José María Michavila sostiene que la propuesta electoral socialista de convertir los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos en máximas instancias judiciales de sus respectivos territorios es anticonstitucional. Y aporta la prueba: coincide con el plan Ibarretxe.
El ministro no da más explicaciones. Se ve que piensa que basta con mostrar esa coincidencia para que todo el mundo se dé cuenta de que la idea del PSOE tiene que ser perversa. Por fuerza.
El plan Ibarretxe se ha convertido en un demonizador de amplísimo espectro. Hasta la demanda de crear Agencias Tributarias autonómicas se ve contaminada por el plan Ibarretxe, por más que las fiscalidades vasca y navarra funcionen según ese esquema desde mucho antes de que al joven Juan José Ibarretxe se le pasara siquiera por la cabeza la idea misma de dedicarse a la política.
Basta con que el Gobierno de una comunidad autónoma reclame que la delegación enviada por el Estado español a Bruselas para negociar un determinado asunto incluya representantes suyos -porque el asunto en cuestión le afecta particularmente y cree que puede aportar argumentos más sólidos que nadie- para que inmediatamente caiga sobre él la acusación de ibarretxismo de lesa patria.
El uso del plan Ibarretxe -y del propio Ibarretxe- como matasuegras de la política española ha alcanzado extremos tan disparatados, y hasta cómicos, que los voceros -los boceras- del centralismo a ultranza no han encontrado mejor modo de descalificar al conseller en cap del Gobierno catalán, Carod-Rovira, que llamarlo Roviretxe, sin reparar siquiera en el hecho de que las propuestas de Ibarretxe apuntan a un horizonte de engarce de Euskadi dentro del Estado español, en tanto Carod-Rovira ha expresado sin ambages que lo que pretende, lisa y llanamente, es la independencia de Cataluña.
La ventaja que tiene para ellos echar mano de Ibarretxe como descalificador universal es que eso les ahorra discutir el fondo de los asuntos. Así, pueden tildar de separatistas lo que no son sino propuestas muy razonables de descentralización de la Administración de Justicia, perfectamente concordantes con la Constitución. Cosa que no puede decirse de algunos de los órganos judiciales que les son más caros, como la Audiencia Nacional, cuya existencia contraviene lo establecido en el art. 24.2 de la Constitución (el derecho al juez ordinario) y en el art. 117.6 (prohibición de los tribunales excepcionales).
Que nadie se llame a engaño: si al Gobierno le producen pavor las propuestas de autonomización de la Justicia es, pura y simplemente, porque ha alcanzado una gran práctica en el arte de mangonear los tribunales y órganos judiciales centrales, y teme perder ese instrumento de control específicamente político.
Apela al plan Ibarretxe -en este caso como en tantos otros- para salirse por peteneras.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (6 de enero de 2004) y El Mundo (7 de enero de 2004). Hemos publicado la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 6 de mayo de 2017.
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