Quilombo

El pasado mes de mayo el ministro del interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, participó en Varsovia en una curiosa celebración, la del Día Europeo de los Guardias de Fronteras. No hay colectivo o causa que se precie que no cuente con su día europeo o internacional, y cuatrocientos mil guardias fronterizos no van a ser menos. En aquella ocasión, Rubalcaba afirmó con orgullo que gracias a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex), entre 2006 y 2009 se había reducido hasta en un 92 % la llegada de pateras a las Islas Canarias y un 32 % el flujo de inmigrantes en situación ilegal en la Península. Cada cual es muy libre de establecer las relaciones de causalidad que quiera, pero me da que la contribución de los trabajadores de la citada agencia a esta reducción es más bien anecdótica. Sobre todo si lo comparamos con, por poner un ejemplo, la crisis económica que afecta al continente europeo desde 2008.

El regocijo de Rubalcaba expresaba, de manera oficial, la falta de hospitalidad convertida en política de Estado. El alivio por la llegada de menos personas de fuera (¿qué mejor síntoma de xenofobia?) sólo es equiparable a la angustia que provoca la llegada de menos capitales foráneos. Gobiernos como el que representa Rubalcaba crearon mediante leyes de extranjería un falso problema (una categoría, en realidad), la inmigración "ilegal", para luego vendernos falsos remedios como el de Frontex. Como ya he comentado en este blog, los dispositivos de control de fronteras no buscan impedir la llegada de algunos colectivos de migrantes, sino canalizarlos hacia diferentes mercados de trabajo en cantidades y costes aceptables para satisfacer la demanda empresarial. Lo que es real es la situación de desamparo y exclusión en la que quedan miles de seres humanos por la aplicación de estas políticas migratorias discriminatorias.

Este año las organizaciones que integran la red Migreurop han hecho balance de esta política europea de fronteras y los resultados distan de ser tan positivos como quiere hacernos creer Rubalcaba. Una de estas organizaciones, la francesa Cimade, ha publicado esta semana un informe titulado "Visa rechazada". Después de haber investigado durante meses la práctica de los consulados franceses en seis países (Argelia, Malí, Marruecos, Senegal, Turquía y Ucrania), la Cimade denuncia el calvario kafkiano por el que deben pasar los nacionales de dichos países, especialmente los de origen africano. El procedimiento de obtención de un visado -incluso de corta duración- puede durar meses y varía enormemente según el consulado o la nacionalidad del solicitante (como varía también el porcentaje de rechazo: Argelia, Guinea Conakry, República Democrática del Congo o Haití superan el 30 %). La discrecionalidad administrativa es muy elevada y los solicitantes de visado se ven obligados a pasar por el consulado numerosas veces antes de que se inicie el expediente (sin ninguna garantía) y a pagar tasas disuasorias de carácter confiscatorio sin que esté prevista su devolución en caso de resultar denegada la solicitud. Las tasas para un visado de corta duración Schengen se eleva a 60 euros, mientras que el coste de los visados de larga duración lo fija en cambio cada Estado: Francia cobra 99 euros y España, 60 euros. Además, en muchos consulados una parte importante del procedimiento se ha externalizado, con empresas privadas que se financian a expensas de los solicitantes de visado. A lo que hay que añadir la contratación de un seguro médico y otros costes. La Cimade calcula que el coste medio del procedimiento -sin garantía de obtención del visado- para un maliense se eleva a 220 euros, cuando el salario medio mensual en aquel país es de 61 euros. En este contexto, el reclamo de una "entrada legal" constituye una burla.

Irónicamente, el documento que simboliza la sujeción a derecho por parte de funcionarios y solicitantes fomenta al mismo tiempo situaciones de ambigüedad legal y las "zonas grises". Como se sabe, la falta de información y las exigencias abusivas han permitido el desarrollo de redes de intermediarios que, previo pago, consiguen informaciones, formularios, piezas justificativas e incluso el mismo visado. En África Occidental francófona se les conoce como "coxeurs" y se agolpan a la entrada de los consulados. Quienes logran aportaciones familiares suficientes pueden llegar a pagar hasta seis mil euros, una cantidad disparatada pero que al menos se supone que garantiza una conclusión exitosa del procedimiento, aunque no falten los estafadores. Otros prefieren recurrir directamente a los "passeurs", los que en Europa llaman traficantes de seres humanos. Otra consecuencia no menos relevante de la arbitrariedad administrativa es el intercambio de favores con altos cargos de la administración del país donde se encuentra acreditado el consulado, y que pueden obtener ventajas que van desde la aceleración del procedimiento a la exención de determinados requisitos.

Sería interesante que se llevara a cabo un estudio similar comparativo sobre las prácticas de los consulados españoles en África. Probablemente extraeríamos algunas conclusiones parecidas. Una de ellas es que la práctica imposibilidad, para la mayoría de los nacionales de países africanos, de obtener un visado en regla que les permita desplazarse al continente europeo en avión (como los europeos que viajan a sus países como turistas o expatriados, y es que la desigualdad se fabrica desde el mismo lenguaje), ha obligado a muchos de ellos a tomar vías de transporte clandestinas, costosas y muy arriesgadas, a menudo por mar. En consecuencia, nos encontramos con unas tasas de mortalidad elevadísimas.

En junio de este año Le Monde Diplomatique publicó la versión más actualizada hasta la fecha del mapa de los centros de detención para inmigrantes que había elaborado en su día la red Migreurop. En internet aparece además, como novedad, una representación gráfica de la estimación de muertes de inmigrantes entre 1993 y 2009, estadísticas que incluyen los fallecimientos por naufragio entre la costa africana occidental y Canarias, y entre Mayotte y el resto de las islas del archipiélago de las Comores. La inmensa mayoría de las muertes se produjeron en el mar. Los colores indican la causa del fallecimiento: ahogamiento (naranja claro), muerte por hambre o frío (naranja oscuro), accidente o envenenamiento (rojo), etc.



Para reducir el número de pateras y la entrada "ilegal" de inmigrantes no hacía falta crear una agencia especializada ni destinar agentes policiales con sueldos golosos y hormonas alteradas. Siempre fue posible una alternativa más sencilla: una simplificación sustancial de los requisitos para la concesión de visado o, mejor, la derogación del régimen que vincula la obtención de un permiso de residencia temporal (y, por tanto, el ejercicio de determinados derechos) a la posesión de un visado. Luego se sorprenden de que los ciudadanos, como los representantes de las instituciones, prefieran que tanta gente se hunda en el fondo de mar a tenerlos vivos y libres entre nosotros.

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Coda: con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, Sudáfrica endureció los requisitos de entrada de los habitantes del reino de Lesotho, país enclavado y rodeado de territorio sudafricano. Más conocidas son las restricciones fronterizas con el vecino Zimbabwe. Muchos alegan que entre africanos no hacen cosas muy diferentes a lo que hacen los europeos con ellos. Pero el problema no es meramente cultural, sino el resultado de un determinado modelo de acumulación de capital, basado en el control del movimiento de los trabajadores. Para que Sudáfrica pudiera convertirse en el principal centro de acumulación del África negra hizo falta establecer fuertes dispositivos de control desde el principio de la colonización europea. Ese país los ha experimentado todos: la esclavitud, la migración internacional bajo contrato forzoso (culis o indentured), el apartheid y el actual régimen migratorio restrictivo.