Me llama la atención que algunos presuntos representantes de la opinión pública española se estén planteando la conveniencia de que la Justicia encarcele a dos cocineros acusados de haber cedido al miedo y pagado un chantaje y que, en cambio, apenas hayan dicho nada -o no hayan dicho nada en absoluto, o incluso hayan aplaudido- al saber de la puesta en libertad de Enrique Rodríguez Galindo, individuo que se prevalió de su cargo público para cometer secuestros, torturas y asesinatos.
La puesta en libertad de alguien así no les incomoda, ocupados como están en reclamar que se castigue con cárcel el miedo de dos cocineros.
Es pasmosa la naturalidad con la que se utilizan hoy en día varas de medir escandalosamente diferentes.
Mientras todo el mundo especula sobre el futuro penal de los dos cocineros, acusados por un detenido (que al parecer tiene línea directa con los medios de comunicación), apenas se está hablando de una disparatada vista judicial que se celebra estos días: la del llamado caso Otano. Se supone que la Audiencia de Navarra juzga un delito de encubrimiento de cohecho cometido por quien era a la sazón presidente de la Comunidad Foral, Javier Otano. Pues bien: el fiscal ha pedido que el tribunal se declare incompetente porque -alega- el presunto delito se cometió fuera de España. La muy injustamente llamada acusación pública se apoya en que el dinero del cohecho fue depositado en una cuenta corriente en Suiza, desdeñando que la operación se gestó y pactó en España. La pretensión exculpatoria del fiscal se ve facilitada por la circunstancia, no menos insólita, de que el Gobierno de Navarra decidió no querellarse contra los acusados, pese a que fueron las arcas forales las sometidas a pillaje. Con lo cual, al no haber denuncia de la parte perjudicada, el fundamento jurídico de la acusación anda por tiempos.
Otano comparte acusación con el también expresidente navarro y excura Gabriel Urralburu, acusado de haberse embolsado la «dádiva» de 176 millones de pesetas de Bosch Siemens. Urralburu, según nuestra singular legislación en materia de cohechos, sólo podría ser condenado a cuatro años y dos meses de cárcel, que ya en ningún caso cumpliría.
Me pregunto cómo puede ser que pase sin pena ni gloria el enjuiciamiento de un escándalo de esas dimensiones. Y cómo se explica que haya tan escaso interés por recordar un caso de corrupción tan flagrante. Y cómo se justifica que la propia justicia haya abordado el asunto tan tarde y con tan poco entusiasmo, hasta el punto de dejarlo casi (o sin casi) impune.
Me lo pregunto, sí, pero prefiero no responderme, porque podría ser que la respuesta me acarreara una acción fiscal en nada parecida a la que han merecido Otano y Urralburu, que han sido llamados a responder ante los tribunales tarde, poco y mal.
No sé. Lo mismo es que ellos se benefician de haber sido frailes antes que cocineros.
Javier Ortiz. Apuntes del natural y El Mundo (20 de octubre de 2004). Hemos publicado la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de octubre de 2009.
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