La diputada del PP Celia Villalobos votó el pasado jueves a favor de la ley que permitirá casar a personas del mismo sexo y su partido ha decidido imponerle una multa. A la vez, estudiará la posibilidad de obligarla a abandonar determinadas responsabilidades parlamentarias a las que accedió en representación de su grupo.
En esto, como en no pocos asuntos más, hay en la vida política española una considerable confusión. Celia Villalobos, como cualquier otro electo o electa del Parlamento, no es diputada del PP. Llegó a diputada en las listas del PP, cierto, pero una vez elegida se convirtió en diputada, a secas. Los diputados no representan a un partido, ni siquiera a unos electores en concreto, sino al conjunto de la ciudadanía, y sólo a ellos -a cada uno de ellos o de ellas, de forma individual- corresponde decidir qué debe votar en cada caso para ejercer esa representación con más rigor, según su particular saber y entender. Los grupos parlamentarios son agrupaciones que se forman para facilitar el funcionamiento interno de la Cámara, pero no pueden imponer a sus integrantes ninguna forma de voto imperativo, porque tal práctica está expresamente prohibida por la Constitución. Lo que sí pueden hacer, por supuesto, es no admitir a tal o cual diputado en su grupo, pero en ningún caso coaccionarle para que vote en determinada dirección.
Por eso es tan aberrante -desde la lógica de la Constitución, me refiero- que, en algunas ocasiones, determinados grupos parlamentarios anuncien que van a permitir a sus integrantes «votar en conciencia». Dejando a un lado que sea ya de por sí llamativo que se dé a entender que hay sólo dos o tres asuntos a lo largo de una legislatura que puedan plantear serios problemas éticos a sus señorías, lo que ya resulta directamente impresentable es que se pretenda que en el resto de los asuntos los diputados y diputadas, si quieren comportarse adecuadamente, no puedan votar sino lo que se les manda.
Esta perversión partitocrática de la vida parlamentaria española se deriva muy evidentemente del hecho de que, en la práctica, son los partidos los que acaban concediendo los escaños, de modo que quien desee volver al Parlamento en la siguiente legislatura lo mejor que puede hacer es mostrarse lacayuno en ésta, pero no por ello deja de ser una perversión que los propios partidos, así fuera sólo por guardar las formas, deberían disimular.
No lo hacen, y supongo que con cierta razón, porque no veo que nadie les abronque demasiado por ello. Es bien sabido que, en la vida de los pueblos, la arbitrariedad de los poderes tiende a ocupar todo el espacio que se le deja disponible.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (2 de julio de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 4 de julio de 2017.
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