El viejo cañón

Para ilustrar el asunto aquí comentado, comenzaré extractando un texto publicado en The Guardian Weekly (28-10-11): “La comunidad internacional ha gastado cientos de millones de dólares para establecer el imperio de la ley en Afganistán. Un asesor estadounidense calculaba en un millón y medio de dólares anuales el coste de su estancia allí, junto con un colaborador. Durante una década se han dado conferencias a los abogados afganos, se ha invitado a los jueces a visitar a sus colegas de EE.UU.; se han desarrollado seminarios, se han reeditado los códigos afganos de justicia, se han creado nuevos códigos y reglamentos administrativos, se han construido prisiones y se han formado policías. Al final, una sólida mayoría opina que la justicia impartida por los jóvenes jefes talibanes sentados bajo un árbol es más equitativa y eficaz que la que proporciona la infraestructura estatal a la que tanto tiempo y dinero ha dedicado la comunidad internacional”.
 
Quien esto escribe sabe bien de lo que habla. Escritor y diplomático, miembro del parlamento británico y con gran experiencia en misiones en el extranjero, Rory Stewart ha ejercido responsabilidades en el Irak ocupado; aparte de hablar cuatro importantes idiomas propios de la región, en el más puro estilo del aventurero inglés (aunque él sea escocés) recorrió a pie durante dos años varios países de esta zona del globo para conocer a fondo sus pueblos y sus territorios. La cita con la que se inicia este comentario no procede, pues, de un periodista que ha pasado unas semanas en Afganistán y cree saberlo todo. No debería echarse en saco roto.
 
Recopilando pasadas experiencias de reconstrucción de naciones devastadas por la guerra, Stewart achaca los fracasos sufridos a la excesiva intervención de personal extranjero en la resolución de los conflictos. Con frecuencia, dice, no se tiene en cuenta “lo poco que los extranjeros saben, lo poco que pueden hacer, o lo poco que están legitimados a hacer en un país que no es el suyo”. En su opinión, los asesores foráneos están mucho más aislados y limitados que lo generalmente admitido. “Hasta los más intrépidos extranjeros -dice, recordando sus experiencias- tenían menos contacto con la realidad de la vida diaria que cualquier funcionario de bajo nivel trabajando en su país en asuntos locales”.
 
Y puntualiza: “El mismo alejamiento de la vida afgana que nos hizo fracasar [a los políticos] nos impide reconocer el fracaso. Esta tendencia estaba más arraigada entre los militares. Cada nuevo general que llegó a Afganistán entre 2001 y 2011 sugirió que la situación por él heredada era espantosa, debido a que su predecesor tenía pocos recursos o una estrategia equivocada, pero que él disponía de recursos, estrategia y dotes de mando para triunfar en un año”.
 
Aunque pueda parecer sorprendente, Stewart argumenta que, en comparación con lo ocurrido en Irak y en Afganistán, la intervención en Bosnia fue, en último término, un éxito, precisamente porque ninguno de los participantes estaba inclinado a implicarse demasiado. La ayuda internacional fue limitada, precavida y progresiva, justo al contrario que en Afganistán en 2005, donde la ocupación fue “insistente y aplastante”. No existía en Bosnia ni la voluntad ni el mandato para imponer un programa de “construcción de la nación”, contra los deseos de la población local: “la indecisión y la vaguedad del mandato, más que perjudicar la intervención, dejaron espacio libre para que los propios bosnios tomaran la iniciativa en áreas críticas, y dieron tiempo para que se produjeran los cambios políticos necesarios sin los que las reformas hubieran sido imposibles”.
 
Las tropas allí desplegadas no trataron de imponer fórmulas por la fuerza ni transformar el Estado. En todo caso, Stewart recuerda que en 1995 tres ejércitos “étnicos” luchaban en Bosnia, con más de 400.000 soldados; murieron 100.000 personas. Hoy solo existe un ejército en Bosnia con menos de 15.000 combatientes; ha regresado un millón de refugiados, más de 200.000 hogares han sido devueltos a sus propietarios y tres altos responsables del conflicto fueron apresados, juzgados y condenados. La guerra concluyó y el coste en vidas de los participantes en la intervención fue nimio, de modo que las tropas se replegaron sin la habitual sensación de culpabilidad de que algunos “hubieran muerto en vano”.
 
La experiencia de Stewart se resume así: “el éxito de una intervención depende mucho menos de los planes y del genio de los extranjeros que del contexto local, intrínsecamente caótico e impredecible”. No hay planes mágicos ni fórmulas universales: “es como irrumpir en un cuarto oscuro, sin saber siquiera si hay suelo bajo los pies”. De modo que, “si la característica esencial de toda intervención es su incertidumbre radical, la regla principal debe ser la humildad y la moderación”. Alerta también Stewart contra “las tentadoras abstracciones de la ‘responsabilidad de proteger’” y el riesgo de crear una fuerte dependencia de la ayuda extranjera, que esterilice la iniciativa local.
 
Esta opinión, polémica pero bien cualificada, debería hacer pensar a los que, con bombas, dinero, asesores, o con las tres cosas a la vez, creen poseer la varita mágica capaz de resolver siempre todos los conflictos en los que estimen necesario intervenir.

Publicado en República de las ideas, el 11 de noviembre de 2011

En cualquier país que sale de un régimen dictatorial y pretende elaborar una nueva constitución a cuyo amparo instaurar o restaurar un régimen democrático, suele suscitar discrepancias entre su clase política la posición que el ordenamiento constitucional establece para sus Fuerzas Armadas. Agrava este problema el hecho, bastante común, de que éstas, por acción o por omisión, o como resultado de un pasado de estrecha vinculación con la extinta dictadura, a menudo ejercen presiones, más o menos abiertas, sobre los componentes del organismo encargado de redactar la nueva constitución.

 

La experiencia española al respecto fue muy significativa y todavía no se ha cerrado la discusión abierta en torno al artículo 8º de nuestra Constitución, que confiere a las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, la defensa de la "integridad territorial", asunto no baladí ante las tendencias centrífugas existentes en ciertas regiones de nuestro país. Aunque una recta interpretación de dicho artículo y una lectura no deformada de la ley orgánica con él vinculada deberían disipar cualquier duda, no son pocos los que ven en él una especie de mandato supremo, (dirigido directamente desde la España definida en el artículo 1-1 hacia la institución militar) que otorgaría a los ejércitos unos poderes ejecutivos opuestos a cualquier idea democrática. Este modo de sentir ha sido el más hondo fundamento de las actividades golpistas, como los españoles pudimos comprobar en los períodos más críticos de nuestra transición política.

 

A los miles de páginas escritas sobre esta cuestión por los sociólogos e historiadores militares, se van a sumar en breve los resultados de las nuevas experiencias que se están produciendo ahora. Una de las más interesantes es la que se observa en Egipto, donde se va a redactar una nueva constitución que entrará previsiblemente en vigor el año próximo.

 

El régimen de Mubarak se esforzaba por cualquier medio en conservar una mayoría parlamentaria de dos tercios (aunque el "parlamentarismo" egipcio era simbólico, como las viejas Cortes Españolas del franquismo), porque ésta le permitía legalmente decidir sobre los gastos y compras militares sin estar sometido a supervisión alguna. Ni qué decir tiene que la corrupción fue consecuencia obligada de ese sistema. El documento ahora publicado, con el que se pretende sentar las bases de la futura constitución, ha sido preparado por el viceprimer ministro para asuntos políticos, del partido Wafd, y ha dado serios motivos de polémica. En primer lugar, porque en él se sugiere dejar fuera del control parlamentario todos los gastos militares. Solo el actual Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) será el que estudie y discuta cualquier asunto relacionado con los ejércitos, incluidos los detalles del presupuesto militar, cuyo importe se añadiría solamente en forma global a los presupuestos del Estado, para su tramitación parlamentaria.

 

Sorprende todavía más el hecho de que, incluso elegido el futuro presidente, el CSFA seguirá existiendo y controlando la actividad política egipcia. El documento apunta a que el poder militar del CSFA será el que dirija la transición desde la dictadura a la democracia, y en ésta actuará como un cuarto poder, al mismo nivel que el futuro ejecutivo. Es una muestra clara de esto la disposición que establece que, si en seis meses no se redacta un texto constitucional, el CSFA disolverá el comité formado al efecto y creará uno nuevo que deberá hacerlo antes de tres meses. Pero si, aun redactada una Constitución en el plazo asignado, el CSFA observase algún contenido que no fuese de su agrado, la Asamblea Constitucional tendría 15 días para reformarlo. Se aprecia en todo esto una evidente manu militari, poco adecuada a las nuevas circunstancias del país egipcio.

 

Hay muchas razones para sospechar que los altos mandos militares egipcios, cuando percibieron que la represión violenta de las revueltas populares del pasado febrero mancharía de sangre sus manos, se deshicieron de Mubarak para no comprometer la reputación de su institución. Pero no estaban dispuestos a perder sus enormes y tradicionales privilegios, las empresas y negocios que controlan, sus habituales y arraigadas corruptelas y la protección que les proporciona el secreto militar. Para conseguirlo, se empeñan a mantener alejado el control político de la actividad militar, estableciendo en el texto constitucional los elementos que, a modo de salvaguardia, protejan su actual situación.

 

Situar por vez primera a un ejército en el papel que la democracia específicamente le reserva, en un país que nunca la ha practicado y en el que la dictadura ha corrompido las bases institucionales de la política, es una tarea que requerirá tiempo y esfuerzos. También será necesaria la colaboración de las potencias occidentales; sí, las mismas que acogieron benévolamente al dictador Gadafi y luego contribuyeron a asesinarlo, y las mismas que tuvieron a Mubarak como aliado y leal amigo y cerraron los ojos cuando el pueblo lo expulsó del poder.

 

Publicado en CEIPAZ el 6 de noviembre de 2011

El Club de Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM) ha sido durante el medio siglo de su existencia un foro de discusión democrática, libre y abierta, sobre muy variados asuntos que, en diversos momentos del devenir político español, preocupaban a nuestros compatriotas. Aunque sufrió toda clase de vicisitudes como consecuencia de su actividad crítica con el poder establecido, durante la transición política acogió en sus tribunas a una larga nómina de intelectuales, pensadores, periodistas y otros profesionales comprometidos con la libertad y la democracia.
 
Parecería como si el paraguas de la UNESCO estuviera concebido para amparar a los que se mueven en las más arriesgadas vanguardias de la lucha de los seres humanos por la libertad, la justicia y la paz. No en vano los tres pies sobre los que reposa esta organización de Naciones Unidas -educación, ciencia y cultura- son precisamente factores imprescindibles para cualquier tipo de desarrollo humano. Conjuntamente constituyen el antídoto más eficaz contra los fanatismos que inducen al terrorismo en cualquier parte del mundo; contra las tendencias tiránicas y dictatoriales de muchos poderes públicos; y contra las fuerzas retrógradas y conservadoras cuya acción hace más difícil erradicar la pobreza en el mundo, generar las bases para un desarrollo sostenible e impulsar el respeto por los derechos humanos y el entendimiento recíproco entre los pueblos.
 
Una vez más en la vanguardia de la humanidad, ha sido la UNESCO la que el pasado lunes dio un significativo paso adelante en su lucha por la dignidad y la libertad de los pueblos, al admitir en su seno al pueblo palestino. En su 36ª Conferencia General celebrada en París, que marcará sin duda un hito histórico, fue aceptada la solicitud de ingreso de la Autoridad Nacional Palestina (APN), con una clara mayoría de 107 votos a favor (incluido el de España) y solo 14 votos en contra, así como 52 abstenciones.
 
Lo que ocurrió a partir de ese momento es lo que causa más sorpresa y un hondo abatimiento, al comprobar que, como resultado de la votación y de la justa decisión de incorporar a la APN como miembro de pleno derecho de la UNESCO, sea el Gobierno de EE.UU., dirigido por Obama, Premio Nobel de la Paz, el que, como castigo a una decisión palestina que no coincidía con sus intereses, muestre su irritación y su desprecio por los esfuerzos de la ONU en los campos de la educación, la ciencia y la cultura, retirando en el acto su participación financiera para tan noble empeño.
 
Justifica la Casa Blanca tan brusca decisión apoyándose en una ley de ese sorprendente cuerpo legal estadounidense, que se tiene por ejemplar ante todo el mundo; ley que fue votada en los años noventa y por la que se prohíbe al Gobierno de EE.UU. contribuir a la financiación de los órganos y agencias de la ONU en las que se admita a Palestina. Así, sin más. Ahí está la ley y, al parecer, nadie es capaz de proponer y conseguir su reforma. Pero en ese país exportador de democracia y libertades pasan a veces cosas poco comprensibles: hay otra ley, igualmente disparatada, que impide a EE.UU. tratar con Cuba de modo siquiera parecido al que utiliza a diario con la dictatorial teocracia saudí.
 
Como consecuencia de eso, la UNESCO habrá de renunciar a algo más de la quinta parte de su presupuesto, al cerrarse el grifo washingtoniano. No es el primer enfado de EE.UU. con esta organización, a la que durante la Guerra Fría tachó en ocasiones de no estar suficientemente al lado de “los buenos” y contemporizar excesivamente con “los malos”, enfados que siempre se resolvieron cortando los apoyos económicos a la organización.
 
Pero más hipocresía aún encierran las quejas israelíes que insisten en que la decisión palestina impedirá todo diálogo futuro. El jefe del equipo negociador de Israel con la ANP recordó enfáticamente que “todos los logros de los acuerdos de paz se han logrado a través de negociaciones”, aunque no mencionó las continuas obstrucciones de su Gobierno para impedir que aquéllas llegasen a buen puerto. También en este caso, y como sucede a menudo, algunos políticos israelíes se entregan al victimismo declarando que la UNESCO es uno “de esos foros internacionales donde siempre hay mayoría contra nosotros”.
 
Para mostrar la retórica disposición del Gobierno israelí a avanzar por el camino de la negociación, justo al día siguiente del ingreso palestino en la UNESCO, se ordenó la construcción de 2000 viviendas en Jerusalén y dos colonias próximas, desintegrando todavía más el ya exiguo y triturado territorio palestino, hasta convertirlo en un mosaico sobre el que sea imposible crear un Estado.
 
Como tiene visos de proseguir la ofensiva diplomática palestina en la ONU para lograr su plena admisión, no le vendría mal al Gobierno israelí distraer la atención mundial de tan engorroso asunto. Quizás a esto obedezca su ofensiva mediática contra Irán y la amenaza que representan sus presuntas armas de destrucción masiva, ya que este país siempre puede ser utilizado como espantajo para aterrorizar a la opinión pública occidental y obligarle a aceptar cualquier nueva ignominia.

Varios sucesos del panorama político internacional, relacionados estrechamente con el mundo árabe, han dado abundante materia de discusión en los últimos días.

El linchamiento del dictador Gadafi en las calles de su ciudad natal, Sirte, registrado en múltiples documentos gráficos y difundido por todo el mundo, no significa el final definitivo de nada. Es un paso más en la difícil coyuntura por la que transita el pueblo libio desde que se inició la guerra civil. Ésta fue impulsada desde el exterior por la OTAN, que superó los límites de intervención impuestos por la ONU, cuya finalidad inicial era proteger a los libios de la violencia militar del régimen dictatorial pero que acabó convirtiéndose en una clara agresión contra uno de los bandos de la guerra civil que les ha dividido y ensangrentado.

La organización estadounidense Human Rights Watch, una de las más prestigiosas a nivel internacional en lo relativo al respeto de los derechos humanos, ha recordado que "el asesinato de alguien que ha sido capturado es una grave violación de las leyes de la guerra y constituye un delito cuya persecución incumbe al Tribunal Penal Internacional". Frente a esto, conviene recordar que el nuevo primer ministro libio había afirmado que Gadafi murió a consecuencia de los disparos intercambiados en un enfrentamiento. Mal empieza la acción de gobierno del Consejo Nacional de Transición (CNT) si las informaciones oficiales que difunde se ajustan tan poco a la realidad como esta.

Sin ignorar la ostensible irritación de unas masas descontroladas, alzadas en armas contra un odiado y temido dictador, la cruel ferocidad mostrada en las imágenes del citado linchamiento hace sospechar que costará mucho volver a encerrar en la botella al genio del odio y la cruenta violencia que en los últimos tiempos ha extendido sus alas sobre el pueblo libio. Esta tarea corresponderá al CNT, cuyo presidente, en una de sus primeras alocuciones públicas, en vez de anunciar sus esfuerzos por avanzar en el camino de una pacificación democrática, reveló sus inmediatas preocupaciones al referirse a la implantación de la ley religiosa (sharia) como fuente básica de la legislación del nuevo Estado: "Toda ley que se oponga a los principios del derecho islámico será legalmente abolida". Esto es, simplemente, aceptar la hegemonía de la teocracia sobre la democracia, y no augura un futuro fácil para el país. Su posterior aclaración de que el islam libio es "moderado" parece una figura retórica poco creíble. Las mujeres libias podrán opinar en breve al respecto.

Tendencias no muy distintas se aprecian también en el vecino Túnez, donde las elecciones celebradas el pasado domingo han mostrado lo que a nadie podía sorprender: el triunfo legítimo e indiscutible de un partido islamista, Renovación (En Nahda), que no solo ganó las elecciones a la Asamblea Constituyente sino que lo hizo, además, con una apabullante superioridad. La nueva constitución que haya de regir a los tunecinos se apoyará también en sólidas bases teocráticas.

La primavera árabe, como era de esperar, no podía imponer de la noche a la mañana la democratización de unos pueblos que siguen siendo, por encima de todo, profundamente musulmanes. Es cierto que en algo mejorará su suerte si desaparecen los corruptos y tiránicos dictadores que los mantenían oprimidos, pero el camino que lleva a la plena aceptación de los convenios internacionales sobre derechos humanos se presenta largo y lleno de obstáculos.

Ya que del mundo árabe estamos tratando, también convendrá saber que la anunciada retirada total de las tropas de EE.UU. de Irak al finalizar el presente año no supone el fin de la presencia estadounidense en el país. Ésta se transfiere desde el Pentágono (que mantendrá entre 3000 y 5000 asesores e instructores militares en diversas instalaciones) al Departamento de Estado. El embajador en Bagdad dirigirá un nutrido contingente humano desde su enorme embajada -la mayor del mundo-, pues tendrá a sus órdenes unas 16.000 personas, lo que equivale a los efectivos de una División de Infantería. De éstos, habrá 5000 miembros de empresas privadas de seguridad armada, un verdadero ejército en la sombra de mercenarios al servicio directo del Departamento de Estado y de muy dudoso control legal.

Tal es la envergadura de esta operación que un titular del diario The Washington Post (9 octubre 2011) la anunció así: "El Departamento de Estado prepara la operación Iraq, la mayor desde el Plan Marshall". Pero conviene no confundirse; no se trata de ayudar económica y políticamente a reconstruir una nación devastada por la guerra, como ocurrió en la Europa de 1947, sino de asegurarse el control político, militar y económico en una crítica zona del mundo, manteniendo una fuerte presencia en Irak, una vez concluida su ocupación militar y aceptado el fracaso general de la guerra que a ella condujo. Permanezcan los lectores atentos a nuevas noticias, porque desde el Atlántico al Índico muchas cosas van a seguir cambiando y no siempre de forma previsible.

Publicado en República de las ideas el 28 de octubre de 2011

La cualidad de “ciudadano estadounidense” es considerada en EE.UU. como un privilegio especial de los allí nacidos y parte importante de esa mitología que les es tan propia, que considera a su nación como elegida por Dios para llevar la libertad y la emancipación a todos los pueblos del planeta. He podido comprobar personalmente, sobre el propio terreno y en diversas ocasiones, que el arraigo de esta convicción es más sólida cuanto menos cultivado está quien la sostiene y cuanto más alejado se halla de las “corrompidas” élites políticas del Este del país o de los enriquecidos y orgullosos californianos del Pacífico. Es decir, cuanto más cerca se encuentra del norteamericano medio, rural, conservador y religioso, el que constituye el “macizo de la raza” en términos sociológicos españoles.
 
Los antecedentes históricos del privilegio de ciudadanía se hallan en la antigua Roma, donde la frase “Civis romanus sum” (soy ciudadano romano), pronunciada por alguien que tuviera problemas con la justicia, le protegía contra la posible arbitrariedad de los poderes públicos y le garantizaba un juicio debidamente ordenado. Para los lectores cristianos es conocido el hecho de que el propio San Pablo, al ser apresado en Jerusalén, hizo apelación a su ciudadanía romana, lo que le llevó a ser trasladado a la capital del Imperio para ser allí juzgado.
 
Es, por tanto, una noticia casi revolucionaria saber que el Departamento de Justicia de EE.UU. autorizó, mediante un largo documento de medio centenar de páginas, el asesinato de un ciudadano de EE.UU. Se trata de Anuar el Aulaki, un fanático islamista nacido en Nuevo México (EE.UU.) y del que se sospechaba que había participado en un fallido atentado contra dos aviones de carga el año 2009. Se encontraba refugiado en el Yemen y fue allí donde el pasado 30 de septiembre murió como consecuencia del ataque de un avión no tripulado, de los que viene utilizando la CIA para acciones de esta naturaleza. En la misma operación pereció también otro conciudadano que le acompañaba.
 
El núcleo de la cuestión no está sólo en el hecho en sí, sino en que un sistema político que se tiene por ejemplarmente democrático autorice a su presidente a realizar una operación de ese tipo en secreto, sin exigirle, ni siquiera a posteriori, una explicación por lo sucedido. Cuando los medios de comunicación se ponen en contacto con la Casa Blanca para requerir los necesarios detalles que el público tiene derecho a conocer, se les informa de que el ataque que mató a El Aulaki fue una operación secreta de la que no se puede hablar oficialmente, aunque el documento presuntamente legal que la autoriza ha sido comentado ya en varios órganos de prensa.
 
El Gobierno de EE.UU. habrá de explicar por qué se ha violado tan ostensiblemente una de las tradiciones constitucionales de EE.UU., según la cual todos los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados por un tribunal. No había sido formulado cargo alguno contra El Aulaki por ningún delito ni era buscado por ningún tribunal. No había sido declarado culpable de nada ni, por tanto, tampoco había sido condenado. Ni siquiera hubo una mínima apariencia de proceso legal: simplemente fue asesinado. Si se le hubiera acusado de pertenecer a Al Qaeda o a los talibanes, hubiera sido legal recurrir a la fuerza militar, como ocurrió con Ben Laden.
 
Se aduce que se recurrió al ataque aéreo por “la dificultad de apresarlo vivo”, lo mismo que se afirmó cuando Ben Laden fue acribillado a balazos en su refugio pakistaní. Pero esto es ahora mucho menos creíble que en aquel caso, puesto que el atentado se produjo con el apoyo explícito y la aquiescencia del Gobierno yemení, que cooperó con EE.UU. y del que todo hubieran sido facilidades para apresar vivo al presunto terrorista, si esa hubiera sido la verdadera intención de las autoridades estadounidenses.
 
La opinión pública mundial tiene ahora derecho a saber en qué circunstancias el Gobierno de EE.UU. considera apropiado ejecutar a uno de sus ciudadanos sin abrir un procedimiento legal previo. Porque si un ciudadano estadounidense corre ese peligro, con el beneplácito del máximo organismo jurídico del Estado, ¿a qué riesgos no estará expuesto quien no disfrute de tan privilegiada condición y pueda caer bajo sospecha, por infundada que ésta sea?
 
A la espera de nuevos datos y justificaciones, hemos de insistir en que no es compatible la alabada democracia norteamericana con un Gobierno que, como el que ahora dirige Obama, autoriza el asesinato de sus propios ciudadanos, basándose en documentos legales secretos y que no han sido públicamente discutidos en los correspondientes órganos parlamentarios. La Casa Blanca no puede seguir ocultando lo ocurrido, basándose en su naturaleza “secreta”, porque con ello está sembrando una duda, muy justificada, sobre la fiabilidad y la autenticidad del concepto que en EE.UU. se tiene de la democracia.

República de las ideas, 21 octubre 2011

Una enseñanza clásica de la historia bélica de la humanidad es que las guerras se inician de modo deliberado, aunque su curso posterior sea a menudo imprevisible. Puede haber discrepancias políticas más o menos agudas entre los dirigentes del país que propugna resolver sus conflictos en el campo de batalla, pero la guerra siempre se desencadena con propósitos claramente establecidos, que se consideran positivos y ventajosos para el propio país. No hubo, naturalmente, discusión política en Alemania en 1939 sobre la decisión de Hitler de invadir Polonia, pero no fue tan sencillo para el Congreso de EE.UU. entrar en la misma guerra: es la naturaleza del régimen la que determina el mecanismo político que abre en cada Estado el camino a la guerra. Salvo cuando ésta viene impuesta, como hubo de hacer forzadamente la URSS en 1941, invadida por el Tercer Reich.

La Primera Guerra Mundial es el ejemplo paradigmático de cómo se pueden torcer las cosas y cómo el recurso a la guerra puede convertirse en un tiro por la culata para el país que a ella recurre. El asesinato en Sarajevo del heredero al trono imperial austrohúngaro, a manos de un extremista serbio, incitó al jefe militar del Imperio, el conde Conrad von Hötzendorf, a declarar la guerra a Serbia, con dos objetivos definidos, como recuerda Vicens Vives en su "Historia general moderna": robustecer el trono imperial de Viena, que pasaba por una época de crisis, y eliminar el perturbador foco de intranquilidad balcánica que era entonces Belgrado. En los últimos días de julio y primeros de agosto de 1914, las imprevistas repercusiones de la decisión tomada por el Gobierno de Austria-Hungría incendiaron Europa en la que fue la primera contienda de carácter universal que ha conocido la humanidad. Cuatro años después, el mismo Imperio que inició la guerra se había desintegrado a causa de ella.

Las dos guerras que el anterior presidente de EE.UU. desencadenó sucesivamente en Afganistán e Iraq a partir de 2001 ofrecen, a su estilo y en otras condiciones, un caso similar al anterior, lo que viene a confirmar la enseñanza histórica aludida al principio de este comentario. Cuesta creer que el cuarteto responsable de llevar la guerra a Oriente Medio tras los atentados terroristas del 11-S (el presidente George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y el secretario de Estado Colin Powell) no hubiera asumido tan evidente lección de la Historia, aunque la oleada de patrioterismo que invadió EE.UU., la tosca política de su Presidente, la duplicidad astuta de Cheney, el arrogante planteamiento militar de Rumsfeld y la inocencia del engañado Powell hicieron mucho para perturbar su capacidad de juicio: "los dioses ciegan a quienes quieren perder".

El caso es que hoy, diez años después del inicio de las sucesivas invasiones, las repercusiones alcanzan ya gravemente a quien fuera un buen aliado de Occidente y, sobre todo, de EE.UU.: Pakistán. El pasado 22 de septiembre, el almirante Mullen, que cesó en su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., afirmó en una comparecencia ante el Senado que el grupo insurgente afgano dirigido por Jalaluddin Haqqani "estaba actuando como el brazo del ISI [el servicio de inteligencia militar pakistaní]". Le atribuyó, ayudado por el ISI, el prolongado asalto contra la embajada de EE.UU. en Kabul y el Cuartel General de la OTAN del 13 de septiembre, que causó 24 muertos, y el atentado con un camión bomba que hirió a 77 soldados estadounidenses.

Así pues, el tiro por la culata ahora hiere a Pakistán. Durante algún tiempo se venía sospechando que el ISI apoyaba secretamente a los talibanes afganos o, al menos, toleraba su presencia como medio para mantener a Kabul bajo su control. Pero la acusación directa del almirante Mullen tiene una inocultable gravedad y las autoridades pakistaníes han negado rotundamente cualquier implicación.

El ministro de asuntos exteriores de Pakistán, Rabbani, aprovechó la ocasión para recordar que el grupo hoy considerado terrorista "había sido la niña de los ojos de la CIA durante muchos años; es decir, que fue creada por ella, podríamos asegurar". Jalaluddin dirigía una fuerza muyahidín muy eficaz durante la guerra contra los soviéticos de Afganistán, apoyado por EE.UU., y luego se unió a los talibanes y a Al Qaeda.

Para complicar más el asunto, el presidente Karzai ha insistido en que el origen del terrorismo afgano hay que buscarlo en Pakistán y no en Afganistán. Así pues, vuelve a aparecer la constante histórica antes citada: nadie pensó en Pakistán -salvo para considerarlo como otro aliado en la zona- cuando Washington decidió soltar sobre Oriente Medio la plaga de la guerra, y ahora es ese país el que se encuentra en el ojo del huracán.

En Washington no se desea que las cosas se compliquen demasiado y la Secretaria de Estado no ha tardado en insistir sobre los intereses comunes que unen a sus dos países en la lucha contra el terrorismo. Pero las palabras de la diplomacia no pueden ocultar la creciente gravedad de la situación en este importante país musulmán, provisto de armas nucleares y con aspiraciones hegemónicas en la zona, que se ha convertido en la principal amenaza para los intereses de EE.UU..

CEIPAZ, 18 de octubre de 2011

Según la información oficial del Departamento de Defensa de EE.UU. difundida en su página web, cuatro países han aceptado hasta ahora participar en el sistema de defensa antimisiles de la OTAN: Polonia, Rumanía, Turquía y, desde el pasado 5 de octubre, España. En una conferencia de prensa en la que no se admitieron preguntas, celebrada ese día en el Auditorio Luns de la sede bruselense de la OTAN, junto con el secretario general de la Alianza y el secretario de Defensa de EE.UU., el presidente del Gobierno español se felicitó por la “aportación decisiva de España” a este proyecto, y la justificó refiriéndose a “nuestra posición geoestratégica como puerta de entrada al Mediterráneo”.
 
Con los cuatro buques dotados del sistema “Aegis” contra misiles balísticos, que van a estar basados en Rota, “la Alianza refuerza significativamente su potencialidad naval en el Mediterráneo y aumenta su capacidad para garantizar la seguridad en esta vital región”, aseguró el jefe del Pentágono. Por su parte, Rodríguez Zapatero declaró que en 2013 “España apoyará decisivamente una gran parte del componente naval” del sistema, lo que “tendrá un efecto positivo en Rota” y hará partícipes a las fuerzas armadas de nuestro país en las más avanzadas tecnologías, mejorando su formación junto a los ejércitos de EE.UU. “Agradezco a la OTAN y a EE.UU. -añadió- que hayan pensado en España” para participar en este esfuerzo, lo que significa “un gesto de confianza en nuestras fuerzas armadas”.
 
Hasta aquí, la información oficialmente difundida, sobre la que es obligado hacer algunos comentarios. En primer lugar, sorprende la explicación que desde círculos gubernamentales se ha dado sobre la premura y el secretismo con los que se ha llevado a cabo la operación. Respecto a este último, basta con recordar las palabras de reproche del hoy Presidente del Gobierno, en junio de 2001, cuando el Gobierno de Aznar dio su más entusiasta apoyo a la anterior versión del escudo antimisiles, obsesión del presidente Bush: “Hubiera sido muy deseable que, antes de hacer el pronunciamiento que [Aznar] hizo con el presidente de EE.UU., dando su apoyo al escudo antimisiles, hubiera venido a esta Cámara a explicar por qué y a debatirlo”.
 
Es poco creíble, por otro lado, explicar la premura a la que nuestro Gobierno decía estar sometido, aduciendo que el Congreso de EE.UU. tenía que aprobar con tiempo suficiente el presupuesto necesario para este despliegue naval: ¡como si EE.UU. hubiera necesitado la previa aprobación presupuestaria para invadir Afganistán o Iraq!. O para cualquiera de las variadas operaciones militares efectuadas en función de sus intereses, nunca limitadas en su iniciación por falta de fondos.
 
Hay que lamentar, pues, desde el principio, la falta de transparencia en la gestación de la operación y el poco convincente modo de explicarla. En segundo plano se maneja otra justificación, más pobre pero más comprensible: las ventajas económicas que esto supondrá para los habitantes de la zona, por la creación de puestos de trabajo y otros ingresos previsibles de diversa índole. La prensa viene reproduciendo entrevistas con gentes locales, de las que se desprende la vieja sensación al estilo de “Bienvenido, míster Marshall”, que en los tiempos de penuria que corren es más justificable: venga el dinero lo antes posible, y venga de donde venga.
 
La justificación estratégica es la menos creíble, si al hablar de reforzar la seguridad la OTAN se refiere, más o menos veladamente, a lo mismo que dice estar haciendo en Afganistán: proteger al mundo occidental contra el terrorismo, allí donde supuestamente éste tiene sus raíces. El sistema “Aegis” puede proteger a Europa y a EE.UU. contra misiles provistos de carga nuclear o de otro tipo. ¿Qué misiles? ¿Los que se supone que aprestan China, Irán, Corea del Norte, Pakistán, India o Israel…?, por citar algunos países que podrían (hipotética e inverosímilmente) lanzarlos.
 
Los peores atentados terroristas contra países occidentales han utilizado armas muy sencillas, contra las que de poco sirve el “Aegis”: cuchillos para apoderarse de unos aviones y convertirlos en misiles, mochilas con explosivos de confección casera, chalecos explosivos, etc. La obsesión por precaverse contra la hipótesis más peligrosa (la amenaza de atacar a alguna capital occidental con misiles) no es más que un residuo, muy enraizado en los genes de la OTAN, consecuencia de la Guerra Fría y de la vieja carrera de megatones entre ella y el Pacto de Varsovia, sustentada por las más perturbadas mentes estratégicas de la época. Residuo que, conviene añadir, sigue beneficiando, sobre todo, a las corporaciones que fabrican los artefactos con los que supuestamente se garantiza nuestra seguridad.
 
¡Ah, inolvidable Carlos Cano!, cantando los versos del poeta gaditano: “Rota, ¿dónde están tus huertos; tu melón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía?”. Hemos de reconocer que “el más dulce de los puertos” sólo aspira ya a la ansiada lluvia de dólares y a la más moderna tecnología de guerra naval, aceptando la necesidad de que siempre tenga que existir algún enemigo del que haya que defenderse. Así es y así nos va.

Publicado en República de las ideas, el 14 de octubre de 2011

El pasado día 20 de septiembre, Burhanuddin Rabbani, que fue presidente de Afganistán entre 1992 y 1996, expulsados ya los ocupantes soviéticos, recibía en su domicilio de Kabul a una delegación de talibanes, en su condición de presidente del Consejo Superior para la Paz. Este organismo fue creado hace un año por el presidente Karzai y lo componen cerca de setenta ancianos tribales, cuya misión es alcanzar algún tipo de acuerdo con los jefes talibanes, para poner fin a la guerra.
 
El que iba a ser su asesino se hizo pasar por un importante cargo talibán y recurrió a contactos de alto nivel para que le fuese concedida la entrevista. Mientras esperaba a que Rabbani regresara de una visita a Irán, gozó de la hospitalidad ofrecida habitualmente en Kabul a los talibanes que entran en contacto con el Gobierno. Cuando Rabbani volvió a Kabul e hizo su presentación ante él, le besó la mano inclinando respetuosamente la cabeza, según costumbre habitual en el trato con los ancianos. En ese momento hizo estallar la carga explosiva que escondía bajo los pliegues de su turbante, que quedó justamente a la altura del pecho del asesinado y en contacto inmediato con él. Varios acompañantes de Rabbani resultaron heridos de diversa consideración.
 
Una ola de pánico se extendió por el país. Si un expresidente, en el ejercicio de un cargo oficial, era asesinado con tanta facilidad ¿quién podría sentirse seguro? Es opinión extendida que hoy mismo, en Afganistán, todos son potenciales víctimas de un atentado talibán. Hasta el mismo presidente Karzai puede hallarse en el punto de mira de los terroristas y la sensación más común entre la población es que el Gobierno se encuentra inerme frente a tan grave amenaza. Las victoriosas proclamas que los mandos militares aliados y afganos difunden con frecuencia, en relación con las actividades bélicas en las provincias meridionales, de poco sirven para contrarrestar la sensación de fracaso que invade a amplios sectores de la población, acentuada tras este asesinato.
 
Derrotados inevitablemente en el campo de batalla por la incontestable potencia militar de EEUU, los talibanes van camino de ganar la mejor victoria posible para ellos: la psicológica. Eligen víctimas que influyen poco en el desarrollo de las operaciones militares pero que, por su relevancia política o social, atraen la atención de la población y de los medios de comunicación internacionales. A esta idea responde el ataque a un importante hotel con clientela internacional, a las oficinas del British Council o la agresión a la embajada de EEUU, sin olvidar el asesinato del hermano del presidente Karzai el pasado mes de julio.
 
En el enmarañado escenario de la política afgana, se sopesan dos posibles explicaciones al asesinato de Rabbani. Una es de índole personal: Rabbani había sido un encarnizado enemigo de los talibanes durante su época de dirigente de la Alianza del Norte, en las guerras internas que siguieron a la expulsión de los soviéticos. Si así fuese, el asesinato se explicaría como un aplazado ajuste de cuentas entre viejos caudillos guerreros que lucharon entre sí, y apenas tendría repercusiones.
 
Pero la hipótesis más probable, y a la vez pesimista, es la que induce a pensar que los talibanes desdeñan cualquier trato que les lleve a reconocer al Gobierno de Kabul y, menos todavía, a integrarse en él, porque a lo que realmente aspiran es a derribarlo y sustituirlo cuando las tropas internacionales abandonen el país en 2014. Tal es su desprecio por el citado Consejo, que en una ocasión enviaron a él, como interlocutor, a un tendero pakistaní disfrazado, que simuló entrar en tratos con los jefes tribales afganos.
 
A esta hipótesis se suman los afganos que piensan que el asesinato es el disparo inicial de una futura guerra civil, que será inevitable cuando no queden soldados extranjeros en el país. ¿Aceptará la comunidad internacional esta situación -se preguntan muchos-, tras los enormes gastos incurridos en la guerra y las innumerables víctimas que ésta ha causado?
 
El ministro de Educación afgano, miembro también del Consejo, ha descrito gráficamente la situación: “Este asesinato complica mucho las cosas. Ahora no sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos; en quiénes podemos confiar y en quiénes no; con quienes podemos reconciliarnos y con quiénes no”.
 
A tenor de tan ingenuas declaraciones, no parece que la finnezza política sea la cualidad característica del gabinete de Karzai, ni que Mazarino o Maquiavelo sean sus inspiradores intelectuales. Y habida cuenta de la tosquedad hasta ahora demostrada por EEUU en su manejo de la cuestión afgana (la extinta URSS no lo hizo peor), aumentan las probabilidades de que acabe instalándose en Kabul un régimen dictatorial corrupto y que, como en anteriores ocasiones parecidas, las potencias occidentales se laven las manos y miren púdicamente hacia otro lado.

República de las ideas, 7 de octubre de 2011

Hay Estados que aspiran a recuperar lo que, según sus dirigentes, es su integridad territorial natural, como España en Gibraltar, Marruecos en Ceuta y Melilla, Argentina en Malvinas, etc. Si no pueden blandir un instrumento militar relativamente potente (como Israel invadiendo los territorios palestinos, o China ocupando Tíbet), están expuestos a sufrir bruscos cambios en su política exterior, como consecuencia de la frustración que produce la sensación de impotencia ante una reivindicación que estiman imprescindible y que llega a ser, en ocasiones, un sentir general de la población.

La España de la dictadura, en la que se hizo bandera patriótica de la recuperación de Gibraltar, ensayó toda clase de argumentos para recobrar la soberanía del Peñón, sin éxito alguno. Ni siquiera la política de aislamiento del territorio gibraltareño, que se puso en práctica en 1969, condujo a nada positivo. Los trabajadores españoles del Campo de Gibraltar fueron quizá los que más sufrieron el cierre fronterizo. Y, a la larga, el distanciamiento entre Gibraltar y su natural retaguardia geopolítica (o hinterland) dificultó aún más las perspectivas de alcanzar un acuerdo amistoso. Ni siquiera la participación de ambos Estados (el colonizado y el colonizador) en la misma Unión Europea permite entrever una modificación en la naturaleza del conflicto.

Georgia perdió a principios de los años noventa del pasado siglo el control de Abjasia y de Osetia del Sur, que se independizaron de hecho, con el apoyo de Rusia. Unos 300.000 ciudadanos georgianos hubieron de huir a Georgia, y sus esperanzas de regresar a los lugares de origen son hoy prácticamente nulas. Para empeorar más las cosas, en agosto de 2008 estalló una breve guerra entre Rusia y Georgia, por el control de Abjasia, y Moscú reconoció oficialmente la independencia de ambas repúblicas.

Todos los partidos políticos georgianos coinciden en la aspiración a resolver el conflicto y reintegrar a Georgia los territorios perdidos, aunque ninguno ha desarrollado planes coherentes que permitan imaginar un resultado positivo para los gobernantes de Tiflis. Éstos discuten ahora sobre lo que denominan "una estrategia estatal para los territorios ocupados", y ofrecen a abjasios y osetios inversiones económicas, culturales y apoyo en infraestructuras, si retornan al redil georgiano, a la vez que insisten en que las fronteras de Georgia son las hasta hoy reconocidas internacionalmente.

Desde Tiflis se admite que, para alcanzar el éxito con la estrategia propuesta, es necesaria la previa retirada de las tropas rusas, lo que solo podría lograrse con una presión internacional intensa ejercida sobre Moscú, lo que por el momento no se ve fácil. Las grandes potencias internacionales afrontan hoy problemas de muy diversa índole y de grave entidad, por lo que sus preocupaciones están muy lejos de los conflictos territoriales que aquejan a un pequeño país caucásico, carente de instrumentos para presionarles.

Por su parte, los gobernantes de Sujumi (Abjasia) y Tsjinval (Osetia del Sur) solo aceptarían entrar en conversaciones con Tiflis si previamente Georgia reconociese su independencia, para entablar negociaciones de igual a igual. De este modo, antes de comenzar, cualquier negociación está ya abortada desde la raíz.

Algunos georgianos opinan que el documento "estratégico" de su Gobierno es papel mojado y solo pretende ejercer presión sobre las ONGs que operan en las repúblicas secesionistas. Se critica abiertamente la falta de visión de los partidos políticos y su desconocimiento de lo que sucede realmente en aquéllas y de los verdaderos deseos de osetios y abjasios.

Los laboristas sugieren que Georgia adopte una política neutral, una vez depuesto el actual presidente, y que la disputa territorial se resuelva mediante negociaciones: "Si en Georgia tuviéramos democracia y una justicia independiente, abjasios y osetios verían más fácil la reintegración". No son pocos los que piden restablecer los lazos económicos y culturales con los pueblos segregados, y dejar para después la discusión sobre la soberanía. El líder del Partido Democrático Libre propone medidas que "restablezcan el contacto entre los pueblos, para que hagan buenos negocios juntos, ganen dinero y busquen el modo de mejorar conjuntamente sus condiciones de vida".

Será preciso vencer muchos prejuicios y superar mitos y nacionalismos obcecados, hasta comprender que lo mejor que pueden hacer juntos los georgianos, osetios y abjasios es hablar de sus intereses comunes, cooperar para mejorarlos y restaurar la confianza perdida entre ellos. Y el problema de los partidos políticos será no hacer electoralismo atizando sentimientos nacionalistas, sobre todo entre los desplazados, cuyo voto puede hacer bascular el resultado en uno u otro sentido. Una vez más, pensar sólo en el éxito electoral a corto plazo puede impedir una solución global para tiempos posteriores y beneficio de todos los implicados.

Publicado en CEIPAZ el 5 de octubre de 2011

La prensa española reprodujo hace unos días una controvertida opinión de Obama sobre Europa, cuando afirmó que "la crisis europea asusta al mundo". Tan grave proposición (que sin duda estimulará aún más la codicia de los acechantes mercados), en boca de quien dirige los destinos de la gran superpotencia occidental, no parece obedecer solo a las tensiones a las que Obama está sometido con vistas a lograr su reelección el próximo año. Algunos analistas estadounidenses atribuyen este toque de aviso, dirigido a los gobernantes europeos, al temor al contagio que reina en los círculos económicos de EEUU, vistos los sucesivos y espectaculares tropezones que viene sufriendo la economía de nuestro viejo continente.

Bueno sería, por otro lado, que Obama recordara que en el año 2007 hubo también un deletéreo efecto de contagio, esta vez en sentido contrario, cuando la descontrolada ambición de algunos conocidos tiburones financieros de Wall Street llevó al mundo al borde del precipicio y arrastró al paro y a la ruina a muchos europeos que todavía sufren sus consecuencias.

Lo más destacado de la citada frase de Obama es que con toda facilidad puede ser reflejada por esta otra: "el viraje político de Obama asusta al mundo". Además, preocupa y entristece a los muchos que, en su momento, nos creímos aquel mensaje de renovación que le ayudó a alcanzar la presidencia y con el que brillantemente se presentó ante el mundo. 

Fue en junio de 2009, en El Cairo, cuando Obama quemó el último cartucho capaz de generar de esperanza, con el discurso que pronunció en la Universidad de la capital egipcia, que tanto influyó en la llamada "primavera árabe". Pero si sus palabras estimularon como una ráfaga de aire fresco a los que luego se alzarían contra las corruptas tiranías árabes, también encendieron en el pueblo palestino la esperanza de ver la luz al final del largo y trágico túnel en el que se ha venido desarrollando su existencia desde la nakba de 1948. Esperanza que ahora Obama se ha encargado de aplastar sin contemplaciones, con motivo de la Asamblea General de la ONU.

No se trata de la conocida dificultad de pasar de las palabras a los hechos, de convertir las promesas en realidades, que aqueja a muchos políticos, sobre todo en época preelectoral. En este caso, son las mismas palabras las que hieren porque muestran un vergonzoso cambio de opinión. Para evitar cumplir lo que hasta ahora venía prometiendo más o menos veladamente al pueblo palestino, Obama declaró: "La ONU no puede crear un Estado palestino". Olvidó flagrantemente que fue precisamente la ONU la que creó el Estado de Israel y, con ello, el problema que nadie ha logrado resolver en más de 60 años. No se entiende cómo Obama es capaz de negar a la ONU la capacidad de crear un Estado y, aún peor, impedir que ella sea el foro natural donde se discuta este asunto. ¿Es este el Obama multilateralista que iba a volver a recuperar para la ONU (tan despreciada por su predecesor en la Casa Blanca) las responsabilidades que le corresponden?

Obligando a la Autoridad Palestina a la negociación bilateral con Israel, al margen de la ONU, Obama está traicionando en la práctica su promesa de crear un Estado palestino. Veinte años de negociaciones solo han conducido a un punto muerto difícil de superar, a la expansión de los asentamientos ilegales judíos y, en consecuencia, al troceamiento del territorio palestino ocupado, hasta hacer imposible que sobre él se sustente un Estado viable.

Al querer conservar el apoyo electoral del poderoso grupo de presión proisraelí, tan influyente en la política de EEUU, Obama está avivando la mecha de un conflicto enconado que parece abocado de nuevo a la violencia incontrolada, tras haber fracasado hasta hoy todas las opciones políticas y diplomáticas, como la que ahora intenta aplicar la Autoridad Palestina recurriendo a la ONU. Con el riesgo añadido de que los intereses que inciden en la resolución de este conflicto afectarán a otros países, desde Turquía hasta Irán, complicando la situación. Si EEUU hace dejación de su ineludible responsabilidad en este problema y es incapaz de forzar al Gobierno israelí hacia una solución justa y equilibrada, Obama habrá cerrado su actual legislatura con un rotundo fracaso.

Fracaso al lado del cual palidecen otras muchas promesas incumplidas: su incapacidad para cerrar la ignominia de Guantánamo, que sigue mostrando al mundo la peor cara de EEUU; su errática actividad militar en Oriente Medio, que oscila entre los asesinatos selectivos y la falaz seducción a los talibanes; y las diversas frustraciones en política interior, en los programas sociales mutilados o suprimidos, por no haber sido capaz de plantar cara a ese grupo de alucinados y trasnochados fanáticos, el Tea Party, con el que también intenta contemporizar, con el poco éxito por todos sabido.

Obama no asusta al mundo, naturalmente, pero su brújula de impreciso norte y oscilante rumbo sí produce incertidumbre y es probable que, como le ocurrió a Jimmy Carter, tampoco le asegure la reelección. La duda inteligente es necesaria para decidir con acierto, pero no se debe prolongar demasiado ni conviene que los gobernados la perciban.

Publicado en República de las ideas, el 30 de septiembre de 2011