Apuntes del Natural

Mariano Rajoy ha anunciado que el PP va a recoger firmas para que se celebre en toda España un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, dado que es un asunto «que afecta a todos los españoles». Según dijo ayer el presidente del PP, él no vería mal la posibilidad de que la consulta que propone se celebrara el mismo día que el referéndum catalán. Aclaró que la vía que piensa seguir para lograr la convocatoria de ese referéndum que se le ha ocurrido es la de la iniciativa popular, prevista en el artículo 87.3 de la Constitución.

Es difícil imaginar una propuesta más descabellada y menos conforme con la propia Constitución.

Para empezar, el mencionado artículo 87.3 deja claro que «no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributaria o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia». Dado que las leyes que recogen los estatutos de autonomía tienen carácter de orgánicas, la idea de Rajoy es directamente impracticable. A media tarde, la oficina de Prensa del PP «aclaró» que Rajoy se refería a una proposición no de ley. Pero el artículo 87.3 está precisamente para dar cauce a proposiciones de ley. Juntar más de 500.000 firmas para hacer una mera sugerencia es, literalmente, del género bobo. 

No es menos peregrina la ocurrencia de realizar ese referéndum a la vez que el catalán. El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1980 sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum prohíbe realizar referendos dentro del plazo comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración «de elecciones parlamentarias o locales generales o de mero referéndum». No pueden convocarse desde tres meses antes hasta tres meses después de que se celebre el otro. ¡Como para hacerlos coincidir!

Se me hace muy cuesta arriba imaginar que nadie en el PP se haya tomado el trabajo de consultar los textos legales vigentes para examinar la viabilidad de la iniciativa de Rajoy. La dirección del PP tiene muchas y muy llamativas carencias, pero de leguleyos anda sobrada. Si hubieran aquilatado el planteamiento con algún reposo y con un mínimo de seriedad, alguien habría informado al presidente del partido que su gran idea es un disparate. En esas condiciones, no queda más remedio que concluir que Rajoy ha hecho esa propuesta de referéndum imposible sin pensárselo dos veces, fascinado por las posibilidades de armar jaleo que prometía. Se ve que pensó que, como su propuesta sería rechazada de todas todas,  eso le concedería la oportunidad de clamar que Zapatero no quiere saber qué piensa la ciudadanía española. Porque el objetivo esencial que persigue en estos momentos es ése: armar gresca. Cuanta más, mejor. 

Estoy seguro de que sus seguidores incondicionales no perderán la oportunidad de aplaudir la idea, sin detenerse ni poco ni mucho en lo que dictan la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980. Y tan contentos.

No parecen hacerse cargo de que ese estilo pendenciero, broncas, no cae nada bien en muy amplios sectores de la propia ciudadanía española. Los sondeos realizados al respecto en las últimas semanas evidencian que la popularidad de Rajoy no avanza, pese a haber apretado el acelerador hasta el fondo. A la vez, se traslucen algunos casos de fuerte disenso interno, como el protagonizado por Josep Piqué, al que Acebes ordenó anteayer callar de malos modos.

Están haciendo una política que sirve para conseguir un alto grado de movilización interna y de excitación de los previamente convencidos y proclives, pero muy poco adecuada para ampliar su base social, que es lo que necesitan para acudir con posibilidades de éxito a la próxima contienda electoral. Si siguen así, como no se las arregle Zapatero para perder solo –cosa nada imposible–, lo van a tener francamente mal.

Javier Ortiz. Apuntes del Natural (25 de enero de 2006).

Durán Lleida no tardó mucho en confirmar ayer lo avanzado pocas horas antes en estos Apuntes: que si CiU selló con Zapatero el pasado fin de semana un pacto bilateral sobre el Estatut en condiciones bastante favorables para el presidente del Gobierno es, en no poca medida, porque quiere convencerle de que le iría mejor gobernando con ellos, tanto en Barcelona como en Madrid, que haciéndolo con ERC.

Tampoco hacía falta ser adivino para verlo venir.

Los dirigentes de CiU han estado jugando durante estos últimos meses a nacionalistas puros y duros, criticando a ERC por haberse aliado «con un partido español», lo que suponía —decían— «hipotecar los intereses de Cataluña». A quienes hemos seguido la larga trayectoria de chalaneos constantes del pujolismo con los gobiernos de Madrid, fueran del PSOE o del PP, ese subidón de intransigencia nacionalista nos hacía más gracia que otra cosa. Ahora muestran su otra cara, la de siempre: ellos ocupan «la centralidad», igual que el PSOE –dice Durán—, de modo que deberían trabajar en familia, como buenos primos hermanos. Incluso especulan con la posibilidad de entrar en el Gobierno de Zapatero.

¿Se lo creen? No mucho. Les conviene dar esa imagen, para que se vea que pueden estar a las duras y a las maduras. Que no renuncian a ninguna hipótesis de trabajo. Es la ventaja que tienen los que carecen de principios: el campo de posibilidades se les amplía hasta el infinito.

Los portavoces de Zapatero responden que el pacto del fin de semana no debe entenderse como el avance de ninguna política de alianzas nueva, ni en Madrid ni en Cataluña.

Ellos también juegan con dos barajas. Coquetean con CiU para que ERC vea que no es imprescindible y se dé cuenta de que, si se empeña en pedir demasiado, puede quedarse fuera de juego. Pero no tienen intención de quebrar el tripartito, que les viene bien para ofrecer una imagen de izquierda —Maragall no tendría fácil vender a los suyos una alianza con CiU—, para embridar a IU en el Parlamento de Madrid y para dar juego a Patxi López en Euskadi, entre otras operaciones multiusos.

ERC está en las mismas, a su modo. No puede dar por bueno, sin más, el pacto PSOE-CiU, porque sería tanto como decir que ha estado durante meses dando la vara para nada y porque no puede permitir que Mas ejerza en exclusiva la representación del nacionalismo catalán ante el Estado. Pero no veo cómo podría llevar su rechazo del acuerdo hasta el final sin torpedear el tripartito. Carod se ve en la obligación de jugar, él también, con dos barajas. Y con una de ellas apostar fuerte, para conseguir que el nuevo Estatut lleve su impronta al menos en algunos puntos de importancia, y con la otra jugar a la baja, porque le interesa muy mucho conservar las parcelas de poder que ERC ha obtenido gracias a su presencia en el tripartito.

El único que no juega con dos barajas, porque ni siquiera juega a este juego, es el PP. A Piqué se le ocurrió coger cartas, para ver si había modo de meter baza, y en cosa de nada salió Acebes desautorizándolo y diciéndole que ni se le ocurra. Su juego es otro.

Pocas horas antes de que se abrieran las urnas del referéndum sobre la OTAN, allá por 1986, Televisión Española regaló al entonces jefe de Gobierno, Felipe González, una amabilísima entrevista en la que el máximo defensor del Sí pudo explayarse a sus anchas, sin miedo a que nadie la planteara ninguna pregunta incómoda (empezando por la más elemental: con qué derecho se autoconcedía  aquella entrevista de cierre de campaña).

Entre otros muchos argumentos más o menos peregrinos a favor del Sí en el referéndum, González dejó caer aquella noche una maldad que no me extrañaría que calara en el espíritu de bastante gente, porque no tenía nada de tonta. Empezó por dejar claro que, si el No triunfaba en la consulta, él presentaría su dimisión. Y preguntó a continuación: «En tal caso, ¿quién administrará el No?»

La pregunta tenía sentido, porque la campaña en pro del abandono de la OTAN había sido llevada adelante por un abigarrado conjunto de fuerzas políticas y sociales que no estaban en condiciones de convertirse en alternativa de Gobierno. Lo que González estaba diciendo a la ciudadanía llevaba implícito un mensaje muy claro: «Da igual que estéis más o menos en contra de la OTAN. Lo decisivo es que con ésos no vais a ningún lado.»

Y aquello pesó en el voto de bastante gente de orden, que pensó que, en efecto, el triunfo del No abría demasiadas puertas a la incertidumbre. (A otros lo que más nos preocupaba en aquel momento era la certidumbre de lo que se nos venía encima. Pero pintábamos mucho menos.)

Me hice consciente entonces, y sigo siéndolo, del problema que supone eso que he llamado «administrar el No», pero que sería más adecuado llamar «administrar el No victorioso», porque, cuando el No pierde, se administra muy fácil.

El problema que han encarado estos días el tripartito y CiU es que, en caso de decir que no a la oferta «definitiva» del Gobierno de Zapatero, tendrían que administrar el No, es decir, apechugar con la responsabilidad de lo que sucediera a continuación, incluyendo el declive político del propio Zapatero y el inevitable ascenso en la política española de las opciones más agresivamente centralistas. El PSC desde luego, pero también ICV y CiU, han preferido pagar un tributo muy considerable permitiendo rebajas de mucho peso en sus aspiraciones nacionales para no verse en el trance de empujar a Zapatero hacia el abismo.

El juego de ERC es diferente, porque puede plantearse —puede: no creo que lo haga— decir que no al pacto PSOE-CiU sin tener que responder de las consecuencias, porque el Estatut no necesita de su concurso para seguir adelante.

Aunque habría que ver si en esas condiciones podría mantenerse el tripartito.

Ya digo: es un asunto muy peliagudo éste de administrar los noes. Salvo cuando quien lo hace está en la posición en la que yo me he encontrado siempre, o sea, la de quien no pinta nada y tanto da lo que diga.

No recuerdo quién dijo aquello de que «Napoleón era un loco que se creía Napoleón». Al margen de que acertara más o menos, la idea no tenía en principio nada de tonta: es verdad que hay gente, muy especialmente en las cumbres de la política, que tiende irresistiblemente a creerse ungida de las virtudes que le atribuyen sus allegados y que acaba sustituyendo su propia personalidad por la del personaje más o menos carismático que quienes la rodean han ido creando a partir de él. 

Aquilaté hasta qué extremos puede llegar esa singular variante humana siguiendo la trayectoria de José María Aznar. Cuando lo conocí, me dije: «He aquí un hombre cuya ausencia de brillantez es tan evidente que hasta él tiene que percibirla. Eso lo protegerá de cualquier delirio de grandeza». ¡Ingenuo de mí! Tras vivir un par de años en La Moncloa rodeado de una nube de aduladores, también él pasó a considerarse genial, providencial y astutísimo. Se le notó de inmediato, cuando adoptó el aire fatuo y el habla engolada que él debe de considerar propios de un gran líder mundial y que le acompañan desde entonces.

Algo parecido va camino de sucederle a Mariano Rajoy. En tiempos lo traté algo (no mucho: compartí con él un par de comidas con pocos comensales). La impresión que saqué de su persona me fue ratificada luego por personas que lo conocen de antiguo. Me pareció un hombre templado, poco dado a los aspavientos, escasamente fanatizado, reflexivo, incluso dubitativo. Alguien que colaboró con él en sus primeros años de militancia en Galicia me dijo: «Mariano es un excelente segundo. Si alguien marca la línea, él la aplica de manera inteligente y concienzuda. Pero no le pidas que sea él quien decida por dónde hay que ir. No vale para líder.»

¿Qué relación hay entre ese personaje y ese otro al que vimos ayer en Valencia, vocinglero, demagogo, faltón y encantado de haberse conocido?  Me temo que, harto de oír que en su partido mandaban todos –en particular Acebes y Zaplana– menos él, empujado por los muchos que han tratado de convencerle de que él es el mejor, Rajoy se ha puesto a representar el papel de Aznar-bis. Y que, poco a poco, se está creyendo que ése es su verdadero ser. De seguir así –y no veo por qué iba a dejar de hacerlo– dentro de nada habrá perdido contacto con aquel otro Rajoy (que era, dicho sea de paso, infinitamente más agradable que éste).

Rodríguez Zapatero está siguiendo un proceso del mismo tipo, aunque de consecuencias –de momento– menos perniciosas para el progreso social. Zapatero llegó a la Secretaría General del PSOE no por lo que era, sino por lo que no era. Fue seleccionado por quienes no querían bajo ningún concepto que ninguno de los candidatos previsibles alcanzara el cargo. Vieron en él un secretario general de circunstancias, cuya apariencia aguantaba en el escaparate y que podría ser mantenido en el cargo hasta encontrar alguien de verdadero peso que pudiera asumir con ciertas garantías el liderazgo del partido y oponerse al PP en condiciones. Porque daban por hecho que perdería las elecciones de 2004.

Pero las cosas sucedieron como sucedieron y, a partir de ese momento, Zapatero empezó a creérselo. Empezó a pensar que no es que el PP hubiera perdido; que él había ganado. E inició el proceso de solidificación de su nueva personalidad carismática. Se dijo a sí mismo que podía pasar a la Historia como el gobernante que supo crear un nuevo tipo de unidad nacional española, basada en la genial idea de la «nación de naciones» y, sobre todo, que él podía ser el encargado de celebrar las exequias fúnebres de ETA. (La evidencia de que es así es lo que ha soliviantado definitivamente a Felipe González, que no soporta la idea de que Zapatero pueda triunfar donde él fracasó y que por eso le está haciendo la puñeta todo lo que puede y un poco más.)

Así que ya vamos teniendo también a Zapatero convertido en un lunático que se cree Zapatero. Ahora ya sólo falta que haga algo que le merezca la pena creérselo.

Javier Ortiz. Apuntes del Natural (22 de enero de 2006).

Cuando Rodríguez Zapatero estaba en la oposición y trataba de hacer méritos para llegar algún día a La Moncloa, se presentaba como el mayor de los forofos del enfrentamiento constante con los nacionalistas vascos. No sólo defendía la persecución sistemática de Batasuna (si la memoria no me falla, la idea de sacar adelante la Ley de Partidos fue suya: él se la propuso al Gobierno de Aznar); también se mostraba favorable al aislamiento del PNV y EA (recuérdese que llegó a presumir de no haber hablado nunca «ni con Xabier Arzalluz ni con Fidel Castro», como si ambos formaran parte de una misma categoría —la de los apestados, imagino— y como si negarse a hablar con ellos aportara la prueba de algún mérito específico).

En aquel tiempo, cualquier observador exterior —como lo éramos casi todos—encontraba sobrados motivos para atribuir a Rodríguez Zapatero el más acendrado de los españolismos y la fe más ciega en la eficacia de los métodos policiales como vía para poner fin a ETA. A ello contribuía igualmente la constatación de que el PSOE, bajo su batuta, rivalizaba con el PP a la hora de propiciar el acceso a los tribunales clave del Estado (Supremo, Constitucional, Audiencia Nacional) de magistrados que participaban de esa doble seña de identidad: la hostilidad hacia los nacionalismos periféricos en general, y al vasco en particular, y la fe ciega en el empleo exclusivo de métodos policiales como vía para acabar con ETA.

Un conocido que tiene buenas líneas de contacto con el entorno de Zapatero me aportó hace pocos días una versión de aquella actuación del hoy presidente del Gobierno que me sorprendió, porque, de ajustarse a los hechos, obligaría a redibujar los perfiles del personaje. Me dijo que —eso ya lo suponía— a Zapatero no le faltaron quienes, desde su elección como secretario general del PSOE, en 2000, hasta las elecciones de 2004, trataron de hacerle ver que se estaba comprometiendo demasiado con opciones muy intransigentes en lo referente a la cuestión nacional y a la solución del conflicto vasco, y que además estaba contribuyendo a consolidar demasiado esas opciones, tanto en lo tocante a las leyes como en lo relativo a los órganos judiciales encargados de aplicarlas. Lo que me sorprendió es que dijera que Zapatero no quitaba la razón a quienes le señalaban ese problema. Se limitaba a responderles que estaba haciendo lo único que podía hacer si quería llegar algún día a la Presidencia del Gobierno, y añadía que tiempo habría, si lograba llegar a La Moncloa, para adoptar posiciones más dúctiles, más matizadas y más realistas en esos terrenos.

¿Será cierto que estaba en esa sintonía ya desde antes de marzo de 2004 o habrá actuado así sobre la marcha y porque no ha tenido más remedio? No lo sé. El hecho es que, en todo caso, una vez llegado a La Moncloa, ha tratado de poner en marcha una política sustancialmente diferente no sólo de la de Aznar, sino también de la que él mismo preconizó en sus tiempos de candidato.

Ha tratado de hacerlo, digo. Pero no ha conseguido pasar de los puros enunciados. Y es que sus iniciativas políticas durante el periodo 2000-2004 podrían tener todo lo que se quiera de argucia táctica, pero sus efectos no fueron nada ficticios. Dando coba a los principales medios de comunicación españoles y alimentando el pensamiento único que tienen en esas materias, contribuyó a solidificar una ideología granítica en buena parte de la sociedad española y a asentar un aparato legislativo y judicial consonante con esa ideología.

Ahora tanto la una como el otro se le oponen con la fuerza de un auténtico vendaval. Incluso su propio partido, salvando el PSC y algunas islas federalistas desperdigadas por aquí y por allá, está en contra de la orientación que pretende adoptar, y se la neutralizan. Está prácticamente solo, rodeado de un equipo de oportunistas correveidiles y de nulidades prácticas, sea por inexperiencia o por pura incapacidad.

Cabe dar giros de 180º sin partirse la crisma si se trata de ponerse a favor de corriente y de decir lo que la mayoría quiere oír. Mucho, muchísimo más complicado es hacerlo para ponerse a navegar contra corriente, sin ningún apoyo mediático digno de particular mención, sin cuadros que organicen a la tropa y sin tropa que organizar.

Ahora bien: si Zapatero se encuentra en esa situación, no podrá decir que no se lo ha ganado a pulso.

La Real Academia Española define así el valenciano: «Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia».

Singular técnica definitoria, la que aplicó en este caso la Academia. Empezó por dejar sentada la parte objetiva: el valenciano —estableció— es una variedad del catalán. Pero los autores del DRAE, que tienen muchos amigos en la derecha —en toda la derecha y, por lo tanto, también en la derecha valenciana—, no querían contrariarlos más de lo imprescindible. Así que añadieron ese postizo: «...(que) se siente allí comúnmente como lengua propia».

Por lo común, las definiciones no dan cuenta de las percepciones subjetivas que difieren del conocimiento académico. Pero a veces las conveniencias políticas propician la utilización de recursos balsámicos, por exóticos que resulten. Como éste.

El PSOE está tratando de hacer con el Estatut catalán lo mismo que el DRAE con la definición del valenciano. Quiere la dirección socialista que en la parte sustantiva del nuevo texto estatutario quede establecido que no hay más nación que la española, pero ofrece, a modo de paño caliente, añadir que hay «ciudadanos y ciudadanas catalanas» que «sienten a Cataluña como una nación». ¿Y qué pintan los sentimientos en un texto legal? Pues lo mismo que en la definición de una variante lingüística: nada. Nada que tenga trascendencia práctica, quiero decir. Sientan «comúnmente» en «el antiguo reino de Valencia» esto o lo otro, sientan «ciudadanos y ciudadanas catalanas» (sic) lo que tengan a bien, lo que fija la norma está, en ambos casos, clarísimo. Y va en contra de los sentimientos citados.

Si alguien cree que este parto de los montes es del gusto de Rodríguez Zapatero, se equivoca. Él estaba dispuesto a que el texto del nuevo Estatut definiera a Cataluña como nación. Le habría encantado llegar a un acuerdo basado en esa convención inasible y vaporosa que pretende que España es «una nación de naciones», cuya mayor ventaja es que parece decir mucho y no dice nada.

Pero le ha sido imposible. Está en el centro de una pinza tremenda: la que forman el PP, de un lado y, del otro, los llamados barones socialistas, que en este asunto cuentan con el respaldo de la mayor parte de la base militante del partido. Lo cual sería muy grave en todo caso, pero lo es aún más porque los unos y los otros cuentan con el respaldo de la totalidad de los grandes medios de comunicación españoles.

Se ha puesto en marcha en contra de Zapatero una maquinaria verdaderamente demoledora.

Desde Adolfo Suárez, no se había visto a un presidente de Gobierno español en una circunstancia semejante: acosado hasta la extenuación por la oposición y desasistido, cuando no boicoteado, por los suyos propios.

Mi duda es si lo tiene dificilísimo o simplemente imposible.

Nota de edición: Javier publicó una columna de igual título en El Mundo: Se siente.

Acusan a Rodríguez Zapatero de estar despertando «todos los fantasmas del pasado». Dicen que, cuando ya parecían superados todos los graves conflictos que fueron causa de agria polémica durante la Transición, Zapatero se las ha arreglado para que vuelvan a estar en el centro del escenario. Ponen como ejemplo las noticias más llamativas de la actualidad: los arrebatos nacional-católicos de la cúspide militar (que remiten a las viejas querencias golpistas de una parte del Ejército), los tiras y aflojas del Estatut (de nuevo las tensiones entre el poder central y los nacionalismos centrífugos), la asamblea de Batasuna convocada para el sábado (ETA y la cuestión vasca), las tensiones vividas en Salamanca a costa de la devolución de los archivos catalanes expoliados por los franquistas (sangran de nuevo las heridas de la Guerra Civil)...

Veamos.

Primera observación: el modo en el que esos problemas están volviendo a figurar en el orden del día no presenta, ni de lejos, los rasgos de dramatismo con que fueron vividos hace un cuarto de siglo. Ya sé que algunos pintan esas noticias con los tintes más apocalípticos —y son libres de hacerlo: la demagogia no está tipificada en el Código Penal— pero cualquiera con dos dedos de frente sabe, por ejemplo, que si ya en 1981 un golpe militar en España habría tenido un futuro más que limitado, ahora ni siquiera podría materializarse: el Ejército español no sólo no es ya el de Miláns y compañía, sino que, además, está demasiado implicado en estructuras supranacionales que no transigirían con una aventura de ese género. Otro ejemplo: es cierto que volvemos a hablar de ETA, pero ahora para ver cómo se facilita su desaparición; no, como hace 25 años, para hacer el recuento de los muertos de la semana.

Segunda observación, y aún más importante: si esos problemas han vuelto a surgir, así sea con bastante menos peligro de degenerar en violencia civil, es porque nunca fueron resueltos.

Los fantasmas del pasado no han despertado. No podrían: los fantasmas no existen. Lo que se está debatiendo ahora son problemas reales que los pactos y los miedos de la Transición —los pactos de algunos y los miedos de muchos— consiguieron sofocar, reprimir, silenciar. No resolver.

Se habla de la Guerra Civil. ¿Cómo puede darse por superado ese enfrentamiento histórico si lo que se hace es permitir que el bando faccioso siga conservando los privilegios y los signos externos de su victoria?

Se saca a relucir el Estatut. Pero todos sabemos que el invento del Estado de las Autonomías y del «café con leche para todos» fue un apaño de circunstancias al que se llegó no porque se considerara lo mejor, sino para que las fuerzas del recién desaparecido régimen franquista —no sólo las militares, aunque sí, sobre todo, las militares— no se decidieran a romper la baraja. Desaparecido aquel miedo, nada más lógico que el replanteamiento de lo que entonces no pudo resolverse.

¿El Ejército? Tras la intentona golpista del 23-F, González y Fraga se pusieron de acuerdo en apaciguar sus ansias intervencionistas propiciando la LOAPA. Eso no llevó a superar nada: fue dar carnaza a la fiera para mantenerla entretenida, a la espera de que se hiciera vieja y perdiera energía.

No; nada estaba superado. Sólo a la espera de que surgieran las condiciones en las que todo pudiera volver a debatirse sin presiones intolerables. Con muchas presiones, con presiones muy antipáticas y muy irritantes, pero sobrellevables.

La resolución adoptada anteayer por el juez Grande-Marlaska con relación a la asamblea de Batasuna prevista para el próximo sábado es jurídicamente discutible. ¿Cabe dictaminar la suspensión de actividades de un partido que, habiendo sido disuelto, carece de actividades legales que puedan quedar en suspenso, esto es,  interrumpidas de manera temporal? Él cree que sí. Con no menos fundamento puede sostenerse que no.

Grande-Marlaska sostiene que lo hace porque Batasuna sigue existiendo «de facto, al margen de la ley». Pero, de ser así, no le correspondería a él poner orden en esa situación, sino, en todo caso, al tribunal que ordenó la disolución del partido y cuya sentencia se incumple.

En todo caso, se diga lo que se diga de cara a la galería, todo el mundo sabe que el fondo de este asunto no es jurídico, sino político. De haber consenso al respecto entre el PSOE y el PP, las autoridades judiciales estarían actuando con el mismo espíritu de colaboración que mostraron, por ejemplo, durante el proceso de disolución de ETA político-militar. Pero en este caso no sólo no hay consenso, sino una verdadera batalla campal de por medio.

Ignoro si finalmente se celebrará la asamblea de Batasuna. Puede que sí. A sus militantes les basta con reunirse al otro lado de la frontera: recuérdese que en Francia no están fuera de la ley. También podrían darse cita en otro lugar, distinto y distante del BEC de Barakaldo, o hacerlo otro día. Es lo de menos.

La asamblea de Batasuna es sólo la anécdota. Si se ha montado tan aparatoso guirigay es por la importancia que este episodio tiene de cara al progreso o el retroceso de un proyecto que es clave para la carrera política de Rodríguez Zapatero. Todos sabemos, empezando por él mismo, que hay dos asuntos que son decisivos para que llegue a su siguiente cita con las urnas como vencedor o como fracasado: la puesta al día del sistema de organización territorial del Estado, con el Estatut catalán como mascarón de proa, y la pacificación de Euskadi, con el adiós a las armas de ETA. Si en ambos terrenos aparece como victorioso, logrará, para empezar —que no es poco—, el respaldo real de su propio partido, y luego el de las urnas. Si no sale muy bien parado del primero, pero sí del segundo, es posible que consiga aguantar el tipo. Pero si ambas apuestas le salen mal, entonces estará perdido sin remisión.

Afronta en este momento una opción decisiva. O vacila y retrocede, perdiendo un tiempo precioso, o tira para adelante y cruza su particular Rubicón: la Ley de Partidos. Si no toma la iniciativa y se decide a derogarla, estará dándose por derrotado de antemano.

Lo de menos es su carrera política. Lo que está en juego es decidir si nos espera un futuro digno de ese nombre o si estamos condenados a seguir siempre atados al pasado.

Nota de edición: Javier publicó una columna de igual título en El Mundo: El Rubicón de Zapatero.

No voy a insistir en «el tema del día» —la inminente ilegalización del acto convocado por Batasuna en el BEC— porque ya escribí hace días lo que pienso de ello, y tampoco es cosa de repetirme demasiado. A cambio, no he dicho nada todavía de algo que está siendo materia de polémica incluso dentro de los sectores políticamente más radicales (cosa que, dicho sea de paso, me parece preocupante). Me refiero al tan traído y llevado artículo «Manual del buen golpista», publicado el pasado 12 en Avui y firmado por Iu Forn, en el que se instaba a los militares a que, en caso de volver a entrar en Barcelona —en aplicación del artículo 8º de la Constitución, invocado por el teniente general Mena—, «recuerden que la ordenanza de civismo de Barcelona prohíbe la práctica de la prostitución en según qué supuestos. Por tanto, mejor que vengan sin sus madres».

Forn matizó un par de días después sus palabras, precisando que se refería en exclusiva a los militares golpistas. Pero lo de menos en este asunto —por lo menos para mí— son los militares, golpistas o no, y lo de más el hecho de que se sigan utilizando en la contienda política los agravios referidos a la vida personal de la parte contraria y las alusiones machistas a sus familiares.

Dijo ayer Carod-Rovira que lo de Forn hay que tomárselo como un chiste. O sea, que él le ve la gracia. Yo no. ¿Tan poco tiene que decir Forn de los golpistas, de ellos en concreto, que ha de echar mano de sus madres? Y si alguno fuera hijo de una señora dedicada al comercio carnal, ¿habría de empeorar por ello en nuestra consideración social? Supongo que Forn recurrirá al dicho tan manido según el cual «su madre será una santa, pero él es un hijo de puta». Pero eso puede servir, todo lo más, como coartada para el insulto verbal espontáneo; no para arropar un afán de denigrar tan elaborado y tan insustentable en nada que no sea machismo puro y duro. Por resumir: ni es aceptable la utilización de alusiones de ese género en la lucha política... ni las putas tienen la culpa de nada que tenga que ver con el golpismo, y ya va siendo hora de que se las deje en paz.

Recuerda Forn que «la ordenanza de civismo de Barcelona prohíbe la prostitución en según qué supuestos». Y, tal como lo recuerda, da a entender que a él le parece bien. Hace poco, la UGT ha reclamado que se prohíba por ley el ejercicio de la prostitución, en cualquier condición o circunstancia. Hoy no me quiero alargar, porque he de salir de viaje y tengo poco tiempo, pero tampoco creo que ése sea un asunto que quepa pasar por alto. En mi criterio, deben ser perseguidas las personas que fuerzan a otras a prostituirse, pero no hay que prohibir —otra cosa es regular— el ejercicio libre del comercio carnal. Tal vez vuelva sobre ello algún día de éstos, si se aviva la polémica sobre este punto.

Supongo que quienes me leen están suficientemente al tanto de la existencia del mapamundi de Arno Peters, quien, desde los años 50, pero con mucha más fuerza y apoyos a partir de los 70, puso en solfa las bases eurocéntricas y colonialistas de los mapamundis tradicionales, basados en la llamada “proyección Mercator”, que falsea las dimensiones relativas de los continentes y ofrece una imagen en la que el hemisferio norte adquiere una importancia literalmente desmesurada. La mirada del mundo que favoreció Peters es, amén de más acorde con la realidad, más propicia a una reflexión crítica.

Un amigo —mío y de esta página—, que es muy aficionado a los mapas, me ha hecho llegar esta otra posible visión del mundo, basada en el mapa de Peters.

Es el mismo mapa de Peters, pero puesto del revés. ¿O del derecho? Esta colocación del mapa viene a hacernos pensar que nuestro planeta no tiene una parte «de arriba» y una parte «de abajo» objetivas. Que la colocación tradicional del mapa del mundo y nuestras propias ideas de «Norte» y «Sur» son convenciones. Ignorante en estas materias, no me atrevo a afirmar que se trate de convenciones también derivadas de la tendencia de los geógrafos de los países más desarrollados, desde el antiguo Egipto, a considerar su lugar de residencia como centro del mundo. Sólo lo sospecho.

Situado delante del mapa reproducido aquí arriba, se me ha ocurrido otra forma más de mirarlo. Imaginad que lo sustantivo fuera la parte azul (el mar) y que las manchas rosas (los continentes) fueran como zonas huecas, que salpicaran el enorme espacio azul, que constituyera lo realmente valioso. Estaríamos ante una especie de mapamundi para uso de peces inteligentes.

Es una broma, pero tiene su parte de interés: siempre es bueno ejercitarse en la práctica de dar la vuelta a las cosas, de plantearse si cabe verlas de otro modo, de no confundir nuestra visión con la visión, única y definitiva. Y de preguntarse por cuánto de interesado hay en cada visión.