Apuntes del Natural

Desde que de adolescente me dio por leer «La risa», de Henri Bergson, siempre me ha atraído la consideración de los mecanismos del humor: por qué nos hace gracia lo que nos hace gracia, qué recursos pueden provocar nuestra sonrisa y cuáles nuestra risa –no son los mismos–, por qué algunas cosas nos hacen gracia a unos (o unas) y no a otros (u otras), etc.

Ese interés mío por el lado teórico del humor, meramente diletante, me ha hecho descubrir –supongo que muchos decenios después de que otros lo descubrieran mejor que yo– que hay un género específico de chistes cuyo mayor interés está en que revelan con aparente superficialidad, como quien no quiere la cosa, verdades que podrían figurar sin desdoro alguno en algún tratado de política, o de filosofía, o de psicología, o de psiquiatría, o de todo ello a la vez.

Oyendo las noticias sobre la oleada de inmigrantes sin papeles que están emprendiendo estos días desde Mauritania una angustiosa travesía hacia Canarias, me ha venido al recuerdo un viejo chiste que me llamó en su día la atención porque me pareció que encierra un pensamiento de genuina estrategia militar.

Supongo que no hará falta avisar que no veo que en la tragedia de las barcazas que navegan a la buena ventura desde Mauritania a Canarias haya el más mínimo aspecto cómico. Que lo único que me hace sonreír es el ingenio de la reflexión.

El chiste original, al que ya hice alusión hace tiempo en otro Apunte a propósito de otro asunto muy diferente (*), se refería al amago de guerra que hubo en los años 60 entre la URSS, entonces dirigida por Nikita Jruschov, y la República Popular China, a la sazón presidida por Mao Zedong. La excusa fue un conflicto territorial a las orillas del río Usuri, en Siberia. El chiste contaba que la guerra chino-soviética finalmente estallaba y que el primer día de contienda el Ejército soviético cogía un millón de prisioneros chinos. Seguía la ofensiva de las tropas soviéticas y al día siguiente capturaban diez millones de prisioneros chinos. Y continuaban, y al tercer día pillaban cien millones de prisioneros más. Y al cuarto, doscientos millones más. Al quinto día –finalizaba el chiste–, Nikita Jruschov recibía un telegrama de Mao Zedong con un texto muy lacónico. Decía: «¿Ha entendido? Ríndase.»

Lo que me ha llevado a acordarme de aquella humorada de los años 60 es la evidencia de que cada vez llegan más y más inmigrantes a las costas canarias, y que lo hacen a diario, y que las autoridades españolas están tan desbordadas que ya no saben cómo hacer frente a esa realidad. He imaginado una situación en la que las pateras, barcazas y demás embarcaciones precarias trajeran sin parar miles y miles de inmigrantes a todas las costas soberanas de la UE: a Canarias, a Andalucía, a Italia, a Portugal. Cien mil al día. O más. Todos los días.

Al cabo de un mes, la UE podría recibir del Tercer Mundo un telegrama que dijera, lacónicamente: «¿Han entendido? Ríndanse.»

Y tendría que rendirse.

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(*) Fue el 22 de noviembre de 2004. Gracias a la informática, ahora, cuando me repito, sé que me repito.

El presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Patrick Robinson, ha lamentado que la súbita muerte del Slobodan Milosevic haya impedido que se dicte un veredicto sobre los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad que se habían formulado contra él. El juez tiene razón en términos técnicos, pero sabe muy bien que la realidad es otra. No puede ocultársele que casi todos los comentarios publicados tras la desaparición del mundo de los vivos del que fuera presidente de Yugoslavia han dado por probada la totalidad de los delitos de los que estaba acusado, e incluso más que ni siquiera llegaron a formularse contra él.

En esas condiciones, no cabe duda de que el muy extraño fallecimiento de Milosevic le ha venido de perlas al Tribunal de La Haya, que ha obtenido una condena de facto sin tener que probar ni argumentar nada.

Vale la pena preguntarse por las razones de la evolución que ha seguido el juicio contra Milosevic, que empezó hace cuatro años y medio como un gran espectáculo, rodeado de cámaras y micrófonos, y que en cosa de pocas semanas fue desapareciendo de los noticiarios, hasta perderse en el olvido. El interés por aquel circo se apagó a toda velocidad en cuanto se vio que el ex presidente yugoslavo era capaz de responder a las acusaciones del tribunal aportando datos que venían a probar que sus enemigos, incluidos los de la OTAN, no habían tenido un comportamiento mucho más presentable que el que se le reprochaba a él. Recuérdese –o sépalo quien lo ignorara– que hoy en día ya no hay duda de que algunas de las matanzas que se le atribuyeron durante aquella guerra fueron meros montajes propagandísticos, fabricados para inclinar a la opinión pública occidental del lado de la intervención, y que hubo hechos de guerra muy luctuosos que le fueron reprochados y que, en realidad, habían sido actos de provocación de la parte opuesta.

El peligro que presentó el discurrir del juicio de La Haya no fue que Milosevic pudiera demostrar su inocencia angelical, ni mucho menos, sino que quedara patente que las fuerzas que lo derrocaron, con la OTAN al frente, también cometieron actos abominables, contrarios a las leyes de la guerra y merecedores de enérgico castigo. Si de veras se hubiera tratado de que un tribunal imparcial sometiera a juicio a los criminales de guerra de ese conflicto, en el banquillo de los acusados debería haberse sentado también no poca gente del otro bando.

Lo mismo pasaría si a alguien se le ocurriera constituir un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Irak. Pero no existe tal peligro. Mientras haya vencedores y vencidos, ese género de tribunales siempre los montarán los vencedores para pavonearse a costa de los vencidos.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: El caso Milosevic.

Ya sé que hay asuntos de mucha más trascendencia social, pero mi deber de apuntador me obliga a escribir sobre lo que pienso, y lo que me viene a la cabeza insistentemente desde el pasado fin de semana es la labor de los árbitros de fútbol. Estuve atento, como suelo estarlo, a las cosas de la Liga, y esa dedicación –esa idiotez, digámoslo francamente– me llevó a comprobar que al menos dos partidos, el Atlético de Madrid-Rácing de Santander y el Osasuna-Barça, vieron condicionado su resultado por sendas faltas máximas que los árbitros se sacaron del pito. No se correspondieron con ninguna infracción al reglamento que hubieran cometido los defensas.

Me dejaron perplejo. «¿Cómo es posible que castiguen –me pregunté– algo que no se ha producido y que, en consecuencia, no han podido ver?» En las películas gringas en las que se relatan juicios, siempre se oye cómo el juez advierte a los miembros del jurado que deben decidir si el acusado es culpable «más allá de toda duda razonable». In dubio pro reo, dictaba el Derecho Romano. En caso de duda, beneficia al reo. Si no lo tienes claro, no sanciones. Es lo justo. Pero los árbitros de fútbol no funcionan así. Ellos castigan ateniéndose a lo que sospechan, a lo que intuyen o a lo que creen haber visto, aunque no haya ocurrido. Se cae un delantero y se dicen: «Para mí que le han empujado». Y pitan penalti. De lo que se derive de su decisión arbitraria –y nunca mejor dicho– puede depender la tira, en todos los órdenes, incluyendo el económico, pero ellos no se cortan un pelo: se equivocan con todo el aplomo del mundo, y se quedan tan anchos.

Alguna vez me he planteado qué haría yo si fuera árbitro de fútbol y comprobara, viendo las imágenes grabadas del partido que acabo de dirigir, que he tomado una decisión totalmente injusta que ha alterado el resultado del encuentro. ¿Dimitir, abochornado?

Quizá el asunto es previo. Es posible que la clave esté en esa extraña vocación que lleva a algunas personas a tener ganas de juzgar a los demás. Les va. A otros, en cambio, nos echa para atrás. A mí, por lo menos, no me atrae lo más mínimo. Me parece complicadísimo decidir «más allá de toda duda razonable». Incluso sobre un fuera de juego en un partido de fútbol. Lo cierto es que –no sé cómo me las arreglo– casi siempre acabo teniendo dudas sobre las intenciones y los hechos humanos.

Dicho lo cual, me pregunto también qué sucedería si los árbitros de fútbol se atuvieran a la estricta legalidad y no pitaran ninguna falta que les planteara alguna duda, en un sentido u otro: si se ha producido, si no, si ha sido así de grave, si menos, si más.

Supongo que los partidos de fútbol serían muy distintos. Y hasta es posible que acabaran a bofetadas, al haber tan poca autoridad sobre el campo.

No es fácil decidirse.

Creo que tampoco voy a juzgar eso.

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 Y ya que hablo de jueces, paso a cosas decididamente más serias.

He leído una entrevista con el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, que también me ha dejado perplejo, sólo que mucho más. Defiende la actuación de los antidisturbios de la Ertzaintza –los llamados beltzas– en algunas de las últimas manifestaciones celebradas en Euskadi alegando que la Policía vasca «respeta el derecho de manifestación, pero no la apología del terrorismo».

Ante lo cual se me ocurren dos cosas.

La primera es que la Ertzaintza no es quién para juzgar qué es y qué no es apología del terrorismo. Ésa es labor que corresponde a los jueces. En el transcurso de una manifestación, la Policía debe actuar para impedir la comisión de delitos flagrantes, pero no meterse a sentenciar y castigar sobre la marcha y por su cuenta delitos de tan vaporosas fronteras y tan cercanos a los delitos de opinión como el de apología del terrorismo.

La segunda es que disparar pelotas de goma a corta distancia y al cuerpo de los manifestantes, como se vio en la televisión que hicieron los beltzas en Vitoria, por ejemplo, es un error que puede tener muy graves y desproporcionadas consecuencias. Como supongo que no fue una iniciativa particular de los policías encargados del caso, algo tendrá que decir Javier Balza al respecto. O sus compañeros de gabinete.

Un amigo mío de allá por los años 60, muy cristiano él, se empeñó un buen día en que le justificara mi ateísmo. «¡Demuéstrame que Dios no existe!», me conminó. Y yo le respondí: «Demuéstrame tú que en este mismo momento no hay sobre la superficie de Venus un homínido de 1,54 metros de estatura que está leyendo las rimas de Bécquer». Se sintió ofendido. «¡Qué tontería! ¿Y por qué iba a existir ese homínido? ¡Qué idea tan absurda! ¡Demuéstrame tú que existe, en todo caso!», protestó. A lo que le contesté: «Tienes razón. Comparto tu lógica. Y precisamente por eso me veo en la necesidad de reclamarte que seas tú el que demuestre que existe eso a lo que llamas Dios. Porque a mí me parece un ente mucho más improbable que mi homínido de Venus.»

Pasados los años, cuando mi interés por la política me llevó a incurrir gravemente en el estudio del Derecho, supe que lo que en aquella ocasión me había propuesto mi amigo cristiano es lo que en términos jurídicos se denomina «invertir la carga de la prueba».

Es quien afirma que alguien ha hecho algo el que debe demostrarlo. No al revés. Nadie debe –he estado a punto de escribir «puede»; claro que puede, pero no debe– reclamar a otro que demuestre que no hizo esto o lo de más allá. Es el acusador el que debe aportar las pruebas.

Compruebo que hay alguna gente, casi toda vinculada al PP, que sigue insistiendo en que no se ha demostrado que ETA sea ajena a los atentados del 11-M. Y tiene razón. Tampoco está nada claro que alguna de las bombas de los trenes de la muerte de aquel día nefasto no la pusiera un homínido de 1,54 metros de estatura recién bajado de Venus e inspirado por alguna rima de Bécquer. Son los defensores de la tesis que relaciona al 11-M con ETA los que no han aportado nada que se parezca ni siquiera al amago de una prueba. 

Considerar que la relación entre unos presos y otros puede tenerse por demostrativa de algo es no tener ni puñetera idea de cómo funcionan las cárceles. Durante mi estancia en prisión, hace algo así como treintaitantos años, tuve contacto con asesinos, estafadores, traficantes de droga y no sé cuantos delincuentes más, organizados y desorganizados. Puedo jurar que no tuve la más mínima relación con sus siguientes crímenes.

Y si alguien cree lo contrario, que lo demuestre.

Hablaba el otro día con mi primo Emilio Sánchez Ortiz, que pasó unos días por Madrid y aprovechó para padecer una gripe en mi casa, sobre lo mal que está la traducción en España. (Algún día os daré cuenta personal de mi primo Emilio, que trabajó en los noticiarios en español de Radio París en una época en la que esos programas eran una de las escasas fuentes de información veraz que teníamos los antifranquistas. Cuando lo haga, espero no olvidarme de contaros cómo fue el programa especial realizado en directo desde los estudios de la radiotelevisión pública francesa, la ORTF, a orillas del Sena, el día en el que Franco perpetró su última tanda de fusilamientos. Aquella noche Radio París improvisó una tertulia de urgencia compuesta por Jean-Paul Sartre, Carlos-Hugo de Borbón Parma, Santiago Carrillo... y Javier Ortiz. Os contaré también, de paso, cómo por aquel tiempo solíamos tomarnos algunas cañas sentados en la terraza de un bistrot próximo y lo que me divertía sentar en mis rodillas y bromear con el revoltoso hijo de un compañero de trabajo de mi primo Emilio, Ramón Chao. Ahora aquel crío es bastante popular. Se llama Manu Chao.)

Digo que hablamos de lo rematadamente mal que está la traducción en España. Lo comentamos tras oír recitar un poema de Arthur Rimbaud titulado Les assis. ¿Cómo traerlo al castellano conservando su mensaje feroz, obsesivo, en el que el ritmo del poema, su música, es casi tan importante como el significado de las palabras? Le comenté a Emilio lo complicado que sería el ejercicio inverso si se tratara de poner en francés, por ejemplo, un poema de César Vallejo. Él me respondió que es factible, pero que para hacerlo hay que tomárselo en serio. Y pagarlo. Me contó que en Francia él participó varias veces en simposios especiales de traductores y escritores montados por una u otra editorial para hacerles debatir sobre la traducción de algunos textos. Yo le recompensé contándole cómo una editorial española, para ganar tiempo, llegó a encargar la traducción de una novela de John le Carré a varios traductores. A cada uno un grupo de capítulos. El resultado –que a la editorial le importó dos pepinos– fue un caos. Pongamos, dicho sea a modo de ejemplo, que el personaje que en el capítulo dos se llamaba Carlos, en el capítulo nueve se reconvertía en Charles. Y así. Hasta el título de la obra estaba mal traducido. La llamaron La chica del tambor. Uno podía tragarse el libro de cabo a rabo sin encontrar por ningún lado el tambor del título. Alguien debería haber explicado en la traducción que Le Carré tituló la novela The Little Drummer Girl en alusión al célebre villancico The Little Drummer Boy, que aquí es conocido como El pequeño tamborilero. Para que se entendiera la referencia literaria, la traducción debería haber dado cuenta de la letra original de la canción, marcando el paralelo entre la historieta del niño que acude al portal de Belén y la peripecia de la moza, Charlie, que Le Carré envía a Palestina. Tras de lo cual, la traducción más sensata, supongo, habría sido La pequeña tamborilera.

Pero el problema de las traducciones en España es que se pagan muy mal, con lo cual se recurre a traductores que o conocen mal los idiomas (el de origen y el castellano: uno, otro o ambos) o no pueden dedicar al encargo el tiempo que sería necesario para hacerlo en condiciones, porque entonces la hora de trabajo les saldría a precio de absoluta miseria.

Debatimos Emilio y yo sobre cómo puede ser que exista una diferencia tan grande entre Francia y en España a la hora de abordar la misma tarea. Coincidimos ambos en que en España –tampoco se trata de exagerar– se hacen algunas traducciones buenas. Incluso muy buenas. Pero, hecha esa salvedad, el asunto da que pensar. Porque, en el fondo, no habla sólo de traducciones, sino del conjunto del trabajo intelectual. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que todo el siglo XX español no haya producido ni media docena de filósofos de talla? Otrosí: ¿cómo explicar que, ahora mismo, auténticos mediocres –de ambos sexos– pasen por escritores de valía? (Seguiré otro día tirando de este mismo hilo de reflexiones. Creo que vale la pena. Y mucho.)

Nota del 15 de marzo de 2006: En este apunte hablé de Manu Chao como si en 1975 fuera un niño. El contraste con los datos biográficos del personaje me lleva a la conclusión de que el niño que yo recuerdo no podía ser él –que, eso sí, andaba por allí–, porque él, a la sazón, tenía 14 años, o algo así. El crío que me vino a la memoria debía de ser hijo de algún otro trabajador de Radio París. Manu, por entonces, según me recuerdan otros testigos de los hechos, se preparaba para hacer labores de recadista de Radio France.

Comentaba ayer el peligro que apareja enfrentarse a los José María Cuevas (y a los Rajoy, y a los Aznar, y a los Rouco, y a los Mena, y a los Jiménez Losantos, etcétera), en la medida en que esa confrontación puede redundar en respaldo fáctico a un Zapatero que no merece ser respaldado.

Le faltaron las horas al presidente del Gobierno para ilustrar ese riesgo por partida doble. Aportó, para empezar, la decisión de su seguro servidor el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de pedir que Arnaldo Otegi sea encarcelado por los disturbios de la jornada de lucha del jueves, incluidas las bombas de ETA. Y añadió a ello ipso facto su plan de drástico ajuste de plantilla en RTVE, por el que el Gobierno pretende reducir a casi la mitad los recursos humanos de la radiotelevisión pública.

Sobre lo de Otegi caben dos posibles catalogaciones: la jurídica y la política. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no niego que quepa argüir que el dirigente de Batasuna ha violado las condiciones que le fueron impuestas cuando obtuvo la libertad provisional bajo fianza. Pero el fiscal general sabe que esas condiciones se las han saltado a la torera muchos procesados que han sido puestos en libertad provisional por la Audiencia Nacional en un momento u otro, incluyendo algunos que llevaban en el bolsillo carné del PSOE, sin que ninguno fuera privado de la libertad por ese motivo.

Pero es que, además –y sin abandonar por el momento el terreno de lo específicamente jurídico–, responsabilizar a quien hace un llamamiento (a lo que sea) de todo lo ilegal que acabe sucediendo en el ámbito de su convocatoria representa, como poco, una frivolidad. Aplicando esa singular lógica, todos cuantos llamaron a luchar contra ETA sin hacer reserva expresa de los métodos aplicables al caso habrían podido ser acusados de los crímenes de los GAL.

Tecnicismos jurídicos al margen, lo que ni al Gobierno ni a Conde Pumpido se les escapa es que, si encarcelan a Arnaldo Otegi, estarán provocando un problema político de primera importancia. Porque ni Batasuna ni ETA van a dar ningún paso serio por el camino de la pacificación si las cosas se plantean en esos términos. Es un error que ya han cometido varias veces los unos y los otros: pretenden ir a la negociación desde una posición de fuerza. Pero ponen tanto empeño en demostrar la fuerza que arruinan las posibilidades de negociación.

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Ya, ya sé que lo de RTVE es un asunto muy diferente. (Tanto, que yo mismo me he creído en la obligación de poner algunos puntos suspensivos de por medio.) Pero ambos planteamientos gubernamentales tienen aspectos en común. Dos muy llamativos: ambos son concesiones al ideario de la derecha y ambos –asunto todavía más irritante– tienden a debilitar la posición del propio Gobierno.

No voy a reincidir en argumentos ya expuestos aquí mismo en días pasados, referidos al escaso apoyo mediático que tienen las posiciones de Zapatero en numerosos asuntos cruciales. Ya he dicho que, por no tener, ni siquiera tiene claramente de su lado a la radiotelevisión pública. Sólo le faltaba empeñarse en debilitarla y granjearse la enemistad de sus trabajadores. Es un disparate. Para comprobar que tengo razón debería bastarle constatar con qué alborozo han recibido los medios de la derecha la noticia del semi-desmentalamiento de RTVE. Se les juntan las ganas empresariales y las políticas.

Sale Solbes y se pone a recitar, con su tono monocorde impostadamente tecnicista, las razones que convierten a RTVE en una ruina. Como si no supiéramos que el ente pierde dinero a espuertas. Pero, siempre lo he dicho, y lo repetiré una vez más: ¿por qué no se investiga en qué se va el dinero de esa casa, más allá de los gastos de personal? Y, puestos a ahorrar: ¿por qué no nos explica el vicepresidente lo muy rentables que son las Fuerzas Armadas españolas, y los enormes dividendos que produce la Casa Real, y cómo dinamiza la economía productiva el dinero que se le entrega gratis et amore a la Iglesia católica?

Si ellos pierden sus fuerzas respaldando lo que les perjudica, ¿por qué habríamos de gastar las nuestras respaldándolos a ellos?

Estoy lejos de apuntarme a la vieja lógica según la cual «los enemigos de mis enemigos son mis amigos», pero hay pendencias que uno no puede pasar por alto, por ajenas que en principio le resulten.

Estoy pensando, muy en concreto –aunque no sólo–, en la que tiene montada el patrón de la CEOE, José María Cuevas, contra José Luis Rodríguez Zapatero. La fobia de este individuo por cuanto dice o hace el presidente del Gobierno es de diván. Está tan cegado por su cólera jupiterina que, con tal de atacarle, acaba por meterse en líos que no forman parte de su negociado, que no le convienen lo más mínimo y que le ponen lastimosamente en evidencia.

Lo de ayer fue antológico. Convirtió en un aprendiz al famoso elefante de la cacharrería. Primero la emprendió contra la OPA de Gas Natural sobre Endesa, definiéndola como una operación empresarial «muy a la catalana», lo que provocó el cabreo inmediato del empresariado catalán, que no acabó de verle la gracia a la expresión. Luego desbarró un rato hablando desdeñosamente de los intentos gubernamentales de propiciar la pacificación de Euskadi, lo que le acarreó la respuesta fulminante de la patronal vasca, que no entiende –y se le entiende– que ése sea un asunto sobre el que quepa frivolizar. En ambos casos, su objetivo obvio y declarado era Zapatero, pero embistió contra todo lo que vio de por medio, sin reparar en que se estaba buscando la enemiga de dos de los colectivos empresariales más importantes del Estado.

La rabiosa hostilidad de Cuevas hacia Zapatero tiene hondas raíces psicopatológicas, muy vinculadas con los viejos traumas falangistas del personaje, pero no es una peculiaridad que el jefe de la patronal española cultive en privado, ni mucho menos. No hay más que echar un vistazo cada mañana a los periódicos para comprobar que toda la España Eterna comparte en una u otra medida la misma obsesión, cada cual en su rama sectorial. El PP y sus voceros periodísticos están que se salen, literalmente. A su lado, el clero vaticanista se sube por las paredes, día sí y día también, por las mayores chorradas. Por tener, hasta tenemos militares que aventan por los papeles la nostalgia que les produce la quietud de su sable mandoblero.

«Están como en 1993, cuando iban a por Felipe González», dijo el miércoles pasado en Radio Euskadi María Antonia Iglesias en la tertulia que tenemos allí todas las semanas. No le contesté, porque uno no puede responder a todo, pero lo cierto es que aquella situación y ésta no tienen apenas nada que ver. La prueba nos la aporta el propio José María Cuevas, que sentía auténtica veneración por Felipe González y odia a José Luis Rodríguez Zapatero.  En aquel tiempo los que estábamos más de los nervios éramos los que contemplábamos con consternación un panorama dominado por el terrorismo de Estado y la corrupción político-económica. El Vaticano estaba contento. Los centralistas más acérrimos, saboreando su LOAPA. Washington, que se deshacía.

La dificultad que presenta la situación actual es encontrar el modo de zurrar a Zapatero –porque se lo merece por mil conceptos– sin beneficiar a los que son mucho peores que él y, a la vez, frenar a estos últimos con toda la energía necesaria sin hacer con ello el caldo gordo al propio Zapatero.

«¿Es posible algo así?», me preguntaba ayer una amiga. «No es fácil», le contesté. «Pero, si fue posible colaborar con los aliados contra Hitler sin convertirse por ello en agentes de Washington –continué–, también en este caso cabrá encontrar el modo de “golpear juntos y marchar por separado”».

Soy el primero en pensar que el argumento tiene su peso –a fin de cuentas es mío–, pero no acabo de convencerme a mí mismo.

Estaba esperando a ver cuánto tardaba, pero ya está: el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, anunció ayer que se va a reformar la ley para castigar más severamente las expresiones y comportamientos racistas y xenófobos en los recintos deportivos.  Porque la moda española de más prestigio es ésa: en cuanto se ve que algo está mal y no conviene, los políticos se ponen de acuerdo y sacan una ley que lo castiga. Y si hay ya una ley contra eso, la endurecen. Seguro que la comparación les ofende, pero me recuerdan a Su Excremencia el jefe del Estado anterior (anterior el jefe, no el Estado), que decidió que la lucha de clases era un fenómeno muy negativo, e incluso tirando a marxista, y sacó un decreto para prohibirla.

De este furor legislativo que nos invade, la ley que me ha parecido más curiosa es la que determina que las listas electorales habrán de ser paritarias entre hombres y mujeres, al menos en una relación de 4 a 6. Cuando supe de ese proyecto legislativo, me pregunté qué harán los partidos feministas, caso de que se apruebe. ¡Tendrán que incluir un 40% de hombres! Sus integrantes habrán de rezar para que la ley electoral mantenga las listas cerradas y bloqueadas. ¡Sólo faltaría que se vieran obligadas a meter hombres por imperativo legal y que al final fueran ellos los electos!

Sarcasmos aparte, lo que me preocupa más es que se esté generalizando la idea de que para transformar la realidad social lo que hace falta es una buena ley que lo diga y que castigue mucho a quienes se resistan. ¿Que el tabaco es malo? Ley al canto. ¿Que la gente bebe alcohol y conduce? Multas millonarias, carnés de puntos y a otra cosa. ¿Que muchos maridos, novios o lo que sea maltratan a sus parejas, presentes o pasadas? Acreciéntense las penas de cárcel, y nuestra buena conciencia quedará impoluta.

Estoy lejos de proponer que las conductas execrables queden impunes. Lo que sostengo es que los problemas no se resuelven por decreto (aunque a veces pueda haber decretos que ayuden a combatirlos, claro está). Me rebelo contra la descarada tendencia de la clase política a responder a las alarmas sociales –muchas veces inducidas por los medios de comunicación, ávidos de carnaza– recurriendo al fácil expediente de aumentar la panoplia legislativa, lo que le permite disimular su escaso interés o su directa incapacidad para actuar sobre los factores de fondo que condicionan las comportamientos machistas, violentos, racistas, xenófobos... o lo que sea.  

(Acabado el apunte, se lo envío, como siempre, a mi buen amigo Gervasio Guzmán, que me responde casi de inmediato con un correo electrónico que dice: «Eres injusto con Franco. Al final, mira por dónde, logró abolir la lucha de clases en España.»)

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: La ley como remedio universal.

No sé a qué necesidades internas de la izquierda abertzale puede responder el giro político que Batasuna ha dado en los últimos días y cuya más llamativa expresión es la convocatoria que ha hecho de una huelga general para mañana. Puedo imaginar algunas posibilidades, pero en estos momentos la imaginación es preferible dedicarla a cosas más constructivas. En todo caso, sean cuales esas razones, lo que me parece indudable es que no son las que ha expuesto públicamente.

Pernando Barrena dijo ayer que el esfuerzo por impulsar la paz y los llamamientos a movilizaciones «no sólo no son incompatibles, sino que son necesarios, porque estamos a las puertas de un proceso de soluciones».

Lo primero que cabe objetarle es que hable de ese «proceso de soluciones» como si su proximidad fuera una evidencia. No lo es. Me consta que algunos de los actores políticos llamados a protagonizar ese proceso están empezando a verlo muy en el alero.

Batasuna se queja de que Zapatero dice mucho pero hace muy poco, o casi nada. Critica, en particular, que no haya empezado por tomar iniciativas de política penitenciaria destinadas a favorecer la distensión en Euskadi. Y tiene razón. Pero habla como si Zapatero obrara así por capricho; como si pudiera hacer fácilmente lo contrario y no le diera la gana. En este momento, no tener en cuenta que Zapatero tiene frente a sí a fuerzas hostiles muy bien situadas en plataformas de primera importancia es un grave error. La mayoría de los principales medios de comunicación, lo esencial del poder judicial –véase lo de ayer de Hernando–, la cúpula del empresariado, elementos clave de la jerarquía católica y hasta una parte considerable del propio PSOE –por no hablar del PP, que es lo suyo– le tiran zancadillas alevosas un día sí y otro también. ¿Habrá entonces que proteger y arropar al pobrecito Zapatero? No, desde luego. Pero sí arreglárselas para tirar de la cuerda sin arriesgarse a romperla.

Hay otro aspecto del planteamiento de Batasuna al que no le veo sentido. Si interpreto bien lo que están diciendo sus dirigentes, lo que persiguen con el llamamiento a la huelga general de mañana y otras convocatorias de presión en la calle es acudir al «proceso de soluciones» con una posición de fuerza. Pero no creo que la posición de fuerza que tiene en este momento la izquierda abertzale, avalada por las urnas, vaya a mejorar con una huelga general y unas manifestaciones escasamente respaldadas. (Porque puede que me equivoque, pero no creo que mañana se vaya a paralizar Euskal Herria, precisamente.)

Eso sin contar con el juego sucio de sus oponentes, que han aprovechado esta víspera de movilización para sacar del frigo noticias de la última campaña de misivas de ETA enviadas a los empresarios para sacarles dinero, cartas de las que se habla dando detalles truculentos de los que –que yo haya visto, por lo menos– nadie ha aportado ninguna prueba. Es evidente que se trata de crear un estado de opinión hostil a ETA y, por vía de consecuencia, a Batasuna y a sus convocatorias. Normal: son técnicas al uso.

O sea, y por resumir: que las cosas están tomando un rumbo muy feo.

Pocas veces la vida política habrá proporcionado un ejemplo de caradura más espectacular que el que ofreció José María Aznar el pasado viernes en la Convención Nacional del PP cuando afirmó que su Gobierno nunca pretendió negociar con ETA; que sus representantes acudieron a Zúrich únicamente para comprobar si el «movimiento vasco de liberación», como llamó él a ETA entonces, estaba dispuesto a rendirse o no. Pérez Rubalcaba reaccionó rápidamente, ridiculizando la idea de que Aznar hubiera podido enviar a tres de sus asesores principales a Suiza tan sólo para decir a la delegación de ETA, como si fuera un chiste de Gila: «Que pregunta mi jefe que si se rinden. Y que si no, nos vamos».

Pero la cuestión no es que la pretensión de Aznar resulte inverosímil: es que se sabe que es falsa.

El 1 de mayo de 2000, Gara publicó el texto del acta que levantó la representación de ETA de su reunión con los comisionados del Gobierno de Aznar. En aquel acta, se entrecomillaba lo dicho en la reunión por uno de los enviados del Ejecutivo de Madrid: «No pensamos que ETA se va a rendir (...) No venimos a la derrota de ETA». Tras la publicación del documento, miembros tan cualificados del equipo de Aznar como Jaime Mayor Oreja lo comentaron sin desmentir ni una coma de lo que en él se afirmaba.

Hay documentación abundante de la época que revela que el entonces presidente del Gobierno era partidario de hacer exactamente lo mismo que pretende ahora Zapatero, a saber: de un lado, negociar con ETA su abandono de las armas; del otro, aceptar la creación de foros de discusión política con presencia de la izquierda abertzale. El 2 de mayo de 2000, El Mundo, que tenía por entonces cauces de comunicación privilegiados con el Gobierno de Aznar y con el propio Aznar, publicó un editorial titulado «Cuando ETA da tantas explicaciones, mala cosa», en el que decía: «El escrito que ETA elaboró a modo de acta de la reunión viene a reconocer que aquella conversación fue un perfecto diálogo para besugos: los enviados del Gobierno repitieron por activa y por pasiva su mensaje –en resumen: que querían establecer un cauce de diálogo con la banda terrorista que permitiera abordar el cese definitivo de la violencia–, en tanto los representantes de ETA insistieron una y otra vez en que lo que querían era que se les dijera si el Gobierno estaba dispuesto a aceptar “el proceso en curso en Euskal Herria”, es decir, el derecho de autodeterminación.» Y proseguía: «ETA demostró que ese diálogo le quedaba muy grande. No entendió que aquel no podía ser de ningún modo un foro para debatir problemas de estrategia política, porque para eso están las organizaciones políticas –incluidas las de la propia izquierda abertzale– y las instituciones democráticas.»

El Mundo marcaba claramente el planteamiento que ahora se llama «de dos mesas»: una, del Gobierno con ETA, para negociar el cese de la violencia; otra, entre las organizaciones políticas «incluidas las de la propia izquierda abertzale» para «debatir problemas de estrategia política» (entre los que el diario citaba la propia autodeterminación).

A mí no me inquieta que haya políticos como Aznar, capaces de negar lo que sea (o, a la inversa, de afirmarlo: recuérdese con que énfasis sostuvo que tenía pruebas concluyentes de que Sadam Husein contaba con armas de destrucción masiva). A mí lo que me preocupa realmente es que la falta de memoria de la sociedad, con los grandes medios de comunicación a su cabeza, llegue al extremo de tolerar que un dirigente político pueda sostener que hizo lo contrario de lo que hizo y no se le abrume con las pruebas incontestables de su falsedad, dejándolo en el ridículo y obligándolo a abandonar la escena.

Pero no nos llamemos a engaño: la falta de memoria de la sociedad es resultado del trabajo consciente e interesado de quienes se dedican a diario al borrado de la memoria colectiva.