“Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando” Warren Buffet, citado por The New York Times, 26 de noviembre de 2006
Bastó
que algunos recuperaran beneficios y reforzaran posiciones -con dinero
público- para que los banqueros volvieran al redil de Davos y
entre todos olvidaran cualquier pretensión de cambiar de dogmas y
renunciar a ciertos privilegios. Si ante la presión ciudadana los
gobiernos se atreven a amagar con tasas Tobin o similares, los
"mercados" tienen que dar un golpe de mano. Como dice Nicolas Sarkozy,
lo más que se puede hacer es "moralizar el capitalismo", lo que
por lo visto pasa por demonizar el déficit público -como en los viejos
tiempos de Maastricht-, por culpabilizar a los ancianos que osan vivir
sin someterse más al trabajo asalariado y a los trabajadores que se
resisten a sufrir la enésima reforma del mercado laboral, y por
criminalizar a determinadas categorías de inmigrantes.
Por más que se nos quiera convencer de lo contrario, la llamada crisis
financiera refleja una crisis sistémica del capitalismo, lo que incluye
un aspecto esencialmente político de gobernabilidad. En medio de las
turbulencias provocadas por el crack financiero de 2008, fueron muchos
los dedos que apuntaron a la luna, pero con cifras ligeramente
positivas de PIB ahora pretenden que sólo miremos la uña del dedo, y con gafas distorsionadas. Países
que han superado -provisionalmente- la recesión, países que continúan
en recesión económica, y países cuyo PIB no ha dejado de crecer.
Fuente: The Guardian
Durante estos últimos meses los neoliberales más recalcitrantes vuelven a sacar pecho, como si no hubiera pasado nada. En la pelea ideológica en la cumbre
por "salvar" el capitalismo encontramos, por un lado, a los Warren
Buffet que, como en la era Bush de los regalos fiscales, pretenden
seguir ganando sin hacer compromisos ni concesiones; y, por otro,
quienes se preocupan por resolver las contradicciones del capitalismo,
integrar el antagonismo social, y asegurar su sostenibilidad mediante la adopción de un New Deal. Pero
todos ellos pretenden minimizar las transformaciones democráticas.
La burbuja inmobiliaria y los derivados financieros
permitieron durante
los últimos treinta años compensar la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios y esbozaron una manera de valorar -y controlar- la
producción biopolítica de la sociedad. Si los keynesianos apuestan por
impulsar la demanda por la vía del gasto público, los
neoliberales confiaron -y todavía confían- en que la generación de
plusvalías de los mercados financieros mediante el endeudamiento
generalizado, aún de las franjas más pobres o precarizadas (y con más
riesgo de insolvencia), cumpla el mismo papel. Pero si, como sucede
ahora, las finanzas no logran compensar la disminución del salario
medio, se acaba socavando la base social de la producción y poniendo en
riesgo los mismos privilegios que se desean mantener. Esta es la gran contradicción del capitalismo contemporáneo:
"la
incompatibilidad de una ganancia desigual con la necesidad de ampliar
la base financiera para continuar desarrollando el proceso de
acumulación. Este nudo contradictorio no hace sino poner en evidencia
una irreductibilidad (un exceso) de la vida de buena parte de los
sujetos sociales a la subsunción [del capital] (ya sean fragmentados
singularmente o bien definibles en segmentos de clase)." *
La crisis europea,
con los recientes ataques especulativos a cuenta de la deuda soberana
de los países mediterráneos, es una buena muestra de estas
contradicciones, y de la dificultad de encontrar una salida política
con las vigentes estructuras neoliberales de gobierno. La prensa
española cita a Paul Krugman cuando afirma que es España, y no Grecia, el epicentro de las tribulaciones financieras de la zona euro, pero ignora deliberadamente el centro de su argumentación:
que el problema no es la irresponsabilidad fiscal de Grecia o España
(que tenía el famoso superávit antes de la crisis y cuya deuda pública
sigue siendo hoy baja comparada con otros países de la OCDE), sino el
hecho de tener "una unión monetaria sin una integración fiscal y del mercado laboral." Es decir, sin una integración política.
Un New Deal como el que reclaman los neokeynesianos como Krugman sólo
es posible en un marco supranacional que en Europa, a pesar del Tratado
de Lisboa, no existe. Esto tiene consecuencias para países como España:
España
no puede devaluar su moneda. Desde que se adoptó el euro ya se sabía
que a falta de poder realizar ajustes en el tipo de cambio nominal, los
inversores exigirán un ajuste en el tipo de cambio real deprimiendo
precios y salarios (véase lo sucedido en Letonia). Si Alemania se lo
puede permitir es porque exporta la crisis a la periferia europea. Como
afirman
Pascal Canfin, Daniel Cohn-Bendit y Sven Giegold en Le Monde, en una
zona integrada económicamente como la zona euro, los déficits de unos
forman los excedentes de los otros.
Los Estados europeos
periféricos tampoco pueden contar con transferencias federales como
California o Florida en los Estados Unidos. El presupuesto comunitario
no puede superar el 1 % del PIB, mientras que el presupuesto federal
estadounidense alcanza el 20%. El rechazo a apoyar al Estado griego con
fondos del presupuesto de la Unión Europea tiene que ver con la
obsesión por mantener dicho techo presupuestario, que podría romperse
si se diera una avalancha de peticiones de ayuda.
En el marco del fracasado pacto de estabilidad y crecimiento,
el gobierno español -más papista que el papa- se ve obligado a
comprometerse a reducir el déficit público por debajo del 3% de aquí a
unos pocos años aunque países como Alemania
o Francia no lo hayan respetado cuando convenía hacerlo, mientras el
Banco Central Europeo sigue teniendo como prioridad en su política
monetaria contener una inflación inexistente.
La
fiscalidad de los Estados, heredada en lo básico de la era fordista, se
basa en una imposición indirecta o directa -sobre la renta salarial- que no es progresiva, ni justa, ni suficiente. Como recuerda Martín Seco,
el déficit público español -como el de otros países- se debe
fundamentalmente al descenso de la recaudación, no al incremento del
gasto público. Este déficit sigue siendo más bajo que el de otros
países de la eurozona. Y la banca española, que reclama un recorte de
los salarios, omite mencionar que el endeudamiento en España es sobre
todo privado.
Deuda
pública como porcentaje del PIB, en 1997 y 2007. La deuda pública
española en relación con su PIB es relativamente baja, en comparación
con otros países de la OCDE. Fuente: OCDE, tomado del blog de P. Krugman
A falta de ingresos vía impuestos, los Estados recurrieron a la emisión de
bonos de deuda
para apoyar al sistema financiero, sembrando las condiciones para una
nueva burbuja. Amarga ironía: los
acreedores privados han aprovechado esta coyuntura y las carencias
políticas de la zona euro, para fomentar la
desconfianza sobre las capacidades de los Estados para reembolsar su
deuda y atacar de este modo los sistemas de protección social en
Europa. No es sólo que quieran obtener elevados beneficios, como George
Soros cuando provocó la devaluación de la libra esterlina en 1992; el
objetivo es imponer determinadas políticas.
Pretenden evitar que los gobiernos lleven a cabo políticas de estímulo
de la demanda mediante el gasto social y sobre todo quieren evitar
cualquier evolución política que implique una reapropiación colectiva
de la riqueza producida socialmente.
El ataque financiero debe considerarse, por tanto, un ataque preventivo, lo que en un lenguaje mafioso se llamaría "una lección". Es el tono matón de los diarios financieros: "si el joven Papandreu falla esta vez, Grecia será castigada aún más duramente", advierte The Economist. Si los inversores se ensañan con Grecia no
se debe a la incompetencia o corrupción de sus gobiernos, sino a su
"debilidad" frente a la presión social a favor de cambios radicales,
puesta de manifiesto en el vuelco electoral de octubre de 2009. Ya en
diciembre de 2008, a los pocos días de que estallara la gran revuelta que se extendió por todo el país tras la muerte de Alexandros Grigoropoulos, el margen adicional de interés (spread) que se cobra con respecto al tipo de interés de los bonos alemanes alcanzó los niveles más altos
desde que Grecia adoptara el euro. En el caso español, se teme que en
el futuro el gobierno pueda embarcarse en políticas "equivocadas", algo
que el presidente del Banco Santander Emilio Botín, gran valedor -y beneficiario- de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha apresurado a desmentir.
Mientras chispazos como el griego no inflamen Europa, no habrá nada que
temer, aunque haya millones de parados. ¡España no será Argentina, ni Islandia! Botín, como Buffet en su día, tiene claro quiénes se están saliendo de momento con
la suya. Nosotros seguimos debatiendo cómo demostrar que se equivocan.
* "Nada será como antes. Diez tesis sobre la crisis financiera", Andrea Fumagalli (comp.), La gran crisis de la economía global, Traficantes de sueños, octubre de 2009.
Hace dos días murió el general argelino Larbi Belkheir, a la edad de 72 años. Desde 2005 ocupaba el puesto de embajador de Argelia en Marruecos, tras su ruptura con Abdelaziz Buteflika, pero ese cargo dice muy poco de quien fue una de las figuras clave de la historia reciente de Argelia, uno de esos personajes que saben moverse en las sombras del poder del Estado y cuyos nombres siempre aparecen en el centro de todas las conspiraciones.
Nacido en 1938 en el seno de una familia adinerada de Frenda (Argelia), Larbi Belkheir fue uno de los jóvenes oficiales del ejército francés que se pasaron a las filas del FLN en las postrimerías de la guerra de independencia, en 1961. Junto con otros "DAF" (siglas en francés que significan "desertores del ejército francés") como Mohamed Lamari, Ali Tounsi, Mohamed Mediène "Tewfik" o Khaled Nezzar (responsables de la guerra sucia de los años 90), acabaría ocupando los principales puestos de la cúpula militar argelina. Apoyó la toma del poder de Huari Bumedián, y en 1973 es transferido a Orán, a la segunda región militar, bajo las órdenes de Chadli Bendjedid. En 1975 es promovido a teniente coronel y se le hace responsable de la escuela de ingeniería militar Enita. A la muerte de Bumedián, en 1978, será en esa escuela donde se reunirá el cónclave de militares que catapultará a Chadli Bendjedid a la presidencia de la república.
Larbi Belkheir se convierte así en consejero presidencial. En poco tiempo, el dúo Bendjedid-Belkheir logrará controlar los resortes del poder militar, de los servicios de seguridad argelinos, pero también de las rentas del petróleo y de las comisiones obtenidas mediante el control de los flujos de comercio exterior. Larbi Belkheir, que ocupará sucesivamente los cargos de dirección de Secretario de la Presidencia y de jefe de gabinete de Bendjedid, durante la década de los 80 se situará en el centro de todas las decisiones importantes del Estado. En particular, se dedicará a consolidar el poder de los oficiales del "clan francés" en detrimento de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que seguían influenciados por el panarabismo y el socialismo. Este grupo, con fuertes conexiones con los círculos de poder franceses (en 1983 Bendjedid se convierte en el primer jefe de estado argelino que realiza una visita oficial a Francia) pretenderá impulsar una privatización "controlada" de los bienes públicos, y en su enfrentamiento con la vieja guardia del FLN mantendrán relaciones ambiguas con el islamismo más conservador: es bajo el gobierno de Bendjedid que se aprueba un Código del Estatuto Personal y de la Familia en 1984 que otorga a la mujer argelina un estatuto jurídico equivalente al de los menores de edad.
A finales de los años 80, el descenso del precio del petróleo y las protestas sociales conducirán a una apertura del régimen que desembocará en la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS) en las elecciones municipales y regionales de 1990, y posteriormente en la primera vuelta de las elecciones legislativas de diciembre de 1991. En ese momento Larbi Belkheir, por entonces Ministro del Interior, se expondrá por primera y única vez en el primer plano mediático, al anunciar la victoria electoral del FIS y anticipar, en cierto modo, el golpe de estado de enero de 1992 dirigido por el general Khaled Nezzar. Belkheir todavía era Ministro del Interior cuando se produjo el asesinato de Mohamed Budiaf, que había aceptado regresar a Argelia para poner una cara "civil" a la junta, razón por la que muchos le acusan de estar detrás del atentado. Tras este asesinato, Belkheir deja sus cargos para dedicarse oficialmente a los negocios. Volverá, si es que alguna vez se fue, en 1999 para negociar el nombramiento de un nuevo presidente, de quien será también jefe de gabinete: Abdelaziz Buteflika.
En la cruenta guerra civil de los años 90, los antiguos "DAF" pondrán en práctica lo aprendido en la escuela francesa de contrainsurgencia. Una guerra total, a puerta cerrada, que incluyó la apertura de campos secretos de detención, el empleo de napalm, la desaparición de miles de personas, la generalización de la tortura y los asesinatos colectivos, para finalizar con masacres colectivas, muchas de las cuales fueron perpetradas por grupos armados coordinados por el DRS, el departamento de seguridad argelino, dirigido desde 1990 por la misma persona: Mohamed Médiène "Tewfik". La guerra civil terminó, la economía rentista continúa, el proceso privatizador sigue estancado, y Buteflika, en su tercer período presidencial, ha marginado a los antiguos generales para reforzar a gente de su confianza, cortejando a franceses y estadounidenses según convenga. El conflicto social, ahora de "baja intensidad", continúa. Pero fuera del país sólo se habla de Al Qaeda.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó el pasado martes 26 de enero un informe sobre la práctica de las detenciones secretas en el mundo tras el 11 de septiembre de 2001. El informe de 222 páginas está elaborado conjuntamente por el Relator Especial para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial contra la tortura, el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. En el documento, que precisa el concepto de "detención secreta" * y deja clara su ilegalidad a la luz del derecho internacional, se advierte que el trabajo no es exhaustivo. La mayor dificultad ha consistido, lógicamente, en el acceso a las fuentes primarias: enumera 66 Estados, de los que 44 respondieron en una encuesta lo que les convenía, y sólo se detalla una treintena de entrevistas a personas que fueron víctimas de detenciones secretas (además de tortura).
Un aspecto interesante es el resumen que hace de los antecedentes históricos en la era contemporánea. El precedente con el que empieza es el decreto del Nacht und Nebel (noche y niebla)
de la Alemania nazi (7 de diciembre de 1941), en virtud del cual los sospechosos de pertenecer a la resistencia en los países ocupados podían ser secuestrados durante la noche y trasladados en secreto a centros de detención en Alemania sin dejar rastro. Menciona el Plan Cóndor y guerras sucias como la de El Salvador o Perú, inspiradas en la estrategias de contrainsurgencia francesas de los años 50 y en las enseñanzas de la estadounidense Escuela de las Américas. También habla, aunque brevemente, de los precedentes de Argelia, Marruecos, Sudán, Nepal, Sri Lanka, Filipinas, etc.
En la era post 11-S, el informe se centra sobre todo en la ya conocida red de detenciones secretas organizada por la CIA en colaboración con los gobiernos europeos y la subcontratación de la tortura en países como Marruecos, Pakistán, o Etiopía. Se trata del mayor operativo transfronterizo conocido desde la operación Cóndor. También cuestiona el alcance de las medidas adoptadas por la Administración Obama en este ámbito (nada se sabe de la suerte de los detenidos en los "sitios negros" de la CIA, cuyo cierre por orden ejecutiva no afectaría a determinadas instalaciones, como la base afgana de Bagram). Después pasa a describir casos recientes de los que se ha tenido constancia en los países asiáticos (incluyendo Asia Central), del Norte de África, Oriente Próximo (incluyendo a Israel) o el África Subsahariana. En Europa, sólo mencionan a Rusia. Cabe destacar la práctica generalizada de las detenciones ilegales y la tortura en India, la mayor democracia (representativa) del mundo.
Me ha llamado la atención algunas omisiones importantes. En Latinoamérica no mencionan a Colombia, por ejemplo. Y en Europa, se olvidan de España. En el relato histórico clama por su ausencia el largo período franquista (cuyas detenciones y desapariciones constituyen un delito continuado que teóricamente obliga a su investigación); tampoco hace referencia al precedente del GAL (secuestro de Segundo Marey); y finalmente tampoco se nombra a España entre los países cómplices en los vuelos de la CIA. Buen trabajo de relaciones públicas. De ahí que el gobierno español se permita declarar lo siguiente sin sonrojarse:
"- No hay implicación alguna o colaboración en la detención secreta en el territorio de otro Estado.
- No hay más comentarios acerca de la efectividad de la detención secreta o de otras medidas antiterroristas, ya que España no tiene experiencias pasadas en detenciones secretas. La detención secreta es incompatible con la legislación española."
Por lo demás, el informe menciona el Convenio de Shanghai para combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo
que China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, y Uzbekistán firmaron el 15
de junio de 2001 (tanto el año como el nombre del convenio resultan muy
significativos), pero no investiga lo que puede constituir el otro gran sistema de cooperación transfronteriza entre servicios secretos de nuestros días. En virtud de dicho convenio se ha creado una estructura regional antiterrorista que ha permitido la realización de transferencias y extradiciones informales o irregulares sobre las que se tiene muy poca información.
El informe del Consejo de Derechos Humanos es ilustrativo, pero incompleto, y tampoco cuestiona la premisa mayor de la "lucha contra el terrorismo". Esto sólo lo podrá hacer la presión de los movimientos sociales y las organizaciones políticas.
* "una persona es mantenida en detención secreta si agentes del Estado, actuando de manera oficial, o personas que actúan bajo las órdenes de las mismas, con la autorización, consentimiento, apoyo o aquiescencia del Estado, o en cualquier otra situación en la que la acción u omisión de la persona que detiene es atribuible al Estado y priva a otras personas de su libertad; en la que a la persona detenida no se le permite ningún contacto con el mundo exterior ("detención incomunicada"); y cuando el agente u otra autoridad competente niega, rechaza confirmar o negar, u oculta el hecho de que a una persona se le priva de su libertad, está escondida del mundo exterior, incluyendo, por ejemplo, familia, abogados independientes, u organizaciones no gubernamentales, o rechaza proporcionar, o disimula activamente, información acerca del destino o paradero del detenido.¨
Ayer miércoles, el mismo día en que fallecía el historiador Howard Zinn, autor del clásico "A People's History of the United States", Barack Obama pronunciaba su primer discurso sobre el estado de la nación. En él, reconoce la difícil situación geopolítica, económica y social por la que atravesaba su país cuando llegó al poder y las dificultades que está teniendo para llevar a cabo el cambio prometido.
Obama es plenamente consciente de su debilidad, pues por más presidente que sea necesita conseguir mayorías suficientes en el Senado y en la Cámara de Representantes, cámaras pobladas por unos congresistas más preocupados por el "business as usual" (es decir, por favorecer el retorno de la inversión de sus donantes) que por emprender ninguna reforma seria que favorezca a los más empobrecidos. Pero en vez de apoyarse en el movimiento de rechazo a la política de George W. Bush que le llevó a la victoria electoral, para articular con esta base social una narrativa política diferente, Obama trató de forjar, desde el primer día, un consenso en el seno del establishment que incluyera también a los conservadores más recalcitrantes, los que le ponen a caldo día sí día también. Tanto en su discurso de investidura como en el discurso de ayer Obama ha insistido en la unidad por encima del conflicto y la discordia.
En España tenemos experiencia reciente sobre este modo de proceder en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, quien pasó de implorar pactos sobre cualquier cosa con el anterior gobierno Aznar a ceder la agenda política a una derecha ultramontana (la del PP, pero también la de su propio partido) en la mayoría de los temas, desde la fallida negociación con ETA a la política migratoria, pasando por educación. La preocupación mayor, tanto de Zapatero como la de Obama, siempre ha sido la unidad nacional (de España y de los Estados Unidos, respectivamente), que en ambos casos se expresa mediante en la defensa del consenso bipartidista. Una unidad nacional que en Estados Unidos suele ir de la mano de una ceguera imperialista: la política exterior de Barack Obama está seriamente condicionada por este factor.
Así las cosas, la vara de medir de toda política posible continúa siendo un neoliberalismo que ha hecho aguas por todas partes, y cuyos últimos estertores están por venir. La reforma sanitaria, aún en su versión recortada, está todavía pendiente de un hilo. Se parte del principio de que el gasto público es malo en sí mismo, si no va destinado a los ricos o al ejército, de ahí que Obama haya prometido una congelación de buena parte del gasto civil a partir de 2011, para horror de los neokeynesianos. La maquinaria liberticida de Bush sigue prácticamente intacta. Y el espantajo de Al Qaeda vuelve a salir de las videotecas, en la versión remozada de una oscura organización que desde las montañas de Waziristán o Yemen produce ultracuerpos en Europa o en Nigeria, activa células durmientes, o abre campos de entrenamiento en el Sahel como si fueran centros comerciales.
Si algo se logra con el tan cacareado consenso es evitar precisamente el cambio, o por lo menos un cambio democrático que cuestione seriamente los intereses de quienes quieren crear un mundo feo, inseguro y sucio. Howard Zinn, en una de sus últimas intervenciones, criticaba a los movimientos sociales de su país con las siguientes palabras: "Nuestro trabajo como ciudadanos es valorar lo que está haciendo Obama. Pero no medido simplemente frente a lo que hizo Bush, porque frente a Bush, todo el mundo parece bueno." Para ello, es necesario el disenso: "Sí, el desacuerdo y la protesta dividen, pero en el buen sentido, porque representan exactamente las divisiones reales de la sociedad. Estas divisiones existen -los ricos, los pobres-, tanto si hay disentimiento como si no, pero cuando no lo hay, no hay cambio. El disenso tiene la posibilidad no de terminar con las divisiones de la sociedad, pero sí de cambiar la realidad de la división. Cambiar el equilibrio de poder en favor de los pobres y los oprimidos." Descanse en paz.
A diferencia de las infraestructuras físicas de Haití, de los cuerpos y psique de los haitianos, que tardarán bastante en recomponerse de semejante catástrofe, la reconstrucción mediática de Haití comenzó el mismo día del terremoto, el pasado día 12 de enero.
El patrón que sigue la prensa internacional es el mismo que el empleado habitualmente en este tipo de situaciones. José María Ridao explica en el diario El País (el subrayado es mío):
"A partir del momento en que el resto del mundo conoce un enunciado tan brutal y tan escueto, el esfuerzo para ilustrarlo y darle desarrollo tiene que ajustarsenecesariamente a un mismo e invariable esquema. Primero, los testimonios del momento crítico; luego, la búsqueda desesperada de supervivientes; poco después, el consuelo de los milagros, cada vez más raros a medida en que pasan los días; finalmente, las escenas de pillaje a consecuencia del hambre, la sed y la desesperación."
Falta una última fase: la autocrítica hipócrita de los medios, que suele llegar a destiempo. Se equivoca Ridao. No existe esa necesidad de la que habla, como tampoco es inevitable que Haití algún día "no sea noticia", como titula su artículo. Si los medios operan así es porque aplican esquemas y lenguajes preconcebidos para recrear una realidad que no son políticamente inocentes. De hecho, no parece que los periodistas se hayan encontrado con el nivel de violencia que esperaban, por lo que acaban por repetir las mismas imágenes y los mismos prejuicios. Esta producción mediática de la inseguridad -una percepción maleable- ha tenido repercusiones en el mismo reparto de la ayuda de emergencia. Por supuesto que hay tensiones, conflictos, grupos armados. Los hay. Pero de ahí presentar la búsqueda desesperada de productos básicos como pillaje -¡la propiedad ante todo!- o identificar a muchos haitianos como criminales va un trecho. Hasta la huida del desastre es presentado en tono policial: los haitianos no viajan, son "transportados ilegalmente". La cuestión estriba, pues, en cómo mostrar los pedazos de realidad, cómo contextualizarlos, sobre la base de qué elementos de juicio. Y la prensa insiste en subrayar -y tergiversar- dos cosas: la falta de seguridad y de gobierno. El objetivo es claro: legitimar la intervención exterior.
El guión es el habitualmente empleado para representar el África negra. Haití es África, pero en América. Predominan por tanto las imágenes corrientes del género, un imaginario del negro que ha cambiado muy poco desde la literatura colonial: violento, pasivo, incapaz de gobernarse y sometido a la tradición. Incapaz para ser libre, pues. En televisión, volvemos a encontrar blancos -en el sentido amplio y simbólico del término- que "salvan" negros, entre los que encontramos cada vez más periodistas...
El periodista Anderson Cooper socorre a un niño herido de un disparo. Fuente: CNN, cadena campeona en manipulación y amarillismo.
Un negro que no merece el mismo pudor que el blanco que muere bajo los escombros del World Trade Center. Aquí las cámaras no tienen recato alguno en mostrar entrañas, huesos rotos, sangre, cadáveres. Más que de "emo-periodismo", podríamos hablar de "necro-periodismo", una especie de pornografía gore que prescinde de la reflexión y el análisis.
Afortunadamente, algunos periodistas, que normalmente trabajan para medios públicos o comunitarios, intentan adoptar un enfoque más honesto. Algunos se centran en dar voz a los haitianos. El periodista Reed Lindsay, para Telesur, mostraba hace unos días cómo los sobrevivientes se levantan poco a poco, se mueven, se organizan, se ayudan:
"Sobrevivientes se desplazan de la capital a las provincias", 18 de enero de 2010. Fuente: Telesur.
"Haití es una rebelión que se hace llamar república" Chicago Tribune, 5 de septiembre de 1915
El 14 de agosto de 1791, una semana antes de que los esclavos de Saint Domingue se alzaran contra sus amos, un grupo de esclavos y cimarrones se reunieron en una zona boscosa del Norte de la isla, llamada Bois Caïman, para celebrar una ceremonia dirigida por el ex esclavo y sacerdote vudú Dutty Boukman y una sacerdotisa mulata. El rito consistió en un pacto de sangre, mediante el sacrificio de un cerdo negro y la ingestión de su sangre por los asistentes, que prometieron acabar con todos los blancos de Saint Domingue.
Así suele relatarse el principio de la revolución que, tras trece años de guerras civiles, conduciría a la proclamación de la primera república negra moderna, la única surgida de las ruinas del sistema esclavista, y el primer país que abolió la esclavitud en tierras americanas. No debería extrañar, por tanto, que hace unos días, en plena conmoción por el terremoto que arrasó el país, el ultrareaccionario telepredicador evangelista Pat Robertson se refiriera a dicho pacto como un "pacto con el diablo" e hiciera al pueblo haitiano merecedor de su trágica suerte. El pecado original trasciende los siglos.
El impacto que tuvo en aquel entonces la exitosa revuelta de los esclavos negros (la mayoría, nacidos en el África subsahariana y transportados a la isla, tan elevada era la tasa de mortalidad) fue enorme, por lo que Francia, España, Gran Bretaña y los nacientes Estados Unidos hicieron todo lo posible por contener la onda expansiva de la revolución haitiana y hacer naufragar la experiencia. Estados Unidos aprobó en 1806 un embargo comercial y Francia logró imponer un resarcimiento millonario por la pérdida de las plantaciones, a cambio del fin del acoso militar y el reconocimiento del nuevo Estado (1825), uno de los primeros ejemplos de intervencionismo por medio del mecanismo de la deuda externa, factor que ha condicionado toda la historia del país. Posteriormente, Estados Unidos ocuparía el país entre 1915 y 1934. No fue la primera intervención militar, tampoco sería la última.
En el plano simbólico, Haití sería condenada al ostracismo. Las consecuencias de todo ello han sido menos evidentes que las de la intervención occidental. El evento revolucionario haitiano tuvo la misma relevancia -para una parte del mundo, más- que las revoluciones inglesa, estadounidense o francesa, pero acabó convertida en anécdota (o mero daño colateral de 1789) y su memoria, borrada. El pecado tenía que ser lavado. La razón principal es que, a diferencia de aquéllas, la revolución haitiana atacó de lleno la propiedad privada, al proclamar la libertad de los esclavos, e hizo tambalearse al capitalismo de la gran plantación colonial. Hay que tener en cuenta que en las décadas que precedieron a la independencia, Saint Domingue producía casi la mitad del azúcar y buena parte del café que se consumía en el mundo, y la colonia representaba nada menos que el 40 % del comercio exterior de la metrópolis francesa. La derrota de las tropas napoleónicas francesas en Saint Domingue fue uno de los factores principales para vender la Louisiana a los Estados Unidos. La victoria de los esclavos frente a las tropas bien pertrechadas de los franceses contradecía la imagen ideologizada del negro como un ser incapaz necesitado de un amo que lo dirija. Durante todo el siglo XIX, la reescritura de la historia por parte de una burguesía liberal que continuaría la empresa colonial con el reparto de África, hará de la esclavitud un arcaísmo medieval (cuando en realidad fue una institución básica del capitalismo mercantil) y la rebeldía haitiana se minusvalorará hasta el punto de que en el relato histórico dominante el fin de la trata se explica no por la fuga y la lucha de los esclavos sino por el descenso de la rentabilidad económica de las plantaciones (sin embargo, en Haití sucedía lo contrario) o la caridad de los abolicionistas blancos.
Con las demás revoluciones, la haitiana compartió conflictos entrecruzados (de raza, clase) y cierres en falso. La nueva elite, formada por oficiales del ejército de esclavos rebeldes y por mulatos y negros libertos (los "jacobinos negros" de C.L.R. James, que en 1789 poseían, pese a su subordinación política, un tercio de las tierras y una cuarta parte de los esclavos), tenía un proyecto de nación al estilo europeo que pasaba por integrar la república independiente en el concierto de las "naciones civilizadas", pese a la hostilidad de las grandes potencias. Para ello, se basó en las estructuras políticas y económicas de la antigua metrópolis a la hora de edificar el nuevo Estado.
La nueva república trató de mantener las plantaciones y los monocultivos de exportación, incluso con variantes de trabajo obligatorio, pese al rechazo de la población campesina. El Código Civil y los sucesivos Códigos Rurales (1826, 1864 y 1961), redactados a imagen de la legislación napoleónica francesa, pretendieron consagrar un sistema de propiedad ajeno por completo a los usos de la población rural mayoritaria. Sin éxito, como prueba la inexistencia, aún hoy, de catastro. Mientras, se promulgaron leyes contra vagos y maleantes que prohibieron la libre circulación entre pueblos y ciudades a quienes no fueran propietarios y las leyes penales (1835, 1935) criminalizaron oficialmente la práctica del vudú, aunque en la práctica el Estado (ya estuviera dirigido por Duvalier como por Aristide) tratara más bien de manipularlo. Como explica Joan Gimeno Prats en la obra colectiva "La frontera ambigua" (Ed. Bellaterra, 2007), coincidiendo por cierto con el análisis de Yann Moulier Boutang sobre la esclavitud, "el objetivo por parte del Estado era el de asegurarse el control y fijación de la población campesina" en las plantaciones. Sin embargo, no pudieron evitar un segundo gran movimiento de cimarronaje al interior montañoso del país o hacia la República Dominicana, donde podían cultivar la tierra sin servidumbre.
La destrucción del mundo rural haitiano no ha permitido consolidar un Estado nacional con una sociedad civil formada por ciudadanos en el sentido europeo liberal del término. La exportación masiva de madera durante el siglo XIX para pagar la deuda contraída con Francia inició la deforestación que suele achacarse en exclusiva a los propios campesinos negros. La erradicación del cerdo creole, objeto de sacrificio en Bois Caïman, bajo la dictadura de Duvalier a instancias de los Estados Unidos, dio paso a la importación del cerdo norteamericano, cuyo mantenimiento es mucho más caro y obliga a la importación de productos estadounidenses. Y la liberalización comercial de los años 80 favoreció la importación masiva de arroz subvencionado proveniente también de los Estados Unidos, lo que arruinó la producción local y provocó que los haitianos importen la mayor parte de los alimentos que consumen (equiparándose así con el resto de islas y países caribeños, incluyendo Cuba). Estos factores han conducido a una modificación sustancial de los flujos migratorios: del cimarronaje hacia las montañas al desplazamiento hacia los suburbios de Port-au-Prince y la emigración hacia el exterior (República Dominicana, Estados Unidos y Europa). Pero, como en África, la urbanización no ha zanjado las contradicciones de la Modernidad capitalista en una tierra cuyos habitantes se han resistido a identificarse con el homo oeconomicus que el desarrollismo teológico promueve como medida de toda humanidad.
A la necesaria ayuda de emergencia que necesita el país tras el terrible terremoto que el pasado 12 de enero arrasó la capital, y a la solidaridad internacional de los televidentes, probablemente no le siga una cooperación realmente fraternal, que anule la deuda externa o que muestre una genuina hospitalidad acogiendo a sus emigrantes sin pedir o hacer cuentas. Vuelven los marines estadounidenses mientras algunos gringos reflexionan sobre cómo hacer de la necesidad virtud. Volverán las ONG, ya presentes de forma masiva en un país que ya estaba ocupado y co-gestionado por las tropas de la Minustah (con amplia presencia de soldados enviados por gobiernos latinoamericanos de izquierda). Ya se trate del puño de hierro norteamericano o de la gestión "suave" y multilateral de la ONU, los objetivos finales no serán muy diferentes. Todos buscan, de un modo u otro, redimir a los haitianos de su pecado original.
COPenhague. La policía antidisturbios intenta expulsar a un grupo de manifestantes dentro del área de seguridad que rodea el Bella centre. Fotografía: Peter Dejong/AP
Tras pasar 21 días en prisión, Juan López de Uralde, director de Greenpeace España, ha declarado en sus comparecencias ante diversos medios de comunicación su sorpresa por la reacción desproporcionada de la policía danesa durante la Cumbre de Copenhague el pasado mes de diciembre. Uralde afirma que con los activistas detenidos se ha querido dar ejemplo para amedrentar al resto. Como él, muchos otros se han preguntado cómo es posible que un Estado tan democrático y desarrollado como Dinamarca haya desplegado semejante intervención policial, que ha incluido tácticas como la de mantener a centenares de personas detenidas a la intemperie durante horas. Hay que ver qué corta es la memoria y cómo funcionan los estereotipos nacionales. Parece que tampoco acaba de comprenderse bien cómo funciona la gubernamentalidad neoliberal en Europa (incluyendo España). No podemos aislar el caso Uralde de casos aparentemente inconexos como el de Egunkaria (comparativamente más grave), la criminalización de la inmigración o la última inflación de la amenaza Al Qaeda.
En el autoproclamado "mundo libre", la contundencia policial no es nueva. No en España, desde luego. Pero tampoco en Francia (recuerden la CRS), o en Italia, Alemania o Grecia. Lo mismo podría aplicarse a la policía en Estados Unidos, con su especial interés por los negros y los hispanos.
En el caso danés, país donde se supone que "estas cosas no pasan", hay que tener en cuenta el fuerte viraje hacia la derecha por parte del conjunto de la clase política desde mediados de los años ochenta, época en la que el pastor luterano Søren Krarup (una suerte de Le Pen local), con sus soflamas ultraderechistas, comenzara a normalizar el racismo y la xenofobia en el discurso político dominante. Para cuando se produjo la crisis de las caricaturas de Mahoma del diario conservador Jyllands-Posten, la opinión que más se difundió fue la de que las libertades estaban siendo amenazadas por el Islam. En realidad, lo más apropiado hubiera sido compararlas con las caricaturas antisemitas de la Alemania de los años 1930, una analogía que incomoda a algunos liberales de hoy (sobre todo a los socialdemócratas), aunque ciertamente no molestaría a los del período de entreguerras.
La gestión policial, cada vez más sofisticada, de las movilizaciones populares no es algo privativo de Dinamarca, sino algo generalizado en el llamado mundo desarrollado. El ciclo -parece que ya agotado- de las revueltas alterglobalizadoras comenzó simbólicamente con la fuerte represión policial de Seattle (1999), continuó con las infiltraciones policiales en las contracumbres, los disparos de Goteborg y la muerte de Giuliani en Genova en 2001, y concluyó con otro muerto (Ian Tomlison) el pasado año en Londres, durante la Cumbre del G-20. Mientras tanto, hemos asistido a una explosión de la videovigilancia, del desarrollo de bases de datos transnacionales, del control de la circulación intraeuropea (Schengen y sus suspensiones selectivas), a la ampliación a conveniencia del concepto de "terrorismo" y a la consiguiente proliferación de detenciones preventivas y arbitrarias. Dinamarca modificó su legislación poco antes de la Cumbre de Copenhague precisamente para poder detener a su antojo a cualquier persona no ya "peligrosa" sino molesta. Lo cual se inserta perfectamente en el llamado Programa de Estocolmo, consensuado por todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Todo este despliegue (excepcional) forma parte de un dispositivo de gobierno (cotidiano) más amplio que pretende empobrecer nuestra subjetividad, de modo tal que cortocircuite toda posibilidad de revuelta políticamente transformadora. La gestión de los miedos -que incluye diversas variantes del racismo institucionalizado- se ha vuelto una función esencial del "mal gobierno" (por usar la expresión zapatista). Miedo al terrorismo, a ser acusado de terrorista, a perder el trabajo, a no volver a encontrar un empleo, al "declassement social" del que hablan los franceses.
Miedo y culpa. "La producción de culpabilidad", afirma Maurizio Lazzarato, "es un afecto estratégico del neoliberalismo" que está íntimamente vinculado al miedo. Hasta el punto de que en algunos casos es preciso aumentar la dosis de terror, como sucedió con las dictaduras neoliberales de la América del Sur, o recientemente en el Iraq ocupado. La tortura y el maltrato provocan en las persona afectadas -y a su entorno- dependencia y culpa. En los citados lugares la construcción de las "democracias" pasa por prolongar la gestión del miedo y la culpa por otros medios, fundamentalmente económicos y financieros. En Argentina, Toty Flores, ex obrero metalúrgico vinculado inicialmente al Movimiento de Trabajadores Desocupados (hoy diputado de Coalición Cívica, pero esa es otra historia), explicaba muy bien en 2002 esta relación al relatar el origen de los MTD durante los años noventa (los subrayados son míos):
"Uno de los primeros problemas que tuvieron que abordar los desocupados que deseaban cambiar su condición de excluidos, era la culpa. La culpa se metía en cada uno de los actos de la vida cotidiana. Siempre aparecerá en el desocupado la responsabilidad de no tener trabajo. Culpable de haberse quedado sin trabajo por distintos motivos. Desocupado por ser viejo, por joven sin experiencia, por ser mujer, por ser extranjero, por no haber estudiado lo suficiente, por ser estudiante. No se visualizaba que un grupo minoritario de invididuos que gobernaban el mundo había decidido dejar a la deriva a millones de personas. (...) Era la culpa la que impedía organizarse con otros para, entre todos, encontrarles solución a los problemas. Era la culpa la que permanentemente nos convencía de que "somos unos inútiles", que "no servimos para nada", que "sufrimos miseria porque queremos", con lo cual, la condición de excluído se instalaba en nuestra subjetividad y condicionaba todo nuestro accionar, en la vida personal y en la participación de cualquier grupo social, ya que el quiebre de la autoestima conspiraba contra la integración, en igualdad de condiciones, con los demás componentes del grupo. En las primeras reuniones del MTD, con recurrencia, aparecía este tema, y era tremendamente movilizador." (...) "El otro tema que aparecía muy fuerte era el del miedo, y no por casualidad, ya que el miedo a la represión de la dictadura era algo todavía no superado por la sociedad; luego se sumó el miedo a la hiperinflación y más tarde el miedo a la hiperdesocupación, jugando como elementos negativos en la subjetividad de los desocupados y atravesando toda su vida diaria."
Por el momento esta estrategia ha tenido gran éxito, todo hay que decirlo. A los miedos económicos cabe añadir la creciente consideración del ciudadano (o de determinadas categorías) como sospechoso. En el caso de Uralde y otros activistas, lo importante no es si es culpable o no (¿de qué?), sino que se prolongue el proceso, que persista la incertidumbre. Aunque hemos asistido a una explosión de la microconflictividad, el año III de la crisis económica se cerró sin grandes conmociones en Europa, salvo perturbaciones puntuales como Grecia, Islandia o Lituania que no se han extendido.Y algunos de los conflictos más graves se han producido entre los propios damnificados. La explosión de la indignación contra la banca y la clase política se ha conjurado con el fantasma del desempleo, descargando la culpa en objetivos fáciles (ZP) o en chivos expiatorios como los inmigrantes. Muchos en la izquierda siguen confiando en que las condiciones objetivas de la crisis económica traerán consigo los cambios soñados. Pero son las condiciones subjetivas las que deberíamos entender mejor.
Manifestación del sábado 9 de enero de 2009, Santa Cruz de Tenerife.EFE/Cristobal García
La
historia reciente de Tenerife es, en parte, la historia del
planeamiento urbanístico. La transformación del modelo territorial y
económico del litoral de la isla se ha hecho a golpe de leyes
urbanísticas y planes insulares, generales y parciales de ordenación
urbana, mediante los cuales el Estado interviene para producir los
nuevos espacios turísticos y acelerar la acumulación y rotación del
capital. Progresivamente, la islase
ha ido convirtiendo en una metrópolis donde se pretende abolir la
distancia física existente entre pueblos y ciudades, que pasan a ser
distritos y donde los territorios agrícolas y los espacios naturales
protegidos acaban por convertirse en "parques" urbanos destinados al
ocio.
Si en otras partes hemos asistido a una transición de la metrópolis industrial a la biopolítica, donde la ciudad constituye "una dinámica viva de prácticas culturales, circuitos intelectuales, redes afectivas e instituciones sociales", y por tanto el espacio de la producción de riqueza en común (A. Negri y M. Hardt), en Canarias el pasaje se ha producido más bien a partir de la
ciudad comercial y los núcleos rurales que dependían de ella. La
riqueza que produce hoy la ciudad turística se traduce en un valor
inmobiliario que viene determinado por externalidades tanto positivas
como negativas. Bajo el feo nombre del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) encontramos una de las herramientas por la que las
administraciones, los promotores inmobiliarios y los especuladores
financieros capturan y privatizanesta riqueza social común.
Podría
decirse que el PGOU tiene en el ámbito municipal un carácter
constitucional, al afectar profundamente a la organización de la ciudad
y a la vida de los ciudadanos. No es de extrañar que el proceso de
aprobación de un PGOU sea un momento de alta conflictividad política y
en el que las carencias democráticas se hacen más evidentes.
El
pasado 4 de enero el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
aprobó finalmente el Plan General de Ordenación Urbana con los votos de
Coalición Canaria, Partido Popular y el Centro Canario Nacionalista (y
la ausencia de tres concejales del PSOE), tras siete años de
discusiones. Varias organizaciones sociales y partidos políticos
(ASSPT, PSC, IUC) convocaron una manifestación contra el PGOU para ayer
sábado a la que asistieron miles de personas. Mucha gente participó preocupada por la desvalorización de sus viviendas al quedar "fuera de ordenación"
en el marco del nuevo Plan. Aunque este aspecto ha sido el más polémico
en los últimos días (y sería un error despreciarlo y considerar que
sólo afecta a las clases medias), hay otros elementos a tener en
cuenta. Según Alternativa Sí Se Puede por Tenerife,
el Plan promueve la realización de infraestructuras que afectan a las
últimas zonas agrícolas del municipio, la realización de actividades
minero-extractivas en Montaña Talavera,
la construcción de aparcamientos subterráneos y la urbanización de
determinados tramos del litoral. A pesar de la concurrida
manifestación, todas las esperanzas se depositan en una vía judicial que es la que puede evitar otra vuelta de tuerca en
el modelo del ladrillo y el cemento. Pero ni siquiera sentencias
favorables garantizan su cumplimiento por parte de las
administraciones. Aunque no comparta del todo el diagnóstico del periodista Alfonso González Jerez, entiendo su pesadumbre. La única alternativa es política.
"- ¿Algún sentimiento oculto sobre nuestro incremento de tropas en Afganistán? - ¿Algún resentimiento no declarado por nuestros ataques con drones en Pakistán? - ¿Algún rencor encubierto por Iraq? - ¿Una rabia por Palestina mal dirigida?"
