Desde Jamaica

La moza regordeta marcha de stand en stand interrogando a los escasos autores que -día laborable y por la mañana- hacemos como que firmamos nuestra obra.

Le voy a hacer una encuesta -me amenaza, y no se arredra ante la mirada de angustia que dirijo hacia la puerta.

-¿Qué opina de la lectura de los españoles? -me lanza de inmediato, antes de que pueda optar por la franca huida.

-Poca -le respondo, tratando de que el monosílabo marque un estilo y empezando a imaginar que sus modales apabullantes sólo tiene una explicación: está resuelta a venderme una enciclopedia.

-¿Su autor favorito? - continúa sin pestañear.

¡Mi autor favorito! ¿Y cómo narices se contesta a una pregunta así? ¿Cómo elegir uno sólo? Ella interpreta mal mi silencio y cree que ha llegado el momento de ayudarme con alguna sugerencia:

-¿Qué tal Pérez Galdós?

-Muy bien, Pérez Galdós; estupendo. Un gran tipo.

-¿Y poeta?

Me precipito, antes de verme en la obligación de pasar por el bochorno de una segunda sugerencia:

-César Vallejo.

-¿César qué?

-Vallejo. Un peruano.

-Ah, peruano. Y españoles, ¿se sabe alguno?

-¿Te viene bien González? Ángel González -musito, francamente abatido.

Fue sólo uno de los episodios que hube de afrontar durante mis dos horas correspondientes de plantón. También tuve que decir una docena de veces que se me habían acabado las pegatinas, explicar a una señora despistada que, decididamente, yo no era Pedro J. Ramírez, que a ese señor le tocaba por la tarde, convenir con varios más en que los libros son, cuánta razón tiene usted, carísimos y, en fin, afrontar una de las preguntas más difíciles que jamás me hayan hecho:

-¿Es usted escritor?

El caso es que escribo. Pero tengo para mí que para ser escritor habrá que reunir otros requisitos.

Pero, bueno. A mí, al menos, no me llovió. Y al final, pasó por allí una ex novia y me pidió que le dedicara mi libro sobre el matrimonio.

Con eso me di por bien servido.

Javier Ortiz. El Mundo (6 de junio de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 11 de julio de 2010.

Varias auditorías e informes oficiales demuestran que la contabilidad y las finanzas de la Universidad del País Vasco han venido ofreciendo durante el mandato rectoral de Emilio Barberá anomalías de considerable importancia.

De ello han dejado constancia documental empresas auditoras de la solvencia de Arthur Andersen, entidades universitarias próximas al propio rector, como el Vicerrectorado de Presupuestos e Inversiones, y organismos oficiales especializados, como la Dirección de Intervención del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

Todos estos informes confirman que las cuentas de la Universidad presentan irregularidades tan numerosas como difíciles de explicar. Ya tras el primer tramo del mandato de Emilio Barberá, la empresa auditora Arthur Andersen & Co. emitió un informe en el que afirmaba que «la Universidad no tiene establecido un sistema contable y unos controles internos que aseguren que todos los gastos e ingresos que le afectan son registrados en la contabilidad y debidamente autorizados». Esta afirmación se refería a la situación de 1986.

Dos años después, la misma empresa auditora insistía en el diagnóstico, afirmando en un «Informe de Legalidad» que «las normas contables seguidas por la Universidad difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de los criterios contenidos en los Planes de Contabilidad Pública a los que debería haberse adaptado».

Sobre este particular, los expertos a cuyos informes ha tenido acceso El Mundo se muestran unánimes. En septiembre de 1989, en un informe sobre la situación financiero-presupuestaria de la UPV, la Dirección de Intervención del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, dirigido a la sazón por Alfonso Basagoiti, convenía en denunciar «la inexistencia de un sistema contable y de control presupuestario adecuado» y la «falta de fiscalización del gasto» en la UPV.

Dado el carácter oficial de este organismo, sus responsables se creyeron en la obligación de sugerir al Rectorado de la UPV las medidas correctoras en materia gerencial, y que se pusieran en práctica «a la mayor brevedad posible». Año y medio después, el Rectorado de la UPV no ha aplicado las instrucciones sugeridas por el Gobierno Vasco, al igual que obvió las conclusiones de la auditora Arthur Andersen.

Emilio Barberá acostumbra a citar a esta empresa auditora como garante de su solvencia gestora. De hecho, fuentes universitarias han afirmado a El Mundo que la relación entre el rectorado de la UPVEHU y algunos directivos locales de Arthur Andersen auditora parece «muy fluida». No obstante, es un hecho que esta empresa no ha dejado de constatar en sus informes sobre la UPV la existencia de importantes problemas económicos.

En el antes mencionado «Informe de Legalidad» encontramos la siguiente relación de irregularidades: «Hemos detectado 57 partidas –dice el escrito de Arthur Andersen & Co.–, de importes entre 627.000 pesetas y 16.549.000 pesetas, para las que se han fraccionado las facturas en importes individuales a 500.000 pesetas, al objeto de evitar la triple concurrencia y la formalización en contrato. El importe total de tales partidas asciende a 171.849.000 pesetas, aproximadamente.

«Hemos detectado contratos y actas de adjudicación cuya fecha es posterior a la recepción de las facturas o a la fecha de realización de los trabajos o adquisiciones. En concreto, de nuestra revisión han surgido 16 partidas de esta naturaleza, de importes entre 1.904.000 pesetas y 23.459.000 pesetas, que totalizan 112.091.000 pesetas.» (...)

«Los casos, entre los analizados, en que la adjudicación ha sido directa, no habiéndose celebrado concurso público o exigido la triple concurrencia cuando ello era legalmente obligatorio, han sido 9, por un importe total de 56.428.000 pesetas, aproximadamente. (...)»

En este informe («preparado para uso exclusivo del Rectorado de la UPV», según se dice en su último párrafo), Arthur Andersen señala bastantes otras irregularidades e incumplimientos de la legalidad en la gestión de la UPV, pero no hace un recuento completo de las mismas.

Nosotros las hemos contabilizado a partir de otro informe, éste elaborado por el propio Vicerrectorado de Presupuestos e Inversiones de la UPV. En un solo ejercicio económico –el de 1987–, hemos sumado hasta 94 operaciones económicas que vulneraron la legalidad.

Estas operaciones entrañaron un monto superior a los 500 millones de pesetas.

No es fácil determinar qué razones ha podido tener el Rectorado de la UPV para prescindir una y otra vez de las normas legales respectivas. Sí puede afirmarse, a cambio, que gracias a ello determinadas empresas se han visto beneficiadas de modo muy llamativo. El caso más espectacular es, probablemente, el de la empresa constructora «Contratas Gusla, SA», que tiene en la UPV a su más dilecto cliente.

Contabilizando únicamente el ejercicio de 1987, Gusla fue objeto de ocho contrataciones irregulares, una sola de las cuales importó casi 75 millones de pesetas. En los años 1988, 1989 y 1990, Gusla realizó para la UPV obras por un importe superior a los 1.500 millones de pesetas, cifra cuya relevancia no parece necesario subrayar.

Llama la atención el enunciado de algunos de los trabajos realizados por Gusla para la UPV. Ya en 1986 tuvo a su cargo la «reforma de las barandillas interiores del campus de Leioa» (28.260.479 pesetas de barandillas interiores) y la habilitación de la Sala de Juntas del mismo campus (una sala envidiable, porque sólo su «habilitación» ya salió por más de cuatro millones).

Para Gusla, 1988 fue un año decididamente ecológico. Cobró 53.388.984 pesetas por trabajos de «acondicionamiento y limpieza de zonas verdes» del campus de Leioa. Estas zonas verdes, al parecer, sufren una anonadante tendencia al deterioro, porque Gusla se volvió a embolsar al año siguiente 33.962.950 pesetas en concepto de nuevas obras de jardinería del mismo campus.

Es cierto que el Rectorado de la UPV adjudicó muchas de estas obras en condiciones de perfecta legalidad formal, tras el correspondiente concurso público. Pero hemos constatado que, en alguna ocasión, Gusla ha concursado compitiendo con otra empresa, llamada Construcciones Pemer, SA, que también concurría con su propio presupuesto.

Nada habría que objetar a la situación si no fuera porque basta con consultar el listín telefónico de Vizcaya para descubrir que esta última empresa tiene sus oficinas en la misma dirección que Contratas Gusla, y que ambas comparten también el mismo número de teléfono.

Un catedrático de la UPV ha resumido la situación afirmando que «cuando las aguas de la legalidad están turbias, se crean las condiciones para que algunos pesquen». Pero ese es un capítulo que merece tratamiento aparte.

Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (17 de abril de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.

El atentado de ayer en San Sebastián pone de manifiesto en toda su brutal crudeza la realidad que Euskadi está viviendo hoy en día. Una realidad dentro de la cual la muerte -incluyendo la de personas inocentes, ajenas al enfrentamiento entre el Estado y ETA- se convierte en dato cotidiano.

El atentado venía a producirse el mismo día en que este periódico daba a conocer la existencia de planes encaminados a una reedición de las conversaciones gobierno-ETA, con posible escenario en Suecia. La simultaneidad de ambos hechos hizo que muchos responsables políticos se creyeran doblemente obligados a declararse en contra de toda posibilidad de negociar, y a ello dedicaron buena parte de la jornada.

Es una reacción que parece haberse convertido en rutinaria: todo atentado mortal provoca su correspondiente cantidad de declaraciones opuestas al diálogo con ETA. Como si rechazar toda forma de diálogo fuera el mejor modo de mostrar energía a la hora de oponerse a la tragedia. O, al revés: como si defender una salida política apoyada en el diálogo entrañara alguna forma de complicidad con los que matan.

Es cierto que resulta muy problemático hablar de negociación cuando la conciencia colectiva se halla estremecida por la barbaridad de sucesos como los de ayer. Problemático, chocante y, para muchos, también difícil de entender. Porque son momentos más propicios para las respuestas viscerales, dictadas por los sentimientos, que para reflexiones mesuradas, fruto de un ejercicio racional.

Pero los responsables políticos tienen la obligación, sobre todo cuando se afrontan problemas de tan honda gravedad, de no actuar movidos por la visceralidad. Deben hacerlo imperiosamente, porque la visceralidad, reiteradamente utilizada desde hace más de una década como fundamento político, se ha mostrado en la práctica totalmente inhábil para poner coto a aquello que pretende combatir.

No son momentos en que sea fácil defender la necesidad del diálogo, digo. Pero es en estos momentos cuando urge hacerlo más que nunca.

Si partimos todos del acuerdo de que hay que poner las condiciones necesarias para librarnos de la pesadilla, habremos de convenir en que las viejas fórmulas, con sus viejas condenas y sus viejísimas proclamas de cerrazón, ya han demostrado suficientemente su inutilidad.

Yo no sé cuándo, cómo y desde qué premisas habrá que sentarse a hablar. Pero sí sé que hay que hacerlo, y cuanto antes. Urge ofrecer soluciones. Evitar los callejones sin salida.

Todo el tiempo que tarde en asumirse esa necesidad será un tiempo regalado a la muerte.

Javier Ortiz. El Mundo (16 de abril de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de abril de 2012.

EL pasado 20 de marzo, El Mundo denunció la existencia de una extraña Oficina de Compras de la Universidad del País Vasco. La Oficina en cuestión se instaló por iniciativa personal del rector de la UPV-EHU, Emilio Barberá, quien decidió prescindir para ello de los recursos humanos de la propia Universidad y se la atribuyó a una persona de su confianza, Ramón Ariño.

La citada Oficina de Compras pasó a monopolizar las adquisiciones de equipamiento de la Universidad, incluyendo aquellas puestas en marcha sin su mediación, y cobrando por ello comisiones millonarias.

El Mundo denunció que la titularidad de esta benéfica Oficina de Compras pasó de las manos de Ramón Ariño, su responsable inicial, a las de Germán Fernández, a petición del primero. Ariño se convirtió con ello en precursor de una nueva modalidad de acceso al mercado de plazas de trabajo universitarias: la adjudicación por herencia.

Durante meses, Fernández estuvo realizando labores de asesor de compras y cobrando elevadas comisiones sin siquiera tener contrato con la Universidad. Y cuando por fin el rector decidió hacerle un contrato –una verdadera bicoca, según demostramos– lo hizo sin sacar la plaza a concurso público, es decir, por el muy celtibérico sistema del nombramiento a dedo.

Cuando El Mundo hizo públicos estos hechos, el rector de la UPV se apresuró a negarlos. El mismo 20 de marzo convocó una conferencia de prensa en la que descalificó el reportaje.

Al día siguiente, en el curso de un programa de Radio Euskadi, Emilio Barberá fue más lejos: acusó al autor del reportaje de El Mundo de haber mentido y negó que existieran los documentos en que se basaba el artículo.

El rector Barberá faltó a la verdad. Emilio Barberá negó que Germán Fernández se hiciera cargo de la Oficina de Compras meses antes de firmar su contrato con la Universidad.

Dirigiéndose a este periodista, dijo: «Ha mentido». «Las informaciones que maneja son absolutamente falsas».

El Documento 1, adjunto, reproduce la carta que Barberá dirigió el 30 de junio de 1989 a Ramón Ariño. En ella queda constancia de cómo, atendiendo a la solicitud del propio Ariño, el rector trasladó en esa fecha el control de la Asesoría de Compras a Germán Fernández.

El Documento 2 reproduce la primera página del contrato firmado por Barberá con Germán Fernández, fechado el 15 de enero de 1990.

Conclusión: Fernández estuvo durante más de seis meses al frente de la Oficina de Compras sin haber sido contratado para ello. El rector falseó la verdad.

Barberá negó asimismo que este contrato entre el Rectorado y el comisionista Fernández se firmara en la misma fecha en que la UPV hiciera públicas las condiciones para acceder a la titularidad de la Oficina de Compras, lo que suponía una violación del principio de libre concurrencia.

El documento 4 reproduce la última página del «Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la Contratación del Servicio de Gestión de Expedientes de Importación, Mantenimiento y Asesoramiento Técnico de Equipamiento de la UPVEHU». En el capítulo III, apartado 15, de este documento se dice literalmente: «Las ofertas se presentarán en el lugar, plazo y forma que se indicará en la invitación a concurrir que la Universidad facilitará a las empresas». Este documento fue firmado por Emilio Barberá, como puede comprobarse, el 15 de enero de 1990, esto es, el mismo día que contrató a Fernández para cubrir la plaza.

No pudo haber ninguna invitación a concurrir a otras empresas, por falta literal de tiempo, puesto que Barberá hizo todo en la misma fecha.

En declaraciones públicas realizadas, poco después de la salida del reportaje de El Mundo, el rector pretendió que los señores Aniño y Fernández, sucesivamente encargados de la Oficina de Compras de la Universidad, han actuado como representantes de una empresa experta en esas tareas.

Barberá afirmó que esa empresa fue contratada por su alta especialización en la materia y comparó su solvencia con la de firmas como la auditora Arthur Andersen o Limpiezas «El Sol», que también prestan servicios para la UPV. Las afirmaciones del rector Barberá son falsas.

En primer lugar, tanto el contrato inicial firmado con Ramón Ariño (Documento 3) como el posteriormente establecido con Germán Fernández (Documento 2) lo fueron a título personal. Se dice en ellos que ambos se personan «actuando en nombre propio». Y cuando la UPV firma contratos con personas físicas que actúan en representación de empresas, sistemáticamente incluye la fórmula «Fulano de Tal, en nombre y representación de...».

Dicho de otro modo: El Mundo dijo la verdad cuando afirmó que eran contratos personales.

Prueba de ello es que cuando Fernández sustituyó a Ariño se le hizo un contrato diferente. Pero aunque firmaran a título personal, tanto Ramón Ariño como Germán Fernández tienen relación, en efecto, con una misma empresa. Ambos son miembros fundadores y administradores generales solidarios de la empresa NRG, SA.

¿Por qué el rector se refirió a esta empresa en términos vaporosos, sin siquiera citar su nombre? Ya que el rector no lo hizo, daremos nosotros información sobre esta solvente y experta empresa, «semejante a Arthur Andersen o "Limpiezas el Sol"».

Diremos, para empezar, que según se comprueba en su propia acta de constitución (cuya primera página reproducimos como Documento 5), ésta se formalizó el 7 de marzo de 1988, esto es, sólo dos semanas antes de que Barberá contratara a Aliño y pusiera en marcha la Oficina de Compras.

Añadiremos a ello que, aunque se constituyera como sociedad anónima, NRG es un negocio que tiene todo lo necesario para ser calificado de familiar. Como consta en el Registro Mercantil (tomo 2.013, sección 3ª, libro 1986, hoja 13.892. Ver Documento 6), sus socios fundadores fueron cuatro, a saber: Ramón Ariño de Garay, Carmen García Figueras (esposa de Ariño), Germán Fernández Marco (yerno de Ariño) y María Teresa Ariño García (hija del matrimonio Ariño-García y esposa de Germán Fernández). El capital social de la empresa quedó fijado en... trescientas mil pesetas.

Se verá que, cuando dijimos que Fernández había heredado de Ariño, empleamos un término escasamente metafórico: la Oficina de Compras de la Universidad pasó de suegro a yerno.

En el citado programa de radio, el rector Barberá negó lo publicado por El Mundo en relación a los ingresos percibidos por Germán Fernández entre el 26 de octubre de 1989 y el 10 de abril de 1990. Emilio Barberá dijo: «Eso es absolutamente mentira. Eso es una estupidez».

Según la documentación que obra en nuestro poder, la UPV pagó durante ese período a Germán Fernández las siguientes cantidades: 1.797.349 pesetas (26-10-1989), 6.189.392 ptas. (23-11-89), 3.741.635 ptas. (25-1-90), 5.611.971 ptas. (14-2-90), 2.729.281 ptas. (20-3-90), y 4.040.197 ptas. (10-4-90).

En esta última fecha, se hacía constar que quedaba pendiente de pago a Germán Fernández la cantidad de 2.704.049 pesetas.

Si se suman estas cantidades de las que el señor Fernández fue beneficiario, se alcanza la cifra de 26.813.874 pesetas. Y, si se obtiene la media mensual para el tiempo transcurrido, se ve que supera los 4,5 millones de pesetas, como habíamos ya publicado.

Invitamos a la Gerencia de la Universidad a que niegue que esos pagos se realizaron en esas fechas.

Dicho de otra manera y a modo, de resumen: el rector Barberá no sólo ha cometido diversas irregularidades relacionadas con la puesta en marcha y el funcionamiento de la llamada Oficina de Compras, sino que, para tratar de ocultarlo, ha faltado reiterada y deliberadamente a la verdad.

En algo sí coincidimos, no obstante, con Emilio Barberá. Cuando dice que este asunto es irrelevante, no le falta un punto de razón. Nuestra investigación posterior ha probado que, en efecto, el affaire de la Oficina de Compras ni es un hecho aislado ni es la principal de las irregularidades sucedidas en los últimos años en el Rectorado de la Universidad del País Vasco.

Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (10 de abril de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.

En las ya de por sí agitadas aguas de la Universidad del País Vasco empieza a navegar un nuevo escándalo, a cuenta de los avatares de una extraña «Oficina de Compras», integrada por una sola persona, que está obteniendo elevadísimas comisiones por gestiones cuya realización es a veces sorprendentemente sencilla.

La tal «Oficina de Compras» se llama, en concreto, Germán Fernández. El señor Fernández, encargado por el rector de la UPV de las compras de equipamiento de infraestructura de investigación, cobra, según documentos que obran en poder de El Mundo, una media de 4,5 millones de pesetas mensuales en concepto de comisiones.

El trabajo del señor Fernández puede llegar a ser de una sencillez pasmosa. Ha percibido pagos de hasta el 12% por obtener rebajas que algunas empresas vendedoras conceden de manera automática a toda persona u organismo vinculado a la Universidad. Dicho de otro modo: el señor Fernández llega a cobrar incluso por no hacer falta.

La antedicha Oficina de Compras nació en marzo de 1988 por iniciativa personal del rector, Emilio Barberá. Este decidió prescindir, por razones desconocidas, de los recursos humanos de la propia UPVEHU (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea) y procedió a privatizar la gestión de compras de infraestructura y de investigación, subcontratándola a una persona física formalmente ajena a la Universidad.

El pliego de prescripciones técnicas del contrato correspondiente, al que El Mundo ha tenido acceso, afirma en no muy humildes términos que se trata de «realizar toda actividad tendente a la busca y captura a nivel mundial (sic) de los mejores proveedores de los productos y servicios solicitados por la UPVEHU», obteniendo de aquellos «las mejores ofertas de prestaciones, calidad, modernidad, precios, formas de pago, servicio de puesta en marcha, training, servicios postventa y de mantenimiento y su extensión y precio».

A cambio de ello, el beneficiario del encargo, adjudicado por el sistema de contratación directa, pasaba a disfrutar de sustanciosas comisiones, establecidas en función de los porcentajes de descuento que consiguiera. Las comisiones podían elevarse hasta el 12% del total, en caso de que la reducción fuera superior al 30%.

El contrato fue adjudicado en primera instancia, en 1988, a Ramón Ariño, miembro del Servicio de Asesoramiento Técnico de Equipamiento de la propia UPV.

Por razones que El Mundo no ha logrado esclarecer, Ramón Ariño decidió abandonar estas labores un año después de haberlas asumido. Pidió al rector que le relevara de ellas y recomendó que se las concediera a un ayudante suyo, Germán Fernández.

El rector Barberá aceptó la dimisión de Ramón Ariño y también sus previsiones sucesorias. El 30 de junio de 1989 transfirió las fundones de la Oficina de Compras al citado Germán Fernández, sin mediar contrato de ningún tipo con él.

Esta no muy regular situación se mantuvo hasta el 15 de enero de 1990, fecha en que el rector verificó dos actos jurídicos casi simultáneos. Por el primero, firmó un nuevo pliego de condiciones para cubrir la plaza dejada vacante por Ariño. Por el segundo, adjudicó esa vacante a Germán Fernández. Todo el mismo día.

El pliego de condiciones, en un alarde de optimismo, preveía la existencia de una licitación abierta a varios candidatos. No obstante, al realizarse la convocatoria y la adjudicación a la vez, malamente pudieron aparecer otros candidatos, con lo que Germán Fernández pasó a convertirse en heredero único de la lucrativa y unipersonal Oficina de Compras.

Aquel fue un día de suerte para el señor Fernández. Cogió al rector Barberá en un excelente momento de generosidad. No sólo consigió la plaza en un tiempo record en su género, también logró que la Universidad firmara un contrato por el que se imponía a sí misma condiciones leoninas. Y ello incluso en comparación con las ya muy favorables de que gozaba su antecesor.

Para empezar, Fernández logró ampliar el plazo de vigencia del contrato, que pasó de dos a tres años. También se aseguró sustanciosos ingresos: la UPV le certificó un mínimo del 75% de la facturación del año anterior, sin exigir de él la obtención de un mínimo de beneficios para la Universidad. En fin, Fernández consiguió –sin duda por sus elevadas dotes de persuasión– que la UPV se prohibiera en la práctica la rescisión del contrato, puesto que en tal caso habría de abonarle la media de lo obtenido por comisiones en los dos años anteriores.

El Mundo posee muestras documentales de algunas adquisiciones realizadas por la Universidad del País Vasco gracias a los servicios del comisionista Fernández.

Ejemplo: ordenador Macintosh, modelo SE. Precio de venta al público en julio de 1990: 455.000 pesetas. Precio logrado por Fernández: 235.000. Rebaja: 48%. Comisión correspondiente: 12%. ¿Objeción? La firma vendedora, por propia iniciativa, ya ofrecía el ordenador a la Universidad al precio de 235.000 pesetas, sin necesidad de que ningún Fernández hiciera la más mínima gestión. Resultado: cada ordenador le salió a la Universidad unas 25.000 pesetas más caro que si la Oficina de Compras dedicada a la «busca y captura» «a nivel mundial» no hubiera existido.

Gracias a estas y otras varias gestiones –no siempre, por supuesto, tan ruinosas– el señor Fernández ha pasado de ser un modesto ciudadano a convertirse en floreciente millonario.

Sólo en el plazo comprendido entre el 26 de octubre de 1989 y el 10 de abril de 1990, Fernández cobró de la UPV, en concepto de comisiones, la coqueta cantidad de 26.813.874 pesetas, lo que eleva sus ingresos medios mensuales a la nada desdeñable suma de 4,5 millones, pellizco arriba, pellizco abajo.

Parece poco probable que Germán Fernández tenga motivos de queja con respecto a los criterios económicos del Rectorado de la Universidad del País Vasco.

Lamentablemente, su caso no parece ser general. De hecho, el Tribunal Superior de Cuentas de la Comunidad Autónoma ya tiene en marcha una investigación sobre otras hipotéticas irregularidades en la gestión de la UPV-EHU.

Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (20 de marzo de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.

«¿Ha pasado Vd. por aquí anteriormente?», pregunta el guardia civil con aspecto de marine norteamericano. Como no sé qué es lo que conviene contestar, sonrío y me mantengo en silencio. «Debe usted circular a velocidad moderada, pero no detenerse. Está prohibido sacar fotografías. Siga.»

Eso era hace cuatro días. Ayer, en cambio, el Gobierno Civil autorizó a los ecologistas manifestantes para que llegaran hasta las puertas de esta mole de cemento que iba para central nuclear y se ha quedado en aparatoso monumento al absurdo humano. Lemoiz apurtu (Demolición de Lemóniz).

«Ayer podía hacer usted todas las fotos que le diera la gana. Hoy vuelve a estar prohibido. Se trata, ya ve, de una seguridad de quita y pon».

Dos mil millones de pesetas se invierten cada año en mantener vivo este disparate. Millones en conservar el impecable brillo de cada pieza. Millones en corregir los efectos del salitre sobre los metales.

Millones en mantener la ficción de que esto podría ponerse en marcha en cuanto el Gobierno diera luz verde. Millones en vigilarlo como si se tratara del cuartel general de Sadam Husein: controles, detectores, sensores electrónicos, alambradas, guardias de élite.

El problema es que esos dos mil millones anuales no los pone Iberduero, empresa constructora de la central, ni ningún mecenas al que le fascinen los happenings políticos: los pagamos usted y yo todos los meses en el recibo de la luz.

Un portavoz de Iberduero: «El porvenir de la central depende del Consejo de Intervención de Lemóniz, es decir, en lo fundamental, del Ministerio de Industria».

–Pero Iberduero tendrá su propia opinión sobre lo que debería hacerse.

–«No».

Remitir al Consejo de Intervención es como mandarle a uno al guano. Porque ese Consejo –supuestamente integrado por cuatro representantes del Ministerio de Industria, dos del de Hacienda, uno del Gobierno Vasco y otro de Iberduero– se caracteriza por lo bien que disimula su existencia.

De él se sabe tan sólo que tiene un apartado de Correos: el número 35 de la localidad de Munguía. Carece de oficinas.

No tiene portavoz conocido y si es que ha hecho algo desde que pasó a controlar el proyecto en noviembre de 1982, se las ha arreglado para hacerlo sin que nadie se enterara.

El Consejo de Intervención no es sino otra ficción más dentro del disparate global en que se ha convertido Lemóniz.

Una central nuclear que nunca será puesta en marcha, porque el Gobierno no está dispuesto a asumir el coste político y social que esa decisión entrañaría, pero que tampoco quiere dar por muerta y bien muerta, porque no quiere pagar el precio político y económico de esa opción: Otra esquizofrenia más.

El proyecto de Lemóniz no fue muy astuto, todo sea dicho. Cada cual es libre de pensar lo que quiera de las centrales nucleares en general, pero instalar una a escasa distancia del Gran Bilbao, área densamente poblada que no podría ser desalojada en caso de accidente, supera los límites de lo que el sentido común aconseja, sobre todo después de conocer, las no muy alentadoras experiencias de Harrisburg y Chernóbil.

La oposición popular a Lemóniz fue considerable desde el primer momento. En 1977, Bilbao fue escenario de una manifestación que agrupó a unas 150.000 personas. El ecologismo estaba de fiesta.

Pronto las armas ocuparon la escena, de todos modos, y a cada cual le tocó contar sus muertos.

Cinco cayeron del lado de Iberduero; siete del de ETA. También hubo de morir Gladys del Estal, militante ecologista. Y un niño, Alberto Muñagorri, se quedó tuerto y cojo por no saber lo peligroso que es dar patadas a los paquetes abandonados junto a oficinas de Iberduero. (Nota de edición: algo que Alberto niega; dice que no golpeó el paquete).

Se optó entonces por incluir el complejo nuclear de Lemóniz –una bagatela que ha supuesto a Iberduero más de trescientos mil millones de pesetas– en el capítulo de las moratorias nucleares, junto con Valdecaballeros.

Y en esas sigue, diez años después de quedar «congelado».

Ahora, los viejos e irreconciliables enemigos, Iberduero y el movimiento ecologista, coinciden al menos en un punto: la situación actual es un sinsentido. «La moratoria no es suficiente», asegura Julen Rebatido, del colectivo ecologista EKI.

«La demolición es la única garantía de que la central nuclear no será nunca puesta en marcha». Y por ello vuelven por miles los ecologistas vascos a la puerta de la central dormida, año tras año, como hicieron ayer, para reclamar su definitiva demolición.

«Iberduero no tiene prisa», nos comenta un técnico cercano a la compañía eléctrica, «pero reclama una decisión definitiva».

«Si construyó Lemóniz fue porque el Gobierno así lo determinó en el Plan Energético Nacional correspondiente. «Si luego se paró, fue también por una decisión política. Que el Gobierno decida: o le da luz verde o paga los platos que él mismo dejó romper».

Una cosa ha quedado en cualquier caso clara durante la década de paralización de Lemóniz: se equivocaban quienes afirmaron que la central debía ponerse en marcha porque era imprescindible para el abastecimiento energético del País Vasco.

«La central nuclear de Lemóniz es necesaria para el País Vasco, y el tiempo se encargará de demostrarlo», afirmó en su día el factótum pensante del PNV, Xabier Arzalluz.

Movidos probablemente por impulsos de índole política, dirigentes de casi todos los demás partidos institucionales insistieron en la misma idea: Lemóniz debía empezar a funcionar; era imprescindible. 

Pues bien: han pasado los años, la central nuclear de Lemóniz no ha proporcionado ni un solo kilovatio y nadie lo ha notado. Salvo en un punto: en el importe de los recibos que pasa la compañía para resarcirse de los gastos del absurdo.

Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (28 de enero de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.

Era, creo recordar, a comienzos de la década de los 70 cuando me llegó a Burdeos una «cassette» de noventa minutos que me enviaba un amigo desde Bilbao. La cinta venía acompañada de un brevísimo mensaje: «Escucha esto. A ver qué te parece». Lo hice.

La «cassette» era una grabación correcta, pero casi doméstica. Contenía cerca de hora y media de canciones interpretadas por un joven llamado Natxo de Felipe. Había composiciones enteramente propias, otras basadas en melodías populares, bastantes con letras del mejor y más interesante de los poetas en lengua vasca de la época, Gabriel Aresti.

El acompañamiento de guitarra era sencillo pero, a diferencia de lo que hacían no pocos cantautores de la época, la música no era ramplona: se notaba que aquel muchacho sabía lo que se traía entre manos.

Han pasado veinte años. Vuelvo a escuchar aquella cinta y me sigue pasmando: Natxo de Felipe había acertado a incluir en ella ideas suficientes como para alimentar lo que han sido luego dos décadas de trabajo del mejor y más reconocido de los grupos de música popular vasca: Oskorri.

El grupo se formó en 1971, con Natxo de Felipe como líder y Gabriel Aresti como mentor. Comenzó entonces su particular travesía del desierto, con actuaciones al aire libre, fiesta a fiesta, pueblo a pueblo, madurando su conjunción –dos de los actuales componentes del grupo, además del propio De Felipe, han estado presentes desde los inicios: Antón Latxa y Martínez–, profundizando en el conocimiento del folklore vasco, remozándolo, buscando su simbiosis con sonidos modernos.

Es eso lo que explica que, cuando en 1975 apareció la primera grabación de Oskorri, aquello sonara tan poco balbuciente. El grupo topó con la censura franquista, que también sabía euskera y entendía la intención de rebeldía cívica de los textos de Aresti, que no se mordió la lengua hasta que la muerte detuvo su mano, en junio de 1975.

Tal vez por ello, 1977, con el inicio de la transición, fue el año clave para Oskorri (nombre que podría traducirse como «Aurora» o «Cielo rojo»). Aparece el primer LP, todo con letras de Aresti, y el éxito es más que importante.

Oskorri sale de casa, recorre los escenarios de toda la península recibiendo una sorprendente acogida y la Cadena Ser lo proclama «Conjunto Revelación de 1977».

Se habla de «folk urbano», de «folk industrial»; es, en todo caso, música con raíces, nada arqueológica, en la que el sintetizador se suma a la alboka y la guitarra eléctrica da contrapunto a la xirula: Oskorri.

A partir de entonces, el recorrido del grupo asume más altos y lejanos vuelos: nuevos elepés que la crítica acoge con creciente favor, actuaciones por Europa, publicación de un LP «europeo» por el sello Folk Freak-Pläne... Nadie discute a Oskorri su condición de primer grupo de Euskadi y una trayectoria madura y coherente.

Son ya dos décadas, once elepés, dos de ellos dobles, y ciento once canciones. Con este motivo, la editorial Elkar de San Sebastián ha editado un libro (Oskorri. Ehun ta hamaikatxo kantu), ilustrado por Juan Carlos Eguillor, que recoge todas las piezas, con sus partituras, acordes para guitarra, letras en euskera, traducciones al castellano, francés, inglés y alemán y todo el material necesario para mejor conocer el ya dilatado trabajo de Oskorri.

Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (28 de diciembre de 1990). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.

Es como en el viejo chiste de los dos millones de personas que deambulaban llorando amargamente porque habían aparecido diez malvados y les habían pegado. «¿Diez a dos millones?», pregunta un incrédulo. «iEs que nos han rodeao!», contestan.

El rector de la Universidad del País Vasco, Emilio Barberá, insiste en utilizar a diario una versión personal de este chiste para explicar la actual parálisis de la Universidad vasca. El cree sinceramente que habla en nombre de 50.000 alumnos y profesores «rodeados» por 85 profesores asociados radicales.

El rector Barberá, empero, ha descubierto cuál fue el fallo de los dos millones del chiste: no llamaron a la Policía. El no ha caído en ese error.

Se ha descrito la entrada en el campus de la Policía autonómica vasca con el manido tópico del elefante y la cacharrería. Es injusto. Por dos razones. En primer lugar, los ertzainas trataron de no desentonar con el carácter docente del escenario: su labor fue una indiscutible aportación a las prácticas de los alumnos de la Facultad de Medicina, sección de Traumatología. En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que eran víctimas de los naturales nervios de quien se somete a un difícil examen: estaban obligados a demostrar que sus servicios se hallan a la altura de los que ofrecen los mejores antidisturbios del Poder central. Vistas así las cosas, carece de sentido reprocharles que rompieran a culatazos una puerta blindada que podía haberse abierto con la manilla, que la emprendieran a golpes con gente sentada o que experimentaran con gases cuyos efectos perduraron hasta tres horas después.

Leo en la Prensa la exuberante y colorista prosa del rector:

«Perverso deseo de dictadores, fundamentalistas, intolerantes y otras especies de cerriles», «especímenes cuyo medio natural es la ignorancia, la mentira, la fealdad (sic) y el miedo»... Parece obvio que el señor Barberá no atraviesa por una fase de gran equilibrio y mesura mental. Yo no sé si los 85 profesores asociados tienen una u otra cuota de razón. Lo que más me preocupa es que el Rectorado de la UPV pueda estar en manos de un hombre que ha perdido la suya. Para resolver problemas no suele ser lo mejor.

Javier Ortiz. El Mundo (2 de diciembre de 1990). Subido a "Desde Jamaica" el 6 de diciembre de 2011.

La primera y principal de las coaliciones de gobierno que autorizan los resultados de ayer es la que conduciría a repetir la fórmula de los últimos cuatro años. Hay motivos para sospechar que será también la primera que considerará el candidato del partido de la mayoría relativa, José Antonio Ardanza.

La excelente disposición que el PSOE mostró hacia el PNV hace escasas fechas al facilitar su acercamiento al Consejo General del Poder Judicial, cerrado a formaciones de mayor peso a escala estatal, indica que, aunque en el escaparate electoral se hayan estado enseñando los dientes durante un par de semanas, las relaciones entre los socios del gobierno en funciones siguen siendo francamente fluidas.

Queda por ver qué exigencias planteará este PNV en ascenso al descendente PSE-PSOE para compensar en términos de poder la pérdida de imagen que le supondría renunciar a promover una coalición gubernamental de signo nacionalista. Y habrá que ver también entonces si los socialistas estarán dispuestos a pagar esa factura. Es ése el único resquicio por donde podría llegar a quebrarse la perspectiva de continuidad de la coalición.

En contra de lo que muchos creen, José Antonio Ardanza no ha descartado otras variables de coalición. Para empezar, porque las necesita como factor de presión sobre el propio PSOE y, aunque simpatice poco con las hipótesis que hablan de unidad del nacionalismo, tampoco puede desconocer que ésa es la vía que resulta más «natural» para buena parte de la base nacionalista.

En lo concerniente a Eusko Alkartasuna, el obstáculo con que tropieza el PNV tiene nombre propio: Carlos Garaikoetxea. Es poco probable que Ardanza esté dispuesto a compartir gabinete con quien hace tan poco protagonizó la escisión de las huestes peneuvistas.

Pero Garaikoetxea, tras afirmar que su persona nunca constituiría obstáculo para la unidad nacionalista, no ha tardado en aclarar que se refería tan sólo a las negociaciones, no al posible gobierno. Si EA debe estar, quiere ser personalmente él quien lo haga, y que nadie se lo reproche: ¿qué papel podría jugar Eusko Alkartasuna en Ajuria Enea, enfrentada a la poderosa maquinaria del PNV, si no puede contar con la presencia de su presidente?

Es ésta, pues, una combinación posible, pero dificultosa. Carlos Garaikoetxea habrá de afrontar en los próximos meses encrucijadas decisivas para su carrera política.

A cambio, Euskadiko Ezkerra se presenta como un perfecto tercero... en concordia: un socio cómodo para todas las combinaciones. Con todas en las que no aparezca, claro está, HB, que es la auténtica –la única– béte noire del partido de Kepa Aulestia.

Herri Batasuna ha presentado en el curso de la campaña un proyecto de unidad gubernamental nacionalista, EE excluida.

Es más una perspectiva estratégica, destinada en parte a que sus propios seguidores vayan viendo que asuntos como ése son planteables, que una idea con pretensiones de realización inmediata.

La inviabilidad del proyecto de HB no debe ocultar, sin embargo, un hecho de interés: que la base política que propone para ese gobierno está integrada por puntos que figuran en los propios programas del PNV y de EA.

Sería muy interesante que los destinatarios de la propuesta declararan si estarían dispuestos a convertir eventualmente esos puntos de sus programas políticos en programa común de gobierno. ¿Aceptaría el PNV bajar el derecho de autodeterminación del armario de la retórica al terreno de los proyectos inmediatos? Saberlo aclararía no poco el panorama político.

Javier Ortiz. El Mundo  (29 de octubre de 1990). Subido a "Desde Jamaica" el 20 de enero de 2018.

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aseguró ayer en Bilbao que, gracias al esfuerzo de moderación del Partido Socialista, «incluso dentro de los violentos hay una polémica muy agria». «Hemos sembrado la duda en Herri Batasuna, una duda que puede estallar cualquier día», precisó.

Como ejemplo de este desconcierto, que aseguró existe dentro de las filas del nacionalismo radical vasco, dijo saber que «los presos de ETA están aconsejando a sus familiares y a sus amigos que no se vote a HB».

La intervención del vicesecretario general del PSOE en el mitin de apoyo a la candidatura de Ramón Jáuregui para la Presidencia del Gobierno Vasco estaba rodeada de una gran expectación. No obstante, el pabellón municipal de deportes de la capital vizcaína, con un aforo de más de 5.000 plazas, no se llenó por entero.

Los organizadores reservaron a Guerra el papel estelar de la noche. Habló en último lugar y su parlamento duró tanto tiempo como el ocupado conjuntamente por los tres oradores que le precedieron en el uso de la palabra: Nicolás Redondo Terreros, Ramón Rubial y el propio candidato socialista a lehendakari, Ramón Jáuregui.

El vicepresidente del Gobierno, que se sirvió durante la mayor parte de su discurso de un tono inusualmente moderado, sólo lo quebró en dos ocasiones: cuando se refirió a «los violentos» y cuando hizo mención a los medios de comunicación.

Tras mostrar su desprecio por la derecha política («esos del PP... no van muy lejos»), pasó a referirse a «la derecha económica y social» la cual, según sostuvo, «está en los medios de comunicación, que tienen una hostilidad sin precedentes en la historia del mundo, contra un Gobierno legítimamente nombrado». «No tiene precedente –insistió–. Y se colocan en tal posición que ni siquiera admiten que digamos eso. No admiten la menor crítica sobre eso. Nosotros somos los arrogantes, pero ellos, en cuanto les hacemos la menor crítica, ya están haciendo acusaciones de todo orden contra nosotros».

Aseguró que en esta «hostilidad» se han utilizado «las armas más sucias».

En su larga intervención, Alfonso Guerra hizo un repaso general de la situación política vasca, española e internacional. Aseguró que los socialistas vascos («ser socialista en Euskadi es algo digno de admiración», precisó) han cumplido un papel fundamental en el despegue de la situación económica vasca y en la moderación de sus fuerzas políticas. «Hemos moderado al resto de los partidos vascos: al PNV, a Eusko Alkartasuna y a EE», precisó.

Se refirió a los que dicen «que ya hay problemas en el PSOE» para vaticinar que el próximo Congreso Federal socialista «les va a dejar decepcionados» porque va a haber un partido cohesionado alrededor de un líder que se llama Felipe, al único que se le puede llamar Felipe, sin tener que decir González».

Alfonso Guerra saludó la incorporación a las listas electorales del PSE-PSOE de miembros del grupo de Santiago Carrillo en Euskadi. Citó al líder histórico del PCE, Tomás Tueros, refiriéndose a su «imagen intachable», aunque hizo notar que su rechazo del comunismo no es de hoy.

Buena parte de las críticas del vicesecretario general del Partido Socialista se centraron en el PNV, siguiendo la vía trazada por los oradores anteriores y, en particular, por Ramón Jáuregui.

Dentro de la estrategia socialista de llamar a la constitución de un bloque electoral de los no nacionalistas, reprochó al PNV y los otros partidos nacionalistas su desconocimiento del «concepto de solidaridad». Refiriéndose al lema electoral del PNV («Euskadi es lo nuestro») dijo que recordaba a frases de otro tiempo, como «La calle es nuestra» y alabó «la generosidad sin precedentes» de los socialistas vascos al haber aceptado trabajar bajo un lehendakari nacionalista pese a que el PSE-PSOE obtuvo más votos que el PNV en las anteriores elecciones autonómicas.

Alfonso Guerra dio por finalizado su parlamento abrazando al candidato socialista a lehendakari, Ramón Jáuregui, y asegurando que, sea cual sea el próximo Gobierno en Gazteiz, «tendrá la solidaridad del Gobierno de España».

Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (20 de octubre de 1990). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.