Desde Jamaica

Se le veía contento ayer al ministro Ángel Acebes, tras su rápida visita a Bilbao. Había asistido al acto de entrega del III Premio Carmen Tagle al Foro de Ermua y no ocultaba la satisfacción que le producía el carácter «beligerante» que había tenido el acto.

El acto, en efecto, había sido extremadamente beligerante... contra el PNV y el Gobierno de Ibarretxe. Tanto entusiasmo pusieron los oradores en esa beligerancia que, de hecho, apenas dedicaron tiempo a hablar de ETA. No lo digo yo: léanse las crónicas de los periódicos de hoy.

Hubo aportaciones sumamente innovadoras a la causa de la beligerancia. La principal fue obra del magistrado Antonio Giménez Pericás, quien, tras asegurar que Ibarretxe es «el paradigma de la perversión social» (sic), dibujó un audaz paralelismo histórico entre la situación actual de Bilbao y la de 1835, cuando la capital vizcaína fue asediada por las tropas carlistas. Giménez Pericás respaldó su tesis con una prueba que debió considerar irrefutable: «Arzalluz-Zumalacárregui sigue lanzando ultimátums desde Estella».

Algo menos originales, pero igual de contundentes, se mostraron Carlos Iturgaiz, que acusó «al nacionalismo» -en general- de haber hecho «todo lo posible» para que en el País Vasco no haya libertad, y el presidente del Foro de Ermua, Vidal de Nicolás, que se reafirmó en su idea esencial, por no decir única: «El Gobierno vasco no es democrático». Así, como quien no quiere la cosa, el primero criminalizó una ideología que es propia de más de la mitad del pueblo vasco y el segundo se pasó por el arco del triunfo el último testimonio que tenemos de la voluntad de la ciudadanía vasca expresada en las urnas. Tiene razón Acebes: fue un acto muy, pero que muy beligerante. Tanto más si se considera que una de las personas que había sido invitada al acto y que hubo de aguantar el chorreo antinacionalista fue... el consejero vasco de Justicia, Sabin Intxaurraga. Habrá quien piense que esto de invitar a alguien para ponerlo a parir no es demasiado cortés. Pero, ¿qué importancia puede tener la cortesía, cuando está en juego el valor superior de la beligerancia?

Un motivo suplementario de satisfacción lo obtendría Acebes al comprobar hasta qué punto el gremio de la Justicia es beligerante como el que más. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, y el fiscal general del Estado, presentes en el acto, no ahorraron aplausos a los oradores. Del sentir de ambos se hizo intérprete el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, quien sentenció (que es lo suyo): «No creo que convenga añadir nada a lo que, con mucha exactitud y laconismo, han dicho todos los que han intervenido».

Y es que ¿por qué iba a tener que ser la Justicia respetuosa con el Gobierno vasco si, a fin de cuentas, «no es democrático», está presidido por alguien que es «el paradigma de la perversión social» y se apoya en un partido que es émulo de las tropas de Zumalacárregui, es decir, culpable del desencadenamiento de una guerra civil, como «con mucha exactitud y laconismo» dijeron todos los que intervinieron en el acto?

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (1 de febrero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de abril de 2017.

Escuché ayer al obispo Juan Antonio Reig, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, explicar por qué la Iglesia autoriza a las monjas el uso de anticonceptivos cuando se sienten en peligro de ser violadas. Dijo que es cierto que se produce «el acto físico de la anticoncepción», pero que «no se trata de anticoncepción propiamente dicha», sino de «un acto de autodefensa».

Me dio la sensación de que, a medida que daba lectura a sus explicaciones metafísicas, iba ruborizándose más y más. Y es que el papel lo aguanta todo, pero su exposición en público obliga a dar la cara. Y realmente hacía falta mucha cara para defender aquello.

Se me pasó por la cabeza la posibilidad de que alguna de las mujeres presentes se adelantara, le diera un buen soplamocos al señor obispo y a continuación explicara que, si bien se había producido «el acto físico» de la agresión, no se había tratado «de una agresión propiamente dicha», sino de «un acto de autodefensa» de la dignidad de las mujeres, en general, frente a la bocohornosa exhibición de corporativismo eclesial que acababa de protagonizar el tal Reig.

El obispo llegó al extremo de negarse a contestar a las preguntas que le hicieron sobre la posición de la Iglesia ante a la posibilidad de que cualquier mujer en peligro de violación -monja o no; en el Tercer Mundo, en el Bronx o en donde sea- use anticonceptivos. Su silencio fue más elocuente que todo su anterior discurso: quedó claro que él hablaba de las monjas... y nada más que de las monjas. De hecho, no perdió ocasión de insistir en que él se refería a la «defensa de su dignidad de religiosas».

La Iglesia de Roma condena el uso de anticonceptivos en todas partes, incluyendo el África subsahariana, por más que la gente se esté muriendo allí de sida como moscas. En ese caso, por lo visto, no cabe hablar ni de autodefensa ni de dignidad.

De todo lo cual se deducen dos cosas.

Primera, que el Vaticano considera que la dignidad propia de la condición religiosa es superior a la dignidad humana.

Y segunda, que defiende toda hipótesis de vida humana, incluso como proyecto meramente teórico, y considera criminal eludirlo... salvo que quien tenga que apechugar con la nueva vida pertenezca al personal de su empresa.

Sinceramente: pocas veces en mi vida he presenciado un espectáculo tan impúdico como el de ayer. Fue pornografía pura.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (31 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.

Es desde hace días el runrún predilecto de los mentideros políticos de la Villa y Corte: se cuenta que Felipe González quiere renunciar a su acta de diputado y distanciarse totalmente de la política activa.

Dicho lo cual, todo el mundo se lanza a especular sobre el significado y las consecuencias de esa decisión. Hay dos escuelas interpretativas al respecto. Unos dicen que lo que González pretende es reforzar la posición de Rodríguez Zapatero, dejando claro que lo cree capacitado para volar en solitario, sin su tutela. Otros consideran que, por el contrario, lo que quiere es desentenderse del camino elegido por la nueva dirección del PSOE y retirarse a su Colombey-les-deux-Églises particular, dispuesto a regresar triunfalmente dentro de unos años, cuando los socialistas no tengan más remedio que reclamar su liderazgo insustituible.

Por mi parte, no interpretaré de ningún modo su abandono de la política activa hasta que lo vea.

No me refiero a la cosa de ser o no ser diputado. Sobre eso sí lo creo capaz de tomar una decisión tajante. Actualmente, la única ventaja de peso que el escaño le proporciona, fuera del sueldo, es la inmunidad. Pero no parece que corra peligro de ser acusado de nada nuevo ante los tribunales de Justicia. A cambio, le expone a una crítica constante: es parlamentario, pero no ejerce de tal. Su sistemático absentismo supone un peso muerto para su grupo parlamentario y una estafa para los contribuyentes.

Lo que me resulta mucho menos creíble es que renuncie a mover los hilos de su partido desde la sombra. En primer lugar, porque hay un par de cuestiones que le interesan sobremanera y que la actual dirección del PSOE está gestionando de un modo que no le gusta nada de nada: la papeleta judicial de sus viejos compañeros de armas, con Barrionuevo y Vera en el papel estelar, y el conflicto vasco. Desaprueba lo que Rodríguez Zapatero está haciendo en ambos terrenos.

Pero hay otra razón más poderosa que vuelve improbable, si es que no imposible, el pase real de González a la reserva política: su carácter.

González lleva el cesarismo en la sangre. No se piensa: se siente imprescindible. Cada vez que vea un asunto realmente importante en el escenario de la vida política, experimentará el impulso irresistible de marcar a los suyos el rumbo. Aunque sea mediante intermediarios.

No me creo que González se vaya de la política activa. Le ocurre como a la víbora de la fábula: no puede parar de morder, aunque perjudique con ello sus propios intereses. Está en su naturaleza.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (30 de enero de 2001) y El Mundo (31 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 8 de febrero de 2013.

Nos visita una amiga de mi hija Ane. Es francesa. Y estudiante.

Después de la cena, hablamos de su país. Mi mujer, Charo, por pura querencia sectorial, deriva hacia la Enseñanza. Comparamos los sistemas educativos.

-A los estudiantes se les permite opinar y se les tiene en cuenta -dice.

Me hace recordar con cierta nostalgia el tiempo en que estuve estudiando periodismo en Burdeos, en el IUT, bajo la dirección de Robert Escarpit, y luego profesorado de francés, en la Sorbona.

-Sí. Ya hace 30 años aquello era la dictadura del estudiantado -respondo-. Hacíamos lo que nos daba la gana.

-¡No, no! ¡Digo en España! -replica ella-. En Francia, actualmente, los estudiantes no pintan nada. Aquí puedes discutir con el profesor y negociar la fecha del examen, por ejemplo. Allí te comunican el día y la hora, y si te viene bien, estupendo, y si no, peor para ti.

Me quedo perplejo. ¿Es posible que en 30 años las cosas hayan cambiado tanto? Da detalles: sí; han cambiado tanto... y más. Todo se está privatizando, así sea de manera camuflada. Los viejos principios de la Enseñanza Republicana amenazan ruina.

Acabo concluyendo que hay dos Francias: la que todavía persiste en mi recuerdo... y la que hoy ocupa su lugar, en el viejo territorio del hexágono.

Tenía previsto para el próximo mes un viaje a París. Ya no estoy tan seguro de querer hacerlo.

Tengo ampliamente cubierto el cupo de decepciones.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (29 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.

Partido Atlético de Madrid-Levante. Segunda División.

¿Alguien sabe por qué los árbitros son citados siempre por sus dos apellidos? A los jugadores se les llama por diminutivos, por apodos, por alias... Hay Gutis, hay Juanitos, hay Pelusas, hay Petetes y hasta hay Locos. Pero a los árbitros no. Siempre los dos apellidos. Y que no me digan que es para evitar equívocos: a un tío que se apellida Japón no hay necesidad de distinguirlo. Se distingue solo. Pero, nada: los comentaristas deportivos dicen siempre: «Arbitra el encuentro el colegiado Japón Sevilla». ¡Japón Sevilla! ¡Pero si parece un vuelo transcontinental!

Al árbitro del Atlético-Levante de ayer no le habría venido mal un segundo apellido clarificador, pero sus padres no le facilitaron la cosa: se apellida Pérez Pérez.

Bueno, pues el tal Bipérez fue un desastre. Sobre todo para el Levante. Puedo decirlo tranquilamente, porque a mí en ese partido ni me iba ni me venía nada. Pero es que el hombre sacó en la primera parte dos tarjetas amarillas a jugadores del equipo valenciano que ni siquiera habían cometido falta, y en la segunda se negó a sacar la tarjeta roja -así fuera sólo por acumulación de dos amarillas- a Juan Gómez, que cometió penalty entrando por detrás a un delantero rival cuando éste encaraba ya en solitario al portero. El árbitro pitó la falta máxima, pero se cuidó de amonestar a Gómez, haciendo caso omiso del reglamento.

Tal como arbitraba el mencionado Bipérez, cualquiera podía deducir que le habían prometido unas vacaciones en Marbella con todo pagado. Pero me imagino que no: que lo suyo era espontáneo favoritismo reverencial hacia el equipo de Primera venido a menos.

El fútbol es, en buena medida, un juego de azar. Pero ya presenta suficientes elementos de incertidumbre, gracias a los caprichos de la pelotita de marras, como para que encima haya un tipo con anuncio de Quiero que se comporte como si estuviera haciendo publicidad de la ONCE.

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(*) ¡Esto de los comentarios sobre fútbol se me está volviendo vicio!

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (28 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.

Recordaba ayer cómo Aznar faltó en 1996 a su palabra: se comprometió con los funcionarios a actualizarles el sueldo -hasta firmó un decreto al respecto- pero, cuando hubo de materializar ese compromiso en los Presupuestos del Estado del año siguiente, se volvió atrás y propuso al Congreso de los Diputados que congelara esa partida, cosa que obtuvo con el apoyo de sus socios parlamentarios de entonces.

Fiados seguramente por esa crítica mía, o tal vez dando por supuesto que con tal de dar caña a Aznar me apunto a lo que sea, me llamaron ayer de El Mundo para pedirme un artículo en defensa de la reciente y polémica sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Ejecutivo a restituir a los empleados públicos la cantidad que entonces les negó. Respondí que no podía escribir ese artículo, porque, en mi criterio, esa sentencia no se ajusta a Derecho.

Me telefoneó poco después mi amigo Gervasio Guzmán. Comenté el asunto con él. Se quedó perplejo.

-¿Tú de acuerdo con el Gobierno? -me preguntó, incrédulo.

-No, en absoluto -le respondí-. Me limito a decir que la Audiencia Nacional ha patinado.

Lo que el Ejecutivo de Aznar hizo en 1996 fue -y sigue siendo- inaceptable. Tanto en el plano ético como en el político. Se pasó por el arco del triunfo un compromiso convertido en ley. Hubiera sido motivo sobrado para declararlo moralmente insolvente per in sæculam sæculorum y para exigir la dimisión de Mariano Rajoy, que fue el ministro que protagonizó la estafa.

Pero el hecho es que la Ley de Presupuestos que aprobó el Parlamento meses después no asignó ni una peseta más a la partida de retribuciones del personal de las administraciones públicas. Tras de lo cual, el Gobierno ya no podía acomodar el sueldo de los funcionarios al incremento del IPC, porque, de hacerlo, habría violado lo dispuesto en esa ley.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional se mete en un jardín jurídico de mil pares. Porque, al afirmar que el Ejecutivo hubiera debido respetar su acuerdo inicial, está afirmando por las mismas que debería haber contravenido la Ley de Presupuestos. Eso es jurídicamente insostenible. Los jueces de la Audiencia Nacional saben de sobra que, cuando dos leyes entran en conflicto, prevalece siempre la de mayor rango. Y, en este caso, la de mayor rango era, sin duda alguna, la Ley de Presupuestos. Por lo demás, el Ejecutivo está obligado en todo caso a someterse a las decisiones del Legislativo.

Es cierto que a menudo -muy a menudo- no estoy de acuerdo con las leyes. Cabe decir incluso que, en términos generales, la legalidad vigente me parece deleznable. Ahora bien: si de lo que se trata es de decidir si algo se sujeta o no se sujeta a la ley, entonces sólo cabe contestar desde el punto de vista de la ley, le guste a uno lo que le guste.

Así se lo dije a mi buen amigo Gervasio Guzmán.

-¡Pero tú no eres un experto jurista! -me espetó, en tono irritado-. ¡Todo esto que argumentas no pasa de ser tu propio punto de vista!

-Naturalmente, Gervasio -le contesté-. ¿Qué otro punto de vista podría darte, sino el mío? Creí que era de eso de lo que hablábamos.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (28 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.

En tiempos pretéritos solía ponerse como ejemplo de estupidez a «Joto, que vendió la moto para comprar gasolina».

Se diría que Mayor Oreja es descendiente directo del Joto aquél. La genial idea de que los ecuatorianos sin papeles de la comarca de Lorca regresen a su país, reciban allí la documentación pertinente y se vuelvan para Murcia es de una estupidez apabullante. Tanto los propios inmigrantes como los partidos españoles de oposición han rechazado el plan, y con toda lógica. La Embajada de Ecuador en Madrid es tan territorio ecuatoriano como el mismísimo centro de Quito. Que se pasen por la legación diplomática de su país y reciban allí los papeles correspondientes. Todos saldríamos ahorrando: ellos, una pérdida considerable de jornales y una paliza importante; el Estado español -esto es, los contribuyentes, o sea, nosotros-, el importe de varios miles de billetes de idea y vuelta en avión.

Sólo encuentro dos posibles explicaciones para ese plan.

Una, que lo haya elaborado Iberia.

La otra, que el Gobierno de Aznar no tenga la más mínima intención de facilitar la vuelta de esos inmigrantes -de todos ellos, se entiende- y que esté tratando de venderles un peine.

Cuando se les manifiesta este temor, fundado en la pura lógica, los gobernantes españoles se dan aire de ofendidos y dicen en tono muy solemne que tienen «empeñada su palabra en ello».

No les creo. Dudo muy mucho de que haya habido un Monte de Piedad que les haya aceptado ese empeño: para estas alturas, su palabra no vale dos duros.

La prueba de ello está bien calentita. En 1996, los funcionarios creyeron al Gobierno cuando se comprometió a actualizar sus salarios y, así que llegaron los Presupuestos al Parlamento, Aznar se limpió el pompis con el acuerdo firmado.

¿Empeñada, su palabra? ¡Que enseñen la papeleta!

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (27 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.

Responde el ministro del Interior a las críticas que está mereciendo la nueva Ley de Extranjería diciendo que «un país serio tiene que tomarse en serio las leyes que aprueba» y que éstas «no se pueden estar cambiando cada tres días».

Esto último no deja de resultar sarcástico aplicado precisamente a esta ley, que su Gobierno ha promovido para sustituir otra que llevaba en vigor menos de un año. Se le dijo por activa y por pasiva que era preferible dejar que la ley anterior tuviera un tiempo de rodaje más prolongado, para que pudiera apreciarse mejor en qué puntos era correcta y en cuáles otros resultaba inadecuada. No le dio la gana, la sustituyó deprisa y corriendo y ahora dice que ese género de comportamiento es impropio de «un país serio». Parece una autocrítica.

Pero es la primera fase la que suscita mayor perpelejidad. ¿Así que «un país serio tiene que tomarse en serio las leyes que aprueba», eh? ¿Y como cuanto de «en serio» debe tomarse su Constitución?

La nueva Ley de Extranjería restringe de manera decisiva a los inmigrantes extranjeros, en general, y a los sin papeles, en particular, el ejercicio de determinados derechos: el de reunión, el de manifestación, el de asociación, el de huelga...

Invito a la relectura de la Constitución. Establece ésta con claridad meridiana que los derechos fundamentales reconocidos en su Título Primero -entre ellos, destacadamente, los que acabo de mencionar- son universales, en la medida en que los considera «inherentes» a «la dignidad de la persona» (art. 10.1). Acto seguido, precisa que también «los extranjeros» -los extranjeros, sin distinción- disfrutarán en España de esos derechos «en los términos que establezcan los tratados y la ley» (art. 13.1), con la sola reserva del derecho al sufragio, tanto activo como pasivo.

Pues bien: la nueva Ley de Extranjería, en lugar de fijar, conforme al mandato constitucional, en qué terminos han de gozar los inmigrantes de los derechos y libertades «inherentes a la dignidad de la persona», se los limita y, en muchos casos, les priva de ellos, sin más. ¿Es ése el modo en el que «un país serio» «se toma en serio» su Constitución?

A la hora de aprobar esta nueva ley, el Gobierno ha obviado la consulta al Consejo de Estado. Dicen algunos que por las prisas. Yo creo que lo ha hecho para evitar que le dijera que ha fabricado una norma abiertamente anticonstitucional.

Es un problema jurídico, pero no sólo. Ni siquiera principalmente. Preguntémonos qué interés puede tener el Gobierno en que el colectivo inmigrante no cuente con derechos tales como los de reunión, manifestación y huelga. Sólo hay una posible respuesta: quiere cercenar su capacidad de protesta.

Todos los estudios realizados por la UE demuestran que las leyes de inmigración fuertemente restrictivas, como la actual española, no consiguen frenar el flujo migratorio: lo único que logran es ampliar el porcentaje de inmigración ilegal.

Sumemos dos y dos: saben que, gracias a su ley, va a haber cada vez más inmigrantes sin papeles y quieren evitar que puedan rebelarse.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (26 de enero de 2001) y El Mundo (2 de febrero de 2012). Subido a "Desde Jamaica" el 02 de febrero de 2012.

Cuentan las crónicas llegadas de Chile que Augusto Pinochet ha negado ante el juez Guzmán cualquier relación con los crímenes cometidos durante su mandato. Dicen que el viejo dictador «hizo recaer toda la responsabilidad sobre sus subordinados».

Pinochet ha demostrado que, además de todo lo que ya sabíamos de él, es también un cobarde.

El código de conducta militar tiene aspectos decididamente ridículos: por ejemplo, la exaltación del honor hasta límites decididamente grotescos. Pero incluye un principio que es común a casi todas las deontologías: alguien que se encuentra al mando jamás debe escudarse en quienes están a sus órdenes.

Por funcionar, ese principio funciona incluso en una profesión tan poco escrupulosa como la mía. Todo jefe de sección de un periódico sabe que, si alguien de su equipo mete el cuezo, él debe apencar con la bronca, incluso aunque la pifia se haya producido en su ausencia. «Eso va en el sueldo», se suele argüir.

Los golpistas del 23-F se atuvieron estrictamente a ese principio. Miláns del Bosch y Tejero asumieron las derivaciones jurídicas de su conducta y trataron de exculpar a sus subordinados, alegando que habían actuado por «obediencia debida».

Muchos restamos importancia al gesto. «¡Qué menos!», nos dijimos.

Pero vinieron luego los juicios por los crímenes de los GAL y comprobamos que era perfectamente posible descender mucho más en la escala de la ignominia. González, Barrionuevo, Vera...: todos los jefes se dedicaron a lavarse las manos y a rebotar las culpas hacia abajo. Puestos a escabullirse, ni siquiera tuvieron la elemental vergüenza de admitir su responsabilidad in vigilando, es decir, el tanto de culpa que se deriva del hecho de no haber sabido vigilar lo que realmente estaban haciendo quienes se hallaban a sus órdenes. Se comportaron como unos perfectos cobardes.

Igual que Pinochet, al que no le importa presentarse como un imbécil que no se enteraba de lo que estaba ocurriendo delante de sus narices con tal de no asumir lo que todo el mundo sabe que fue cosa suya. Imbécil o loco: todo le da lo mismo, si con eso consigue escurrir el bulto.

Ahora ya sabemos algo más de él: que no sólo es un asesino, sino también un patético mequetrefe.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (25 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.

La normativa comunitaria destinada a combatir la cosa espongiforme bovina va a obligar a la modificación del reglamento taurino. A partir del próximo junio, los toreros ya no podrán dar la vuelta al ruedo exhibiendo apéndices de la res estoqueada. Deberán usar orejas y rabos de imitación. Tampoco será posible analizar la cornamenta del animal para comprobar si ha sido manipulada. En resumen: quedará prohibida toda práctica que implique retirar del bicho una parte de su cuerpo, puesto que todo él deberá ser incinerado.

A cambio -y no me pregunten por qué, porque lo ignoro-, cabrá seguir utilizando la puntilla, pese a que ésta se clava en la misma médula del animal.

Como antitaurino declarado, aliento ahora la esperanza de que empiecen a aparecer algunos casos de vacaloquería entre los toros de lidia. Porque, en ese caso, deberán sacrificarlos por manadas. A nada que eso se generalice, no podrán hacer corridas. Si no hay toros de lidia, adiós a la tauromaquia. A no ser que se decidan a montar espectáculos con toros de imitación. En cierto modo, será un detalle de coherencia: casi todo lo que rodea a la presunta fiesta nacional está ya amañado.

Lo que no ha conseguido la razón, quizá lo logre una enfermedad. Seré feliz. Llevo la mitad de mi larga vida oponiéndome a ese espectáculo de exaltación de la muerte. Y no porque sienta un intenso amor por los toros bravos, sino porque me repatea ver cómo hay gente que disfruta viendo cómo se los cargan ritualmente, poco a poco. Y porque me repatea aún más que lo haga con subvenciones públicas, es decir, con mi dinero.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (24 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.