Juicio a Egunkaria

La sentencia del primer juicio contra Egunkaria es recurrible. No cabe esperar recurso de la fiscalía, puesto que la sentencia confirma lo que sostenía, la ausencia de delito. Pero las partes acusadoras, Dignidad y Justicia y la AVT, es posible que recurran. En tal caso, el caso ascendería al Tribunal Supremo y proseguirá el trámite: admisión o no del recurso, etc. etc.

Martxelo Otamendi, director de Egunkaria, ha declarado sobre el posible recurso de los acusadores:

Voy a respetar más a las víctimas que a quienes hablan en nombre de las víctimas y están acampados en la Audiencia Nacional para montar un lío gordo con todo lo que pasa en el País Vasco. Esos no están acostumbrados a perder y lo suyo es elevar el tono. Tienen derecho a recurrir. Si quieren, que lo hagan.

Sobre la posible indemnización que puedan reclamar las damnificados absueltos en el juicio, los perjudicados han declarado que esperarán a certificar la absolución completamente, y que luego estudiarán pedir justicia y las reparaciones pertinentes. También esperarán a que se aclare lo del segundo juicio pendiente, el del sumario económico. En cuanto a las reparaciones que finalmente hayan de exigirse, Otamendi ha declarado (ver video):

La justicia es mucho más que la absolución. La justicia es reparación. Reparación personal, reparación al mundo del euskera. Reparación a nuestros accionistas, a nuestros trabajadores y equipo directivo. Reparación es reparación moral, reconocer el atropello que se ha hecho con nosotros, y luego una reparación económica, que algún día habrá que hablar de eso.

Diversos medios han publicado que puede corresponder al Estado pagar 60 millones de euros a los afectados. La cifra es una invención hecha a voleo, lanzada por las acusaciones de AVT y DyJ en una comparecencia que hicieron cuando el juicio ya había arrancado, en diciembre de 2009. La intención de airear esa cifra parece clara: meter miedo, hacer creer que se causará un perjuicio al erario público en beneficio de "los malos".

De momento, los gastos del primer juicio, las costas, se han decretado "de oficio"; es decir, no a cuenta de los acusadores fallidos, sino del erario público. La instrucción del juez del Olmo, con lo que ha durado, también habrá costado lo suyo al dinero de todos. Recursos de la investigación judicial y de las fuerzas de seguridad se usaron intensivamente entre el año 2001 y el 2004, persiguiendo inútilmente el terrorismo donde no lo había, mientras en el extrarradio de Madrid unos yihadistas preparaban su golpe. El propio juez Juan del Olmo se dio de bruces con ese terrorismo, cuando tras la masacre del los trenes del 11 de Marzo, le tocó instruír ese caso. Hasta ese día, estuvo muy atareado persiguiendo a inocentes.