Apuntes del Natural

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ordenó hace un mes la ejecución de un condenado a muerte que ya estaba rehabilitado —ahora se dispone a hacer lo propio con un hombre gravemente enfermo, que ni siquiera conserva conciencia de su identidad— y buena parte de la opinión pública internacional se indignó.

Fue una reacción positiva, pero insuficientemente positiva. Porque la pena de muerte es aborrecible, así se le aplique al más perverso, sádico y lúcido de los asesinos.

Hice hace años la misma reflexión frente a quienes se empeñaban en decir que ETA causaba «víctimas inocentes». ¿A qué venía llamarlas «inocentes»? ¿Para distinguirlas de las víctimas culpables, tal vez? La culpabilidad sólo puede ser establecida tras un juicio justo, realizado con las debidas garantías, y ni siquiera así la sentencia de muerte es lícita.

La Fuerza Aérea de EEUU, siguiendo instrucciones de la CIA, efectuó el pasado viernes un bombardeo sobre un pueblecito paquistaní. El ataque —se dice— causó la muerte de «18 civiles inocentes, incluyendo mujeres y niños».

Estamos en las mismas. Violar la soberanía de un Estado al que no se le ha declarado la guerra —que incluso se califica como «amigo»— para asesinar a personas que uno mismo ha declarado asesinables, sin juicio ni derecho de defensa, es un crimen. O, para ser más exactos, son varios crímenes juntos. Con independencia de que las bombas hayan sido dirigidas con mayor o menor acierto. Aunque hubieran logrado acabar con la vida de Aymán Al Zawahiri, supuesto lugarteniente de Osama Bin Laden, cosa que no han hecho.

Entiendo el sentido en el que Antoine Boulay sentenció, tras el secuestro y ejecución del duque de Enghien, en 1804: «Es peor que un crimen; es un error». Con la misma intención suele decirse también que es preferible un malvado a un bobo, porque el perverso a veces descansa, en tanto que el bobo, nunca. Pero el juicio moral no puede quedar subordinado a consideraciones tácticas: un crimen es siempre mucho más grave que un error.

No es ésta la primera vez, ni mucho menos, que las barbaridades de la CIA obligan a sopesar las diferentes consecuencias de los crímenes y los errores. Lo que me disgusta es comprobar cómo casi todos los medios occidentales se centran en la denuncia del tremendo error que la Agencia Central de Inteligencia cometió el pasado viernes en Pakistán, tan demostrativo de esa «combinación de incompetencia y arrogancia» que el ex coronel británico Tim Collins ha atribuido a la actuación angloestadounidense en Irak. Y qué poco hablan del desprecio olímpico del derecho internacional que esa actuación conlleva.

Tampoco me hace nada feliz el empeño con el que insisten en que el bombardeo provocó la muerte no sólo de hombres, sino también de mujeres y niños. ¿Qué diferencia puede haber, cuando los hombres están igual de indefensos que las mujeres y los niños?

Los miles y miles de paquistaníes que salieron de inmediato a manifestarse contra el Gobierno de Bush no se equivocaron: no estaban preocupados por el error; estaban indignados por el crimen.

Javier Ortiz. Apuntes del Natural (15 de enero de 2006).

Nota de edición: Javier publicó una columna de parecido título en El Mundo: Entre el error y el crimen.

Rajoy afirma que sostener, como ha hecho Rodríguez Zapatero, que la Ley de Partidos, que sirvió para ilegalizar a HB —y para nada más: fue una ley ad hoc—, es difícilmente compartible con el ejercicio de derechos fundamentales, como el de reunión, constituye «un hecho sin precedentes en un país democrático».

El asunto presenta varias vías de aproximación.

Primer punto: que la ilegalización de HB, esencia de la Ley de Partidos, no sólo no facilita, sino que representa un error jurídico y un obstáculo para la resolución de los problemas reales de la sociedad vasca no es una idea nueva. Fue expresada con mucha claridad ya en 1996 por el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, José María Aznar, quien declaró a la revista Época (número 575) que esa ilegalización le parecía «una cuestión absolutamente estéril». Y añadió: «Hay que actuar contra las personas que amparan, jalean o hacen apología del terrorismo, contra personas concretas». Insistió en la idea: para él —para el él de entonces—, ilegalizar HB era «un camino equivocado».

Que luego él y los suyos cambiaran radicalmente de opinión no justifica que pasaran a descalificar de arriba a abajo a los que no hicieron esa pirueta.

Segundo punto: ¿es «un hecho sin precedentes en un país democrático» que un Gobierno opte por aplicar de manera flexible —dicho más claramente: por no aplicar en determinadas circunstancias— leyes restrictivas de las libertades cuya estricta puesta en práctica se revela o bien políticamente perjudicial o bien contradictoria con otras leyes, incluso de rango superior? En absoluto. Por no hacer referencia sino a un ejemplo de género similar, sólo que mucho más grave: es bien sabido que el Gobierno de Londres toleró durante muchos años numerosas actividades que era público y notorio que estaban inspiradas por el IRA, entre otras cosas porque aparecían encuadradas por personas encapuchadas y metralleta en mano.

Tercer punto: actuaciones gubernamentales como ésas tienen sentido, y pueden resultar comprensibles, cuando los gobernantes entienden que se trata de leyes útiles en términos generales, aunque de inconveniente aplicación en tal o cual caso concreto. Pero, cuando el conflicto lo generan leyes cuyo sentido se ha revelado esencialmente perjudicial, lo que procede no es dejar de aplicarlas en algunos supuestos específicos, sino derogarlas.

La Ley de Partidos ha demostrado que no ayuda en nada al encuentro de vías para la pacificación y la normalización de Euskadi. A lo que parece, ésa es la conclusión a la que está llegando —o ha llegado ya— Rodríguez Zapatero. No se me ocultan las dificultades político-mediáticas con las que puede toparse para proceder a la derogación de esa Ley, pero es por ahí por donde debería enfilar.

Del mismo modo, y por las mismas razones, entiendo el empeño con el que los dirigentes del PP defiende esa Ley. Porque lo que quieren es que se mantenga el grado máximo de crispación y hostilidad. De eso se han alimentado políticamente durante los últimos años. Y no quieren quedarse en ayunas.

Las autoridades iraníes insisten en que su programa nuclear no persigue fines militares y los tenientes de la llamada «comunidad internacional» —esto es, los dirigentes de EEUU y las principales potencias europeas— no les creen. Se trata de un escepticismo comprensible. Irán tiene un subsuelo de enorme potencialidad energética. No necesita de la energía nuclear como recurso alternativo.

En consecuencia, existe el temor de que esté tratando de hacerse con armas atómicas. Y eso es lo que más preocupa. Se argumenta que Irán es un Estado inestable, encabezado por políticos muy fanatizados, que podrían ampararse en la tenencia de bombas nucleares para pretender los fines más insospechables. A lo que el Gobierno de Teherán responde que Irán es un Estado soberano, que tiene derecho a que sus opciones internas, en ésta como en tantas otras materias, sean tan respetadas como las de cualquier otro Estado, incluyendo los que poseen armamento nuclear.

No oculto que las apelaciones al fanatismo de los dirigentes iraníes me dejan más bien frío. No porque crea que no son fanáticos, dentro de ciertos límites, sino porque creo que Irán no es ni mucho menos el único Estado del mundo controlado por fanáticos, también dentro de ciertos límites. Hay dos ejemplos particularmente llamativos: los Estados Unidos de América e Israel, ambos dotados de armamento nuclear. Con la diferencia a favor de Irán de que éstos exhiben un estilo mucho más belicoso. Y de que uno de ellos ya ha sido capaz de utilizar bombas atómicas con fines bélicos. El hecho de que el fanatismo de éstos resulte más familiar a la opinión pública occidental, más próximo a sus propias referencias religiosas y culturales, no añade ni quita un ápice a su peligrosidad no ya potencial, sino demostrada.

Tampoco tengo un punto de vista muy tajante sobre lo que supondría para la paz mundial el hecho de que Irán contara con armas nucleares. Nunca simpaticé ni poco ni mucho con lo que se llamaba, cuando existía la Unión Soviética, «el equilibrio por el terror», es decir, el freno que suponía para las ambiciones encontradas de EEUU y la URSS el hecho de que la otra parte contara con una enorme capacidad destructiva. Pero aquel «equilibrio por el terror», por criticables que fueran sus bases, ha dejado paso a un desequilibrio brutal, en el que la única superpotencia existente se considera autorizada a imponer manu militari su voluntad en cualquier punto del Tercer Mundo, con evidente desprecio del Derecho internacional. Sólo se frena en aquellos casos en los que en el conflicto interviene algún Estado miembro del «club atómico», como se ha podido constatar muchas veces en las pugnas entre Pakistán y la Unión India. O cuando se ignora si tiene ya o no algún ingenio atómico, como en el caso de Corea del Norte.

De modo que está por demostrarse que un Irán nuclear supusiera obligatoriamente un factor de mayor inestabilidad para una zona no caracterizada precisamente por su estabilidad.

Existe una creciente preocupación en medios jurídicos españoles por el desarrollo del macrojuicio 18/98 en la Audiencia Nacional. Cuanto más avanza, más patentes se van haciendo las enormes chapuzas en que incurrió Baltasar Garzón durante la instrucción del sumario y más clara queda la arbitrariedad y la hostilidad con las que actúa la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que no se corta un pelo a la hora de coartar el derecho de defensa.

La preocupación de los juristas a los que hago mención no tiene nada que ver con ninguna actitud de respeto —y menos aún de simpatía— hacia los procesados. Al contrario. Lo que les preocupa es que el cúmulo de irregularidades que están salpicando el proceso llegue a obligar a las instancias superiores que lo revisen a declarar su nulidad, colocando a la Audiencia Nacional en una situación de ridículo difícilmente superable.

La culpa inicial la tiene, desde luego, Baltasar Garzón. Por dos razones principales: una de doctrina y otra de procedimiento.

La doctrinal se deriva de su empeño en considerar que todo aquello —y todo aquel— que quepa relacionar, así sea de modo muy indirecto, con ETA o con los propósitos políticos de ETA puede ser acusado de pertenencia o al menos de colaboración con banda armada. Es cierto que ese criterio ha llegado a contaminar con el paso de los años también no pocas resoluciones del Supremo y del Constitucional, pero nunca con la alegría —con la frivolidad— con la que Garzón recurrió a él durante la instrucción de este sumario, en el que están acusadas de colaboración con ETA personas que ni siquiera simpatizan con la causa nacionalista.

Los errores procedimentales que pueden dar al traste con este sumario y con el juicio que se basa en él se derivan, primera y principalmente, de la obsesión de Garzón por montar macrosumarios. No es la primera vez que ha dado muestra de su empeño por unir todo lo unible y más dentro del mismo sumario, dando lugar a causas que se convierten en físicamente inabarcables. Lo ha hecho en varias ocasiones y siempre con resultados nefastos para él, puesto que los juicios llevados finalmente a cabo han desautorizado una y otra vez su trabajo como instructor. Pero su vanidad es más poderosa que su sentido del ridículo y no sabe renunciar a la notoriedad que le proporcionan esos procedimientos espectaculares, tan de juez estrella. Tanto junta, y lo junta con tan poco rigor en los métodos y tan escaso fundamento en el acopio de pruebas, que los tribunales que acaban por juzgar a los acusados se ven con frecuencia en la imposibilidad de fundamentar las sentencias, incluso cuando no tienen demasiadas dudas sobre la culpabilidad de los imputados (fue el caso del célebre juicio por la llamada Operación Nécora).

La vista de este juicio se está situando a la altura de la instrucción. El comportamiento de la presidenta del tribunal —hasta su manera de expresarse— es insólito. No tiene nada de extraño que el propio Consejo General de la Abogacía haya creído necesario otorgar su amparo a las defensas, a las que no se les está permitiendo ejercer su labor con las necesarias garantías.

En contra de los juristas a los que aludía al principio de este apunte, yo no sólo no estoy preocupado por las irregularidades de este proceso, sino que fío en ellas para que se vaya al traste con todas las de la ley. Es un obstáculo para el apaciguamiento de la vida política en Euskadi. Cuanto antes desaparezca del mapa, mejor.

Javier Ortiz. Apuntes del Natural (12 de enero de 2006).

Las declaraciones de los principales jefes del PP —en particular las del inefable Eduardo Zaplana, siempre capaz de superarse a sí mismo— no dejan lugar a dudas: están encantados con el teniente general Mena y con su apelación al artículo 8º de la Constitución. Y se entiende que así sea: es éste un momento excelente para que se vea el apoyo que les presta su primo el de Zumosol. (*)

Lo que está mucho menos claro es lo que piensa el PSOE, si es que piensa algo de manera unificada. De creer lo que me dicen mis fuentes, cercanas a la de Neptuno (**), el ambiente en el partido del Gobierno está más que enrarecido. Va desde los que mandarían al teniente general Mena directamente a hacer puñetas, por metete, a los que creen que, si bien se mira, les ha prestado un servicio, porque concede al Gobierno una baza psicológica frente a las pretensiones autonomistas catalanas.

Zapatero corre de los unos a los otros templando gaitas, expresión que en ocasiones cobra un sentido casi literal, porque de Galicia le vienen algunas de las voces reticentes más llamativas. No me refiero sólo al siempre impertinente alcalde coruñés, Francisco Vázquez, sino incluso al propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, quien ayer dijo que «Cataluña y el PSC tendrán que entender hasta dónde puede llegar el resto de España», como si al «resto de España» le supusiera alguna merma o perjuicio que los catalanes ejerzan sus derechos nacionales y como si esos derechos fueran una concesión que «el resto de España» les hace.

No sólo en Galicia. Son muchos los que forman el coro del descontento interno socialista. En Extremadura, en Murcia, en Castilla-La Mancha, con su ministro de Defensa al frente, e incluso en Andalucía, cuyo presidente es también presidente del PSOE, e incluso en la propia organización de Madrid, de la que, así fuera tan sólo por su proximidad física, cabría esperar más comprensión hacia el presidente del Gobierno. Joaquín Leguina, que rivaliza con Rodríguez Ibarra en todo, no sólo en infartos, ya ha declarado, con gran regocijo del PP, que está del PSC hasta las narices.

A decir verdad, no le arriendo la ganancia a Zapatero. En el ágape de notables socialistas que tuvieron ayer —presidentes autonómicos, responsables del aparato y algún adherido más, como el propio Francisco Vázquez—, el madrileño Rafael Simancas, especialista en éxitos electorales, le preguntó qué pasaría si fracasara la tramitación parlamentaria del Estatut. Y Zapatero tuvo la santa jeró de contestarle, según cuenta hoy El País: «Si no hay Estatuto, no pasa nada». Al poco lo «matizó», añadiendo que no sería nada fácil asumir el coste de una ruptura de la negociación.

Y tanto que no. Quédate en medio de la hostilidad del españolismo militante, convenientemente atizado por el PP y la milicia, y del cabreo del electorado catalán, que viene a ser algo así como el 15% del total, y ya verás qué bien te rompes la crisma en las siguientes elecciones.

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(*) Nótese el valor que muestran los altos mandos de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, autoras, entre otras gestas recientes no menos admirables, de la que devolvió al seno de la Madre Patria el islote de Perejil. Es gente que sólo se arriesga cuando está a punto de pasar a la reserva, como Mena, o cuando ya está retirada, como los firmantes del panfleto de La Razón. Si el Gobierno de Madrid no fuera el que es, tomaría con ellos resoluciones sancionadoras más estrictas, como la de retirarles las prebendas y medallas pensionadas de las que gozan y dejarles con el retiro liso y llano que cobran los profesionales de otras ramas... (iba a escribir «...de la producción», pero es obvio que no hace al caso).

(**) Para quienes no conozcan Madrid: la fuente de Neptuno está muy cerca del Congreso de los Diputados.

Cuando oí el ya célebre discurso sevillano del teniente general Mena, en el que invocó el artículo 8º de la Constitución como posible instrumento contra el nuevo Estatuto de Cataluña, sentí por un momento que me habían retrotraído a los años 80.

¿Una intervención de las Fuerzas Armadas para reconducir la situación política? Absurdo. Extemporáneo.

Lo es, por supuesto. En la Europa actual —en la Europa de la Unión Europea—, los ejércitos no asumen responsabilidades políticas que no les sean solicitadas por los poderes electos. Por muchas razones, pero sobre todo por una, eminentemente práctica: si el Ejército de un Estado de la UE decidiera usurpar las funciones del Gobierno, se encontraría de inmediato en una situación insostenible.

Es una reflexión tan de cajón que, según la hice, la siguiente conclusión a la que llegué es que también tenía que habérsela hecho el teniente general Mena. No sólo él: igualmente quienes le hubieran animado a escribir y leer —o le hubieran escrito para que leyera— tan singular arenga.

Lo cual me condujo a concluir, por pura lógica, que la amenaza contenida en el discurso del teniente general perseguía fines mucho más corrientes y molientes. Que lo que buscaba era introducir un elemento de presión —de miedo— en las negociaciones sobre el Estatut y poner sobre la mesa el viejo «ruido de sables», que tanto contribuyó durante la Transición a morigerar las reivindicaciones de los representantes de la izquierda y de los nacionalismos periféricos. Resucitar ese fantasma que tan útil le ha sido siempre a la derecha.

A partir de ahí, los siguientes pasos de la reflexión parecían venir ya dados. Si de buscar el inspirador o inspiradores del asunto se trataba, no había sino que formular la vieja pregunta que los latinos se planteaban en la investigación de cualquier crimen: Cui prodest? (*) ¿A quién beneficia?

El problema es que, en este asunto, los posibles beneficiarios son demasiados.

Está, por supuesto, el PP, que apenas ha acertado a ocultar su regocijo por las palabras del teniente general. Incluido el propio Rajoy, que ha reclamado que nos preguntemos por qué razones han podido producirse. (¿Cómo no se le ha ocurrido responderse él mismo: «Porque hay tenientes generales que no respetan la disciplina»?)

Está el PP, sí. Pero no sólo. Porque, si bien se mira, el incidente también beneficia al sector más españolista del propio PSOE, que afronta con franca aversión el proyecto estatutario catalán. Un sector en el que —¡si seré mal pensado!— ocupa un lugar preferente el ministro de Defensa, José Bono.

Nota de edición: Javier publicó una columna del mismo título en El Mundo: Golpe a golpe.

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(*) El aforismo se atribuye a un severo juez romano, Cassio Longino, que sostenía que el planteamiento de esa pregunta era el modo más seguro de encontrar a los autores de los crímenes. Algunos malos estudiantes de latín —varios afamados periodistas españoles entre ellos— escriben Qui prodest?, confundiendo el nominativo con el dativo.

Tras el macropuente de la Inmaculada Constitución, hace un mes, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, se ufanó públicamente del descenso de víctimas mortales registrado durante ese breve periodo de vacaciones con respecto a las contabilizadas el año anterior. Atribuyó tal evolución positiva —entre otros factores, pero de modo muy enfático— a la eficacia de las campañas publicitarias oficiales.

Como quiera que estoy firmemente persuadido de que las campañas de ese género no sirven para nada, aquellas declaraciones del ministro me dejaron con la mosca detrás de la oreja.

Hoy leo los datos sobre las muertes en accidente contabilizadas en las carreteras españolas durante las vacaciones navideñas recién concluidas: 32 más que en 2005 (*). ¿Qué habrá sido de la tan eficaz publicidad de la DGT?

Las autoridades del ramo están avanzando ya algunos elementos de explicación. Dicen, en particular, que en 2005 hizo tan mal tiempo que mucha gente renunció a viajar en coche, cosa que no ha sucedido este año. Puede ser. Pero ¿por qué el ministro se atribuye méritos cuando los datos son favorables y se lava las manos cuando resultan negativos?

Es verdad que en los últimos años se está produciendo un cierto descenso de la siniestralidad en las carreteras españolas. Se debe, en lo esencial, a la mejora de la red viaria y a la modernización del parque automovilístico. Los coches actuales no sólo son mejores y más seguros, sino que incluyen en creciente proporción elementos que fuerzan a los conductores a comportarse de manera más civilizada (a atarse el cinturón de seguridad, a hacer pausas de reposo cada tantos kilómetros, etc.). ¿Ha contribuido la DGT de algún modo a esa discreta evolución positiva? Cabría discutirlo. En todo caso, si lo ha hecho no ha sido a través de sus anuncios televisivos. No es que sus spots sean malos; es que la naturaleza humana no se cambia con publicidad. Durante estas vacaciones he recorrido más de 2.000 kilómetros. He visto hasta el aburrimiento las mismas imprudencias de siempre: a los mismos capullos de siempre pegándose al coche precedente para obligar a su conductor a dejarles adelantar, a la misma cantidad de bobos con su telefonito móvil pegado a su orejita boba, a los mismos utilitarios lanzados a 170 kilómetros por hora... ¿Será gente que no ve la televisión? Seguro que no. Es gente impermeable a los anuncios con mensaje. (**)

Los datos objetivos refuerzan mi convicción: el Ministerio del Interior se gasta todos los años un pastón en publicidad, aparentemente destinada a sembrar la carretera de conductores sensatos pero sin más objetivo real que el de cubrirse las espaldas dando la sensación de que hace algo. Para disimular que forma parte de un Gobierno que fomenta el transporte individual, que mima la industria del automóvil y que no procura la mejora del transporte público como alternativa eficaz a la hora de los desplazamientos largos.

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(*) Los datos abarcan hasta las 20:00 horas del domingo 8. No incluyen, por tanto, las muertes que se produjeran desde las 20:00 hasta las 24:00. Conviene recordar igualmente que la estadística oficial sólo reconoce como muertes de tráfico las que se producen en las 24 horas posteriores al siniestro. A quienes tardan más en morir se les deja fuera del cómputo.

(**) A lo que no creo que sea insensible es a los palos. Y a lo mejor se los dan, a la larga. No descarto la posibilidad de que las carreteras hayan estado estas Navidades llenas de coches de la Guardia Civil de Tráfico sacando fotos de todos esos desmanes para poner muchas multas dentro de dos o tres meses. Pero, en todo caso, si estaban allí lo hacían desde la más estricta clandestinidad. Apenas he visto en todo mi largo recorrido ni motoristas ni coches patrulla, cuya presencia —ésa sí— tiene un efecto disuasorio fulminante.   

Conversé ayer con Joan Botella i Corral, uno de los principales responsables del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), tan en el centro de tantas polémicas durante las últimas semanas. Persona apacible y sensata, estuve de acuerdo con él en no pocos puntos. Uno, clave, es que, si la concesión de licencias para la puesta en marcha de emisoras de radio y televisión es competencia de la Administración, a ella corresponde también vigilar que las empresas que han recibido el permiso correspondiente se atengan a las condiciones exigidas. Tampoco le negué que hay determinadas ocasiones en las que el organismo administrativo correspondiente —el CAC, en el caso de Cataluña— puede verse en la obligación de intervenir de manera cautelar, ante la imposibilidad de que los órganos de Justicia actúen a tiempo para evitar un determinado mal. Nos pusimos en la hipótesis de que un canal de televisión emitiera a media mañana una serie de contenidos aparatosamente racistas. O una campaña publicitaria extremadamente machista. (Otro contertulio, Mariano Ferrer, apuntó que para poner coto a eso ya están los tribunales. Y así debería ser, si la Justicia funcionara en España como es debido. Pero, con la lentitud que la caracteriza, es poco probable que actuara antes de que la serie de TV o la campaña publicitaria llegaran a su fin.)

En lo que no pude estar de acuerdo con Joan Botella de ningún modo fue en su empeño en que la Administración debe velar por la veracidad de la información. Porque la idea misma de «veracidad» arrastra con demasiada frecuencia demasiados elementos subjetivos. Él puso un ejemplo: «Si alguien dice que el Estatut obliga a los ciudadanos de Cataluña a hablar en catalán, miente. Porque no es verdad que lo haga». Le respondí que yo también considero que una afirmación como ésa no se ajusta a la verdad, pero que puede haber quien piense que el Estatut otorga a la lengua catalana un trato tan favorable que, en la práctica, la convierte en obligatoria. Con lo cual, si dice tal cosa, no cabe acusarle de estar mintiendo deliberadamente. Es su modo de ver la realidad. Como decía Groucho Marx: «Es una opinión. Una opinión imbécil, pero una opinión».

Acabada la conversación con Joan Botella, estuve repasando la prensa del día. Y me encontré con varios ejemplos ilustrativos. Este titular, por ejemplo: «El Gobierno destituirá al general de Sevilla por reprobar el Estatuto catalán». En rigor, es una información falsa. El Gobierno no pensó en destituirle —y no lo ha hecho— por reprobar el Estatut, sino por meterse a impartir doctrina política —aparatosa doctrina política— saltándose los límites de sus funciones.

Otro titular: «La segunda oportunidad de un maltratador». Y de subtítulo: «El preso que mató a su ex mujer en Palma había sido detenido por amenazar a una pareja anterior». Se trata de otra información errónea: el individuo fue detenido en tiempos por amenazar a una mujer (detenido, que no juzgado, ni condenado, que se sepa) pero, en todo caso, ahora no se encontraba en la cárcel por maltratador, sino por ladrón. Para que pudiera hablarse de «la segunda oportunidad de un maltratador», el homicida tendría que estar cumpliendo condena por malos tratos, no por robo.

Este tipo de informaciones equívocas es más nocivo todavía, porque incide en el tópico reaccionario según el cual Instituciones Penitenciaras concede permisos cada dos por tres a presos maltratadores. Y éste, desde luego, no es el caso.

He puesto este par de ejemplos tan sólo porque los tenía a mano. Cabría meter el bisturí con idéntico rigor en cualquier otro periódico, o en cualquier informativo de radio o de televisión. Otros podrían hacerlo, supongo, con lo que yo escribo. La veracidad y la falsedad tienen a menudo fronteras muy difusas. La realidad es interpretable.

Mi criterio general es que, cuantos menos organismos con capacidad de represión haya, mejor. Porque la experiencia demuestra que, por loables que sean las causas para las que son creados, a la larga siempre acaban sirviendo a los poderosos contra los débiles.

Nota de edición: Javier publicó una columna del mismo título en El Mundo: La información veraz.

La alusión al papel de las Fuerzas Armadas como defensoras de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional de España, realizada ayer por José Mena Aguado, teniente general de Sevilla, en el discurso que pronunció en la capital andaluza con motivo de la Pascua militar, ha levantado una enorme polvareda y, según todas las trazas, va a costarle su puesto de jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. Mena aludió a esa atribución de funciones que figura en el artículo 8º de la Constitución tras referirse al Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlament, que contiene, según él, aspectos inadmisibles para la milicia. (*)

La propuesta de su destitución ha partido del propio jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán. Dicen que se le acusará de haber violado las ordenanzas que prohíben a los militares hacer manifestaciones de índole política.

Parece fuera de toda duda que a Mena Aguado, que tiene 63 años y se prepara para pasar a la reserva dentro de dos meses, no se le calentó la boca, sino que midió bien sus palabras, consciente de los efectos que tendrían sobre la llamada «clase política», claro está, pero también sobre no pocos de sus compañeros de armas. Y lo cierto es que, si su intervención puede ser tildada de extemporánea e impropia de un alto mando castrense, de lo que de ningún modo cabe tacharla es de inconstitucional. Se atiene no sólo a la letra, sino también al espíritu del artículo 8º de la Constitución.

Quienes fueron testigos en su momento de cómo hizo su entrada ese artículo en el texto constitucional recuerdan que llegó de la mano de un conocido diputado de la derecha, que lo presentó con mucha solemnidad y dijo, sobre poco más o menos: «Aquí está este artículo, que viene de donde os podéis imaginar. Su redacción es innegociable». Y se introdujo tal cual.

Ese artículo es un auténtico desastre, porque atribuye a las Fuerzas Armadas un papel arbitral de primerísima magnitud, sin fijar de ningún modo en qué condiciones y por decisión de quién habría de ejercerlo. Tal como está redactado, nada impide interpretar que corresponde a las propias Fuerzas Armadas la facultad de dictaminar cuándo está en peligro «la integridad territorial de España», es decir, cuando ha de cumplir con su deber interviniendo para defenderla.

No se redactó así por casualidad, sino precisamente para dejar abierta esa puerta a la indeterminación.

Estoy seguro de que el teniente general Mena Aguado, que no es un chiflado de tres al cuarto, ha creído que al lanzar públicamente esa advertencia se hacía intérprete de un sentimiento extenso dentro de las Fuerzas Armadas. No me creo que haya realmente en estos momentos mandos militares que se planteen siquiera la hipótesis de un golpe de Estado —algo que en las actuales condiciones locales e internacionales resulta verdaderamente impensable—, pero sí me creo, y me encaja bien, que hayan pensado que una cierta presencia tutelar del artículo 8º en el debate sobre el Estatut podría contribuir a reenderezarlo en el sentido que les conviene.

Tampoco me extrañaría nada —nada de nada— que ciertos elementos del PP hayan puesto en circulación la idea de que una apelación de ese estilo al artículo 8º podría resultar muy «patriótica» y conveniente.

Javier Ortiz. Apuntes del Natural (7 de enero de 2006).

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(*) Esto fue lo que dijo exactamente: «Siempre he recalcado que los militares no debemos entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente corresponden a los políticos. Ahora bien, es nuestra obligación alertar de las graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña en los términos que está planteado». A continuación, recalcó los tres puntos que «son verdaderamente preocupantes» para la milicia: el término de nación, la lengua y la justicia. Y añadió: «Si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos, afortunadamente, parece impensable, sería de aplicación el artículo 8º de la Constitución».

El PP ha reclamado del consejero vasco de Interior que prohíba el acto que Batasuna tiene previsto realizar el próximo 21 en Barakaldo, en el Bilbao Exhibition Center (que tiene bemoles el nombrecito, por cierto). Pretende Batasuna en esa asamblea clausurar el proceso de debate Bide Eginez, puesto en marcha desde hace meses.

El PP alega que Batasuna es un partido ilegal y que, por lo tanto, no puede ejercer el derecho de reunión. El consejero de Interior, Javier Balza, le ha respondido criticado el empeño que pone en privar a una parte de la ciudadanía vasca de sus derechos civiles.

Es obvio que el PP trata de encontrarle las cosquillas al consejero de Interior. Si tiene noticia de la próxima comisión de lo que considera un acto ilegal, ¿por qué no se ha dirigido directamente al juzgado de guardia? Todos recordamos que el consejero de Interior prohibió en cierta ocasión una manifestación de la izquierda abertzale y que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le enmendó la plana, autorizándola. Si la última decisión corresponde a los tribunales, acuda a ellos.

El PP apela a una situación jurídica de hecho —la ilegalización de Batasuna— para oponerse a un proceso político, que va a desembocar, según todas las trazas, en el compromiso de la izquierda abertzale con las vías de lucha exclusivamente políticas. Dicen los de Rajoy: «La ley es la ley, y hay que cumplirla». Sin embargo, nunca les he oído criticar que, en los comienzos de la Transición, Suárez permitiera la actuación pública de partidos que eran todavía ilegales, incluido el PSOE. Al contrario: siempre se han sumado a las alabanzas que recibió el entonces presidente del Gobierno por su moderación y su flexibilidad. La ley es la ley, sí, pero la ley de asociaciones de entonces, como la ley de partidos políticos de ahora, era aberrante y dificultaba la marcha de la realidad política en un sentido positivo. No es la realidad la que debe amoldarse a la ley; es la ley la que debe ajustarse a la realidad.

Lo que les sucede a los del PP es que no quieren que la izquierda abertzale emprenda un camino que desemboque en el fin definitivo de la violencia de ETA. No hay más que ver las reacciones de incomodidad y desconcierto con las que afrontan la semi-tregua actual. Si ya con esto, que es cuarto y mitad de paz, no saben qué hacer, y constatan que sus posiciones de ferocidad impostada no encuentran eco ni siquiera en muchos de sus anteriores votantes vascos, ¿adónde podrían ir a parar si se produjera un cese completo de la violencia?  

Durante años, el PP ha sido en Euskadi un partido tan monotemático como negativo. Nunca ha presentado ninguna propuesta sobre cómo hacer nada. Le bastaba con el no por sistema. Y con relacionarlo todo con lo mismo: la perversidad nacionalista, base del terrorismo de ETA. Ahora siente —si es que no sabe— que, como se vea privado de ese referente constante, de ese perpetuo norte de su brújula, estará perdido. Por eso hace todo lo posible por impedir, o al menos retrasar, el fin de ETA.

Lo tiene mejor el PSE-PSOE, principal beneficiario de la crisis del PP vasco. Pero tampoco está libre de bretes. Uno, e importante, lo tiene delante de las narices: ¿cómo justificar que, para favorecer la resolución de los problemas, se abstiene ahora de reclamar la aplicación de una ley —la de partidos— que él mismo impulsó como pieza esencial, según él, precisamente para la resolución de los problemas? Porque el caso es que el PSE-PSOE no parece tener ninguna intención de pedir que se prohíba el acto de Batasuna en Barakaldo.

Más le valdría asumir que metió el cuezo bien metido y, así sea alegando que «los tiempos han cambiado», avenirse a la derogación de aquella bochornosa ley ad hoc y favorecer la relegalización de Batasuna.