Apuntes del Natural

Dice un refrán que cuenta con muchos adeptos que «la mala hierba nunca muere». Es falso. Aunque mi experiencia como persona de campo es tirando a limitada, me consta que cabe matar la mala hierba.

A nosotros nos salen con cierta facilidad hierbajos en el terreno exterior de la casa que tenemos en Aigües. Cuando aparecen en una zona que no sabemos si querremos utilizar algún día para plantar algo, echamos herbicida, que tiene efectos buenos, pero limitados en el tiempo. Cuando se trata de un sitio en el que nos consta que jamás estaremos interesados en plantar nada, vamos echando el sobrante del cocinado de pescados a la sal. La sal quema la tierra, como saben quienes han estudiado la historia de los odios entre Roma y Cartago: los romanos, para llevar hasta el extremo su obra de destrucción de Cartago, sembraron sus campos con sal. Tengo entendido que hay otro medio de conseguir lo mismo, consistente en rociar con gasóleo la zona que se desea librar de hierba. Al parecer, el aceite que queda tras la evaporación de la gasolina actúa como un herbicida definitivo.

Ariel Sharon parece dispuesto a aportarnos en breve plazo otra prueba de que, diga lo que diga el refrán, la mala hierba sí muere. No es joven, desde luego, pero tampoco tan anciano. Y está ya, como el sheriff de Pat Garret & Billy The Kid, llamando a las puertas del paraíso.

Menudo chasco se llevará.

Se considera de mal gusto desear la muerte de otros. Poco caritativo. En otra línea de pensamiento, de desarrollo distinto pero de resultado similar, la gente de educación marxista suele recordar que no vale de nada pretender la muerte de un enemigo, porque de inmediato es sustituido por otro similar. Sin gana alguna de meterme en ninguna discusión ideológica profunda, constato que —sea por la razón que sea, pero sin lugar a dudas— a mí hay algunas muertes que me alegran. Ateniéndome al latiguillo un tanto cursi que se emplea en ciertos desarrollos teóricos, podría decir que la muerte de tipos como Sharon me parece «necesaria, pero no suficiente».

Ya sé que queda un poco bruto. Pero, para bruto, él.

¿Tiene el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en pleno o en parte, algún interés inconfesado en la OPA de Gas Natural sobre Endesa? Carezco de datos que lo prueben de modo concluyente —no he visto que nadie los tenga—, pero doy por supuesto que sí. Por una razón elemental: los asuntos económicos de gran envergadura nunca dejan indiferentes a los gobernantes. Y no por el tan manido «interés general».

En ese sentido, resulta hasta cómico que el portavoz gubernamental, Fernando Moraleda, se empeñe en enfatizar, como hizo ayer, que «no hay ya ni amigos ni favores en las decisiones del Gobierno, y menos a costa de los derechos de los consumidores y los accionistas». Todo el mundo sabe que no hay gobierno que mire ese género de asuntos sin hacer sus particulares cálculos políticos y sin tener en cuenta qué bando le es más propicio. Del mismo modo que todo el mundo sabe que jamás ningún gobierno reconocerá nada de eso.

Hace un siglo —o incluso más— los críticos del sistema capitalista se empeñaban en desvelar las relaciones de colusión existentes entre los responsables de la política y los dueños de la economía. Hoy ese esfuerzo es totalmente innecesario. Unos y otros forman un todo compacto. El bloque del poder se ramifica, pero es un mero reparto de funciones. Su interior está unido por grandes vasos comunicantes. Los políticos, en cuanto se deciden a descansar, pasan sin ningún problema a convertirse en empresarios, o en financieros. O al revés, como en el caso de Rato y de Piqué. Nada hay de extraño tampoco en que los grandes empresarios intervengan en la vida política, sea gracias a su trato de favor a tal o cual partido o sea a través de los medios de comunicación en los que tienen presencia, o que controlan, sin más. En cualquier caso, la relación entre todos ellos es constante: no paran de hablarse, de verse, de consultarse, de darse consejos mutuos, de practicar el do ut des con la mayor de las naturalidades.

No me cuesta nada creer que el sector PSC del Gobierno de Zapatero tenga un marcado interés en que Gas Natural y la Caixa salgan reforzados de esta polémica operación. Se trata de empresarios y financieros que, por decirlo así, les pillan de cerca.

Lo que no creo —lo que no puedo ni imaginar— es que nada de lo que está en juego en esa operación tenga que ver con ningún proyecto de catalanismo a ultranza. Menos aún de nacionalismo, y no digamos nada de separatismo. No sólo porque la empresa y la entidad financiera concernidas tienen más que acreditado su nihilismo nacional —o su vocación transnacional, si ustedes prefieren—, sino también porque la propia dirección del PSC ha demostrado sobradamente a lo largo del tiempo que, para ella, a la hora de buscar apoyos económicos y fuentes de financiación, la política tiene partido, pero no bandera. Recordemos Filesa, Malesa y Time Export. Aquello no sirvió para financiar ningún proyecto catalanista, precisamente.

En fin, y por decirlo resumidamente: quien pregone que la OPA de Gas Natural es un instrumento del nacionalismo catalán se engaña a sí mismo y engaña a los demás. La cosa va de negocios. Compartidos entre cuantos sea, pero negocios.

Nota de edición: Javier publicó una columna del mismo título en El Mundo: Asuntos de dinero.

Se hicieron públicos ayer los resultados de un sondeo realizado el pasado octubre por encargo del Gobierno vasco. El dato que más me llama la atención es el crecimiento del número de los partidarios de la independencia de Euskadi. Son el 27% de la población de la comunidad autónoma. (*)

Parece ocioso subrayar que con ese porcentaje de respaldo no podría imponerse en Euskadi la solución independentista en un eventual referéndum de autodeterminación. Pero no es eso lo importante, entre otras cosas porque no se atisba ningún referéndum de ese tipo en el horizonte inmediato (por más que el porcentaje de quienes respaldan el derecho del pueblo vasco «a decidir libre y democráticamente su futuro», según el propio sondeo, alcanza el 75%).

Lo que me parece realmente llamativo es que el independentismo vasco esté al alza. De hecho, el porcentaje de partidarios de la independencia de Euskadi es el más alto registrado nunca en este tipo de sondeos.

También Cataluña vive momentos de auge del independentismo.

¿Por qué?

Según lo que se lee y oye en muchos medios de comunicación con sede en la capital del reino, estaríamos ante el fruto obtenido por la labor segregacionista de los gobiernos de Vitoria y Barcelona. Pero esa explicación falla por su propia base, porque la labor segregacionista que denuncian no existe. Se trata en ambos casos de gobiernos autonomistas, que preconizan estatutos que podrán gustar más o menos a quien sea, pero que aparejan el mantenimiento de sus comunidades dentro del ámbito político español.

Tampoco la realidad económica y social de Euskadi y Cataluña propicia las reacciones independentistas. Más bien todo lo contrario. Proporciona en ambos casos razones para reivindicar un mayor peso de sus administraciones autónomas en la toma de las decisiones que se adoptan en ámbitos superiores, en Madrid o en Bruselas, pero no para establecer fronteras que resultarían, amén de artificiales, inútilmente costosas.

No. Por lo que constato, el sentimiento independentista está creciendo en Euskadi y en Cataluña como una reacción de respuesta a la malquerencia que muchos integrantes de ambas comunidades perciben en sectores muy visibles y audibles de la sociedad española.

Se trata, si bien se mira, de una reacción bastante comprensible. La del clásico «Pues si no me quieren, me voy». La actitud más merecedora de análisis, por lo que tiene de patológica —y de peligrosa—, es la contraria. La del «No te quiero, pero ni pienses en la posibilidad de irte».

Hay maridos así.

Y también estructuras de poder. En Yugoslavia, fueron las autoridades centrales de origen serbio las que se pusieron en ese plan, con los resultados conocidos.

(*) El sondeo, al estar basado en una muestra realmente amplia (2.879 personas), ofrece un elevado nivel de fiabilidad. Téngase en cuenta que la mayoría de los sondeos que se hacen sobre el conjunto de la población española de derecho, que es veinte veces mayor, suele realizarse con muestras de un tamaño similar. Estamos, en consecuencia, ante un «macrosondeo» con todas las de la ley.

Se cumplen ahora 20 años del ingreso del Estado español en la Comunidad Económica Europea, llamada más tarde Comunidad Europea y ahora Unión Europea.

Todo el mundo de por aquí está haciendo balances de la experiencia.

El asunto es interesante. Y un tanto complicado en lo que a mí respecta, porque me toca juzgar lo mejor o peor fundada que estaba la posición que adopté en aquel momento, que fue contraria a la integración española en la CEE.

Me opuse por dos géneros diferentes de razones.

Las primeras se referían a las condiciones concretas de la adhesión. Decíamos bastantes allá por 1986 que el PSOE se había dejado llevar por las prisas a la hora de suscribir el acuerdo y que, por culpa de sus urgencias, había aceptado algunas condiciones muy onerosas para el entramado de nuestra economía y, por ende, de nuestra sociedad.

Los aspectos sectoriales que más me preocupaban en aquel entonces, por mera proximidad, eran los relativos a la industria siderúrgica, a la naval y a la pesca, pero había más, sin duda.

Voy por partes.

De entrada: ¿estaban justificadas las prisas del Gobierno de Felipe González? Podía entenderse que atribuyera a la integración del Estado español en la CEE un efecto disuasorio con respecto a cualquier tentación golpista, aunque ya no quedara mucho de eso. En todo caso, parece obvio que actuó movido por el convencimiento de que la adhesión le iba a aportar una muy apreciable rentabilidad electoral, y quería conseguirla cuanto antes. (De cualquier manera, es imposible saber si una mayor calma en la negociación hubiera tenido como resultado una mejora en las condiciones de adhesión, o todo lo contrario.)

El otro aspecto: está claro que hubo ramas productivas que salieron muy dañadas por el acuerdo, pero no menos claro está para estas alturas que esas ramas estaban condenadas a pasar las de Caín con o sin entrada en la CEE.

Lo que sí es discutible, y mucho, es cómo afrontó el Gobierno esas crisis inevitables, inspirándose en el vaticinio de Carlos Solchaga, según el cual España estaba destinada a convertirse en «un país de multinacionales y de camareros».

Se argumenta, como hecho irrefutable, que el Estado español ha recibido durante estas dos últimas décadas del resto de Europa mucho más de lo que ha dado. Y es innegable. Pero no cabe evaluar lo cuantitativo prescindiendo de lo cualitativo. Si lo ha recibido, ha sido a costa de someterse estrictamente a un determinado modelo económico y social que para algunos —entre los que me cuento— dista de ser el más justo de los posibles.

Esto último me conduce directamente a la consideración del segundo tipo de razones que me movieron a oponerme al ingreso en la CEE: las estratégicas.

Entrar en el macrotinglado europeo equivalía a renunciar a cualquier transformación sustancial del sistema político-social imperante y aceptar como pautas obligatorias las del neoliberalismo, que ya avanzaba a marchas forzadas.

Se me puede objetar que en realidad no había nada a lo que renunciar, porque las expectativas de cambio de modelo social eran aquí igual de limitadas tanto fuera como dentro de la CEE. Y no diré yo que no. Pero la ampliación del marco de la lucha por la liberación social la vuelve aún más dificultosa, incluso como hipótesis.

Los hay que tratan de zanjar la discusión diciendo que, al final, lo que ha sucedido es más o menos lo que era inevitable que ocurriera. A lo que cabe responder que incluso lo inevitable puede ser puesto en cuestión. No se logrará que no suceda, pero sí que no se dé por bueno.

Ví ayer la película documental que hizo Fernando Trueba en 1982 sobre las andanzas, pensamientos y canciones de Chicho Sánchez Ferlosio, Mientras el cuerpo aguante. Tiene muchos momentos felices. Uno de ellos es cuando el difunto Chicho argumenta que, tratándose del consumo (de drogas o de lo que sea), lo realmente decisivo está en la dosis. Una ingesta desmesurada de alubias, sin ir más lejos, puede llegar a provocar una muerte espantosa. En cambio, un consumo moderado y racional de las sustancias oficialmente catalogadas como drogas puede ser tan nocivo como vivir, que es la primera causa conocida de mortandad.

Decía Chicho, socarrón disfrazado de ingenuo, que ignoraba por qué los responsables de una famosa marca de cigarrillos no le habían aceptado un eslogan publicitario que les había propuesto. Rezaba: «Cigarrillos Equis. La parte legal del porro».

Cómo cambian los tiempos. Ahora tendría que decir: «La parte más perseguida del porro». Porque hoy en día el consumo de marihuana no está penalizado, pero el de tabaco, sí.

Algo huele a podrido en toda esta aparatosa historia que se han montado para perseguir a los fumadores. Es más que sospechoso que, siendo nuestras autoridades tan conscientes de los males intrínsecos, específicos y superlativos del tabaco, no opten por prohibir por la brava, de manera radical y absoluta, su cultivo y comercialización, al modo que hacen con otras sustancias estupefacientes.

La emprenden contra quienes fuman; no contra el tabaco. Curioso. ¿Será que les preocupa la reacción política de los cientos de miles de votantes que viven de esa planta, en todas las fases de su producción, distribución y venta? ¿O será que no quieren que el fisco se quede sin esa fuente de ingresos? ¿O serán ambas cosas a la vez?

Del mismo modo, y por el lado formalmente opuesto, resulta también en extremo mosqueante que lancen tan inquisitorial campaña contra los fumadores y, en cambio, no hagan nada para reformar por la fuerza –y por su bien, faltaría más– a los consumidores compulsivos de bebidas alcohólicas, salvo cuando conducen vehículos. ¿Es tal vez el alcoholismo una carga más liviana para las arcas de la Seguridad Social, que no merece la adopción de medidas drásticas? ¿Habremos de entender, en esa misma línea, que el consumo excesivo de bebidas espiritosas es menos nocivo para la convivencia familiar y social que el de tabaco?

Que quien lo crea lo diga. Que lo diga la ministra del ramo, que lo diga el Gobierno y que lo diga el Congreso de los Diputados en pleno, para demostrarnos de ese modo lo sensato de su comportamiento.

Entretanto, yo seguiré pensando que hay algo en todo esto que atufa. A podrido, no a tabaco.

Porque, no ahora, que ya no fumo, sino incluso cuando era fumador, siempre me han echado para atrás los rollos infumables.

Javier Ortiz. Apuntes del Natural (1 de enero de 2006). Javier publicó una columna del mismo título en El Mundo: Un rollo infumable.