Desde Jamaica

Los dirigentes de UPN han lanzado una feroz cruzada contra el euskara. Están decididos a hacer cuanto esté en su mano para que desaparezca de la comunidad foral.

Hace unos meses, algunas de las alcaldías que regentan optaron por suprimir todas las subvenciones municipales relacionadas con la enseñanza del euskara o con las expresiones artísticas realizadas en lengua vasca. Uno de los alcaldes patrocinadores de la iniciativa censora expresó sus intenciones con cruda sinceridad: «Mientras ETA siga matando, aquí no habrá ni un céntimo para el euskara», dijo.

Lo último que se les ha ocurrido es fantástico: van a suprimir la denominación oficial bilingüe de las ciudades. La capital ya no será Pamplona-Iruña, sino sólo Pamplona, y Lizarra se quedará en Estella, a secas. Lo cual tendrá, en este último caso, un punto de incoherencia suplementario, puesto que el nombre de Estella, mucho más reciente que el de Lizarra, no es sino una mala latinización del topónimo vasco. Pero ¿qué más da la Historia, cuando están en juego los supremos intereses de la Patria?

La verdad es que no hay por dónde coger esta línea de hostilidad al euskara emprendida por UPN.

En primer lugar, implica un dispendio imbécil: imagínense el dineral que va a costarles cambiar todas las señalizaciones de tráfico, todo el papel timbrado, todos los formularios oficiales...

En segundo lugar, es ilegal. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -el Estatuto navarro, por así decirlo- proclama que el euskara tiene rango de lengua oficial en el territorio foral. La ley no sólo prohíbe la persecución del vascuence, sino que obliga a su protección y desarrollo. De hecho, el Parlamento Navarro aprobó una norma -la Ley Foral 18/1986 del Vascuence- para regular muy explícitamente el esfuerzo que las autoridades deben realizar a este respecto. Por supuesto, la ley instituye la denominación bilingüe de los municipios. Es más: la introducción de la mentada Ley Foral dedica un párrafo muy contundente a la descalificación de quienes creen que la diversidad lingüística es un factor disgregador.

Pero, con ser grave todo lo anterior, peor todavía es el efecto político que inevitablemente tendrá esa línea de actuación. Porque, al tratar al euskara como lengua del enemigo y al vincularlo con el terrorismo, UPN contribuye a la división de la sociedad navarra y a la aparición de vínculos de solidaridad espúrios.

Su fanatismo mostrenco los convierte, sencillamente, en agentes de ETA.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (13 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 13 de enero de 2013.

El 5 de mayo de 1998, cinco militantes ecologistas se encadenaron a un tren que transportaba un reactor nuclear a la central de Trillo. Lo paralizaron durante dos horas. Un año después, fueron condenados en juicio de faltas a 10.000 pesetas de multa.

Los cinco ecologistas -Ladislao Martínez, José María Galante, Javier Pérez Mancha, Gustavo Alfaro y Jorge Díaz Leza- han decidido no pagar la sanción que les fue impuesta e ir a la cárcel. Han tomado esa determinación -me dicen- «como forma de protesta por la situación de indefensión legal que sufre nuestro medio ambiente». Se quejan de que la Justicia española «condena a los ecologistas y absuelve a los responsables de delitos ecológicos». Recuerdan el reciente auto judicial sobre el caso Doñana, que tanto ha escandalizado, y subrayan lo habitual que es que los procedimientos por delito ecológico acaben en absolución, en tanto las acciones de protesta ecologista merecen sistemáticamente la condena de los tribunales. No es ésta una mera afirmación suya: tienen la estadística de su lado.

Conozco a algunos de ellos ni sé ya desde cuándo. Es gente profundamente solidaria. Y sensata.

Pero hay un punto en el que no les doy la razón.

«Entendemos que nuestra acción fue ilegal y que la condena no fue desproporcionada», afirman.

Yo creo que su acción no fue delictiva. Que deberían haber sido absueltos.

El Capítulo II del vigente Código Penal, artículo 20, recoge las causas que eximen de responsabilidad. El apartado 5º del artículo en cuestión establece que no puede ser condenado «el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona». El apartado 6º dice lo mismo de «el que obre impulsado por miedo insuperable». Y el 7º, de «el que obre en cumplimiento de un deber».

Las tres circunstancias eximentes concurren en el caso de estos cinco ecologistas. Porque ellos se vieron en la necesidad de tratar de evitar un mal colectivo, actuaron por el miedo insuperable que provoca la energía nuclear y, desde luego, lo hicieron porque tienen una elevada conciencia de su deber como ciudadanos.

Para condenarlos, el juez debería haber demostrado que las centrales nucleares no representan un riesgo para la sociedad en su conjunto. No veo cómo hubiera podido arreglárselas para lograr demostrar tal cosa.

Los cinco ecologistas no tendrían que ser encarcelados. A la cárcel sólo deben ir aquellos que tienen una deuda con la sociedad. En este caso, es la sociedad la que tiene una deuda con ellos.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (12 de enero de 2001) y El Mundo (13 de enero de 2011). Subido a "Desde Jamaica" el 15 de enero de 2011.

Carlos Iturgaiz está dolido porque el lehendakari Ibarretxe no se ha puesto en contacto directa y personalmente con él para manifestarle su solidaridad tras el amago de atentado de Zarautz. «El jefe de la oposición ha salvado la vida y él no le dice nada», se queja.

Iturgaiz es genial. No le basta con que el portavoz del Gobierno vasco exprese públicamente la repulsa del Ejecutivo ante la acción de ETA, que apuntaba contra el conjunto de la dirección del PP vasco. Quiere que Ibarretxe le conceda un trato especial a él. A él, que ni siquiera acude a las convocatorias del lehendakari, y que lo descalifica política y personalmente cada dos por tres. ¿Y por qué habría de hacer tal cosa Ibarretxe? Porque él es -dice- «el jefe de la oposición».

¿Y de dónde se ha sacado ese título?

En los sistemas parlamentarios pluripartidistas no existe la figura del jefe de la oposición. Por una razón elemental: la oposición es de muy diversos géneros; no puede tener una jefatura única.

En sus primeros tiempos de presidente de Gobierno, Felipe González decidió nombrar «jefe de la oposición» a Manuel Fraga, que por entonces presidía Alianza Popular. González era consciente de que, mientras el ex ministro de Franco fuera su principal oponente, él tenía Moncloa para rato. Así que lo mimaba todo lo posible. El cargo que González se sacó de la manga para halagar al viejo político gallego llevaba aparejado un puñado de privilegios chorras: que si coche oficial, que si escolta, que si puesto de honor en los actos oficiales... Fraga no fue nunca el jefe de la oposición de hecho, evidentemente, pero sí de derecho, puesto que su nombramiento como tal apareció en el BOE. Era jefe, eso sí, del partido que agrupaba a dos tercios de la oposición.

La lumbrera política que responde por Iturgaiz no reúne ni una sola de esas condiciones. No es sólo que nadie lo haya nombrado jefe de la oposición; es que, además, ni siquiera representa a la mayoría de la oposición vasca. Integran ésta, además del PP, el PSOE, EH, EB-IU y UA. Los dos primeros partidos tienen casi tantos parlamentarios como el del propio Iturgaiz. Si el panorama político de Euskadi tuviera el aire bipartidista que se respira en el Parlamento del Estado, su autoproclamación aún tendría algún atisbo de justificación. Pero es que ni por ésas.

Abreviando: que Iturgaiz ha dicho otra tontería. Y las radios y televisiones españolas han vuelto a coreársela.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (11 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 16 de abril de 2017.

Los dos males misteriosos de este comienzo de siglo -el de las vacas locas y el síndrome de los Balcanes- tienen, frente a sus muchos y obvios inconvenientes, una virtud, al menos: están demostrando al común de los ciudadanos que no puede creer nada de lo que dicen sus autoridades políticas.

La palma se la llevan los gobernantes británicos, que han quedado como perfectos mentirosos en ambos asuntos. Probablemente los demás habrán faltado a la verdad tanto como ellos, pero se les ha notado algo menos hasta ahora. En cualquier caso, todos, sin excepción, han ocultado a sus ciudadanías información relevante, en nombre del sacrosanto criterio de «no sembrar la alarma».

El ministro de Defensa español, Federico Trillo, lo ha teorizado: según él, ya hay suficiente gente que disfruta creando inquietud; el Gobierno no debe darles pábulo. En su criterio, los gobiernos tienen la obligación de contrarrestar las tendencias al alarmismo. ¿Y qué es lo contrario del alarmismo? La ocultación de los motivos de alarma, sin duda alguna.

En el caso del síndrome de los Balcanes, Trillo se aferra una y otra vez al mismo argumento: no se ha demostrado que haya una relación de causa-efecto entre el uso de proyectiles de uranio empobrecido y la aparición de tales o cuales enfermedades mortales.

A ello cabría contestarle que, si el encargado de analizar el problema es quien pudo estar en su origen -es decir, la OTAN-, resulta altamente improbable que encuentre ninguna relación. Ni de causa-efecto, ni de parentesco, ni de lejana amistad. Pese a lo cual, Trillo insiste en que sea la Alianza Atlántica la encargada de llevar adelante la investigación. Revelador empeño, a fe.

Hay diversos modos de establecer relaciones hipotéticamente causales. Si un determinado colectivo humano -en este caso, el de los soldados que estuvieron destinados en los Balcanes- es víctima de enfermedades graves en una proporción muy superior a la de la media de la población -y ése es el caso, según las más fiables informaciones-, está claro que ahí hay gato encerrado. Tal vez no se sepa de qué gato se trata, en concreto, ni cuál es su color -que si blanco, que si negro, que si empobrecido, que si boyante-, pero hay gato, vaya que sí, y negarlo es del género idiota. O cínico, más bien.

Confío en que esta sórdida historia del síndrome de los Balcanes sirva para que el personal saque otra lección: no hay que ir nunca de la mano de cierta gente. Por noble que parezca la causa a primera vista. El Pentágono y la OTAN son como los intestinos: puedes alimentarlos con lo más exquisito, pero ellos no saben producir más que detritus. O sangre, llegado el caso.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (10 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de enero de 2012.

Empezaré por confesar que el natural gracejo de doña Celia me repatea. No es que la señora Villalobos no me haga gracia -que no me la hace-; es que considero que una persona que está al frente de una cartera ministerial no pinta nada opositando diariamente a graciosa y resalá. Vale que la gente que ejerce altos cargos dé muestra de ingenio. Bien está que denote tener sentido del humor. Perfecto. Pero lo de doña Celia no tiene nada que ver ni con el ingenio ni con el sentido del humor. Más bien todo lo contrario. Lo suyo es intentar hacerse la simpática revistiéndose de un populismo de feria -de Feria de Abril, en concreto- y de una sencillez campechana que, lo que es a mí, me parece más falsa que un billete de tres duros.

En el asunto de las vacas locas, la campechanía de la ministra está teniendo efectos devastadores para su imagen y, ya de paso, también para la del Gobierno. Empezó metiendo el cuezo alegremente cuando dijo aquello de «Que nadie espere comprar solomillos a 500 pesetas», como si a ese precio sólo pudiera adquirirse casquería. Una bobada.

Pero lo de anteayer fue todavía peor: se permitió recomendar «a las amas de casa» que no cocinen con huesos de vaca y que recurran sólo a los de cerdo. Aparte de que doña Celia demostrara con ello creer que en este país sólo cocinan las mujeres -una falsedad de la que puedo dar testimonio muy directo-, el hecho es que con semejante recomendación estaba: a) evidenciando que no se ha enterado de que los únicos huesos que pueden dañar la salud son los que estuvieron en contacto con la médula del animal; b) lanzando una carga de profundidad contra quienes comercializan carne de vacuno en buen estado; y c) dándole una patada en los mismísimos a su colega Arias Cañete, ministro de Agricultura, que se pasa el día diciendo que la carne que llega a los mercados cuenta con las debidas garantías y no entraña peligro alguno.

¿Y por qué dijo eso la señora ministra? Pues por lo mismo que dice tantas otras cosas: porque es una frívola de tomo y lomo. Porque le pareció que eso le daba un toque de complicidad marujil electoralmente rentable. Porque cuando habla está tan preocupada por aumentar su cuota de popularidad que no tiene tiempo de pensar en el sentido de lo que dice.

Pero doña Celia no sólo es una frívola. También una mentirosa. Ayer, a la vista del lío que había montado con su disparatada recomendación, volvió al ataque y dijo: «Lo que yo recomendé a las amas de casa es que no usaran hueso de médula». Lo cual, aparte de ser otra tontería -nadie puede cocinar con «hueso de médula», porque eso no existe- supone una falsedad como la copa de un pino. Ella habló de huesos de vaca, sin más: todos la oímos.

Patética contradicción, la suya: a fuerza de preocuparse sólo de su popularidad, ha arruinado su carrera política. Ayer, en Antena 3, Aznar renunció a justificar sus declaraciones.

Está acabada.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (10 de enero de 2010). Subido a "Desde Jamaica" el 16 de abril de 2017.

La votación que realizó ayer una Sala especial del Tribunal Supremo -una Sala que, por cierto, no está prevista en norma escrita alguna- pone otra vez de manifiesto algo que, de hecho, sabemos de sobra todos cuantos hemos merodeado por las proximidades del núcleo duro de la judicatura española. A saber: que por esos andurriales el partidismo es norma, y la independencia, excepción.

No hablo sólo de partidismos políticos. También de banderías pandillares, de querellas privadas, de intereses editoriales... de todo un amasijo de condicionantes sin la menor relación con la estricta aplicación de la Ley.

Me sería imposible contar las veces que he oído vaticinar el resultado de una votación judicial con argumentos tales como: «Mengano le debe mucho al PSOE y es íntimo de Perengano, con el que pasa muchos fines de semana en su casa de Quintocoño, pero Perengano no traga a Pepitín, porque no votó a su favor cuando fue candidato a la Sala de lo Pretencioso y, además, es cuñado de Fulano, que es muy del PP y con el que está a partir un piñón. Y qué vas a esperar de Vicepérez, que se saca una pasta gansa dando conferencias para la Fundación Ley y Orden...». Etcétera. Lo más curioso es que las previsiones sentenciadoras realizadas mediante tales cábalas rara vez fallan.

Hay casos de desfachatez realmente apabullantes. Ahí está el de Martínez Arrieta, magistrado del Supremo que participó ayer en la decisión contraria a Gómez de Liaño pese a que, en tanto que ex marido de María Dolores Márquez de Prado, actual mujer de Gómez de Liaño, tiene incluso querellas judiciales pendientes con el nuevo matrimonio por culpa del monto de la pensión que está obligado a pagar a sus hijas.

Que un magistrado en situación semejante no se abstenga, no ya por razones de ética, sino incluso de mera estética, y que los demás admitan que meta baza, es revelador del ambiente, mezcla de compadreo y navajeo, que reina por esos pagos.

Gómez de Liaño no salió perdiendo en la votación de ayer porque los argumentos jurídicos a su favor fueran más o menos sólidos. Eso era lo de menos. Perdió porque en la Sala había más jueces contrarios al Gobierno -y al propio Liaño- que favorables. Ahora el asunto irá a una instancia judicial especial, prevista para resolver los conflictos de jurisdisción. Lo correcto para saber qué pasará allí es enterarse de qué pie cojea cada uno de los integrantes de ese órgano judicial.

Lo demás es filfa.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (9 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 16 de abril de 2017.

Un guía que tuve que sobrellevar en mi malhadado viaje de hace dos meses por Indonesia me proporcionó una singular razón para explicar el mal estado de las carreteras de aquel país: el Gobierno podría mejorarlas, sin duda -me explicó-, pero entonces los coches correrían más, y eso acarrearía más accidentes.

Según él, las autoridades de Yakarta mantienen las vías públicas en mal estado a propósito. Por motivos humanitarios, como quien dice.

Me pareció de primera.

Siempre pensando en el bien de España, me dediqué ayer a cavilar algunas medidas de ese estilo que pudieran adoptarse por aquí.

Imagínense ustedes cuál no sería mi estupefacción cuando comprobé que todas las iniciativas que se me venían a las mientes... ¡ya están aplicándose! ¡Y por todo lo alto!

Se me ocurrió, por ejemplo, que cabría subir el precio de los combustibles hasta extremos verdaderamente disparatados, de modo que desplazarse en coche acabara resultando tan ruinoso que poco a poco la mayoría fuera renunciando a semejante dispendio por razones de fuerza mayor (y de cartera menor).

Menos coches en las carreteras, menos accidentes. ¡Genial!

Pero a continuación me acordé de la última vez que llené de gasóleo el depósito de mi pobrecito Renault. «¡Jodó, 8.000 chuchas!», clamé en tan histórica ocasión, mirando anonadado el contador de la gasolinera. Sí, hijo, sí: más del 10% del salario mínimo. Disuasorio a tope.

Repsol y Cepsa se me han adelantado. Quién lo iba a imaginar: ¡tan calladito que se lo tienen y son maestras en el manejo de la táctica indonesia!

Seguí dándole al magín. ¿Y si propusiera medidas tendentes a atraer a todos los coches hacia el centro de las ciudades, de manera que se quedaran atascados un día tras otro y, al comprobar que no pueden ir ni para adelante ni para atrás, los conductores mandaran finalmente el cochecito a freír espárragos y optaran por el transporte público?

¡Seguridad y ecología, todo en uno!

Nueva decepción. Ese prócer, ese Einstein redivivo, ese Lao Tsé de la estrategia urbanística que es el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, no sólo se me ha adelantado, sino que me ha dado cien vueltas (perdón, quiero decir cien atascos). Lo ha conseguido a base de instalar tropecientos mil aparcamientos en el centro. Esos aparcamientos -que él llama parkings, porque es hombre de mundo- tienen un efecto llamada que convierte a la bicha de Mayor Oreja en un inocente juego de niños. Todo pichichi se tira alegremente hacia el centro de la capital a bordo de su vehículo pensando que, por lo menos, siempre tendrá donde dejarlo colocadito, gracias a don José María. Para cuando las víctimas descubren que el problema no está en el aparcamiento, sino en el camino que tendrían que seguir para llegar hasta él, es ya tarde. ¡Los trinca por miles, el muy pillín!

Hay que reconocer que, cómo líder político, Álvarez del Manzano no es gran cosa. Qué digo como líder: como político, a secas. De hecho, es una calamidad. Pero, a cambio, como planificador de atascos humanitarios se ha convertido en guía y luz de sus colegas de toda España. La pasada Nochebuena comprobé que incluso el alcalde donostiarra, Odón Elorza, sigue sus enseñanzas, si bien dándoles un toque original: lo que hace don Odón es cambiar cada dos por tres el sentido de la circulación de las calles de la capital guipuzcoana. De ese modo, no importa adónde pretendas ir. Siempre te pierdes. Es otra modalidad de la táctica indonesia, pero de idéntico efecto disuasorio.

Renuncié a pensar más posibilidades. Tuve que rendirme a la evidencia de que todo está ya inventado.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (9 de enero de 2001) y El Mundo (20 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 23 de enero de 2012.

Escribía ayer sobre los dos males que llenan las portadas de los periódicos en este comienzo de siglo -el de las vacas locas y el ya bautizado como síndrome de los Balcanes- y los calificaba de «misteriosos».

Son misteriosos, sí, por ahora. Pero tienen otra característica aún más definitiva: son invisibles.

A efectos sociales, los males se dividen principalmente en visibles e invisibles.

Los males visibles producen gran indignación popular. Llegado el caso, incluso pueden ser motivo de importantes movilizaciones ciudadanas.

Aparcan un submarino nuclear averiado en Gibraltar y el personal de la zona monta en cólera.

Entierran doscientas vacas en una mina abandonada, empieza a oler mal, se ven gusanos por el camino, las aguas bajan sucias y el pueblo vecino arma la de Dios es Cristo.

Son males materializados, visibles.

Pero emiten CO2 como fieras a la atmósfera, se van cargando poco a poco pero irremisiblemente la capa de ozono y ¿quién se horroriza? ¿Quién se moviliza para pararles los pies? Cuatro gatos.

Se llenan las calles de coches, el aire de las ciudades se contamina, se agudiza toda suerte de enfermedades respiratorias, y el personal tan feliz, paseándose a diario y en masa con sus cochecitos por todos los centros urbanos.

Adulteran los alimentos con las peores marranadas -leí el otro día que en Estados Unidos han llegado a experimentar el engorde de las vacas... ¡con cemento!- y, mientras el sabor no denote nada especial, casi nadie dice nada.

Porque son males invisibles.

El dicho es del año de la Tarara, pero jamás había alcanzado tan alto grado de exactitud: ojos que no ven, corazón que no siente.

Los poderosos lo saben y hacen maravillas para que los males que causan vayan a más sin que se note.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (8 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 16 de abril de 2017.

Los dos males misteriosos de este comienzo de siglo -el de las vacas locas y el ya bautizado como síndrome de los Balcanes- tienen, frente a sus muchos y obvios inconvenientes, una virtud, al menos: están demostrando al común de los ciudadanos que no puede creerse una palabra de lo que dicen sus autoridades políticas.

La palma se la llevan los gobernantes británicos, que han quedado como perfectos mentirosos en ambos asuntos. Probablemente los demás habrán faltado a la verdad tanto como ellos, pero se les ha notado algo menos hasta ahora. En cualquier caso, todos, sin excepción, han ocultado a sus respectivas ciudadanías información relevante, en nombre del sacrosanto criterio de «no sembrar la alarma».

El ministro de Defensa español, Federico Trillo, lo ha teorizado: según él, ya hay suficiente gente que disfruta sembrando la alarma; el Gobierno no debe darles pábulo. En su criterio, los gobiernos tienen la obligación de contrarrestar las tendencias al alarmismo. ¿Y qué es lo contrario del alarmismo? La ocultación de los motivos de alarma, sin duda alguna.

En el caso del síndrome de los Balcanes, Trillo se aferra una y otra vez al mismo argumento: no se ha demostrado que haya una relación de causa-efecto entre el uso de proyectiles de uranio empobrecido y la aparición de tales o cuales enfermedades eventualmente mortales.

A ello cabría contestarle que, si el encargado del análisis del problema es quien pudo estar en su origen -es decir, la OTAN-, resulta altamente improbable que encuentre ninguna relación. Ni de causa-efecto, ni de parentesco, de lejana amistad. Pese a lo cual, Trillo insiste en que sea la Alianza Atlántica la encargada de llevar adelante la investigación. Lagarto, lagarto.

Hay diversos modos de establecer relaciones hipotéticamente causales. Si un determinado colectivo humano -en este caso, el de los soldados que estuvieron destinados en los Balcanes- es víctima de enfermedades graves en una proporción muy superior a la de la media de la población, está claro que ahí hay gato encerrado. Tal vez no se sepa de qué gato se trata, en concreto, ni cuál es su color -que si blanco, que si negro-, pero está, vaya que sí está, y negarlo es del género idiota. O del género cínico, más bien.

Confío en que esta sórdida historia del síndrome de los Balcanes sirva para que el personal saque otra lección: no hay que ir nunca de la mano de cierta gente. Por noble que parezca la causa a primera vista. El Pentágono y la OTAN son como los intestinos: puedes alimentarlos con lo más exquisito, pero ellos no saben producir más que mierda. Y, llegado el caso, sangre.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (7 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de enero de 2012.

Según el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, apelar a la situación general de los inmigrantes para analizar la tragedia sucedida el miércoles en Lorca resulta «mezquino en lo personal y demagógico en lo político».

Se lo escuché decir anteayer en Murcia pero, según tomaba nota de ello, llegué a la conclusión de que había oído mal. No podía ser.

Ayer lo leí en los periódicos, negro sobre blanco. Me tuve que rendir a la evidencia: lo dijo.

¿«Mezquino en lo personal»? ¡Pero hombre, por Dios! Lo mezquino es pretender que la opinión pública se tome ese horror como una mera fatalidad. Todos los familiares y amigos de los fallecidos han manifestado un deseo unánime: que su muerte no sea vana; que sirva para que las autoridades españolas tomen conciencia de la realidad en la que viven y trabajan los muchos miles de ecuatorianos que viven en Murcia. ¿Es mezquina esa reivindicación?

«... Y demagógico en lo político», añade el ministro de Fomento.

¿Ah, sí? Veamos.

Primero: tenemos una furgoneta con capacidad máxima para ocho personas en la que viajaban 14. Según sabemos ahora, el vehículo en cuestión hacía ese mismo recorrido seis veces al día. Siempre cargado hasta los topes. Y como él, decenas de otros, todos de tamaño reducido. Incluso coches. ¿Por qué? Por la misma razón por la que circulan a través de pequeñas carreteras y por caminos rurales: para no atraer la atención de la Guardia Civil. Porque son trabajadores sin papeles y sus empleadores quieren evitar que su feo negocio quede al descubierto.

Todo indica que el sobrepeso de la furgoneta fue clave en el accidente. Se quedó clavada en la vía.

¿No hay ninguna consecuencia general que extraer de esos datos?

Segundo elemento: en la furgoneta viajaban tres menores, que acudían a trabajar al campo con los adultos. La niña de 13 años que ha sobrevivido ha explicado sus razones particulares: iba a recoger brécoles porque su madre se ha roto una pierna y la familia no puede permitirse prescindir de esa fuente de ingresos. Si la madre hubiera estado inscrita en la Seguridad Social, se encontraría en situación de baja laboral, cobrando un sueldo. Y si los empleadores ilegales de Murcia no pagaran la miseria que pagan por kilo recogido -porque ni siquiera contratan a tanto la jornada: es al peso de lo recolectado-, los padres no tendrían por qué llevar a sus hijos menores a deslomarse con ellos.

En Murcia hay unos 22.000 ecuatorianos, de los cuales sólo 6.000 tienen sus papeles en regla.

Así están las cosas, señor ministro. ¿Cree usted que decirlo es demagogia? Se equivoca. Ahí no hay más demagogia que la que viene dada por los hechos mismos.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (6 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 11 de enero de 2013.