Apuntes del Natural

Confluencia de intereses: Alfonso Guerra lleva muy mal vivir en la sombra y a algunos periodistas les encanta que se oigan voces del PSOE contrarias a Rodríguez Zapatero.

El ahora presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha hecho unas declaraciones que han sido muy mentadas, en las que compara los actuales planteamientos de los dirigentes de determinadas comunidades autónomas –que son de su propio partido, para más inri– con lo sucedido tras el hundimiento de la URSS. Cree Guerra que, al modo de lo que sucedió en la ex Unión Soviética, también aquí esos dirigentes autonómicos tratan de «envolverse en las banderas nacionalistas» para conservar el Poder.

A su juicio, se están perdiendo los planteamientos «ideológicos» en beneficio de los «territoriales».

Guerra se da –sigue dándose– aires de teórico, pero es –sigue siendo– de una inconsistencia intelectual y de una incoherencia política pasmosas.

En primer lugar, su distinción entre «planteamientos ideológicos» y «posiciones territoriales» carece del más mínimo rigor. Las visiones «territoriales» son también ideológicas. Y los que él llama «planteamientos ideológicos» son también «territoriales». De hecho, las opciones que él mismo defiende se enmarcan en un ámbito territorial específico: el de España.

¿En qué tipo de planteamientos está pensando el ex vicepresidente cuando habla de ideologías? Basta con leer sus declaraciones para comprobarlo: está tomando como referencia la división izquierda / derecha. Pero ¿cómo puede apelar al ideario de la izquierda alguien que, como él, puso en marcha una acción de Gobierno que mereció los parabienes del capitalismo financiero local y de las fuerzas internacionales más reaccionarias? ¿Qué es para él la izquierda? ¿La OTAN? ¿Maastricht? ¿El apoyo a Hasán II contra el pueblo saharaui? ¿La Guerra del Golfo? ¿La venta de armas a regímenes dictatoriales, el de Pinochet incluido? ¿La Ley Corcuera? ¿Los GAL? ¿Filesa? ¿Los contratos basura? ¿Son ésos los «planteamientos ideológicos» que él cree que se están perdiendo en beneficio de los «territoriales»?

Cuando el PSOE llegó por primera vez al Gobierno, con Felipe González y Alfonso Guerra de la mano, los gobernantes norteamericanos los definieron como «jóvenes nacionalistas». Esa caracterización me sorprendió en su momento, porque parecía referida a su actitud hacia otros estados y, en ese plano, se distinguieron mucho más por su entreguismo que por su nacionalismo. Si la hubiera interpretado de fronteras para adentro, habría tenido que admitir su relativo fundamento. Se les podía definir como «jóvenes nacionalistas españoles» por su oposición a los nacionalistas vascos, catalanes o gallegos.

Han pasado más de veinte años, pero Guerra sigue en las mismas. Salvo por lo de joven, claro.

Pero de eso no tiene la culpa.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: Guerra y la territorialidad.

Una de las cosas que más me cabrean –y cuidado que hay cosas que me cabrean– es la pretensión de algunos economistas de que sus diagnósticos son objetivos, meramente técnicos, imparciales. Hablan como si la Economía fuera una ciencia exacta.

Me ha tocado en las últimas semanas discutir con algunos de ellos sobre los problemas que afronta en Europa el llamado Estado de bienestar. En cuanto les dejas, te sueltan, adoptando un aire muy académico, que ese modelo de Estado ha entrado en crisis y resulta insostenible, porque el erario ya no da para cubrir sus exigencias. A partir de lo cual se lanzan a especular con los recortes de gasto que, según ellos, será necesario emprender: rebajas de las pensiones de vejez, limitación del ya de por sí muy limitado seguro de paro, reducción del gasto sanitario, etc.

Parten de presupuestos tramposos.

En primer lugar, no tienen en cuenta que en España las arcas de la Seguridad Social apechugan con gastos ajenos a su cometido. Para evaluar en qué medida nuestra Seguridad Social está o puede entrar en crisis, habría que considerar las partidas de gasto que el Estado le obliga a asumir y liberarle de aquellas que no tienen relación directa con su cometido.

En segundo lugar, hacen trampa al dar por supuesto que la Seguridad Social debe tener obligatoriamente –ella sola, por su cuenta– una economía saneada, no deficitaria. Si admiten que algunos capítulos presupuestarios son deficitarios por definición, ¿por qué se muestran tan implacables precisamente con la Seguridad Social? No le piden a la Casa Real que ingrese más de lo que gasta. Tampoco se lo exigen a las Fuerzas Armadas. Ni siquiera a la Iglesia católica. ¿Por qué ha de hacerlo la Seguridad Social?

La Hacienda pública no está compartimentada. Funciona como una caja única. Si hay que ahorrar, deberá examinarse el conjunto del gasto del Estado para decidir qué asignaciones son más superfluas y recortables.

Lo cual será, en último término, una opción ideológica. Nada técnica.

En tercer término, convendrá plantearse sin ambages qué factor resulta más insostenible e inaceptable desde el punto de vista del interés colectivo, si el gasto público o los beneficios privados. Porque en España hay gente que está amasando fortunas de quitar el hipo a costa del trabajo ajeno. Gente cuya contribución al bienestar colectivo, vía impuestos, es sencillamente ridícula.

A lo mejor lo que no podemos permitirnos no es la Seguridad Social que tenemos, sino el capitalismo que tenemos.

Insisten los socialistas, empezando por el propio Rodríguez Zapatero, en que un partido de izquierdas –se refieren a Esquerra Republicana de Catalunya– no puede defender el «no» en el referéndum sobre el nuevo Estatut porque eso significaría coincidir con el PP, lo cual sería indigno de alguien que se considere de izquierdas.

El argumento es realmente estupefaciente.

Lo es, en primer lugar, en boca de los dirigentes de un partido que no ha parado de coincidir con el PP en asuntos de primerísima importancia a lo largo del último cuarto de siglo.

Todos recordamos los tiempos en los que, siendo Julio Anguita coordinador general de Izquierda Unida, el PSOE lo criticó muy severamente por formar una «pinza» con el PP –eso se decía– para acosar a Felipe González. IU publicó entonces un informe sobre las veces que PSOE y PP habían votado mano a mano leyes y resoluciones gratas a la derecha social. Eran infinitas más que las que IU y PP habían coincidido en tal o cual posición crítica al Gobierno de González.

Con Rodríguez Zapatero ha sucedido lo mismo. El caso más llamativo, el de la última Ley de Partidos, que tanto está embarullando el proceso de pacificación de Euskadi.

Parece deducirse de ello que el PSOE se reserva el derecho a votar lo mismo que el PP cuanto le dé la gana, pero que no acepta que lo pueda hacer ningún otro.

Pero es que, además, y en segundo término, una cosa es ir de la mano del PP, con firma y rúbrica conjunta, y otra, muy distinta, coincidir con el partido de la derecha en un rechazo sustentado en razones no sólo diferentes, sino incluso opuestas. ¿Habrá de estar prohibido criticar tal o cual propuesta gubernamental por insuficiente, si el PP se opone a ella por excesiva?

Carezco de interés en recomendar a ERC que defienda uno u otro signo de voto en el referéndum del Estatut. Es asunto suyo. Me limito a defender el derecho que le asiste a tomar la posición que considere más adecuada, propugnen lo que propugnen los demás.

Alguna vez lo he expresado poniendo un ejemplo de broma: porque Aznar mire el reloj y diga que son las 14:30 yo no voy a decir que es otra hora, para no coincidir con él.

Lo que sí haré es mirar bien mi reloj para comprobar si efectivamente son las 14:30.

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(*) El zoom que hoy me publica El Mundo («La libertad otorgada») ni ha aparecido ni aparecerá en estos Apuntes.

Me resultaron ayer curiosos, y hasta un punto cómicos, los esfuerzos que desplegaron los medios de comunicación de la derecha para tratar de convencer a sus respectivas feligresías de que la operación judicial en curso contra la mafia marbellí no es más que una maniobra gubernamental para camuflar la aprobación parlamentaria del nuevo Estatut de Cataluña. Son los mismos medios que, en otras condiciones –cuando se trata de las iniciativas procesales del juez Grande-Marlaska, por ejemplo–, se ponen muy solemnes e institucionales y rechazan que quepa atribuir ni la menor sombra de intencionalidad política a los pasos dados por los jueces. ¿En qué quedamos? ¿Hay jueces que hacen política, o no? ¿Es lícito atribuirles connivencias con tales o cuales banderías o hay que desechar por principio y sin más trámite cualquier sospecha de ese género?

Yo no tengo ni la menor idea sobre las posibles o imposibles motivaciones ocultas de Miguel Ángel Torres, el juez que la ha emprendido contra la alcaldesa de Marbella y su tropa, pero reclamo un mínimo de coherencia: es demasiado descarado pretender que ese juez actúa a las órdenes del Gobierno pero rechazar como absurda la sospecha de que otros jueces puedan obrar en sintonía con tal o cual planteamiento partidista (del PP, por ejemplo) cuando intervienen en asuntos de la vida política vasca.

Algún trato he tenido con jueces y estoy seguro de no arriesgar nada si digo que, por lo menos aquellos cuya autoridad tiene amplias consecuencias políticas, sienten con frecuencia la tentación –y a veces la invitación concreta– de contribuir a tal o cual causa grata al Gobierno de turno o, eventualmente, al principal partido de la oposición. Lo peor no es que sientan la tentación, sino que, con bastante frecuencia, sucumben a ella, lo cual acaba teniendo una benéfica repercusión sobre su vanidad, sobre su hacienda personal o sobre ambas. (*)

La incoherencia es, de todos modos, un rasgo muy propio de la especie humana, y lejos de mí la pretensión de estar libre de él. A veces me descubro aplicando reglas y medidas distintas para asuntos parejos, y me enfado conmigo mismo.

Hace unos días, un lector me escribió para criticarme por una de esas posibles incoherencias. Me hacía ver que, cuando hablo de la Transición española, muestro mi completo repudio al borrón y cuenta nueva que se hizo con los crímenes de los franquistas, pero que, en cambio, en los momentos presentes, estoy lejos de oponerme a que se llegue a algún apaño que permita a los presos y exiliados de ETA regresar a sus casas, como vía para cauterizar esa herida y permitir un futuro menos conflictivo para Euskadi. ¿Será ésa mi particular versión de la ley del embudo?

Creo que no. Nunca he sostenido que las amnistías, directas o encubiertas, sean rechazables por principio. Durante la Transición hubo dos, que conviene recordar que no sólo beneficiaron a miembros de ETA o de otros grupos armados, sino también a elementos pertenecientes a grupos de extrema derecha, incluida la policía política. Una de esas amnistías permitió que eludieran los tribunales Carlos Anechina y otros miembros de la Brigada Político-Social que habían sido procesados por torturarme. Y no me rebelé contra ello, pese a la contrariedad que –como es fácil suponer– me produjo. Mi oposición al pacto implícito de la Transición, gracias al cual gentuza como Manuel Fraga y Rodolfo Martín-Villa se mantuvieron en el centro de la vida política, tuvo que ver sobre todo –y sigue teniéndolo– con el hecho de que, por culpa de aquel apaño, no se estableció una frontera nítida entre la dictadura y la democracia, lo que ha tenido muchos efectos negativos sobre el nuevo régimen. En mi criterio –discutible, como todos–, el regreso discreto y paulatino de los presos de ETA a la vida civil, si bien fastidiaría a bastante gente –a sus víctimas, sobre todo–, no tendría efectos maléficos sobre nuestra vida política y social, como no los tuvo la vuelta a sus casas de los poli-milis de ETA, algunos de los cuales habían sido condenados por onerosos delitos de sangre.

Pero, como ya he avanzado antes, estoy lejos de excluir que en alguna ocasión me venzan los atractivos de la incoherencia. De ocurrirme eso, estoy seguro de que la gente que suele leerme, propicia como es a la crítica, no perderá la ocasión de zurrarme la badana. Y me tocará agradecérselo.

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(*) No pretendo que haya jueces que funcionen «a tanto la pieza», como los colaboradores de Prensa. Hay otros modos de pagar. Los cursos de verano son un sistema típico, pero no el más rentable (sólo funciona una vez al año). La invitación a presentar ponencias en tal o cual simposio o mesa redonda o a dictar conferencias generosamente pagadas –incluso aunque no lleguen a realizarse– es un método mucho más socorrido, que permite a algunos jueces de altos tribunales redondear muy bien sus ingresos.

Segundo añadido.– La revista gallega A Nosa Terra ha publicado una larga entrevista que el veterano y reconocido periodista Perfecto Conde tuvo a bien realizarme la semana pasada durante mi visita a Santiago y A Coruña. Quien tenga interés en verla puede acceder a ella pinchando aquí

 

Me escribe un buen amigo de Cantabria contándome las impertinencias y los desplantes chulescos que le tocó soportar en un organismo de la Administración regional al que por su desgracia hubo de acudir. Se pregunta si es demasiado pedir que los funcionarios traten con educación a los ciudadanos.

No, no es mucho pedir. A decir verdad, es lo menos que se les puede pedir.

Para casos similares, yo utilizo una técnica que suele darme buenos resultados. Cuando algún género de funcionario –a poder ser policía– se me dirige en términos incorrectos, le digo: «Perdone usted. El sueldo que cobra cada mes se lo pago yo, con mis impuestos. De modo que es usted mi empleado. Haga el favor de tratar educadamente a su patrón.» Os aseguro que en la mayor parte de los casos el receptor del chorreo se queda perplejo y cambia de tono, para bien.

Mi amigo cántabro me manda ese correo porque recuerda que alguna vez hemos hablado de la importancia de la buena educación. De las buenas maneras, que se decía antes.

Hace años que considero que los modales –otro término en desuso– son un elemento clave de la convivencia. Mínimo, tal vez, pero clave. Se trata de facilitar la vida a los demás. De no poner a nadie más inconvenientes de los imprescindibles. Aunque no te caiga simpático. Aunque te repatee, incluso. El trato educado reduce las contradicciones al mínimo vital: pones a caldo a quien sea, pero sin levantar la voz, sin aludir a aspectos personales innecesarios, sin pretender herirle sino en las heridas que él mismo ha expuesto a la luz pública.

Las formas son importantísimas. La propia democracia es cuestión de formas.

Hay una cierta izquierda que desprecia los buenos modales. Los considera hipócritas. A mí, en cambio, me parecen fundamentales. De principio, incluso.

Estoy seguro de que si los dos bandos españoles que se enfrentaron en la Guerra Civil de 1936-1939 hubieran tenido un comportamiento educado, el millón de muertos que produjeron se habría quedado en 50.000, como mucho.

Tendrían ahora el agradecimiento de 950.000 familias.

Transcurridos unos pocos días del cambio oficial a la hora de verano, constato que no poca gente de la que me rodea va saliendo como puede, mal que bien, del especial jet lag que le montan las autoridades dos veces por temporada.

A mí la cosa no me afecta de manera particular, porque funciono con biorritmos privados, de modo que me meto en la cama cuando tengo sueño y me levanto cuando se me pasa, sin prestar excesiva atención al reloj. Ventajas que tiene ser trabajador por cuenta propia. (También tiene sus inconvenientes, y graves, pero hoy no toca hablar de eso.)

El asunto no me afecta directamente, digo, pero sí indirectamente, porque Charo, mi mujer, lleva muy mal estos cambios de horario, que la descolocan. Ella no sólo es envidiablemente dormilona, sino que, además, lo es a horas fijas, y le da cien mil patadas que contraríen sus hábitos. No es asunto ideológico, sino físico. Lo pasa mal, hasta que consigue cambiar de marcha y adaptarse al nuevo horario.

He hecho un rápido sondeo entre alguna gente cercana y el resultado de mi investigación no ofrece dudas: son amplia mayoría los que padecen los cambios de horario, y una exigua minoría los que se declaran indiferentes al asunto.

Las autoridades se justifican alegando que el tal cambio es genial, porque permite un muy importante ahorro energético. Me cuentan que hay expertos que se toman en solfa esa pretensión y sostienen que no hay manera de evaluar con rigor lo que se gana y lo que se pierde con el baile de horas. Yo no soy experto, pero me pregunto si las autoridades habrán considerado las pérdidas que acarrea, en productividad y en medicamentos, el malestar que padecen las personas que no soportan el cambio de marras.

En todo caso, lo que me subleva es que digan que la maniobra en cuestión «permite un muy importante ahorro energético». ¿A quién se lo permite? ¿A las compañías eléctricas? ¿Al Estado? Yo no he visto que en el recibo de mi consumo eléctrico bimensual –eso que ellos llaman tontamente «el recibo de la luz» (*)– figure el menor descuento. Tampoco veo que aparezca en la declaración de la renta ningún apartado que diga: «Descuento por el ahorro energético obtenido por el Estado gracias al cambio de horario...». O sea, que si se ahorra algo, lo ahorran ellos, que no la sufrida población. Pero los inconvenientes ha de arrostrarlos ella.

Si no estuviéramos obsesionados o hipnotizados por la política superficial, como perfectos papanatas, defenderíamos la necesidad perentoria de que este tipo de cuestiones, que son de las que afectan de verdad a la vida cotidiana de la gente corriente y moliente, fueran sometidas a referéndum.

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(*) Recuerdo una conversación telefónica que tuve con alguien del servicio de atención al cliente de Iberdrola a raíz de un corte eléctrico que padecimos en Aigües hace tres o cuatro años. Eran como las 10 de la mañana. El suministro había quedado interrumpido a eso de las 6 de la tarde del día anterior. Me dice la empleada de Iberdrola: «¿Siguen sin tener luz?». Le respondí: «No. Luz tengo muchísima. Entra por la ventana y me la proporciona el sol. De lo que carezco es de electricidad». Creo que no entendió mi sarcasmo.

Según van pasando los días desde el anuncio del alto el fuego permanente de ETA –y cuidado que han pasado pocos– más se van trasparentando las incontenibles ganas que muchos vascos de pro tenían de normalizarse.

Conviene preguntarse qué entienden algunos por normalizar, y qué modelo de normalidad albergan en su cabeza.

Decimos: «Euskadi debe pacificarse y normalizarse». Vale. Partamos del supuesto de que Euskadi no está normalizada. Pero ¿lo está Soria? ¿Lo está Salamanca? ¿Lo está Valencia? ¿Sí? ¿En razón de qué?

¿En qué consiste la normalidad?

Como residente múltiple (lo mismo estoy en Madrid, que en Aigües, que en Cantabria, cuando no deambulo por Euskadi o por otros pagos), tengo una cierta idea de lo que puede ser la normalidad. Y no me gusta nada.

Según mi experiencia, normalidad equivale a conformismo, a desmovilización ciudadana, a aceptación de una vida política corrupta, protagonizada por una banda de charlatanes de feria venidos a más. Lo normal es que la gente se deje explotar y oprimir sin decir ni pío, o diciendo pío y adiós muy buenas. Y sin la menor conciencia –o con una conciencia vaporosa y resignada– de que está siendo explotada y oprimida.

¿Es a eso a lo que debe aspirar el pueblo vasco? ¿En eso consiste su normalización?

La vida política y social de Euskal Herria presenta aristas chirriantes, hirientes, inaceptables, contra las que muchos nos hemos rebelado con rabia y con determinación. Pero existe el peligro de que, una vez limadas las aristas, lo que nos quede sea un panorama romo, anodino, semejante al que veo a diario fuera de Euskadi.

Lo vengo diciendo desde hace muchos años: lo esencial es, como en el cuento, arreglárselas para no tirar al niño con el agua sucia.

Es bueno lavar al crío, pero de lo que se trata es de conservarlo una vez lavado.

En la Euskadi que queda, hay muchas cosas que –a algunos, al menos– nos vendría muy bien que se mantuvieran.

Hay nervios en el PNV. Por partida doble. Unos temen que el partido sea dejado de lado, fuera del núcleo decisorio del proceso político abierto tras la declaración de alto el fuego permanente de ETA; otros que sea el lehendakari el marginado. En fin, no faltan los que creen que ambos peligros pueden verificarse a la vez. Observan con preocupación que los socialistas y Batasuna se toman mutuamente por interlocutores privilegiados, sin contar ni con Ibarretxe ni con el PNV.

¿La Historia se repite? Sucedió algo similar cuando las conversaciones de Argel. Es cierto que entonces los interlocutores eran el Gobierno de Felipe González y ETA, pero los representantes de la organización armada trabajaban de consuno con Herri Batasuna, y se hacían asesorar por algunos de sus dirigentes. El PNV ayudó a que aquel intento de firmar la paz se pusiera en marcha e hizo varias veces de intermediario entre ETA y el Gobierno de Madrid, pero, cuando pidió que le permitieran tener a alguien en Argel a título de mero observador, HB se cerró en banda. Tampoco los delegados de Felipe González mostraron mayor interés en ver a nadie del PNV por allí. El PNV lo aceptó, aunque a regañadientes, porque, a fin de cuentas, era un encuentro entre contendientes armados.

Pero ahora el asunto, aunque presente similitudes, es muy otro. El PNV no se queja de que se prescinda de él en los contactos entre Zapatero y ETA. Lo que teme es que no le den cancha en las discusiones políticas que se van a abrir en paralelo. Que los socialistas y Batasuna le hagan una pinza y lo dejen fuera de juego.

¿Es un peligro estratégico? Me consta que, desde hace ya bastante, algunos socialistas vascos manejan como hipótesis la posibilidad de que, con ETA en vías de disolución y con Batasuna vuelta a la legalidad (con ese nombre o con otro), cupiera poner en marcha en Euskadi una experiencia a la catalana, montando una coalición de gobierno PSE-Batasuna, con los posibles concursos de EA y Ezker Batua, y mandando al PNV a la oposición. Eso, que hace apenas unos meses sonaba como pura política-ficción, si es que no delirio, ahora ya puede ser incluido en la categoría de lo muy improbable, sin más. (Yo sigo sin ver cómo podrían arreglárselas tanto el PSOE como Batasuna, cada uno por su lado, para vender ese pacto a sus respectivas aficiones y, en el caso específico del PSOE, cómo podría presentarse ante el electorado español con ese flanco abierto a la crítica más feroz de la derecha política y social. Pero cosas más raras se han visto.)

En todo caso, lo que no veo es qué puede conseguir el PNV quejándose lastimeramente. Tiene el papel preponderante en el Gobierno de Gasteiz y es el partido con más peso en la sociedad vasca. Si el planteamiento que acaba imponiéndose es el que propugna que las soluciones políticas que se vayan acordando nazcan de acuerdos entre fuerzas vascas y sólo vascas, su papel habrá de ser importante, por necesidad. A partir de ahí, cada cual pintará más o menos en función de la aceptación social que encuentren sus respectivas iniciativas y propuestas.

Da la sensación de que ahora mismo, en el fondo, se está discutiendo menos sobre las grandes alternativas encaminadas a la normalización política que sobre lo que podrá salir de las próximas elecciones vascas, y sobre las coaliciones de gobierno que sus resultados permitirán.

Es un error. Si nada obliga a lo contrario, no habrá nuevas elecciones autonómicas hasta 2009. De aquí a entonces, los datos de la realidad van a experimentar con toda seguridad muchos cambios. Tantos, que convierten en un ejercicio inútil todas las proyecciones especulativas que se hagan ahora.

Ahora, en lo que hay que concentrarse es en asegurar la paz y favorecer un replanteamiento positivo del engarce de Euskadi con (en, dentro, con respecto a, etc.) el Estado español. Todo lo demás sobra.

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Durante mi reciente estancia en Galicia, los amigos de vieiros.com, único periódico digital en gallego, me hicieron una entrevista. El texto que han publicado resume bien las declaraciones que les hice, cosa no demasiado frecuente en las entrevistas. Quien sepa gallego o quiera ejercitarse en su lectura, puede leer la mentada entrevista pinchando aquí.

No la razón, pero desde luego sí una de las principales razones por las que llevo decenios bregando por la resolución del problema nacional vasco (*) es porque, si por ventura llegara el día en el que el tal problema se superara o se atemperara hasta quedar en un muy segundo plano, pasarían al centro de la escena los problemas políticos y sociales –las contradicciones políticas y sociales– que la «cuestión nacional» embrolla y enmascara.

Alguna vez he contado que, cuando empecé mi actividad política –todavía era un crío– y fui a situarme en el entorno del abertzalismo radical, no tardé en ser acusado de «liquidacionista». Mis allegados más nacionalistas decían que lo mío era «nihilismo nacional». Y tenían su punto de razón. Llegué a defender la tesis –más bien poética, en realidad– de que Euskadi no era una nación, sino dos: de un lado, la Euskadi de Neguri, de la opulencia, los bancos, las grandes firmas y el boato; del otro, la Euskadi del trabajo y el paro, la del sofoco a fin de mes, la de las cuentas al céntimo para comer, para vestir, para llevar a los críos al cole.

«Two nations!», exclamó Vladimir Lenin viendo allá por 1902 desde un puente de Londres la brutal división social que existía entre dos áreas netamente diferenciadas de la capital inglesa: la city en una orilla; el proletariado en la otra. ¡Dos naciones! John Dos Passos recogió la misma idea en 1936, probablemente sin tener noticia de lo mascullado por Lenin, pero a la vista de una realidad similar: «We are two nations», escribió el de Illinois. «Somos dos naciones».

Ya no estamos en esas mismas, pero estamos en las mismas. Bajo nuevas formas. Los hay que siguen viviendo en la opulencia aprovechándose de los más, que malviven del trabajo. Del trabajo que consiguen cuando consiguen trabajo.

¿Llegará el día en que, resueltos en lo fundamental los problemas de libertad nacional, podamos los vascos enfrentados al Estado dejar de mantenernos unidos en razón de la lucha por la defensa de nuestra identidad como pueblo y nos pongamos en disposición de dividirnos sanamente y de una puñetera vez, pugnando –todo lo pacíficamente que quepa, eso sí– entre los defensores del orden establecido y quienes deseamos cambiarlo?

En ésas estamos.

Bueno, no quiero comprometer a nadie, que a nadie represento: en ésas estoy yo.

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(*) Precisaré una vez más, aún a riesgo de repetirme mucho, que el llamado «problema nacional vasco» es resultado, en lo esencial, del viejo y enquistado problema de España. El de un Estado-Nación que pronto se hizo Estado, pero que nunca acabó por convertirse en nación consolidada, al reposar durante largo tiempo su poder político central más en la fuerza militar de sus defensores que en el dinamismo económico y comercial de su clase dirigente, a la inversa de lo que entretanto sucedía en Cataluña y Euskadi.

Se polemiza en estos días sobre si los jueces y fiscales deberían actuar a partir de ahora teniendo en cuenta las nuevas condiciones políticas nacidas de la «tregua permanente» de ETA o si, por el contrario, habrían de desempeñar sus respectivos oficios igual que hasta ahora, haciendo como si nada hubiera sucedido ni hubiera de suceder. Quienes sostienen la primera posición argumentan que quienes tienen el encargo de aplicar la ley no pueden ser insensibles a los estados de ánimo y los anhelos políticos de la mayoría social. Replican a ello los que respaldan la segunda opción que la Justicia ha de ser ciega, como la imagen que la simboliza, y no dejarse influir por consideraciones exteriores a las que figuran negro sobre blanco en los códigos.

En contra de la argumentación de estos últimos, está el hecho del abundante recurso que tanto los legisladores como los jueces y fiscales han venido haciendo en España de la circunstancia de «alarma social», cuya toma en consideración es, a todas luces, un reconocimiento de la influencia que tienen en su labor los estados de opinión generales. La tal «alarma social» ha servido en numerosas ocasiones para justificar la aprobación de leyes y la adopción de resoluciones judiciales de carácter extremo. Muy recientemente se ha invocado para alterar –por una vía extremadamente irregular, dicho sea de paso– la legislación relativa al cumplimiento de las penas de cárcel de los miembros de ETA, empezando por Unai Parot.

No se me alcanza por qué habría de ser correcto invocar el estado de ánimo de la ciudadanía para justificar la severidad, pero no la benevolencia.

Si el deseo de alcanzar la paz en Euskadi es realmente mayoritario –eso empiezan a detectar ya los sondeos de opinión–, y si conviene a la consecución de ese deseo una aplicación de la ley lo más apaciguadora y lo menos conflictiva posible, no veo que haya ningún principio insoslayable que lo impida.

Si es justo tener en cuenta la alarma social, nada impide considerar, por las mismas razones, la esperanza social.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: La esperanza social.