaginemos, por ejemplo, que el Gobierno español se aviniera a tomar en consideración los papeles que tengo ahora mismo sobre mi mesa. Uno de ellos es un acuerdo del Parlamento Europeo, fechado el año pasado. Responsabiliza al Estado turco de «violaciones de los derechos humanos» y de «medidas militares de carácter represivo, como por ejemplo la evacuación de pueblos kurdos». Pese a su tono remilgado -tan característico de las denominadas «altas instancias», acostumbradas a no llamar jamás al pan pan y al vino vino-, el acuerdo del Parlamento Europeo deja claro que lo que el Gobierno turco está haciendo en el Kurdistán desde hace más de doce años es una tropelía abominable.

Otro de los escritos que tengo delante aporta una lista de 159 nombres. Se trata -se trataba- de mujeres kurdas, que los agentes del genocidio han asesinado en los últimos años.

Otro escrito más de éstos que me han llegado recoge relatos detallados de torturas y violaciones cometidas por soldados y oficiales del Ejército de Turquía. Decenas.

Otro más es un artículo de la diputada kurda Leyla Zana, que está en la cárcel, acusada de hablar de la existencia de su pueblo. Osó pronunciar en el Parlamento una frase en su lengua. Cuán intolerable crimen: afirmó que los pueblos de Turquía y el Kurdistán pueden ser amigos. Y es que el Gobierno turco no tolera ni siquiera que se hable del pueblo kurdo. Impone que los kurdos sean llamados «turcos de la montaña». Un partido turco de izquierdas fue declarado ilegal por admitir... ¡que los kurdos existen!

Imaginemos que el Gobierno de Aznar -decía- considerara estos datos concluyentes, y otros muchos que se están dando a conocer desde ayer en Madrid, en la Conferencia Internacional de Mujeres por la Paz en el Kurdistán. Se vería obligado a replantearse las muy amistosas relaciones que mantiene con las autoridades turcas.

Pero no puede hacer tal cosa. Porque el Gobierno turco es su aliado. Turquía está en la OTAN, ese noble organismo que, como se sabe -no se me rían- se encarga de salvaguardar la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Nuestros gobernantes saben bien qué trato dan sus aliados turcos a los derechos humanos. Y a los humanos. Pero cierran los ojos.

Ya lo dije al principio: no cabe pedir a los gobernantes que estén en contra de los criminales. Y menos todavía si los criminales son turcos. Porque España produce armas, y a los genocidas turcos les hacen falta muchas.

Javier Ortiz. El Mundo (14 de diciembre de 1996). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de diciembre de 2010.