Quilombo

Mineros de Lonmin en Nkaneng hill, Marikana, donde la policía masacró a 34 mineros. Fotografía: Greg Marinovich. Clicar para ampliar.

En Johannesburgo, frente al Museo del Apartheid se encuentra el Gold Reef City, parque temático y casino situado en una de las antiguas minas de oro que hoy rodean la ciudad como colinas de color amarillo pálido. No es casual. En Sudáfrica la mina precede y atraviesa el sistema legal que conocemos como apartheid y constituye un capítulo esencial en el control social de la mano de obra de todo el África austral. La historia de la mina sudafricana es una historia de violencia estructural, soterrada, que en ocasiones, como durante la matanza de 34 mineros en el yacimiento de Lonmin, Marikana, el pasado 16 de agosto, aflora y se hace visible en carne y sangre.

El compound

A lo largo del siglo XIX, británicos y bóers compitieron por aprovisionarse de trabajo dependiente de manera regular y abundante, principalmente de origen africano. Entre otras cosas, mediante la creación del pass y sus sucesivas adaptaciones. El desarrollo minero supuso una nueva etapa en este proceso. Como escribí hace algunos años en este blog, basándome en los trabajos de Yann Moulier Boutang:

"A partir de la década de 1870, el boom minero -de diamante primero, del oro después- llevó a cambiar de nuevo el régimen de pass en El Cabo, distinguiendo entre Native citizens y Native foreigners. Casi todos los africanos negros quedaban sujetos a un contrato obligatorio de trabajo de cinco años que les servía de pass, al término del cual podían llegar a obtener el estatuto de Native citizen. Muchos de los africanos procedían de los territorios de las actuales Mozambique, Lesotho y Botswana. Un sistema de "gestión de flujos", como se diría ahora, que anticipaba el sistema europeo de permisos de trabajo y residencia del siglo XX. Por su parte, los Estados bóer de Orange y Transvaal -más débiles- implantaron sin éxito la residencia obligatoria de los nuevos inmigrantes en un centro administrativo, donde debían permanecer hasta la conclusión de un contrato legal. 

La concentración de la propiedad minera (De Beers) y la lucha contra el contrabando de diamantes en un contexto de proletarización de los pequeños propietarios blancos de propiedades mineras y agrícolas llevó a inventar la barrera de color (colour bar): separación entre blancos y negros en el centro de trabajo y reclusión de los africanos en campos (compounds) donde residían durante la ejecución de su contrato, inspirados en el modelo de las colonias penitenciarias. La barrera racial buscaba también compensar la degradación del estatus de los trabajadores dependientes blancos."

El compound minero o campo de residencia para empleados suponía el encierro provisional, con vigilancia armada, de los mineros durante el tiempo de contrato, para evitar las fugas y el contrabando. Moulier Boutang describe la vida en el recinto así:

"Todos los empleados africanos de la mina comían allí, dormían allí, se lavaban allí y allí se curaban. Los diferentes servicios que tenían por costumbre hacer en la ciudad debieron hacerlo a partir de entonces dentro del recinto minero. Los objetos personales introducidos en el campo que no fueran desmontables y registrables no podían sacarlos fácilmente; los que se iban tenían dos opciones: venderlos a sus sucesores o abandonarlos. Las barreras del campo fueron reforzadas cada vez más; se instalaron torres de vigilancia, se colocaron enormes mallas para impedir que los mineros arrojaran gemas a cómplices en el exterior. Antes de abandonar el compound, al término de su contrato, los mineros eran objeto de un registro corporal en profundidad. Los sospechosos de haberse tragado diamantes eran encerrados en un local durante una semana entera, con las manos encadenadas con manoplas especiales que sólo les permitían alimentarse con una cuchara y al mismo tiempo les impedía que volvieran a tragarse las piedras o que las ocultaran. Sus heces eran objeto también de vigilancia. Había nacido el trabajo de campo de concentración temporal."

El sistema se racionalizó y se mejoraron las condiciones higiénicas en el compound para evitar enfermedades, aunque la extracción continuó realizándose en condiciones penosísimas. Se organizó el reclutamiento de inmigrantes con acuerdos con los jefes del interior. Sin embargo, este sistema de explotación fue no impedía que hubiera salarios más elevados que los que recibían otros mineros en la región: los salarios de las minas de diamante sudafricanas "fueron hasta 1910 los más elevados del África austral negra." (...) "Es la comparación con los salarios de los obreros blancos protegidos por la barrera de color lo que los hace parecer bajos".

El compound servía por tanto para articular un sistema regional de migraciones de trabajo. Como hemos señalado, la mayoría (el 60 %) del trabajo en las minas de oro y diamantes provenía de fuera del territorio sudafricano, principalmente de la actual Mozambique. El compound y la circulación de trabajadores dio lugar al desarrollo de una lingua franca específicamente minera y obrera, el fanagalo, un pidgin de base zulú e influencias inglesa y en menor medida afrikáner.

La respuesta segregacionista a las huelgas

Las huelgas estuvieron prohibidas hasta 1983 y siempre fueron duramente reprimidas por el régimen blanco. Y fueron dos grandes huelgas mineras, una blanca (1922) y otra negra (1946), las que precedieron importantes vueltas de tuerca en la política racista del Estado sudafricano.

La instauración de la barrera de color en 1911, que reservaba determinados puestos para los blancos, favoreció el enfrentamiento entre los obreros blancos con los negros. Una huelga de mineros blancos derivó en la cruenta Rebelión armada del Rand en 1922, que se originó por la sustitución de 2.000 obreros semicualificados blancos por obreros negros más baratos, después de la fuerte depreciación del valor del oro que se produjo al finalizar la I Guerra Mundial. Los partidos laborista y comunista apoyaron a los mineros blancos, pero solo los segundos criticaron el segregacionismo y el lema "¡Trabajadores del mundo, únanse y luchen por una Sudáfrica blanca!". El gobierno del general Jan Smuts aplastó la rebelión haciendo uso del ejército, lo que motivó su caída en las elecciones de 1924 y su sustitución por una coalición entre nacionalistas afrikáner y laboristas que reforzó la barrera de color.

Poco a poco, dejó de haber trabajadores blancos en las minas -salvo en puestos directivos y de supervisión- pero el sector minero, uno de los motores de la economía surafricana, continuó siendo un importante epicentro de la conflictividad social y política. La huelga minera de agosto de 1946 en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales, convocada por el Congreso Nacional Africano (CNA) y apoyada por el líder zulú y por los sindicatos, recibió una respuesta brutal por parte de la policía, con cifras oficiales (probablemente inferiores a las reales) de más de mil doscientos heridos y al menos nueve muertos y la persecución de políticos (del CNA, comunistas) y sindicalistas. Esta huelga marcó un hito en la historia del movimiento nacional de liberación sudafricano, que se volvió más resuelto y militante, precipitando el triunfo electoral del Partido Nacional sudafricano de 1948 y la acentuación del segregacionismo, ya con el nombre de apartheid.

A mediados de la década de los setenta, las minas sudafricanas se vieron confrontadas a una drástica e imprevista disminución de su fuerza de trabajo motivada por las restricciones impuestas por Malawi y sobre todo por las independencias de Angola y Mozambique, lo que unido a la fuerza de los sindicatos, condujo a nuevos incrementos salariales, aunque siguieron siendo bajos comparados con los salarios de los blancos y las condiciones de segregación y explotación apenas variaron. Tampoco dejó de haber incidentes con la policía; en la fecha, infausta también por otros motivos, del 11 de septiembre de 1973 mató a disparos a once mineros que se manifestaron en Carletonville. Fue en los años ochenta, en las postrimerías del apartheid, que las huelgas mineras retoman su importancia, con el surgimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (NUM), cuya lucha se centró en el reconocimiento de la negociación colectiva y sobre todo en la mejora de las condiciones sanitarias y de seguridad. En el pasado la tasa de mortalidad en las minas, especialmente en las minas de oro, había sido muy elevada: una comisión nacional de investigación calculó que entre 1900 y 1993 murieron 69.000 mineros por accidentes en las minas (sin contar enfermedades) y un millón y medio más resultaron seriamente heridos. Para cuando se creó el NUM las huelgas mineras compartían protagonismo con otras protestas industriales y urbanas y el sistema ya había agotado todas sus estrategias racistas de división.

El bantustán del platino

Una de ellas había sido la creación de bantustanes, reservas para los africanos negros destinadas a albergar poblaciones étnicamente homogéneas a la que se les otorgaba un falso autogobierno. El más rico fue el fragmentado bantustán de Bofutatsuana, donde debía concentrarse la etnia tswana. En él se localizaban las minas de platino que aún hoy aportan dos tercios de la producción mundial de ese metal. Su creación dividió en dos la ciudad de Rustenburg, al norte de Johannesburgo.

La concesión de la "independencia" en 1977 de este bantustán sirvió para restringir aún más la libertad de asociación y el desarrollo de la negociación colectiva, según denunció el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En 1986 la empresa Impala Platinum despidió nada menos que a 25.000 mineros por haber participado en una huelga que reclamaba el derecho a organizarse en sindicatos de su elección, especialmente el NUM, reconocido en Sudáfrica pero no en Bofutatsuana. Esto generó una situación insólita en los yacimientos de Rustenburg Platinum (hoy Anglo Platinum), pues los empleados en Sudáfrica podían afiliarse al NUM mientras que los del bantustán no. Las grandes huelgas volvieron a repetirse en  Impala Platinum en 1991, cuando contaron con la participación de 35.000 y 40.000 trabajadores. Tantos eran los intereses en juego que Bofutatsuana fue el único bantustán que se rebeló abiertamente contra la reintegración en 1994 después del fin del apartheid con un fallido golpe de estado.

Los hombres del taladro

El apartheid terminó en Sudáfrica, los bantustanes desaparecieron, pero sus consecuencias aún perduran en el territorio y en las divisiones socioeconómicas. Las minas nos recuerdan que ellas ya estaban allí antes y allí persisten. Como la lógica capitalista que las mueve. Y la policía que la asegura.

Sudáfrica es el principal productor y exportador de platino del mundo. En la actualidad este metal se utiliza principalmente en la industria automovilística (48% de la producción total mundial), en la fabricación de catalizadores y pilas de combustibles. Si el lector dispone de un automóvil, es muy probable que contenga platino de Sudáfrica.También se emplea en joyería (38%) y en diversas aplicaciones industriales (32%). En 2011 el comercio mundial de platino se incrementó un 7% hasta alcanzar los 6,48 millones de onzas. De este total, Sudáfrica exportó 4,86 millones de onzas (+5%) a partir de inventarios refinados, porque la producción total descendió un 3%. Las principales causas de esta reducción fueron las paradas de seguridad (la legislación vigente obliga al cierre temporal de la mina cuando se producen accidentes laborales) y el incremento de las huelgas no autorizadas.

Si bien las condiciones de seguridad mejoraron notablemente en los últimos años, el trabajo en las minas sigue siendo peligroso, con numerosos heridos por accidente y afectados por silicosis y tuberculosis. Solo en las minas de platino sudafricanas murieron en 2011 unos 37 trabajadores. Entre los mineros, quienes corren más riesgos son los trabajadores que realizan las operaciones de taladro (rock drill operators). Precisamente fueron los 3.000 perforadores de Lonmin PLC, los que iniciaron la última gran huelga, hace diez días. Buena parte, si no la mayoría, de los trabajadores de esta categoría profesional son inmigrantes subcontratados procedentes de Lesoto, Swazilandia y Mozambique. En Lonmin y otros yacimientos apenas cobran unos 4.000 rands netos (390 euros). Aunque los medios no se ponen de acuerdo con el baile de cifras, parece que la empresa paga en torno a 11.000 rands brutos, pero esto no incluye las diversas deducciones. Todo ello por un trabajo en el que pueden perder la vida o alguno de sus miembros. Sin embargo, son ellos quienes pueden poner de rodillas la industria minera. Si no trabajan los perforadores, el resto tampoco.


Minero taladrando en la mina de Impala Platinum en Rustenburg. Fotografía: Nadine Hutton/Bloomberg

Por lo que respecta a los inmigrantes, que no pueden votar y no participan en la vida política sudafricana, suelen ser despreciados por el NUM. Aunque este sindicato se hizo fuerte inicialmente entre las categorías más bajas de mineros, inmigrantes provenientes de áreas rurales que llegaron a representar el 60% de sus miembros (no se entiende la minería en Sudáfrica sin la inmigración interna e internacional, como hemos visto), hoy este porcentaje se ha reducido al 40%. Además, la dirección del NUM está muy vinculada a los chanchullos del partido gobernante CNA y es demasiado considerado con la patronal.

Es otro sindicato de reciente creación (1998), la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), el que comenzó a hacerse eco de sus preocupaciones y a cuestionar el monopolio representativo del NUM. Los perforadores, que viven en chabolas miserables pero son conscientes de su decisivo papel, exigen incrementos salariales que se acerquen a lo que cobra un blanco por trabajos mucho menos penosos. "Inalcanzable", según los portavoces del NUM o del COSATU. Pero los perforadores de Lonmin se inspiran en la lucha de sus homólogos en Impala Platinum a principios de este año. Después de seis semanas de huelga promovida por el minoritario AMCU -y 4 muertos-, lograron incrementar su salario. Según declaró la propia empresa, "este paro ilegal es un ataque directo a la posición del NUM como representante mayoritario de los empleados". Impala sólo reconocía a sindicatos que reúnan al 50% más uno de los empleados. Es decir, al NUM. No obstante, tras la huelga, en junio AMCU superaba ya a NUM en el conjunto de la empresa.

Lonmin, propiedad de la empresa británica Anglo Platinum (filial de Anglo American PLC) y tercer productor mundial, no está nada dispuesta a ceder. Ya en mayo de 2011 despidió a 9.000 trabajadores tras otra huelga no autorizada (la declaración de ilegalidad por un tribunal basta para justificar el despido, tras lo cual a veces se producen readmisiones). Una consecuencia es que muchos de ellos perdieron además sus casas, proporcionadas por la empresa. El único objetivo de Lonmin es garantizar una elevada rentabilidad, que en 2012 ha venido reduciéndose considerablemente y no parece que vaya a mejorar: mientras bajan los precios del platino por el descenso de la demanda mundial (crisis de la industria automovilística europea, ralentización del crecimiento de China) aumentan los costes de producción, concretamente energía (aumentos del 25% anual de la electricidad) y salarios. Sobre esta última cuestión, cabe destacar que el salario de base anual (sin complementos ni bonificaciones) de Cynthia Carroll, directora general de Anglo American, equivale aproximadamente al salario neto anual combinado de los 3.000 huelguistas: casi un millón y medio de euros.


Evolución interanual del precio internacional de la onza de platino (en dólares). En 2012 los incrementos del precio corresponden a puntos álgidos de conflictividad laboral: huelga en Impala Platinum (enero-febrero) y masacre de Marikana (agosto).

La masacre de Marikana

Estos antecedentes son necesarios si queremos poner en perspectiva la violencia de los enfrentamientos entre el NUM y el AMCU, y entre este último y la policía. Tras la matanza de 34 mineros, algunos ante las cámaras de televisión, por parte de la policía sudafricana (que se unen a los 10 muertos en los enfrentamientos de días anteriores), el debate propuesto por los medios ha derivado en cierta justificación para la actuación policial. No está claro quién disparó realmente primero, pero sí se ha destacado que los mineros van armados, que realizan rituales tribales de guerra antes de enfrentarse a la policía, o que en los primeros días de huelga murieron asesinados dos guardas de seguridad y dos policías.

La violencia impregna las relaciones sociales en Sudáfrica, donde se mantiene una guerra de no tan baja intensidad contra los pobres, que no son víctimas pasivas sino sujetos activos y, sí, armados. En Sudáfrica mueren cien policías cada año por armas de fuego. Pero teniendo en cuenta que por su parte la policía mató a 566 personas solo en 2010, cabe preguntarse quién se defiende de quién. La actual Ministra de Recursos Mineros, Susan Shabangu, se hizo famosa en 2008 cuando era Viceministra de Seguridad por alentar públicamente a la policía con esta cruda franqueza: "Deben matar a los bastardos si amenazan a la comunidad. No se preocupen por las regulaciones, esa es mi responsabilidad". Un gatillo fácil que no se corresponde con un aumento de homicidios. Las cifras de homicidios intencionales vienen reduciéndose desde 1995: de 65 por cada 100.000 habitantes hasta 33,8 en 2009. La "masiva rebelión de los pobres" urbanos de la que habla el sociólogo sudafricano Peter Alexander se expresa de otras maneras, en manifestaciones y disturbios multitudinarios que sí han aumentado en los últimos tiempos: 2,9 incidentes por día en el período 2009-2012, un 40% más que en el período 2004-2009.

En este contexto, el envío de fuerzas policiales fuertemente armadas desde los primeros días de la huelga puede haber creado más tensión, en vez de contribuir a calmar los ánimos. Desde que los mineros se concentraron en la colina de Nkaneng, la policía montó un dispositivo policial en torno a la misma para presionarles a abandonarla. Cuando el presidente del NUM acudió al lugar y pidió a los trabajadores que volvieran a sus puestos con un altavoz y desde un coche policial no hizo sino echar más leña al fuego. La policía podía haberles dejado donde estaban, sin necesidad de una cruenta intervención.

He mencionado a los inmigrantes que predominan entre los operarios de taladro, pero la mayoría de los que murieron tiroteados en Marikana fueron sudafricanos. Solo dos trabajadores venían de la vecina Lesoto. El suceso ha causado, pues, una lógica conmoción en Sudáfrica, y se suceden las comparaciones con pasadas masacres, como la de Sharpeville. La masacre está acelerando el desprestigio de la clase sindical, mediática y política que ha capitaneado el período post-apartheid. Tanto el Partido Comunista Sudafricano como su aliado sindical COSATU, en vergonzosos comunicados atacaron a los representantes de AMCU acusándoles de divisionismo, sin una sola mención sobre las responsabilidades policiales. Los medios de comunicación corporativos volvieron a presentar los hechos como un enfrentamiento entre negros, como en los viejos tiempos. Y el gobierno del CNA se limitó a expresar su consternación. De ahí que un oportunista como Julius Malema, ex dirigente de las juventudes del CNA, hoy enfrentado a Jacob Zuma, lo tenga relativamente fácil para aprovechar estas fracturas, denunciando a la policía y reclamando la nacionalización de las minas.

¿Cómo lo habrán percibido las masas pobres de los townships?. Seguramente, millones de pobres negros sudafricanos, los hijos y nietos de la mina, del compound y del apartheid, habrán sacado las mismas conclusiones a las que llega el historiador Jon Soske en un excelente artículo:

"El modo en que contemplamos una situación determinada es una elección política, y en el caso de los mineros de Lomnin, la cuestión no es terriblemente ambigua. ¿Tiene un grupo de trabajadores que hace uno de los trabajos más peligrosos del país el derecho a reclamar el salario de un sudafricano blanco de clase media a las companías mineras internacionales (...) que todavía tienen un enorme control en la economía del país? La respuesta del gobierno del CNA es un rotundo no. El fallo de COSATU a la hora de mostrar solidaridad con las luchas de sus compañeros trabajadores es el grito de un rotundo no. El silencio de antiguos líderes sindicales y de comunistas ahora convertidos en ministros y en advenedizos asistentes  del capital global brama otro rotundo no. Y cualquier expresión prefabricada de lamento sobre estas muertes por alguien del poder, cada promesa de COSATU de que hubieran podido contener a estos trabajadores como hace todo buen sindicato corporativista, cada nueva y maldita evocación liberal de una policía sin formación que pensaba que estaba en peligro (porque, por supuesto, habían rodeado y tratado de expulsar a los mineros), y cada supuesta “revelación” mediática sobre tantos matices imponderables solo sirve para ofuscar sobre lo sucedido. La policía estaba ahí para romper una huelga; los mineros rechazaron dispersarse e intentaron defenderse cuando les atacaron; la policía les mató con la aprobación del gobierno."

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Capítulo XV, El siglo nuevo. Las ruinas de Palmira o Meditaciones sobre las revoluciones de los Imperios (1791) de Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, conde de Volney (1757-1820), según la traducción disponible en www.volney.org:

"Cuando acabó de pronunciar estas palabras se oyó del lado de occidente un ruido muy grande, y volviendo hacia él la vista, observé a la extremidad del Mediterráneo, en una de las naciones de Europa un movimiento prodigioso, como el que se ve en medio de una gran ciudad cuando estalla por todas partes una sedición violenta, y el pueblo innumerable se agita y revuelve como las olas de un mar embravecido, por las calles y las plazas públicas. Heridos al propio tiempo mis oídos por los gritos que llegaban hasta el cielo, distinguí a intervalos las siguientes frases:

"¿Qué prodigio nuevo es éste?, ¿qué plaga cruel y desconocida es ésta? Somos una nación numerosa, ¡y parece que no tenemos brazos! Poseemos un suelo fertilísimo, ¡y carecemos de producciones! Somos activos y laboriosos, ¡y vivimos en la indigencia! Pagamos enormes tributos, ¡y nos dicen que no son suficientes! Estamos en paz con las naciones vecinas, ¡y nuestros bienes no están seguros entre nosotros mismos! ¿Cuál es pues el enemigo oculto que nos devora?".

Y algunas voces que salían del medio de la multitud, respondieron: "Levantad una bandera en torno de la cual se reúnan todos los que por medio de útiles trabajos mantienen y conservan la sociedad y entonces conoceréis al enemigo que os devora".

Alzada, en efecto, la bandera, se vio esta nación repentinamente dividida en dos cuerpos desiguales y de aspecto que formaba contraste: el uno, innumerable, casi total, revelaba en la pobreza de sus ropas y en los rostros curtidos y descarnados, los indicios de la misera y del trabajo; el otro grupo, pequeñísimo, fracción imperceptible, por sus galas de oro y plata y por la lozanía de sus rostros, denotaba holgazanería y abundancia.

Y considerando estos hombres con mayor atención, reconocí que el gran cuerpo estaba compuesto de labradores, de artesanos, de mercaderes y de todas las profesiones estudiosas útiles a la sociedad y que en el pequeñísimo grupo sólo se encontraban curas y ministros del culto de todas las jerarquías, empleados del fisco y de otras varias clases, con uniformes, libreas y otros distintivos, en fin, agentes religiosos, civiles o militares del gobierno.

Y como estaban estos dos cuerpos frente a frente observé que de una parte, nacía la cólera y la indignación, y de la otra, una especie de terror; y el gran cuerpo dijo al más pequeño:

"¿Por qué estáis separados de nosotros? ¿No sois una parte de nosotros mismos?".

"No, respondió el grupo pequeñísimo: vosotros sois el pueblo; nosotros somos una clase distinguida, que tenemos nuestras leyes, nuestros usos y nuestros derechos particulares".

EL PUEBLO

¿Y de qué trabajo vivís en nuestra sociedad?

LA CLASE PRIVILEGIADA

Nosotros no hemos nacido para trabajar.

EL PUEBLO

¿Cómo habéis adquirido tantas riquezas?

LA CLASE PRIVILEGIADA

Tomando el cuidado de gobernaros.

EL PUEBLO

¡Qué decís!, nosotros nos fatigamos, ¡y vosotros gozáis!, nosotros producimos, ¡y vosotros disipáis! Las riquezas provienen de nosotros, vosotros las absorbéis, ¿y ésto decís que es gobernar?... Clase privilegiada, cuerpo distinto que no eres pueblo, forma nación separada y veremos cómo subsistes.

Entonces, el grupo pequeñísimo deliberó sobre este nuevo incidente y algunos hombres justos y generosos dijeron: Es preciso reunirnos al pueblo y participar de sus cargas y ocupaciones, porque son hombres como nosotros y nuestras riquezas provienen de ellos. Pero otros dijeron con orgullo: No, sería una vergüenza confundirse con la multitud que ha nacido para servirnos: ¿no somos nosotros de origen noble y de la raza de los conquistadores de este imperio? Recordémosles a esta multitud nuestros derechos y su origen.

LOS NOBLES

¡Pueblo! ¿Olvidáis que nuestros antepasados conquistaron este país y que si tus antecesores obtuvieron su salvación, fue a condición de servirnos? Ve nuestro contrato social; ve el gobierno constituido por el uso y prescrito por el transcurso del tiempo.

EL PUEBLO

Vosotros, raza de conquistadores, manifestadnos vuestra genealogía y entonces veremos si lo que en un individuo es robo y rapiña, puede ser virtud tratándose de una nación.

Y al instante se oyeron voces en diferentes puntos, que llamaban por sus nombres una multitud de nobles; y citando su origen y sus parientes, nombraban a sus abuelos, bisabuelos y a sus mismos padres que habían nacido mercaderes, artesanos y después de haberse enriquecido, sin detenerse en los medios, habían comprado a peso de oro su nobleza: de suerte que un pequeño número de familias eran realmente de linaje antiguo. ¡Mirad, decían, mirad a estos hombres ricos, que no reconocen a sus parientes; mirad a estos plebeyos de ayer que se creen hoy de rancia nobleza! Y ésto causó rumores y carcajadas. Algunos hombres astutos gritaron y dijeron: Pueblo bondadoso y fiel, reconoce la autoridad legítima: el rey lo quiere y la ley lo ordena.

EL PUEBLO

Clase privilegiada, cortesanos de la fortuna, dejad a los reyes que se expliquen: los reyes no deben querer más que la dicha de todos nosotros, que somos el pueblo y la ley no puede ser más que la equidad.

Y a ésto dijeron los militares privilegiados: la multitud no sabe obedecer sino a la fuerza, es menester reprimirla. Soldados, castigad al pueblo rebelde.

EL PUEBLO

¡Soldados!, vosotros sois nuestra propia sangre: ¿seréis capaces de ofender a vuestros parientes y hermanos? Si el pueblo perece, ¿quién mantendrá el ejército?

Y los soldados, bajando las armas, dijeron: También nosotros somos pueblo, sepamos quién es el enemigo.

Al ver ésto, manifestaron los privilegiados eclesiásticos, que ya sólo quedaba un recurso: aprovecharse de la superstición del pueblo y espantarle con el nombre de Dios y de la religión.

¡Amados hermanos! ¡hijos nuestros! Dios nos ha instituido para gobernaros.

EL PUEBLO

Mostradnos vuestros poderes celestiales.

LOS SACERDOTES

Tened fe: la razón se extravía.

EL PUEBLO

¿Gobernáis sin razonar?

LOS SACERDOTES

Dios quiere la paz: la religión prescribe la obediencia.

EL PUEBLO

La paz supone justicia; la obediencia la convicción de un deber.

LOS SACERDOTES

No hemos venido a este mundo más que para sufrir.

EL PUEBLO

Pues dadnos el ejemplo.

LOS SACERDOTES

¿Viviréis sin Dios y sin reyes?

EL PUEBLO

Queremos vivir sin tiranos.

LOS SACERDOTES

Necesitáis de mediadores, de intermediarios.

EL PUEBLO

¡Mediadores cerca de Dios y de los reyes! Cortesanos y sacerdotes: vuestros servicios son demasiado dispendiosos y nosotros trataremos directamente nuestros negocios.

Entonces el grupo pequeñísimo dijo: "Todo está perdido, la multitud se ha ilustrado".

Y el pueblo respondió: "Todo se salvó, porque habiéndonos ilustrado, ni abusaremos de nuestra fuerza, ni pretenderemos más que nuestros derechos. Teníamos resentimientos, pero los olvidamos: éramos esclavos, podíamos mandar, y sólo queremos ser libres y la libertad no puede ser más que la justicia". "

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Gracias a los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), volvimos a hablar de miseria y de desigualdades. Discutimos la rendida admiración de los medios por los españoles de la lista Forbes. Supimos cómo funciona el oligopolio de la gran distribución. Escuchamos a sus trabajadores hablar no de empleo, sino de explotación. Tal vez esto explique, al menos en parte, que un tercio de los hurtos cometidos en los supermercados los realicen los propios trabajadores. Palabras como robo, ley y orden fueron debatidas, pues según quién las pronuncie ni suenan igual ni tienen el mismo significado.

Gracias a Juan Manuel Sánchez Gordillo, conocimos mejor cómo otra política municipal fue posible. Aprendimos que subvención no tiene por qué ser sinónimo de despilfarro, pues también puede significar inversión en el común. Quienes critican la inversión pública que Marinaleda ha hecho en el campo o en la vivienda callan sobre cómo funcionan los mercados agrícolas de los países desarrollados y cómo las principales multinacionales españolas existen gracias al dinero público.

También conocimos otra forma de indignación. La de quienes se revuelven cuando no se reconoce la hegemonía de la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho. Para estas personas la sustracción pública de alimentos para destinarlos a barriadas populares "molesta" más que la violencia sistemática y legal contra los pobres. Al alcalde de Marinaleda le han llamado patán, chusma, charlatán, parásito... Otros le han tratado con paternalismo y condescendencia, condenando antes que nada la ruptura de la legalidad y cuestionando la utilidad de la acción del SAT. En fin, los hay preocupados por la "radicalización" de la protesta y las perspectivas electorales de la izquierda.

Por un lado, ofende la cultura plebeya que encarnan. Cuando recriminan a Sánchez Gordillo que cobre como diputado autonómico lo mismo que los demás diputados (aunque finalmente solo ingrese menos de la mitad), y que aún así afirme que "todo el mundo tiene derecho a vivir bien", en el fondo se están queriendo decir que alguien de su clase no debería ser diputado, y menos aún vivir bien sin ser siervo de otros. Tampoco gusta que hable claro y con sentimientos. Para estos ofendidos, solo hombres y mujeres grises, hombres y mujeres de negro ungidos por la racionalidad técnica deberían ocuparse de los asuntos políticos, no para procurar que "todo el mundo" pueda vivir bien, sino para que solo puedan vivir muy bien aquellos que, según dicte su clarividencia, se lo merecen. Lo primero es populismo y demagogia; lo segundo, "responsabilidad", término convertido hoy en verdadero refugio de canallas.

Por otro lado, de esta chusma, de estos patanes, de estos plebeyos, aterra su audacia. Porque se necesita un mínimo de audacia para salirse de los cauces legales establecidos, los mismos que han secado y alterado para que solo conduzcan a callejones sin salida. La sobreactuación del PP y la incomodidad expresada por otros partidos buscan evitar que haya más atrevimientos. Pero los habrá. Ahora que el régimen se cierra sobre sí mismo, cualquier expresión de descontento que no quiera resultar folclórica acaba siendo ilegal. Cortar una calle, ocupar una plaza, incumplir abusivos "servicios mínimos". Cuando ya no cabe negociación alguna no tiene mucho sentido pedir, solo queda actuar. Como dijo un abolicionista hace tiempo, "es degradante para la naturaleza humana presentar peticiones a los propios opresores" (Robert Wedderburn, 1762-1835).

La audacia es lo que transforma la indignación en acción directa, que puede ser perfectamente no violenta. Quienes califican como golpe de estado la convocatoria para manifestarse y rodear el Congreso de los diputados a partir del 25 de septiembre con el fin de evitar que desmantelen la democracia y exigir que se abra un proceso constituyente, y contraponen la representación al movimiento, ignoran por completo la tradición de la desobediencia civil, que suelen confundir además con la objeción de conciencia. La escritora anarquista y feminista estadounidense Voltairine de Cleyre (1866-1912) ya respondió a críticas similares en su tiempo:

"Si llamo la atención sobre ellas [las acciones que precedieron la revolución americana] y otras de naturaleza similar, es para probar a los repetidores irreflexivos de palabras que la acción directa siempre ha sido usada, y goza de la sanción histórica de la misma gente que hoy en día la reprueba.

(...)

"Y hasta podría afirmar que la acción política nunca tiene lugar, y no es ni siquiera contemplada hasta que las mentes adormecidas primero no hayan sido despertadas por actos directos de protesta contra las condiciones existentes."

Efectivamente, no son las constituciones las que otorgan derechos. Estos siempre se hicieron efectivos primero con acciones (u omisiones, éxodos y fugas) que implicaron algún tipo de transgresión legal. Cuando aquellas son masivas resultan difícilmente sancionables. En este sentido, si algo muestra el afectado moralismo que despliegan los guardianes del orden es el apoliticismo que denuncian en los demás (que sobre todo es rechazo social hacia los partidos políticos). El moralismo también ha sido una tentación ideológica presente en la protesta, en el multiforme movimiento 15M desde sus inicios, pero como era de esperar finalmente son las posiciones más reaccionarias y más apegadas a la representación las que han acabado por hacer bandera con el mismo. Toni Cantó (UPyD) nos da un buen ejemplo con su carta dirigida a Sánchez Gordillo:

"Para salir de esta, prefiero empresarios que crean puestos de trabajo a los señores Gordillos.

Esto no es una lucha de ricos contra pobres, como nos venden de manera simplista los Gordillos.

Es un pulso entre honrados y ladrones, entre trabajadores y apoltronados."

Mientras todas las rebeliones populares del último año (desde Egipto hasta Estados Unidos) identificaron el conflicto de clase entre el 1% y el 99% como base de su reflexión, Cantó deforma el significado real del capitalismo (son los Gordillos los que crean riqueza para los empresarios con su trabajo). Como alternativa nos propone una batalla trascendente entre buenos y malos, que él se encarga de definir (honrados, nosotros; ladrones, ellos) al desvincularla de las relaciones de poder existentes. La reducción de la protesta a un gesto moralista no consigue otra cosa que extirparle su carga liberadora y subversiva.

No es fácil ser audaz, es verdad. Por eso hay personas que ensalzamos como héroes y líderes. Es algo que cuesta aprender, mejor si es en compañía. Si ya es difícil serlo en las diferentes facetas de nuestras vidas, para amar por ejemplo, cuanto más en aquella que cedimos a representantes y mediadores que esgrimen el miedo para que evitemos recuperarla. Para que actuemos, nos debe ir la vida en ello, por eso el poder procura profesionalizar y separar la política (nuestra relación con los demás sobre los asuntos de la comunidad) de la materialidad íntima de nuestras vidas, como un espectáculo televisivo. Y el miedo es, claro, el principal obstáculo a batir. "Lo que impulsa a la acción no es un pensamiento sino un sentimiento", afirma el argentino Luis Mattini. Precisamente Mattini se preguntó, en relación con las procesiones sindicales y partidarias de la izquierda de su país:

"¿Qué falta entonces para cobrar iniciativa?

Dicho de otra manera ¿Por qué la izquierda no sale del pozo?

Pues está claro, se puede oler en el aire: falta deseo, por eso se aprecian griteríos, y consignas racionales, trajes vistosos, intentos de murgas, pero muy poca pasión.

Sobra conciencia, sobre todo conciencia de que el deseo nos haga caer en otra Tragedia. Conciencia del riesgo de pagar caro la rebeldía, contra la democracia representativa por la democracia plena.

Dicho de otra manera: sobra miedo, miedo a la Tragedia."

En España, como en Argentina, sabemos bien a qué se refiere.

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Jamaica: puntos costeros de salida de los antiguos esclavos y puertos origen de los barcos que los transportaron entre 1607 y 1857 (clicar para ampliar). Las flechas incluyen estimaciones del número de esclavos transportados a la isla de Jamaica en ese período.

Fuente: Atlas of theTransatlantic Slave Trade, David Eltis and David Richardson, Yale University Press (2010).

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Miembros del partido neonazi Amanecer Dorado reparten paquetes de leche frente al Parlamento en la plaza Syntagma, Atenas (1 de agosto de 2012). Fotografía: Yorgos Karahalis (Reuters)

Quinto año de profunda recesión en Grecia. Hace unos días cientos de personas hicieron cola en la plaza Syntagma para recoger los alimentos que repartieron, vestidos de negro, miembros del partido neonazi Amanecer Dorado. Sólo quienes demostraron su nacionalidad griega con documentos de identidad recibieron cartones de leche, pasta, papas y aceite de oliva. De paso los militantes neonazis anotaron y guardaron sus datos personales. Una "preferencia nacional" cuyo sentido no se diferencia mucho de las medidas que en España se están aplicando para restringir la atención sanitaria o determinadas prestaciones sociales a los inmigrantes (aunque aquí con el subterfugio de la residencia).

La iniciativa de Amanecer Dorado recibió las críticas de otros partidos, por "explotar la miseria de la gente para pescar votos", como afirma Peter Constantinou (Antarsya). Esto es una obviedad. Pero las cuestiones de fondo son otras: cómo es posible que los neonazis puedan pescar votos -o simpatías- con su acción y por qué hay quienes "están dispuestos a abandonar sus derechos y su dignidad", en palabras de Nick Malkoutzis. Esta vez, quienes repartieron alimentos y quienes hicieron cola para recibirlos no reclamaron nada al gobierno ni esperaron a un Estado que hace tiempo que solo piensa en los acreedores. Hicieron. Como también hacen los criminales de Amanecer Dorado cuando agreden a los inmigrantes, complementando con su trabajo sucio una de las políticas migratorias más ignominiosas de Europa. "Por la noche golpean a la gente. Durante el día, entregan comida", se queja Constantinou.

Este hacer reconoce la materialidad de los pobres. La vida misma, su propio sustento, entra en el juego de sus estrategias políticas. Su terreno de referencia es biopolítico. Es el mismo terreno en el que se despliega la cocina social que organizan otros griegos; sin embargo, su orientación es muy distinta. Los nazis odian a los pobres, y con su selectiva caridad solo pretenden asegurarse su pasividad y neutralizar su poder. Su acción es unilateral y no acepta la igualdad. Mientras los pobres se definen al margen de todo rango o propiedad, los nazis introducen la escisión racista y la sumisión mafiosa a sus líderes. Mientras otros organizan comedores populares bajo el principio "cocinamos en vivo, comemos juntos y vivimos juntos", los nazis convierten vidas en instrumentos de muerte. Donde aquellos hacen comunidad, los nazis la corrompen. Unos comparten amor. Otros solo reparten mala leche.

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"No es una crisis, es una estafa".

Bueno, lo cierto es que estamos ante una crisis y también ante una estafa. Crisis porque nos encontramos en una encrucijada histórica, un momento de caos sistémico en el que, tras el fracaso del modelo de gobernanza neoliberal, "la competencia y los conflictos desbordan la capacidad reguladora de las estructuras existentes" (G. Arrighi). Esto sucede a escala mundial, pero con especial intensidad en el complejo y segmentado subsistema europeo. Estafa porque los intentos por contener el desorden, por aprovecharse del mismo o por institucionalizar nuevas relaciones productivas y de gobierno se hace extorsionando a los de abajo.

En España, Portugal, Italia o Grecia esto se traduce en una agudización de la depresión económica. Nada que no fuera previsible cuando dicha depresión se induce por medio de terapias de choque que buscan imponer saqueos que de otra manera no se hubieran aprobado. Lo que está sucediendo en España no es algo nuevo, insólito, aunque la situación sea más grave por el poder que mantienen las fuerzas conservadoras. Por limitarnos a la historia reciente, desde que México suspendió pagos en 1982 se han multiplicado las crisis de deuda, con mayor intensidad y frecuencia que en las décadas precedentes: 2,6 crisis bancarias por año (frente a 0,1/año en el período 1948-1972); 3,7 crisis monetarias por año (frente a 1,7/año en el citado período); 1,3 gobiernos que suspenden pagos por año (frente a 0,7). Las consecuencias de las políticas de ajuste que acompañaron las mismas son de sobra conocidas, así que no cabe sorpresa alguna. Lo novedoso -siempre en el marco de la historia reciente- es que estas dinámicas de deuda-ajuste-saqueo ya no se producen en América Latina, en Europa del Este o en África, sino en una zona que antes se beneficiaba de aquéllas: Europa occidental. Las relaciones de subordinación se reproducen en este caso dentro de un mismo marco político, el de la Unión Europea, desestabilizándolo.

Lo que comenzó a poner en marcha de manera gradual y titubeante el anterior gobierno del PSOE, y que con aún menos escrúpulos han intensificado los gobiernos (estatal y autonómicos) del PP (y CIU), son por tanto políticas deliberadas, a sabiendas de que provocarán sufrimiento y transferencias de riqueza a las elites empresariales europeas. Es cierto que existe una fuerte presión por parte de los grupos financieros británicos, franceses y sobre todo alemanes para evitar la desvalorización de sus activos y sacar aún más tajada y que el Banco Central Europeo o el gobierno alemán aplican con los Estados periféricos mucho palo y poca zanahoria para que aceleren los recortes, privaticen bienes públicos y reformen sus mercados laborales. Pero a ninguno de los partidos políticos "de gobierno" se les ocurre romper con esta lógica. Solo discuten con torpeza los plazos, las cifras de la refinanciación, posibles compensaciones con "políticas de crecimiento" (que identifican con grandes proyectos de infraestructuras) y ello porque ven peligrar su propia continuidad política.

                                                        * * *

A estas alturas, pues, debería quedar claro para todos el futuro que nos ofrece el régimen político vigente, español y europeo: recortes en partidas de gasto público que afectan al bienestar de la población; desmantelamiento de servicios públicos o reconversión de los mismos en términos de relaciones de deuda (re-pago sanitario, créditos para el estudio, etc.); empobrecimiento generalizado por medio de una política intencionada de reducción salarial (devaluación interna); fiscalidad onerosa para los asalariados, precarios y desempleados empobrecidos; desvío de fondos públicos para mantener a flote instituciones financieras privadas o privatizadas; represión de la protesta mediante la penalización de conductas hasta ahora amparadas (relativamente) por los derechos de manifestación y asociación; estigmatización de determinados grupos sociales, etc. Más saqueo y más estafa.

Todas ellas son decisiones políticas, no necesidades impuestas por una escasez ficticia. Tampoco hay obediencia debida a Bruselas o a Berlín que exima de responsabilidad a nuestros gobernantes. Pero los mecanismos institucionales existentes no permiten articular ninguna alternativa democrática desde el Estado nacional. Menos aún con el "atado y bien atado" constitucional que consensuaron PSOE y PP en 2011, y las sucesivas reformas que limitan la representación política (ley electoral, ayuntamientos, próximo "voto exiliado" en Euskadi). La mayoría absoluta del PP, derivada de un importante apoyo social (declinante) pero sobre todo del hundimiento socialista, obliga a los grupos minoritarios contrarios al ajuste a hacer política más fuera que dentro del Congreso si no quieren caer en la irrelevancia. Aunque la nueva divisoria parlamentaria debe situarse entre los partidos que apoyan las políticas de ajuste que preconiza el memorando de rescate y los que las rechazan, la clave está en la calle. Los votos recibidos en unas elecciones bajo el chantaje de la crisis de ningún modo legitiman una acción de gobierno que viola los derechos del pueblo y que se apoya en la mentira y el fraude.

No es el acceso al gobierno de un determinado partido lo que de por sí permitirá iniciar un proceso de cambio. La historia demuestra lo contrario, y aquí incluyo al ascenso electoral de una fuerza como Syriza en Grecia. Primero son las multitudes las que modifican la relación de fuerzas en la calle, porque son ellas las que producen riqueza, conocimiento, nuevas formas de pensar y de actuar. Esto es lo que luego puede permitir una derrota electoral de los partidos dominantes incluso aunque jueguen con las cartas marcadas. Quienes atacan el 15M desde fuera con una ferocidad que se ahorran para el propio sistema, sin esforzarse por avanzar las ideas propias al interior del mismo, no terminan de ver esto. Los movimientos incluyen movilizaciones sociales explícitas, más o menos organizadas, asambleas que pueden resultar tediosas, pero también -y esto es lo que los medios no reflejan- cambios de actitud implícitos, repertorios menos visibles de experimentación política, la gestación de narrativas diferentes, las diversas prácticas de éxodo. Ni siquiera basta un triunfo electoral, sobre todo si a la postre solo sirve para desarmar políticamente a los ciudadanos. El juego electoral debe contemplarse en todo caso como una táctica subordinada a estrategias más amplias.

Y a lo que estamos asistiendo en el estado español es a un proceso destituyente. Un acelerado proceso de deslegitimación política no ya del gobierno, sino del mismo poder constituido tras la transición. Especialmente para la generación que nació después de la misma. La mayoría absoluta del PP y el control que ejerce en la mayoría de gobiernos autonómicos, lejos de suponer una garantía de estabilidad, exacerba con su bloqueo autoritario la rebelión contra un mando que cada vez más personas consideran parasitario. Este es el principal temor de los inversores y organismos internacionales y la principal razón de las intervenciones "técnicas" que acompañan los llamados "rescates". La conclusión política es obvia. Si queremos cortocircuitar esta deriva hay que dejar de ver dicha deslegitimación como un peligro, y trabajar en serio sobre las oportunidades democráticas que se abren. Trabajar para lo imprevisible.

                                                           * * *

No es una tarea sencilla. Sentimientos como la indiferencia, la resignación, el miedo, la culpa o el cinismo continúan dominando buena parte de la sociedad en el ámbito de lo político. El individualismo propietario promovido por la utopía neoliberal ha dejado su huella en nuestras subjetividades. Lo cual dificulta la formación de una alternativa democrática desde y para el común y explica en parte la facilidad que tienen las nuevas derechas para vender alternativas antidemocráticas. El discurso "contra los políticos", o la falta de interés por la política, se alimentan de la crisis de representación, pero si no se basa en el procomún al final acaba contribuyendo al ataque contra lo público y finalmente contra la democracia.

Así, me encuentro con trabajadores de la salud pública que comprenden los recortes por los "abusos del sistema sanitario". Funcionarios de ayuntamiento que los justifican por despilfarros del pasado. Autónomos que sostienen que si la situación económica es mala es porque quienes tienen un empleo trabajan poco (siempre son los otros, por supuesto) y el resto hace lo posible por no trabajar. Hipotecados que responsabilizan a quienes se endeudaron para acceder a una vivienda sin tener la suficiente capacidad económica. Desempleados que echan pestes de otros desempleados. No falta tampoco quien añade que los inmigrantes reciben demasiadas ayudas. Entre mentiras groseras y muchas medias verdades, asumen un determinado relato de la "crisis", ese que confunde síntomas con causas y razones o se limita a repartir culpas. Y en el juego de los reproches, en el fondo sienten que algo les toca. ¿Cómo separar la paja del trigo, cuando siempre concibieron la vivienda, los partidos políticos, las relaciones sociales como inversiones?

No pueden dejar de verse a sí mismas como clase media, ese virtuoso término medio equidistante entre la ofensiva riqueza y la oprobiosa pobreza, pero que se aleja cada vez más de la primera mientras se acerca a la segunda. Han pasado su vida adulta en el marco del consenso social de la transición, mantienen sus empleos, llenan las terrazas y continúan pagando sus hipotecas y sus impuestos, una vez descontados los apaños correspondientes. Sorprende la naturalidad con la que asumen la "necesidad" de los recortes, la pérdida de poder adquisitivo, la degradación de los servicios públicos, el aumento de las tasas universitarias. Como si se tratara de una borrasca que esperan que pase en algún momento para volver a la normalidad.

                                                         * * *

Pero no hay normalidad a la que volver cuando el estado de excepción se vuelve permanente. No hay vuelta atrás. A menos que consideremos normal y aceptable la trayectoria que ha dejado las consecuencias económicas, sociales y ecológicas que vemos hoy. Si no es así, no podemos limitarnos a reaccionar ante cada nuevo abuso; a implorar un menor sufrimiento, como hace la izquierda en Andalucía; a encontrarnos con los nuestros (los de nuestra clase, sindicato o gremio profesional) y únicamente cuando vemos como inminente una degradación de nuestro estatus social. No tiene sentido continuar pidiendo el restablecimiento de lo alterado a quien deja claro, una y otra vez, que actuarán por decreto sin escucharnos, sin consultarnos, sin obedecernos. De esta forma llevaremos las de perder y podemos volvernos nosotros mismos reaccionarios.

No hay vuelta atrás. Ni hacia una partitocracia cuyo déficit democrático ya era evidente antes de la crisis económica ni tampoco hacia un Estado social en el que la cobertura de los riesgos que uno afronta a lo largo de la vida está condicionada a un empleo asalariado que es cada vez más escaso y precario. Y que el capital no duda en desmantelar en cuanto baja la tasa de beneficio. Estos riesgos deben poder ser cubiertos colectivamente, pero de manera universal e incondicional. Y el trabajo debe dejar de identificarse con el empleo. No hay vuelta atrás, pero hacia adelante el juego está abierto.

Será mejor que exijamos y construyamos juntos un nuevo marco político, una economía diferente que no se base en la ficción del crecimiento ilimitado. Este es el debate que creo debe promoverse. Por eso lo más saludable, creativo e innovador que podemos ver hoy en la política española es la programática que proponen los movimientos y la comunicación inclusiva que despliegan. Es bueno que nos encontremos con los demás, con nuestros iguales aunque no sean nuestros semejantes, como hicieron en Madrid mineros, funcionarios, parados y precarios, para entender que lo que la propaganda gubernamental llama "privilegios" son en realidad las condiciones materiales necesarias de una democracia real: en particular, la necesidad de disponer de un ingreso suficiente y estable que cubra las necesidades vitales. La manera más justa de evitar que estas condiciones materiales sean el privilegio de unos pocos consiste en extenderlas a todos.

Suele citarse a la familia como la institución que, junto con la economía informal, amortigua en España la descomposición de lo público y el incremento del paro. Al margen de las relaciones jerárquicas y patriarcales que todavía perviven en ella, de la familia me interesa destacar que es un ámbito donde la mayoría de las personas encuentran natural actuar con criterios no de mercado sino de cooperación, de donación, de cuidados y de afectos. Algo parecido sucede con las amistades más cercanas. Cuando la cooperación trasciende estos círculos estrechos se convierte en la principal fuente de innovación, antes de que esta sea valorizada y captada por el capital. Saquemos las conclusiones lógicas de ello, tanto económicas como políticas, antes de que sea demasiado tarde. No es el dinero el que hace la sociedad. 

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¿Horca o garrote vil? No se podrá quejar de las opciones económicas que le deja nuestro sistema representativo. Con la horca podrá formar parte de la historia de los ahorcados pobres de la Inglaterra dieciochesca, sacrificados en aras de la proletarización. El garrote será más conservador, pero mal aplicado también permite extender su agonía. "Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil", que cantaba Javier Krahe.

Una muerte financiera lenta facilita la expiación por los pecados cometidos, de ahí que los más devotos prefieran la crucifixión. Pero conformémonos con las alternativas con las que contamos hoy. En Cataluña el gobierno pronto aplicó la versión local, más sofisticada: al garrote se le añade un punzón de metal que con la presión rompe las vértebras. Pero casi se le fue la mano y ya digo, no es cuestión de matar sin más. Los europeos, en cambio, pedían fusilamiento y punto. Menos mal que nuestros inteligentes líderes les convencieron para conseguir lo mismo pero selectivamente y poquito a poco, en plazos que así se nota menos, financiados además por nosotros los ajusticiados. No hace falta que les pidan nada, que para esto se bastan solitos. Por nuestra parte, solo nos toca bajar la cerviz y no pensar, pues el sufrimiento es innegociable.

Después de dos años y a día de hoy, podemos reconocer con satisfacción que todavía tenemos un amplio margen para consensuar más políticas macabras. Aún quedan vértebras por descoyuntar, ya sea apretando la soga o dando nuevas vueltas de tuerca: despedir funcionarios y personal laboral de la administración, reducir las prestaciones por desempleo a una magra limosna, eliminar más mensualidades, reducir el salario mínimo, eliminar más ayudas, privatizar lo que queda de costa, cerrar escuelas, incrementar más tasas, etc. Los que sobrevivan y sus herederos valorarán como es debido el sacrificio y la servidumbre. ¿Cómo no preferir la esclavitud al tormento? ¿La deuda odiosa e impagable a dormir en la calle? ¿La decisión tecnocrática frente a la fastidiosa participación?

Gracias por su elección. Ahora solo tiene que aguantar como los demás y pronto verá la luz al final del túnel. Procure no distraerse con el ruido que viene de fuera. No vaya a ser que prefiera la vida.

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El banco británico Barclays ha sido el elegido por las autoridades supervisoras para el sacrificio con el fin de salvaguardar el buen nombre del sistema financiero. La semana pasada la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) del Reino Unido  impuso al banco una multa de 59.5 millones de libras. Al mismo tiempo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sancionaron al banco con multas por valor de 160 millones de dólares y 200 millones de dólares respectivamente, obligando a Barclays a pagar un total de 290 millones de libras (451,4 millones de dólares). El motivo: la confirmación de la manipulación del líbor (London InterBank Offered Rate), pero también del euríbor (European Interbank Offered Rate, el tipo europeo de oferta interbancaria, es decir, el precio al que se prestan los bancos entre ellos).

En marzo ya conté en este blog cómo Barclays y otros bancos estaban siendo investigados por alterar los tipos de oferta interbancaria en beneficio propio (por ejemplo, prestándose a precio reducido para luego conceder préstamos a un interés mayor). Estos tipos los fijan de manera bastante opaca 16 entides financieras en el caso del líbor y 34 en el caso del euríbor, lo que no ha impedido la colusión entre ellas. En realidad, la práctica es generalizada y un escándalo similar ya se produjo en relación con el tíbor (el interbancario japonés). El período que se está investigando corresponde al de la década pasada, especialmente a partir de 2006, cuando las cosas comenzaban a ponerse feas para los bancos.

Al otro lado del Canal de la Mancha, en el continente la prensa generalista informa de los hechos como si se tratara de un problema local de los británicos, omitiendo incluso -como hace vergonzosamente El País *- que el Euríbor también fue alterado de manera fraudulenta. La Comisión Europea ya está investigando esta práctica y es probable que aplique una multa al conjunto de las entidades que actuaron como miembros de un cártel. La caída de algunos bancos o las multas ejemplificadoras aumentarán la presión sobre la necesidad de acelerar las reformas del sistema financiero, que en la eurozona pasa por avanzar hacia alguna forma de unión bancaria. Pero de nuevo tanto los medios como las autoridades prefieren pasar por alto las consecuencias más perturbadoras, como si quisieran establecer un cortafuegos.

Como avancé en mi texto anterior sobre el #Opeuríbor, tanto el líbor como el euríbor sirven de referencia a préstamos y derivados financieros en todo el mundo valorados en cientos de billones de dólares. Los españoles conocen el euríbor sobre todo en relación con las hipotecas. Las implicaciones legales de semejante fraude y sobre todo las posibles indemnizaciones a que podrían dar derecho exceden con creces la capacidad del sistema financiero mundial en su conjunto. El propio Financial Times estima , y perdonen si me repito, que "si uno o dos bancos fueran declarados culpables de manipular los tipos en, por ejemplo, 0,03 puntos porcentuales durante 10 años, la compensación teórica podría ser de 1 billón de dólares – equivalente a todo el mercado de capitalización del índice FTSEurofirst 300 de las principales acciones europeas. Por supuesto, semejante pena nunca podría aplicarse. Los clientes que salieron perdiendo tendrán que tragárselo." Es la misma conclusión a la que llega el gobierno británico, cuya oficina contra el fraude la Serious Fraud Office (SFO) ya ha adelantado que solo considerará denuncias con un valor superior al millón de libras, que tengan una dimensión internacional significativa, si los hechos causan alarma social, etc.

¿Qué pasa con la vía judicial? Es la que van a intentar los abogados sevillanos que lanzaron la operación euríbor, aunque ahora andan ocupados con la querella contra Rodrigo Rato por el escándalo de Bankia. Por intentarlo que no quede, y lo ideal sería que hubiera no una, sino muchas demandas judiciales en diversos países. Pero el problema de esta vía es que tardarán muchos años antes de que se obtengan resoluciones judiciales efectivas, entre otras cosas por la complejidad de las cuestiones financieras -especialmente a la hora de establecer las responsabilidades civiles, no digamos penales-, la desigual capacidad económica de litigación de unas y otras partes, una legislación que no ayuda y la pasividad de la fiscalía.

Las armas jurídicas son necesarias, pero no deberían ser las únicas ni hacernos perder de vista las consecuencias políticas de todo esto. Un primer paso debe consistir en saltarse el cortafuegos, destacar la importancia de este asunto y politizarlo. Luego nos dirán que el sistema financiero es "demasiado grande para caer", por un quítame allá esos decimales. Y es demasiado grande porque concierne al funcionamiento último de la economía de la deuda y a la valorización de la cooperación social productiva. El pecado habrá sido venial (comparado con la burbuja inmobiliaria, por ejemplo) pero las ganancias fueron lo suficientemente cuantiosas como para que el reclamo de indemnizaciones desestabilice el sistema y los medios lo camuflen entre otros titulares. Con esta crisis hemos aprendido que las finanzas son demasiado importantes para dejarlas en manos de la oligarquía financiera. No basta con denunciarlas: hay que tomárselas más en serio, discutir cómo apropiárselas y cómo cambiar su lógica. Si es que es posible.


*Actualización (15:30): en España se añade el hecho de que Pedro Solbes Mira, ex ministro socialista, es desde 2011 asesor de Barclays España (gracias a J.F. Moriche por el recordatorio).

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Poco duró la Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía Nicole Bricq en el gobierno socialista francés de Jean-Marc Ayrault, apenas un mes y tras la primera remodelación pasadas las elecciones legislativas. Bricq tuvo que abandonar su cargo para pasar a dirigir el Ministerio de Comercio Exterior. Delphine Batho la sustituye en el cargo. Según la prensa francesa, el origen de este sorpresivo cambio no es otro que el retraso que impuso la ministra en el inicio de las prospecciones petrolíferas en los fondos marinos situados a 150 kilómetros de las costas de la Guayana Francesa.

Nicole Bricq, lejos de seguir la línea del ministro de industria español José Manuel Soria en otra región "ultraperiférica" (Canarias), cometió el pecado de anunciar una "revisión profunda" de los permisos de exploración de hidrocarburos y de proponer la modificación del Código minero francés, que no tiene en cuenta el impacto ecológico de las licencias mineras que otorga la administración. Su negativa a firmar los decretos que autorizaban el inicio de las exploraciones en Guyana fue rechazado por las autoridades locales (que al contrario que las autoridades canarias sí se benefician de parte del 12% que el Estado francés piensa recaudar con la explotación petrolífera) pero sobre todo motivó la oposición frontal de la patronal francesa y las empresas petroleras Shell y Total. Ambas detentan el 45% y el 25% de los derechos de exploración en la zona.

Al día siguiente del movimiento de carteras ministeriales Shell obtuvo su autorización para iniciar la exploración. Según declaraciones de la ministra de vivienda Cécile Duflot (que por cierto no es socialista sino de Europe Écologie Les Verts), Nicole Bricq habría declarado que consideraba su traspaso a comercio como "una promoción". Ya vemos qué importancia le da el gobierno francés a las cuestiones medioambientales, por mucho que hablen de "transición ecológica". La propia Duflot privilegia la "seguridad jurídica" de los inversores por encima del principio de precaución.

Las prospecciones se producirán a bastante profundidad, entre los 2000 y los 4000 metros. Dichas prospecciones y la posterior explotación entrañan un riesgo considerable para el patrimonio natural marino y costero de la Guayana, al igual que en Canarias. Un grupo de ONGs, entre las que se encuentran Greenpeace, Oceana y WWF, publicaron un comunicado conjunto  en el que reclaman "una moratoria para las prospecciones y la explotación de hidrocarburos no convencionales", al menos hasta que se reforme el código minero. Y en Guayana se ha creado un colectivo ciudadano contra las prospecciones, que se une a las ya creadas para luchar contra las prospecciones de hidrocarburos  en el Mediterráneo francés.

A la vista de la sucesión de noticias sobre este asunto en los últimos tiempos, queda claro que nos encontramos ante una ofensiva extractivista por parte de las empresas petroleras, empeñadas en explotar hidrocarburos no convencionales como el petróleo localizado a altas profundidades o los gases de esquisto. Concretamente, las petroleras europeas están tratando de acceder a territorios -marinos y terrestres- integrados en la Unión Europea, sobre todo de la denominada "ultraperiferia", que hasta ahora habían quedado al margen por sus elevados costes o por su impacto ecológico y social. Desgraciadamente, la oposición al extractivismo se divide en una multiplicidad de iniciativas locales que carecen de interfaces que permitan que se comuniquen y vinculen entre ellas. Por su parte, ONGs como Greenpeace, que disponen de medios y conocimientos, así como una visión global, no parecen muy dispuestas a desempeñar este papel. Sería deseable que empezaran a hacerlo. La remoción de Bricq muestra que no bastará con solicitar firmas y enviar peticiones a las autoridades. Éstas prefieren reservar sus oídos para otra gente.

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De todos los gobiernos suramericanos calificados como "progresistas", el más frágil siempre fue el del paraguayo Fernando Lugo, que el viernes 22 de julio fue destituido por el Congreso de su país. También ha resultado ser la experiencia más breve. Aunque arropado por los movimientos campesinos, para poder llegar a la presidencia en 2008 tuvo que integrar una coalición heterogénea de partidos, la Alianza Patriótica para el Cambio, dentro de la cual predominaba el Partido Liberal Radical Auténtico, liderado por el ahora presidente Fernando Franco. La defección del PLRA -un lento proceso iniciado ya en 2010, coincidiendo con el golpe de estado en Honduras- es la que ha facilitado la caída de Lugo, que apenas contaba con unos pocos diputados y senadores fieles. La derecha que encarna los intereses de la oligarquía paraguaya -muy implicada además en el contrabando y el narcotráfico- dominaba y domina tanto la cámara de diputados como el senado, mientras que la judicatura y el ejército siguen en manos conservadoras.

En este contexto de debilidad institucional, la presidencia de Fernando Lugo pareció inclinarse más por consensuar acuerdos desde el Estado con sus opositores que por articular una fuerza popular que intentara romper con la hegemonía político-económica heredada de la dictadura brutal de Alfredo Stroessner. En Paraguay nunca se celebró una asamblea constituyente, y es la Constitución reformista de 1992 la que de hecho sirvió para formalizar la destitución de Fernando Lugo. Los principales responsables de la dictadura de Stroessner nunca fueron no ya procesados, sino ni siquiera amonestados. Con Lugo tampoco se llevó a cabo la siempre aplazada reforma agraria que debería haber acabado con los privilegios adquiridos durante la época de la dictadura, que distribuyó hasta 8 millones de hectáreas entre su gente. Por el contrario, durante el mandato de Lugo se expandió el modelo extractivo sojero (la superficie dedicada a la producción de soja transgénica para la exportación aumentó un 10% entre 2008 y 2010), lo que consolidó el poder de los grandes propietarios, un 1 % que ya poseía el 77% de las tierras cuando Lugo llegó a la presidencia, mientras cientos de miles de campesinos pobres reclaman la devolución de las tierras que llaman "mal habidas". La presión fiscal, de apenas un 13%, es la más baja de los países del Mercosur (comparado con el 37% La cuestión de la tierra se complica además por la presencia de cuatrocientos mil brasiguayos -brasileños instalados en Paraguay desde los años sesenta-, de los que doscientos mil cerca de la frontera con Brasil, que se dedican principalmente a la actividad agropecuaria, sobre todo la producción de soja.


Extensión de la producción de soja transgénica en Paraguay. Fuente: Instituto de Biotecnología Agrícola.

En el Libelo acusatorio contra Fernando Lugo comprobamos cómo la matanza de Curuguaty, probablemente manipulada, no es más que una excusa. Resulta vergonzoso que afirmen que "hoy nos hace lamentar las perdidas de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la República del Paraguay", cuando hubo decenas de miles de personas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas durante la dictadura de Stroessner. En realidad el reproche principal de los diputados es, como se afirma en las conclusiones, la "constante confrontación y lucha de clases sociales", es decir, el cuestionamiento mínimo de sus privilegios. A Lugo le critican no la iniciativa, que no la tuvo, sino su ambigüedad o comprensión frente a las prácticas de los campesinos pobres como la invasión de latifundios o el robo de ganado, estrategias discutidas entre las coordinadoras campesinas y la recientemente creada Liga Nacional de Carperos. Y eso a pesar de haber aprobado, con el beneplácito de Estados Unidos,  una dura ley antiterrorista, y de haber impulsado la militarización de las áreas rurales con la excusa de combatir a un grupúsculo conocido como el Ejército del Pueblo Paraguayo. No fue suficiente para una elite que no se corta a la hora de expresar su odio de clase.

La reacción de la Unasur defendiendo la presidencia de Fernando Lugo, como ya hiciera en 2008 con Evo Morales, constituye un hecho positivo, pero en esta ocasión es dudoso que pueda revertir los hechos consumados, teniendo en cuenta la manera con la que Lugo los ha asumido. La oligarquía paraguaya parece dispuesta a asumir cierto aislamiento político, y de hecho una de las acusaciones contra Lugo fue la aceptación del Protocolo de Ushuaia II sobre Compromiso Democrático. Dentro de la Unasur la posición decisiva es la de Brasil. Habrá que ver si Brasil opta por impedir este precedente antidemocrático en el seno del Mercosur o si sus fuertes intereses económicos en el país (brasiguayos pero también la represa hidroeléctrica compartida de Itaipú) le lleve a acabar acomodándose a la nueva situación. De momento el 28 de junio está prevista una reunión del Mercosur en Mendoza, Argentina, donde en principio se va a producir el traspaso de la presidencia pro-tempore del Mercosur a Paraguay. ¿Presidirá Federico Franco el Mercosur, aunque sea por unos meses?

De la breve experiencia de Fernando Lugo pueden extraerse algunas lecciones. Una es que fue su tibieza con los poderosos, y no su supuesta radicalidad, la que acabó políticamente con él. Pero su fatal dependencia del PLRA se explica también por la escasa fortaleza y la división de los movimientos sociales paraguayos. De ahí la segunda lección: no basta con que "intrusos" como Lugo ocupen la presidencia o formen un gobierno, si ambos no se retroalimentan de las multitudes organizadas. Es desde abajo que se puede generar una nueva institucionalidad democrática y no al revés. En fin, una tercera lección es que si no se atacan los mecanismos de la desposesión del común, lo que constituye el fundamento económico (tierras, finanzas) de las oligarquías (paraguaya, europea), es solo cuestión de tiempo antes de que aquellas se tomen su revancha.

Actualización (23:30): Mercosur suspende participación de Paraguay en próxima cumbre

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