Quilombo

"Una victoria para el capitalismo", Michael Moore en Democracy Now!, 23 de marzo de 2010

"Ahora podemos arreglar esto de una manera que sea razonable, esto es, centrista. He rechazado un conjunto de disposiciones que la izquierda quería y que son -ya sabes, sobre las que se mantenían firmes- porque pensé que serían demasiado perturbadoras para el sistema." Barack Obama en Fox News, 17 de marzo de 2010

Finalmente, Barack Obama firmó la ley que reforma el sistema de salud estadounidense, tras su aprobación en la Cámara de Representantes por un estrecho margen y el rechazo en bloque de los republicanos. En principio, la ley amplía la cobertura de los seguros médicos privados a más de treinta millones de personas que carecían de los mismos por no poder permitírselo y por no estar cubiertas ni por Medicare ni por Medicaid; y mejora de paso las condiciones de contratación de las pólizas con las aseguradoras, eliminando por ejemplo la discriminación contra las personas con enfermedades preexistentes. Se habla mucho del éxito político que representa para el presidente de los Estados Unidos, del coste que tendrá (menor, por cierto, que lo que el gobierno norteamericano gastará en defensa en los próximos dos años), pero poco del contenido de la reforma. ¿En qué consiste exactamente?

De la reforma sanitaria se ha destacado que constituye un importante paso con vistas a conseguir la llamada cobertura universal, indispensable para el funcionamiento del capitalismo en la era biopolítica. Pero hay que ver cómo se va a dar este paso: básicamente, a través de un mercado controlado por las compañías aseguradoras y farmacéuticas. Para comprobarlo, basta con atender a los hechos, no a la retórica populista de los demócratas ni al histerismo reaccionario de los republicanos.

Descartada la llamada "opción pública", la Patient Protection and Affordable Care Act ampliará la cobertura a partir de 2014 obligando a quienes no están cubiertos por Medicaid a contratar una póliza con una aseguradora privada. Si no se dispone de un seguro médico pagado por la empresa, habrá que contratarlo en un mercado que será regulado por cada estado. Aquellas familias y ciudadanos cuyos ingresos sean inferiores a un determinado umbral de renta, y que por ello carezcan de seguro, podrán recibir subvenciones para contratar las pólizas, con topes máximos por familia o por individuo que implican acceso a planes limitados. La no contratación de una póliza será penalizada con multas. Por su parte, las aseguradoras que incumplan sus obligaciones o denieguen pólizas de manera injustificada también pueden ser sancionadas con multas irrisorias.

Es decir, las compañías privadas de seguros (que, en lugar de rechazar el proyecto de ley como en la era Clinton, en esta ocasión han participado de manera muy activa en su negociación) continuarán controlando el acceso a la atención médica en Estados Unidos en régimen de oligopolio. No sólo han evitado la creación de un sistema público de salud sino que el gobierno les garantiza -y subvenciona- un mercado cautivo de millones de clientes, mediante la obligación de contratar de pólizas de seguro médico que en el pasado han mostrado su ineficacia y que, por otro lado, no cubren una prestación legal como es la del aborto. Si en otros lugares las compañías de seguros contemplan el futuro regulatorio con inquietud, en Estados Unidos acaban de recibir un regalo que compensa con creces las concesiones realizadas, a pesar de las quejas de la asociación americana de seguros médicos (AHIP) sobre los costes sanitarios a medio o largo plazo. Estas concesiones, como la de tener que aceptar clientes con independencia de su historial médico, suponen obligaciones difíciles de hacer cumplir en los tribunales: las aseguradoras pueden permitirse costearse buenos abogados, contrariamente a los ciudadanos de escasos recursos. Lógicamente, las acciones de estas compañías subieron nada más conocerse la aprobación de esta ley, como lo llevan haciendo desde hace un año.

La industria farmacéutica ha salido aún más victoriosa de este proceso, al no haber hecho concesión alguna. No habrá regulación del precio de los medicamentos cubiertos por Medicare (para las personas mayores de 65 años); los medicamentos caros podrán patentarse -y protegerse de la fabricación de genéricos- por un período de 12 años (en lugar de los 5-7 inicialmente propuestos) y tampoco se facilitará la importación de medicamentos más baratos.

La prensa europea ha señalado que esta reforma era la única posible en un país que sacraliza la visión liberal del individuo y la propiedad privada, pero esta interpretación deja de lado cuestiones más espinosas que nos conciernen: la promiscuidad entre políticos y grupos empresariales, la mecánica bipartidista del consenso que sólo sirve para filtrar y desvirtuar las demandas populares más radicales, y la discriminación de los inmigrantes.

Si la industria del seguro decidió participar en las negociaciones de la ley para que la reforma se orientara en su favor fue porque mediante una oposición frontal podían haber acabado perdiendo. No hay que olvidar que Barack Obama llegó al poder justo después del crack financiero, y que eran muchos los sectores empresariales y profesionales, no sólo las clases trabajadoras, que clamaban por una reforma del sistema que ampliara la cobertura y limitara el poder de las aseguradoras. Existía un conflicto político abierto entre diferentes grupos sociales, del que las mediáticas tea-parties constituyen sólo un ejemplo. Muchos de los que manifiestan en las encuestas su rechazo a la ley no lo hacen con argumentos ultraliberales, sino por motivaciones completamente diferentes: es la izquierda a la que Obama hizo referencia en Fox News, la que critica que no se haya aprobado un sistema público y que se opone a los recortes presupuestarios previstos en programas existentes como Medicare (previamente, Barack Obama había creado una comisión bipartidista que propondrá fuertes recortes en el gasto social).

Sin embargo, la heterogeneidad de intereses en juego, la dependencia de las grandes empresas que tienen los políticos de Washington -empezando por Obama-, y la obsesiva búsqueda del consenso centrista por el lado demócrata -la unidad de la república de los propietarios es lo primero- han inclinado la balanza en favor del capital y, al mismo tiempo, allanado el camino para el populismo conservador republicano. Esto último obliga a detenernos en la cuestión migratoria.

Los grandes excluidos de la reforma sanitaria son los quince millones de inmigrantes sin papeles. El día en que la Cámara de Representantes aprobaba la ley, en Washington protestaban decenas de miles de inmigrantes (más de doscientos mil, según los convocantes) en la mayor movilización conocida en el país desde 2006, protagonizada también por inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos. Reclaman el fin de la discriminación, de las detenciones arbitrarias y de las deportaciones, que se han multiplicado desde la llegada al poder de Barack Obama. En su primer año de mandato, unas 388.000 personas fueron expulsadas del país, lo que representa un 5 % más con respecto al último año de mandato de George W. Bush. El 30 % de la población penitenciaria en las prisiones federales los componen inmigrantes sin papeles, básicamente por infringir las normas de inmigración o por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La manifestación es una reacción a la propuesta represiva Shumer-Graham, que ha recibido el apoyo de Obama por su bipartidismo, aún a riesgo de perder franjas significativas de su electorado.

Como afirma Thomas Frank en una entrevista para el diario Público: "todo es cuestión de clases, de lucha de clases. Este es el tema eternamente olvidado en la política estadounidense, la verdad que los conservadores asumen (dándole un sentido muy particular) y que los demócratas no pueden reconocer (para no asustar a los mercados)." De ahí que un descorazonado Michael Moore se pregunte: "los progresistas, la gente de izquierdas, a veces tienen demasiado miedo de ir demasiado lejos, pero francamente, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?" Una respuesta, inquietante, la puede encontrar a su derecha.

Con todo, y sin que sirva de consuelo, un rechazo en la Cámara de Representantes hubiera supuesto una alternativa aún peor, como lo sería rechazar la misma noción de sufragio universal por las carencias y mistificaciones del sistema representativo de partidos. Esto lo reconocen Moore y otros críticos como Glenn Greenwald. Por ello la consecuencia más grave de esta ley sería que se redujera la presión social por una auténtica gestión pública o comunitaria de las prestaciones sanitarias. La verdadera reforma está por venir.