Quilombo

Hace poco estrenaron Piratas del Caribe: en el fin del mundo (Gore Verbinski, 2007), la tercera parte de la conocida trilogía. No la he visto. Aunque me gustó la primera película de la serie, me decepcionó la segunda, por introducir la habitual y fastidiosa tendencia a la espectacularidad por la espectacularidad, que tiene que llegar a su clímax en la tercera, como insinúa el trailer.

La película es una excusa. Aprovecho la moda pasajera de los piratas, para comentar un gran libro: La hidra de la revolución: marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, de Peter Linebaugh y Marcus Rediker (2000, publicado en castellano en 2005 por Editorial Crítica).

Al igual que De la esclavitud al trabajo asalariado, el libro trata de la historia del desarrollo del capitalismo antes de la revolución industrial, desde la perspectiva de los hombres y mujeres que lucharon contra él "para preservar su libertad y sus medios de vida", como se indica en la contraportada. A diferencia de aquél, que trata de explicar la historia subterránea del trabajo dependiente desde un punto de vista económico y jurídico, basándose en el control de la movilidad de los hombres y de las mujeres, colectivamente, La hidra de la revolución, nos cuenta las historias de esos hombres y mujeres, con nombres y apellidos, y con una envidiable maestría narrativa. Lo cual convierte su lectura, más fácil y accesible, en un auténtico placer. Si el trabajo exhaustivo de investigación de aquél tiene la ambición de revisar por completo conceptos e ideas preestablecidas, en La hidra... la labor investigadora de Linebaugh y Rediker, que se enriquece recurriendo a interesantes fuentes primarias de información, se contenta con "abrir nuevos caminos y sugerir nuevas ideas", en palabras de Josep Fontana.

"Nuestro libro dirige la mirada desde abajo. Hemos intentado recuperar algo de la historia perdida que habla de una clase multiétnica que fue esencial para el surgimiento del capitalismo y de la economía global moderna. La invisibilidad histórica de un gran número de los temas que se tratan en este libro debe mucho a la represión que inicialmente se desencadenó contra ellos: la violencia de la hoguera, del tajo, del cadalso y de los grilletes en la oscura bodega de un barco. También debe mucho a la violencia de la abstracción utilizada a la hora de escribir la historia y a la severidad de la historia que durante mucho tiempo ha sido cautiva del Estado-Nación, el cual en la mayor parte de los estudios ha sido y es un marco de análisis que en gran medida no se cuestiona."

Siguiendo el movimiento circular de las corrientes oceánicas del Atlántico Norte, que va de Europa a África y el Caribe, y de ahí a Norteamérica, los autores persiguen el rastro de la experiencia humana de las rebeliones y luchas contra la expropiación, el trabajo forzado, la esclavitud y las conscripciones en los ejércitos estatales, el terror contra las mujeres en las campañas contra la brujería.

Una experiencia humana que siempre fue multiétnica, plural y diversa, pobre y subversiva: la cuadrilla variopinta (motley crew). Las clases dirigentes representaron el peligro mediante una figura mítica: la hidra, el monstruo de múltiples cabezas al que se enfrentó Hercules en uno de sus trabajos. Cuando Hércules cortaba una cabeza, crecían otras dos. Esta imagen se ha repetido de forma recurrente en escritos, grabados y viñetas periodísticas. 

Linebaugh y Rediker se centran en la cooperación de estas multitudes. Así, en la conspiración de Nueva York de 1741, que desembocó en el incendio de buena parte de la ciudad, participó el proletariado que solía frecuentar las tabernas de los muelles, donde surgió la revuelta. Un proletariado compuesto de soldados, marineros, esclavos y trabajadores con contratos de servidumbre.  La conspiración fue liderada por africanos, afroamericanos (de la América hispana) e irlandeses, una cooperación que no fue aislada, aunque sí olvidada en la historiografía oficial, por la institucionalización del racismo y el posterior imperialismo colonial.

El mundo marino ofreció algunos de los ejemplos más espectaculares de esta colaboración. La piratería de los siglos XVII-XVIII es uno de ellos, un fenómeno que tiene poco que ver con la imagen estereotipada que hemos heredado de la literatura y el cine. Vale la pena recoger algunos extractos.

"El barco pirata de principios del siglo XVIII fue un "mundo vuelto del revés", debido al convenio que establecía las normas y costumbres del orden social de los piratas: una hidrarquía desde abajo. Los piratas administraban justicia, elegían a sus oficiales, repartían el botín a partes iguales y establecieron una disciplina diferente. Limitaron la autoridad del capitán, se resistieron a aceptar muchas de las prácticas de la marina mercante capitalista y mantuvieron un orden social multicultural, multirracial y multinacional. Intentaban demostrar que los barcos no tenían que ser gobernados del modo brutal y opresivo que reinaba en los buques de la flota mercante y de la armada real.

(...)

El barco pirata era democrático en una época no democrática. Los piratas reconocían a su capitán una autoridad incuestionable en la caza de navíos y en la batalla, pero en los demás casos insistían en que estuviera sometido al "gobierno de la mayoría". Como señalaba un observador, "le permitían ser capitán a condición de que ellos pudieran ser capitanes por encima de él". No le concedían la cantidad extra de comida, ni el rancho exclusivo, ni el alojamiento especial que reclamaban habitualmente los capitanes de la marina mercante o de la flota de guerra. Aún más, si la mayoría lo decidía, podía quitarle el puesto, y así se destituía a los capitanes por cobardía, por crueldad, por negarse "a capturar y saquear navíos ingleses" e incluso por ser "demasiado aristocráticos". Los capitanes que se atrevían a excederse en su autoridad fueron en algunos casos ejecutados. La mayoría de los piratas, "tras haber sufrido anteriormente por lo malos tratos de sus oficiales, vigilaban cuidadosamente  para que no volviera a producirse ninguno de estos hechos malvados", una vez que se encontraron en libertad para organizar el barco a su voluntad.

(...)

El barco pirata era una organización igualitaria en una época jerárquica, ya que los piratas repartían su botín a partes iguales, nivelando la elaborada estructura de las categorías de salario que era común a todo el resto de empleos marítimos. El capitán y el intendente recibían entre una y dos partes del botín; a los oficiales de rango inferior y a los artesanos se les daba una parte y un cuarto o una parte y media; todos los demás recibían una parte cada uno.

(...)

El barco pirata albergaba una sociedad variopinta, multinacional, multicultural y multirracial. El gobernador de Jamaica, Nicholas Lawes, no era más que un eco de las ideas de todos los oficiales del rey cuando llamaba a los piratas "bandidos de todas las naciones". (...) En 1717, la tripulación del negro Sam Bellamy era "una multitud mezclada de todos los países", incluidos británicos, franceses, holandeses, españoles, suecos, americanos nativos y afroamericanos, además de dos docenas de africanos liberados de un barco negrero. Los principales amotinados a bordo del George Galley de 1724 eran un inglés, un galés, un irlandés, dos escoceses, dos suecos y un danés, todos los cuales se hicieron piratas. La tripulación del Benjamin Evans estaba formada por hombres de origen inglés, francés, irlandés, español y africano. "

El Reino Unido lidera Europa en términos de desmantelamiento del Estado de Derecho y del garantismo penal que se supone que constituye uno de sus pilares fundamentales. Es el Estado que ha ido más lejos en la aprobación de leyes antiterroristas. La última de estas leyes, la Terrorism Act 2006, creó nuevos delitos, como el de "fomento del terrorismo", con un alcance muy amplio, y extiende el periodo máximo de detención sin cargos de 14 a 28 para aquellas personas sujetas a la legislación antiterrorista.

Diversas sentencias judiciales han cuestionado algunas de las medidas aprobadas. La reacción del Ministro del Interior, John Reid (que nuestros medios de comunicación, más preocupados por Chávez, han ignorado), ha consistido en una peligrosa huida hacia adelante: el pasado 24 de mayo amenazó con declarar el "estado de emergencia" si los jueces no rectificaban, para poder suspender la aplicación del artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, uno de esos instrumentos legales que han quedado "anticuados", según los modernos populistas punitivos.

En el origen de esta gravísima amenaza a la libertad se encuentra el sistema de las "órdenes de control", introducida por la Prevention of Terrorism Act 2005. Como los jueces dictaminaron que la detención indefinida sin juicio era ilegal, la citada ley permitió al ministro imponer restricciones en la libertad de la personas sospechosas de haber cometido (o con intención de cometer) actos de terrorismo (cuya definición es cada vez más laxa). Estas órdenes pueden incluir medidas como la supervisión electrónica o el arresto domiciliario y aplicarse tanto a ciudadanos británicos como a ciudadanos extranjeros. Todo ello sin una ley que lo apruebe (vulnerando el principio penal nulla poena sine lege), sin que las medidas restrictivas sean pronunciadas por la autoridad judicial (negando el derecho al debido proceso), y sobre la base de escuchas y otras supuestas "pruebas" obtenidas (o elaboradas) por los servicios de inteligencia, a los cuales no puede acceder la defensa.

Éste es el modelo que progresivamente están asumiendo los demás gobiernos europeos. Con la inestimable ayuda de nuestra particular  vanguardia muy poco revolucionaria.  

Y éste es el artículo que molesta al gobierno británico, orwelliano promotor de la libertad ("freedom is slavery", 1984) allende los mares. ¿Cuánto tardará en molestar a nuestros erradicadores?

Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo, en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley;
a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.
b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley.
c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que se ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.
d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.
f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.
2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1, c), del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la Ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.
4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.
5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.

A finales de mayo, José María Aznar presentó en Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brasil), el documento América Latina: una agenda para la libertad , elaborado por su FAES. Según el periodista Raúl Zibechi, la agenda americana de Aznar está detrás del toque a rebato de los partidos y medios de las derechas latinoamericanas, aportando la estrategia mediática a seguir para combatir los gobiernos de izquierda de la región. La fundación de Aznar estaría así cubriendo el vacío dejado por organismos similares de Estados Unidos, más bien volcados en torno al fracaso iraquí y sus impredecibles consecuencias. 

Para contextualizar mejor lo ocurrido en Venezuela, un informe de otra fundación (CEPS)  nos describe 236 clausuras, revocaciones y no renovaciones de radio y TV producidas en los últimos años en 21 países del mundo, incluyendo en la Unión Europea. Al señalar esto no pretendo recurrir al "y tú más", que siempre elude entrar en la cuestión de fondo. Se trata de poner en su sitio el tratamiento informativo de la prensa corporativa, que tiene que ver muy poco con la defensa de la libertad de expresión y mucho con la defensa de mezquinos intereses.

Una fuerte campaña de comunicación denuncia al gobierno de Hugo Chávez por la no renovación de la licencia a la televisión privada RCTV para emitir a través de una determinada frecuencia, que viene ocupando desde hace décadas. Acusan a Chávez de atacar la libertad de expresión en Venezuela.

Por lo que he leido, sean furibundos antichavistas (incluyendo El País), o apologistas de la causa bolivariana (Rebelión, Aporrea), a RCTV se le ha quitado una licencia, pero el canal podrá seguir emitiendo por otras vías (como el cable). Esto no quiere decir que no acabe teniendo un perjuicio económico, pero todo parece indicar que cuando dicen "libertad de expresión" en realidad quieren decir "libertad de empresa".

O libertad para robar. El espacio radioeléctrico es de dominio público, es un bien común. ¿Debe garantizarse ad aeternum el uso privado, con fines exclusivamente comerciales -y propagandísticos- a un determinado grupo empresarial? Por plantearse preguntas tan aparentemente inocentes como esta, los Estados Unidos abandonaron la UNESCO en 1984 (no volverían hasta 2003), retirando sus contribuciones a la misma, y provocando una grave crisis en la organización. Su pecado consistió en proponer un nuevo orden internacional de la comunicación y la información, mediante la democratización de los medios de comunicación y el acceso igualitario a los medios de comunicación, en especial en los países del denominado Tercer Mundo.

Según el gobierno venezolano, los empresarios privados detentan el 78 % de las estaciones de televisión VHF y en torno al 70 % de las estaciones de radio AM y FM. El Estado posee el porcentaje restante. Al mismo tiempo, existe una red de radios y televisiones comunitarias por todo el país, un hecho que se repite en otros países latinoamericanos, como en Brasil o Argentina.

La nueva televisión TVes, que ocupará el canal 2 que usaba hasta ahora la RCTV, está financiada por el Estado, y sus directivos son nombrados por el gobierno. Ignoro el tipo de relación que mantendrá con las televisiones comunitarias y otras iniciativas populares, o cómo se fijarán sus contenidos. Si de lo que se trata es de crear una televisión estatal al servicio del líder y para ir ganando terreno en el espacio mediático, muy poco se habrá avanzado en la democratización de la comunicación. Si la frecuencia va a servir para la participación de televisiones comunitarias de base, productoras populares, entonces sí que habrá supuesto un paso en favor del acceso a los medios por parte de la población. Sin condiciones, claro. Porque si es el gobierno el el que encargue de seleccionar a los amigos, seguiremos en las mismas.

Este debería ser el verdadero debate: ¿control estatal/privado de la comunicación y de la información, o acceso a este bien común por parte de todos?

El sábado por la noche llego a Santa Cruz de Tenerife tras un largo vuelo desde Bruselas, con escala en Madrid. La ciudad se me aparece empapelada como nunca de caras, caretas y caraduras. En Bélgica se están preparando para las elecciones federales de junio, pero no llegan ni de lejos a nuestro derroche de papel.

Mis amigos confirman esta primera impresión. Domina el hartazgo por el ruido de la campaña, y de nuevo, gana la abstención en Santa Cruz de Tenerife. No sólo gana, aumenta: por primera vez supera el 50% (50,29 %, frente al 48,68% en 2003). En la conservadora capital tinerfeña, no se trata de un "que se vayan todos" a la argentina. Aquí domina el "que nos dejen en paz".

El imputado por corrupción Miguel Zerolo podrá seguir gobernando con 32.000 votos, en un censo electoral de 186.000 votantes. Pocas sorpresas, pues, en la ciudad de las calles y monumentos que, a pesar de las sucesivas intervenciones quirúrgicas, homenajean todavía al franquismo. 

En cuanto a la izquierda alternativa, cuya presencia en carteles y prensa ha sido testimonial, recurriendo sobre todo al "boca a oreja" y a internet, la suma de votos de las tres coaliciones que han obtenido cierto apoyo apenas ha variado con respecto a 2003, situándose en torno a los 6.000 votos. Alternativa Sí Se Puede por Tenerife es la más votada de las tres, con un 2,45% de los votos emitidos, por encima de IU-Los Verdes.

Los decepcionantes resultados de Santa Cruz no deberían ocultar lo conseguido en los demás municipios en los que se ha presentado la mencionada coalición. El crecimiento en La Laguna, ciudad universitaria, ha sido muy importante, superando en número de votos lo obtenido en Santa Cruz de Tenerife. Los militantes más activos de Sí se puede pertenecen al mundo universitario, lo cual explica en parte esta mejora. Pese a no obtener concejales, igualan resultados con el populista de derechas Centro Canario Nacionalista (CCN), el partido-empresa que "se compró" Ignacio González (Jr.), ex-miembro del PP, e hijo de uno de los empresarios más influyentes del archipiélago, y que ha sido uno de los partidos canarios que más dinero se ha gastado en la campaña electoral.

Significativamente, donde sí han conseguido concejales ha sido en aquellos municipios con conflictos importantes relacionados con el urbanismo avasallador y los macroproyectos de infraestructura: Buenavista del Norte (tres concejales), Granadilla de Abona (un concejal), Tacoronte (un concejal). En La Orotava, una organización afín, IpO mantiene tres concejales, aunque las divisiones internas que afectaron a este partido han dispersado el voto en esta localidad. En todos estos casos existen destacados movimientos sociales, pequeños tal vez si tenemos en cuenta otras escalas, pero cohesionados e integrados con el sentir de mucha gente en sus respectivas comunidades.

Finalmente, en el cabildo insular, verdadero centro de poder en Tenerife, Sí Se Puede logra convertirse en la quinta fuerza más votada, aunque queda lejos del  umbral mínimo necesario (5%) para obtener un concejero. Supera, también en este caso, a IU-LV. Lo más destacado es que la suma de los votos de ambas coaliciones iguala a lo obtenido por el mencionado CCN, una máquina publicitaria arrolladora, que sin embargo no ha gozado de tantas simpatías como esperaban.

Como primera impresión, son los pequeños municipios, cuyo medio ambiente y formas de vida se encuentran amenazados por el desarrollismo urbanizador, los que han logrado traducir su malestar en concejalías. En La Laguna hay posibilidades de afianzar la protesta, aunque cabía haber esperado más, y Santa Cruz de Tenerife sigue aletargada, triste espejo del escaparate en que se ha convertido.

Prácticamente no hay día en que los medios de comunicación no nos informen de algún video preparado por alguna organización "terrorista", y publicado en alguna "página web de contenido islamista".

Como si las videocámaras digitales no hubieran multiplicado las grabaciones no profesionales, algunos autoproclamados expertos se empeñan en reducir todo a Al Qaeda, a la que se atribuye incluso la creación de una productora audiovisual (!), As Sahab, de dirección desconocida. En Occidente se ve que todavía somos incapaces de concebir una estructura que no sea centralizada y vertical, y creemos que todo el mundo funciona así (o debería hacerlo). Cuesta pensar que gente de muy diversas procedencias compartan filias y fobias, o que cinco o seis personas puedan reunirse para cometer un atentado. No, tiene que haber una oscura organización, cuyos miembros fichan para trabajar de ocho a seis.

El País nos da hoy otra ración de video-propaganda, vinculada a los atentados del 11-M. Como siempre, no se nos indica la fuente de donde se obtiene un vídeo que podría haber sido preparado por cualquiera. El periódico nos dice que es la policía la que ha encontrado el vídeo, que estaba "colgado" (sic) en una web islamista, que no se indica. No es difícil poner un enlace a la web en cuestión, en el caso de que el periódico supiera cuál es. Presuponen que todos somos idiotas, o que corremos el riesgo de contaminarnos, y volvernos terroristas de golpe, por tratar de juzgar por nosotros mismos.

Se trata de un montaje con imágenes preexistentes, al alcance de todos, aunque según el artículo también parece que incluye imágenes obtenidas del sumario, que es lo único que justificaría la calificación de noticia. Si es así, y teniendo en cuenta que es la policía la que ha dice haber encontrado la grabación, cuyo origen desconocemos, pues a lo mejor resulta que el director de la película lleva uniforme. No sería el primero al que le da por la creatividad.

Los comentarios a mis anteriores artículos muestran un miedo muy extendido entre quienes apuestan por una política alternativa y se plantean la cuestión electoral: el miedo al "apoltronamiento". O, dicho de otro modo, la incorporación de los líderes de los movimientos a eso que se conoce como "clase política", y su correlativa separación de aquéllos, reproduciéndose entre ambos una relación de sujeto-objeto. La profesionalización (funcionarización) de la política institucional facilita este proceso. Este riesgo, hecho realidad mil veces, invita a recelar por principio de la participación electoral.  

Sin embargo, el problema de esta doble vinculación-desvinculación no tiene por qué darse necesariamente en términos de corrupción, cooptación o clientelismo ("venderse", en la jerga al uso), aunque los ayuntamientos sean lugares de alto riesgo, por la facilidad con que circulan en ellos los billetes de 500 euros. A mí me preocupa más otra forma más sutil, más difícil de sortear: la asunción de una mirada "desde arriba", haciendo propios los códigos de la elite dirigente. Esto es más fácil que ocurra a nivel autonómico, estatal o supranacional que a nivel municipal, por lo que si aquí no se produce una democratización de la gestión pública, difícilmente podrá conseguirse ascendiendo en el escalafón del Estado (entendido en sentido amplio, incluyendo, por ejemplo, las instituciones de la Unión Europea). 

En el ámbito local, son muchas las iniciativas que tratan de extender la horizontalidad, los hábitos democráticos de los movimientos sociales. Suele suceder, en cambio, que las estructuras burocráticas del poder reciclen estas nociones, desvirtuándolas. Ha sucedido con experiencias como las del presupuesto participativo, con origen en Brasil. Organizaciones como Sí se puede en Tenerife lo incorporan en su agenda política, pero convendría realizar una reflexión crítica sobre estos mecanismos, cuya aplicación en no pocas ciudades se limita a legitimar el poder de la clase dominante. De nuevo, si estas herramientas no encuentran arraigo en la cultura política, en las formas de vida que subyacen a los movimientos, difícilmente servirán para la emancipación  cuando se aplican desde arriba.  

Por usar palabras del uruguayo Raúl Zibechi: 

"La idea de ir forjando una nueva sociabilidad, nuevas relaciones entre las personas y el ambiente, en los espacios-islas que controlan los movimientos sociales, es ya patrimonio de amplias franjas de personas organizadas, en los más diversos frentes. La metáfora de Marcos, que señala que hay quien "se dedica a imaginar que el timón existe y disputar su posesión", mientras hay quien "hace de una isla no un refugio para la autosatisfacción, sino una barca para encontrarse con otra isla y con otra y con otra…", está empezando a ser una forma de vida para una parte considerable de quienes dedican su vida a cambiar el mundo desde los movimientos sociales."

(…)

"El problema no se resuelve con un instrumento político, sino con la creación de una nueva cultura en la que el poder resida en las bases y se ejerza de forma rotatoria. El terreno electoral no parece el más adecuado para dar vida a esa nueva cultura política, y quizá tampoco lo sea el insurreccional. Se trata de un largo y doloroso proceso, en el que prácticas comunitarias que ya existen en la vida cotidiana se expandan y multipliquen hacia el resto de la sociedad. Hasta volverse sentido común."

Ayer intenté plantear cómo veo la relación entre movimientos sociales e instituciones. Entiendo que primar los movimientos no tiene por qué implicar un rechazo por principio a la participación electoral, siempre que se contemple a las instituciones como un espacio más, importante, de confrontación política, no como un fin en sí mismo. Partidos como IU tienen tendencia a instrumentalizar los movimientos, en función de su objetivo principal (acceder a las instituciones), en lugar de querer construir redes ciudadanas con una cultura política diferente, creativa y emancipadora. Esto último es lo decisivo.

Afortunadamente, iniciativas como la de Alternativa Sí Se Puede muestran ya un grado de madurez política que no existía años atrás en Tenerife. Conscientes de sus limitaciones, se presentan a unos pocos municipios.

Todo está en su contra: leyes electorales restrictivas (a lo mencionado ayer sobre el parlamento canario hay que añadir el umbral mínimo del 5 % para accedera a municipios o al cabildo), falta de financiación, difícil o imposible acceso a los medios de comunicación, juego sucio de los partidos políticos de siempre, falta de marca reconocida popularmente (Los Verdes sacan jugo a la suya, pero habrá que ver si llegan a ser algo más), etc.   

Sus militantes han tratado de suplir condiciones tan adversas con entusiasmo e ingenio. Podrá alegarse cínicamente que son cuatro gatos. Pero antes no había ni eso. Llevo ya casi cinco años viviendo fuera del archipiélago, y la comparación entre lo que veo y me cuentan que está sucediendo, y el desierto de los noventa, sólo puede invitar al optimismo. Se han acumulado fuerzas importantes. Sería grande, como dicen los argentinos, que pudieran obtener algunas concejalías y un puesto en el cabildo. La experiencia de Iniciativa por la Orotava ha supuesto una experiencia muy importante en la política insular, a pesar de los problemas (ruptura con Los Verdes, por ejemplo).

Pero si no es así, habrá que seguir construyendo sobre el camino trazado, en Sí Se Puede, en Asamblea por Tenerife y en los foros que surjan. Obviamente, un fracaso estrepitoso desmotivaría y dispersaría a mucha gente. Pero quedan luchas importantes para el futuro: contra el cierre del anillo insular (circunvalar la isla por autopista), la urbanización de El Rincón, Las Teresitas, la construcción del Puerto de Granadilla, el ascenso de la xenofobia antiinmigrante, etc. (por hablar sólo de Tenerife).

Un esfuerzo más si queremos ser ciudadanos...

Ante las elecciones autonómicas y municipales del próximo 27 de mayo, quienes están vinculados de alguna manera a los movimientos sociales de izquierda vuelven a verse enfrentados al eterno dilema: participación institucional (electoral) o no, that is the question.

En mi tierra, en Tenerife, esta disyuntiva se presenta con mayor urgencia, por la confluencia de una serie de factores: la atomización y escasa representatividad de los partidos de izquierda, una elevada abstención, y la pujanza de un movimiento social que ha ido creciendo al calor de las movilizaciones contra los desmanes desarrollistas de una clase político-empresarial canaria que apenas si se ha renovado desde el franquismo.

Desde hace dos años, el debate se ha centrado en torno a la constitución de una agrupación unitaria que traduzca en términos electorales la fuerza y diversidad de dichos movimientos sociales, que han integrado a vecinos sin adscripción partidaria, militantes ecologistas, independentistas o de izquierda (jóvenes o curtidos en mil derrotas), estudiantes y profesores universitarios, y toda una nueva generación de precarios, de artistas, que tratan de encontrar un espacio común al margen de las naftalinas folclóricas de los actuales gobernantes. Por otro lado, en Santa Cruz de Tenerife el viento sopla a favor de una renovación del panorama político como consecuencia del navajeo político en el seno de la derecha, que en esta ocasión se presenta fragmentada.

La discusión no ha sido fácil, y la inminencia de las elecciones autonómicas llevó a tomar posiciones. El proceso de unificación culminó no en una, sino en dos coaliciones principales: Alternativa Sí Se Puede por Tenerife (que reúne a Acción Verde, la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, Alternativa Popular Canaria (APC) y a colectivos ciudadanos de municipios en los que la movilización popular está en alza); e Izquierda Unida-Los Verdes-Unión Ciudadana. Ambas agrupaciones presentan listas al Cabildo, y a las dos ciudades principales, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Alternativa Sí Se Puede presenta, además, candidaturas en Buenavista del Norte, Tacoronte y Granadilla. En otros municipios IU, APC o Los Verdes presentan listas propias. Otras formaciones marginales han optado por no integrarse en ninguna plataforma o agrupación, y presentan listas propias.

Todo el esfuerzo se concentra, pues, en cabildo y ayuntamientos. Conseguir escaño en el Parlamento de Canarias se presenta, a fecha de hoy, como una tarea imposible, habida cuenta del vigente sistema electoral, casi censitario: una fuerza política debe reunir al menos el 6 % de los votos en todo el archipiélago, o bien el 30 % de los votos en una circunscripción insular, situación única en España (aunque en el País Vasco se producen limitaciones al sufragio más lamentables). De esta manera el juego parlamentario se reduce a tres partidos, PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular. Sin embargo, IU y Los Verdes, confiados en el tirón de sus respectivas marcas electorales, no dudan en intentarlo, eso sí, por separado.

Este debate sobre la participación electoral (presentarse o no, y cómo) reproduce las discusiones que han tenido lugar en otros países como Francia. En América Latina, en cambio, este problema se ha visto ampliamente superado por la fuerza arrolladora de unos movimientos sociales que han modificado por completo el mapa político de la región. En esta región la controversia se establece, aquí y ahora, en torno al papel de los movimientos sociales con respecto a los nuevos gobiernos de izquierda: es la cuestión de la nueva gobernabilidad, y la relación entre autonomía de los movimientos y Estados deslegitimados en proceso de refundación. Cuestión que está lejos de estar cerrada, y que a este lado del charco cuesta entender.

En Tenerife, no poca gente afín a los nuevos movimientos sociales desconfía de todo lo que tenga que ver con la "política", concepto que queda reducido al juego electoral partidario, a tejemanejes bajo la mesa o entre bastidores, con una corrupción generalizada, o a una manera de encontrar trabajo en la administración.

La desconfianza es, en principio, sana, mientras suponga una crítica a la cultura política tradicional, a las estructuras jerárquicas de los partidos, a los juegos entre cuadros dirigentes, a la manipulación mediática. Pero pierde el norte cuando se queda atascada en posiciones antagónicas por principio (reforma/revolución, voto/abstención), y que puede resumirse en este planteamiento derrotista y paralizante: no se puede cambiar nada sin cambiar todo, luego no podemos cambiar nada. 

No existe un concepto previo de "sociedad" al que haya que dirigirse para ver cómo cambiar las cosas en la realidad, tampoco guías o manuales precocinados. Hacer política democrática hoy, política de multitudes, es tratar de abrir espacios para los movimientos, construir redes de cooperación, explorar vías para gestionar lo común (desde la naturaleza física al cyberespacio), y resistir -no gestionar- tanto la expropiación como la explotación. Desde esta perspectiva, votar o abstenerse va a depender de la coyuntura política, de la relación de fuerzas, de las redes que se hayan logrado articular.

Personalmente, apoyo a la gente de Sí Se Puede, que es la opción que ha seguido un proceso de constitución más abierto, democrático y transparente, y que ha integrado personas con una trayectoria política y militante con la que me identifico más. Mantienen, además, un discurso autónomo, claramente diferenciado del PSOE, algo más difícil de encontrar en el caso de Los Verdes o IU. Que no es poco.

"Una quincena de inmigrantes se fuga de Hoya Fría", titula hoy en portada el diario La Opinión de Tenerife. Otro titular se acercaría más a la realidad: "Una quincena de personas encerradas por ser africanos se fuga del campo militar de internamiento de Hoya Fría". Pobres: doce de ellos fueron detenidos al cabo de unas horas.

Otro titular, del mismo periódico, el mismo día: "Denuncian que un transportista negó un servicio por ser a "negros inmigrantes""

"El instituto público IES Anaga de Santa Cruz de Tenerife denunció ayer que una empresa de transporte de guagua de la Isla se negó a realizar un traslado de menores del centro de Nivaria, en La Esperanza, a su sede en el barrio de La Alegría porque "se trataba de negros inmigrantes"". "El dueño de la empresa nos dijo que temía que si los padres de los alumnos de varios centros privados veían que en su guagua había negros inmigrantes se iban a negar a que sus hijos fueran en el mismo vehículo y podían peligrar los contratos", dijeron las fuentes del IES Anaga.

Antonio Fumero, propietario de Transportes Fumero, la empresa sobre la que recae la queja, reconoció en declaraciones a este diario que efectivamente se negó a realizar este servicio. "Quiero aclarar que no somos racistas, pero no hacemos este tipo de servicios", refirió. Matizó que la negativa "no es por falta de unidades". "No aceptamos este tipo de traslados y punto. No hay ninguna razón particular", insistió. Cuando se le preguntó qué podía suceder si todos los transportistas se negaran como él, respondió: "Si es así, que las autoridades se sienten con nosotros, se aborde el asunto y se dé garantías". ¿Qué tipo de garantías? "Garantías, aunque insisto en que no soy racista ni xenófobo, ni tengo ningún tipo de problema con los negros o los inmigrantes".

Un último titular, esta vez de El País: "Bruselas quiere castigar a los empresarios que empleen a 'sin papeles'". Por Bruselas hay que entender la Comisión Europea, que ha propuesto una directiva con ese objetivo (cada vez más normas penales tienen su origen en el derecho comunitario). Presuntamente progresista, por castigar al empresario, supone reforzar el lamentable concepto de "inmigrante ilegal", y la deriva represiva que culmina en la figura de los campos de internamiento y las deportaciones forzadas, y en la estigmatización de los inmigrantes africanos y la proliferación de actitudes racistas.

¿Dónde estarán los tres africanos que lograron escapar de la policía? ¿Habrán logrado confundirse entre otros inmigrantes, habrán podido encontrar apoyo y consuelo entre los suyos? ¿Podrán trabajar en la construcción, los veremos vender artesanías en el rastro? ¿Cómo seguir huyendo, en una isla? Ánimo, no dejen de correr.