Quilombo

Si en el cielo hay hurís y vino, como dice el mulá,
nuestro premio en lo alto será beber y amar.
Yo comienzo a gozar y vaciar copas en vida,
disponiendo mi alma al placer de allí arriba

Omar Khayyam (1048-1131?), Rubaiyat

Por las críticas suscitadas, y ante la cercanía de las elecciones autonómicas, la ministra de sanidad Elena Salgado acabó retirando el anteproyecto de ley para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores. El anteproyecto de ley preveía,  entre otras medidas sanitarias y educativas,  la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, y la prohibición de su consumo en espacios públicos. También se limita seriamente la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas.

Afortunadamente, la ley no ha salido adelante, aunque sea más por presión de determinados grupos económicos que como resultado de un debate serio sobre el consumo de drogas, que es de lo que estamos hablando. Las declaraciones del Consejero de Interior del gobierno catalán Joan Saura en favor de una "legalización de todas las drogas (sic)", aunque luego matizara que "no se deben tomar", tampoco ha servido para impulsar un debate que considero importantísimo.

Con la excusa de la protección de la salud pública, el mencionado anteproyecto daba una vuelta de tuerca más en el recorte de libertades, y en la consideración de las personas como seres irresponsables que no pueden tener la última palabra en lo que a su cuerpo se refiere.

Con el pretendido objetivo de proteger al menor, en lugar de contribuir a su madurez como ciudadano responsable, se le infantiliza aún más. Un adolescente, y por extensión, cualquier persona, no puede aprender a consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas de forma responsable.

El Estado continúa decidiendo, además, qué drogas son aceptables y cuáles no, de forma totalmente arbitraria. En el último borrador del anteproyecto se asumía la excepcionalidad del sector vitivinícola, más por salvar la cara ante un sector en cuya promoción interna e internacional el gobierno está fuertemente implicado, que por un criterio racional o justo. No se entiende por qué el vino puede acogerse a un trato más favorable que la cerveza o la sidra (teniendo éstas menor graduación alcohólica además).

No hace falta pertenecer a ningún gremio económico para defender la libertad de cada cual para consumir alcohol o lo que le plazca. Por supuesto que el alcohol, y cualquier otra droga, puede producir serios daños físicos y psicológicos. Y mucha gente puede acabar enganchada, si no logra evitar su abuso.

Pero también tiene efectos beneficiosos, y no me refiero a los aspectos sanitarios, sino puramente hedonísticos, que son los más inconfesables, debido a la fuerte hipocresía social que existe sobre este asunto. El alcohol se consume porque gusta, porque deshinibe, porque facilita la sociabilidad, etc. Al contrario que el café, no favorece la productividad laboral. El placer tiene riesgos, es un potente adictivo, y todo aprendizaje serio debe incluir cómo afrontarlo o manejarlo sin dejarse dominar por él, en lugar de tratar reprimirlo, ocultarlo o esconderlo, pues peor es el remedio que la enfermedad.

Luego cada cual pondrá en la balanza aspectos positivos y negativos, y podrá decidir en consecuencia. En ocasiones necesitará ayuda. Y habrá gente para quienes las consecuencias negativas superan con creces cualquier otra consideración.

Pero es un error pretender que el Gobierno impida a priori, de forma preventiva, el consumo personal de ésta o cualquier otra substancia. No deja de ser revelador el hecho de que los Estados traten de controlar el consumo individual de sustancias (que no afectan a terceros, sino al propio cuerpo), y en cambio no dediquen igual atención a la emisión de sustancias contaminantes por parte de la industria y del tráfico motorizado, o a la venta de armas, que sí que afectan negativamente a terceros. A este doble rasero hay que añadir el fariseísmo de una clase política que consume más alcohol, cocaína, y otras sustancias que la media de la población.

Ya tenemos debate para las elecciones autonómicas canarias. Mientras el PSOE se centrará en los casos de corrupción urbanística que afectan fundamentalmente a Coalición Canaria y al Partido Popular, otros (sobre todo CC) van a apostar por denunciar la inmigración incontrolada, favorecida por el gobierno central. En realidad, ambos temas están profundamente relacionados, y tienen que ver con nuestro modelo económico de desarrollo.

El recién nombrado candidato de CC a la presidencia de la comunidad autónoma, el alcalde y diputado Paulino Rivero ha declarado en una entrevista, sin sonrojarse, que “si queremos mejorar la educación, si no queremos que se sigan colapsando las listas de espera, si queremos que nuestra gente pueda acceder a un puesto de trabajo, y si queremos que nuestra gente pueda acceder a una vivienda de protección oficial (…) hay que controlar el crecimiento de la población.”. Paulino ya ha encontrado el chivo expiatorio del pésimo gobierno de los de siempre: el inmigrante. Es más, reivindica una ley que imponga límites al crecimiento de la población.

Por su parte, el candidato a regañadientes Juan Fernando López Aguilar suele abordar la cuestión repitiendo la retahíla de la necesidad de la lucha contra la inmigración irregular y contra las mafias que trafican con personas, y la cooperación de los países de origen en las deportaciones mediante la firma de convenios de readmisión.

Sin embargo, pese a las apariencias, el discurso abiertamente demagógico de Rivero no difiere tanto del tecnicismo sosegado de Aguilar. El falso cosmopolitismo del que hace gala el PSOE parte de las mismas premisas nacionalistas que se pretenden denunciar.

El utilitarismo mezquino (la inmigración es buena para “nuestra” economía y para mantener “nuestro” estado del bienestar) coexiste con un formalismo jurídico basado en la farsa del concepto de “inmigrante ilegal”, que sirve de justificación para no reconocer libertades de las que sí disfrutan los nacionales o ciudadanos europeos. Las últimas iniciativas del gobierno español y de la Unión Europea, consistentes básicamente en reforzar los controles fronterizos y sentar las bases de una política migratoria común que mantenga inalterados el sistema de permisos de trabajo y de residencia (así como las diversas formas de ius sanguinis, las barreras contra el reagrupamiento familiar, la limitación del derecho de asilo, los tortuosos recorridos de naturalización) traducen el mismo mensaje: algunos extranjeros no son bienvenidos. El rechazo a que el carguero Marine I, con 400 inmigrantes asiáticos y africanos a bordo en penosas condiciones sanitarias, arribe a puertos canarios, es una muestra más de esta actitud miserable.

Lo mismo se deduce del chantaje que implica subordinar la ayuda oficial al desarrollo a la vulneración, por parte de países beneficiarios como Senegal, del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a emigrar. Se ha insistido mucho en reclamar más ayudas para los países africanos, pero siempre con la intención de reducir los flujos migratorios hacia Europa, reincidiendo en la percepción negativa de los mismos. Por lo demás, es discutible la eficacia de tales instrumentos de cooperación en la contención de la inmigración africana, no así en la emigración de expatriados europeos a países africanos, menos numerosa, claro, pero que nunca se va a cuestionar.

La ambigüedad de este discurso no es inocente, sirve para determinar quién debe ser considerado inmigrante y, por extensión, quién es ilegal, quién puede ser encerrado en los infames centros de internamiento para extranjeros, quién puede ser deportado o, por el contrario, quién puede acogerse a una cuota o acceder a una regularización, según convenga. Es la famosa gestión o control de los flujos migratorios que reclaman los expertos progresistas, como si se tratara de fluidos manipulables a voluntad, cuando de lo que hablamos es de seres humanos con múltiples proyectos de vida e insertos en redes sociales y comunitarias heterogéneas, que comparten el deseo de una vida mejor, pero que no necesariamente se traduce en la búsqueda del tipo de empleo al que nuestras administraciones, la patronal o los sindicatos pretenden asignarlos. En este caso, “controlar” implica jerarquizar y segmentar los mercados de trabajo, origen de futuros guetos y conflictos. Se exigen visados a unos países y no a otros, se permite la libre circulación a unos europeos pero no a otros, y así sucesivamente.

Con la crisis de los cayucos hemos pasado de la ambigüedad a la hipocresía. Pocos admiten que si los senegaleses pudieran entrar sin visado en el espacio europeo Schengen (por tanto, no sólo a Canarias), en avión (es decir, pagando menos dinero que a los especuladores que se aprovechan de nuestra política para inflar los precios), no estaríamos hablando de miles de muertos a pocos kilómetros de nuestras costas. Así de simple, como hacen la mayoría de los inmigrantes que llegan a España. Este es el vergonzoso precio que muchos están dispuestos a pagar, pues se muestran incapaces de explicar, sin caer en argumentos racistas, por qué los negros africanos no pueden hacer lo mismo que los peninsulares, sudamericanos, europeos comunitarios que vinieron y se instalaron en el archipiélago, atraídos por un crecimiento turístico e inmobiliario desmesurado. ¿Cómo contradecir las manipulaciones de nuestros lepenistas locales, si acabamos asumiendo la esencia de su pensamiento?.

Es muy triste que incluso los profesores universitarios agrupados en el Grupo Interuniversitario de Opinión, defensores del pueblo saharaui, argumenten que "un Sáhara independiente no tendría ningún interés en no colaborar con España en la lucha contra la emigración ilegal (sic), a diferencia de lo que ocurre con Marruecos." Flaco favor hacen a los saharauis, que sólo les faltaba convertirse en gendarmes a sueldo de Madrid.

Es cierto que Canarias ha incrementado fuertemente su población en la última década, a un ritmo más intenso que la media estatal. Pero las razones hay que buscarlas en el  modelo económico centrado en el binomio turismo-construcción. Canarias lleva treinta años creciendo económicamente por encima de la media española, lo que no ha impedido que las tasas de desempleo se sitúen entre las más elevadas de España, o que los salarios sean los más bajos.

Ya es hora de romper con la lógica del apartheid migratorio, y poner en discusión la premisa mayor de nuestras limitadas democracias liberales, que consiste en el reconocimiento de la ciudadanía plena sólo a una parte de la población que reside, trabaja y vive en un territorio determinado, lo cual deriva a su vez del control estatal de la movilidad humana, que es lo que reclaman Rivero y Aguilar, cada uno a su manera. ¿Nos atreveremos a reivindicar por fin la igualdad incondicional de derechos civiles, políticos, sociales, de los inmigrantes que se instalen, y a proponer que su entrada no equivalga a un humillante calvario? 

El Juzgado de lo contencioso número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto por el que se suspende “cautelarmente” el Carnaval en las calles del centro de la ciudad, por exceder los límites de ruido permitidos (55 decibelios), ante la denuncia de unos vecinos. El auto aplica una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que reclama al ayuntamiento el traslado de las fiestas a zonas no residenciales. Parece que la medida afecta básicamente a los quioscos cuya ubicación se había decidido el día anterior en pública subasta, y a las actividades musicales programadas por el municipio. De los 73 emplazamientos que salieron a subasta, sólo se adjudicaron 29, por la incertidumbre generada por la sentencia.

Me cuesta imaginar cómo se aplicará a los coches, carrozas particulares, tuneros, botellones, colgados, bares que pondrán la música como mínimo al volumen habitual. Es decir, a la parte del Carnaval no controlada desde el ayuntamiento, y que es la que permite el desahogo de una ciudad conservadora y abstencionista que aún mantiene intactos los símbolos franquistas. La Unipol una especie de GEOs municipales, conocida por sus excesos va a tener mucho trabajo. Y ya de paso, entenderse con los borrachos que vayan disfrazados de Gilipol o Unipolla.

De cómo maneje la cuestión el imputado por corrupción Miguel Zerolo puede depender que revalide la alcaldía o no.

Y de cómo reaccionen los chicharreros dependerá si se reanima un carnaval en horas bajas (mal síntoma, el que ocho comunidades de vecinos se hayan animado a interponer una denuncia). Podría repetirse lo sucedido en 2004 con el entierro de la sardina, la “procesión” con la que se despide el Carnaval. La decisión del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de trasladar el entierro de la sardina al viernes, haciéndolo coincidir con la llegada de unos cruceros turísticos a la ciudad, desató una polémica que llevó a que algunos grupos organizaran un entierro de la sardina alternativo el día miércoles, que reunió más gente de lo habitual, y que dejó en evidencia al entierro “oficial”.

¿Cuántos se disfrazarán de juez este año? Lástima que tenga que perdérmelo.

Esta que ven es la torre de emisión de gases de la fábrica que construye la empresa finlandesa Metsa-Botnia en Fray Bentos (Uruguay), tal y como se ve desde la orilla argentina del río Uruguay.  Ciento veinte metros de altura de progreso y razón. En primer plano, ciudadanos del pueblo argentino de Gualeguaychú (90.000 habitantes), protestando contra su instalación, como llevan haciendo, incansablemente, desde hace tres años. Según la elite política y empresarial europea, uruguaya, pero también argentina, actúan "irracionalmente", movidos por emociones primarias, sin saber realmente de qué están hablando. Descalificaciones muy poco originales.

Este año la fábrica iniciará la producción de más de un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, que será exportada a Europa y a China para la producción de papel. Constituye la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay (más de mil millones de dólares). Pero la fábrica verterá al agua nitratos, fósforo, y compuestos orgánicos (disruptores endocrinos), que ponen en grave riesgo la pesca artesanal y la salud humana, y de la chimenea saldrá sulfuro pestilente que afectará al turismo local, una de las principales actividades económicas de la región. Para la producción de pasta se cultivarán miles de hectáreas de plantaciones de eucaliptos. En Uruguay ya se dedica una significativa superficie al monocultivo de árboles (700,000 hectáreas) resultado de las políticas forestales de los últimos veinte años, en aplicación de las políticas del Banco Mundial, que a su vez financiará el proyecto finlandés. La sustitución de los pastizales naturales, que constituyen la base de la producción ganadera uruguaya, por grandes extensiones de cultivos forestales, ya ha provocado cambios drásticos en el ecosistema, por el fuerte consumo de agua y la acidificación de los suelos. Sin embargo, el gobierno uruguayo garantiza generosas exenciones fiscales, y la protección de la inversión (acuerdo de protección de inversiones con Finlandia, firmado en 2002 para proteger a Botnia de los riesgos políticos del proyecto).

Botnia asegura que su proyecto respeta la “exigente” legislación europea. Posiblemente, pero no mencionan que la misma es el producto de las luchas ecologistas y ciudadanas de los años 80. Las directivas europeas tampoco son garantía de nada, no sólo porque cabe exigirle mucho más a la industria papelera -también en Europa- sino porque los controles nunca serán lo suficientemente estrictos como para poner en peligro una inversión tan mimada.  Para empezar, las “mejores prácticas disponibles” en que se basa la legislación comunitaria datan de 2001, y la actualización que está en marcha no finalizará hasta el año que viene por lo menos. Y ahora se sabe mucho más sobre los efectos perniciosos de esta industria. Para más información sobre sus impactos negativos, recomiendo leer los comunicados e informes de las ONGs uruguayas World Rainforest Movement, Guayubira, o de la argentina CEDHA

Precisamente fueron las ONGs uruguayas, con experiencia en la lucha contra los monocultivos forestales, las que primero pusieron el grito en el cielo al conocerse un proyecto similar de la española ENCE en la misma localidad (finalmente se trasladará a otra región, por la magnitud de las protestas y por su deseo de producir más pasta de celulosa de lo inicialmente previsto), y el de Botnia. Sin embargo, sus preocupaciones sólo han encontrado eco en la orilla argentina. Los ciudadanos de Gualeguaychú poco a poco fueron movilizándose hasta que el 30 de abril de 2005, tras comprobar que el gobierno uruguayo de izquierdas de Tabaré Vázquez iba a respetar los acuerdos del anterior gobierno, más de 40.000 personas, argentinos y uruguayos, cortaron el puente internacional que une ambos países. Desde entonces la población de Gualeguaychú se ha organizado en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, un movimiento social único que ha venido desarrollando una acción permanente y masiva de oposición ciudadana a la instalación de ambas plantas, incluyendo cortes prolongados, durante meses (en el verano austral de 2005-2006, y ahora en 2007), de las carreteras que unen Argentina con Uruguay.

Esta movilización ciudadana, producto de la acumulación de luchas que cristalizó en la revuelta argentina de 2001-2002, es la que llevó al Presidente Kirchner a denunciar a Uruguay ante el Tribunal Internacional de la Haya por violación del Estatuto del Río Uruguay, y a tratar de impedir (sin resultados) la financiación del Banco Mundial. Kirchner también ha intentado cooptar el movimiento social para terminar con una crisis diplomática que comienza a prolongarse en el tiempo, pero la autonomía de la asamblea se ha mantenido frente a todas las presiones.

La intervención gubernamental ha tenido, sin embargo, un daño colateral: la nacionalización del conflicto, que ha llevado a la mayoría de los uruguayos (incluyendo intelectuales como Mario Benedetti) a cerrar filas en torno a su gobierno, ante lo que consideran una injerencia argentina. Pocos en Uruguay cuestionan la inversión, que se supone que traerá progreso y empleo a un país empobrecido y devaluado. Esta falta de apoyos del lado uruguayo es la principal debilidad del movimiento social.

Pero el problema es global. Para Botnia, no es Uruguay, sino la región entera (norte de Argentina y Chile, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil), lo que constituye una pieza más de su cadena de producción mundial. Otras empresas papeleras, como la sueca Stora Enso, tienen previsto invertir en la región. Es el modelo foresto-industrial lo que se ha puesto en discusión, y esta vez las protestas han llegado más lejos de lo esperado, aunque se hayan encontrado con el muro de contención de los intereses nacionales.

Por este motivo Botnia ha acelerado la construcción de la imponente fábrica. Frente a los “irracionales” cuentan con la razón de Estado: el gobierno uruguayo, el gobierno de Finlandia, el Banco Mundial y la Unión Europea. Amigos que, como sabemos, están preocupadísimos por el medio ambiente y el cambio climático.

 

En Europa, existen 174 centros de detención para extranjeros, 13 de ellos en España.

En Europa, gobiernos como el español colaboran con la CIA para que detenga, transporte y torture seres humanos.

Recientemente, en Argentina declararon la inconstitucionalidad de los decretos secretos aprobados por los gobiernos militares. Pero en Europa, la OTAN mantiene el secreto sobre parte de la Decisión de 4 de octubre de 2001, que tras el 11-S garantizó a Estados Unidos pleno acceso a los puertos y aeropuertos europeos, y sirvió de base para los famosos vuelos de la CIA. Los gobiernos europeos tampoco quisieron entregar a la comisión de investigación del Parlamento Europeo los "acuerdos de entendimiento" que mantienen con Estados Unidos. Moratinos, impertérrito, continúa afirmando que el gobierno español ha sido "transparente".

En Europa, concretamente en París, existe un centro antiterrorista donde los servicios secretos de Estados Unidos, Francia o Alemania se reúnen para comentar algo más que los resultados de la Champions League.

En Europa, en el Reino Unido, te pueden meter en prisión sobre la base de acusaciones secretas, o permanecer hasta tres semanas en dependencias policiales sin supervisión de un juez. Con la excusa de que "las reglas de juego han cambiado" han ido recortando las garantías judiciales en los últimos años. En España...qué os voy a contar.

En Europa, el gobierno francés puede hacer cosas como apoyar un genocidio en Ruanda, organizar un golpe de estado en Haití o bombardear la República Centroafricana (meses antes que los USA hicieran lo propio en Somalia) y seguir presumiendo de república. "La France, c'est très cool", cantan los geniales Gnawa Diffusion. Y el ejército español puede participar en acciones militares de la OTAN en Afganistán, argumentando que no es lo mismo que lo de Iraq. En primavera parece que van a armar una buena.  

Todo esto y mucho más sucede en Europa, no en Estados Unidos. Son nuestros gobiernos los responsables, no Bush. Muchos hablan de vasallaje. División del trabajo, más bien.

A propósito de la invasión etíope de Somalia, acompañada de los bombardeos del sur del país por parte de Estados Unidos, el corresponsal de El País Ramón Lobo ha escrito dos artículos cuyos titulares me han llamado la atención: “Mi sueño es tener un Estado” (19/01/07), y “Es posible sentirse somalí por encima de los clanes” (25/11/07). Frente a la realidad de un territorio sin Estado, donde la guerra y la miseria más absoluta campan a sus anchas desde hace casi dos décadas, suele reivindicarse dos ideas, la de Estado y la de Nación, entendidos a nuestra manera, como solución a los males de los sufridos somalíes. Obviamente, lo que los somalíes desean es que terminen los enfrentamientos interclánicos, la inseguridad generalizada, el hambre. Pero esto lo interpreta el europeo argumentando que es la falta de un gobierno centralizado, a la occidental, lo que explicaría la sangría somalí. Somalia se encontraría así en un permanente estado de naturaleza hobbesiano, pre-estatal.

La realidad es un poco más compleja. Lo cierto es que el gobierno de la Unión de Tribunales Islámicos, vinculados a la familia clánica de los Hawiya, cumplió en Mogadiscio durante seis meses -y antes, en otras localidades- las funciones estatales que ahora se reclaman: seguridad, asistencia social, administración de justicia, etc. Con modos bastante represivos, es verdad. Y la existencia durante tres décadas de un gobierno centralizado no impidió que el estado acabara disolviéndose, carente de toda legitimidad, y que el país se sumergiera en una cruenta guerra civil. En realidad, visto con perspectiva histórica, la forma estatal que ahora se pretende reimplantar torpemente duró menos de un siglo, desde la dominación colonial a los experimentos desarrollistas y belicistas de Siad Barre. Hasta el siglo XX el territorio estuvo poblado por pastores nómadas con estructuras clánicas. La progresiva sedentarización ha modificado pero no abolido esta división en clanes, fuertemente arraigada.

El empeño en reconstruir un Estado centralizado en Somalia, aunque sea mínimo, fallido y asistido, se enfrenta no sólo a la oposición de los islamistas, y a las divisiones internas del nuevo gobierno prefabricado, sino a la existencia de una república independiente: Somalilandia.

La población de este territorio, cuyas fronteras heredan los límites de la Somalia Británica (el resto corresponde a la antigua Somalia italiana), se declaró independiente ya en 1991, y ha permanecido en relativa paz desde entonces, al contrario que sus vecinos del sur, a pesar de (o quizás gracias a) no estar reconocido internacionalmente. Si ya se habla poco de Somalia, Somalilandia no aparece ni como curiosidad. Este país, dotado de constitución y de moneda propias, de un presidente y de un legislativo, ha logrado mantenerse sin ayudas oficiales de ningún tipo, al no estar reconocido por la ONU ni por ningún Estado. Combina instituciones occidentales como la constitución o el sistema de elecciones, con elementos genuinamente africanos -tan mal vistos por los modernizadores- como la estructura clánica, los consejos de ancianos, o una muy limitada imposición fiscal. Todo ello sin asesores occidentales, sin consejos del Banco Mundial, sin ONGs. Pero con legitimidad para los habitantes de la región. Un estado más africano.

Un mal ejemplo, vaya. Como también lo era la alternativa de los tribunales islámicos. En el último número de Diagonal se insiste en el argumento económico para comprender el intervencionismo etíope y norteamericano. En realidad, a las razones geopolíticas (más que estrictamente económicas), podría añadirse las directamente políticas. La creación de estados viables (nation building) forma parte del proyecto político de reestructuración manu militari de los llamados estados “fallidos” (Afganistán) u hostiles (Iraq). Que sea un proyecto abocado al fracaso no significa que no forme parte de la lucha por crear un “marco político” para la globalización, como afirmó Angela Merkel en Davos. Bush tiene una manera de enfocarlo, la Unión Europea otra.

En cualquier caso, sueños imperiales en los que encajan mal los africanos, o mejor dicho, las formas de vida africanas.

 

Quilombo es una palabra portuguesa de origen africano de la lengua quimbundu que pasó a designar en Brasil los emplazamientos donde vivían los esclavos que huían de las plantaciones y del dominio de sus señores (Wikipedia). Algunos sobreviven hoy en día. La versión oficial (RAE) sólo recoge el significado peyorativo de prostíbulo, el de lugar alejado de difícil acceso, y la acepción actualmente utilizada en el cono sur: lío, barullo, gresca, desorden.