Apuntes del Natural

Me telefonea mi buen amigo Gervasio Guzmán. «Oye, Javier, tú que eres tan así», me suelta de entrada.  (La verdad es que prefiero no saber qué quiere decir cuando dice que soy «tan así».) Y sigue: «¿Por qué no has escrito nada sobre lo mucho que se habla ahora de “los subsaharianos”?»

Le confieso mi perplejidad. ¿Qué supone él que debería escribir yo sobre «los subsaharianos»? Le digo que ya me he referido con amplitud a la inmigración ilegal, a sus causas, a la realidad de los países de los que proceden, a la herencia del colonialismo y el neocolonialismo...

Me corta con  aire impaciente: «¡No, no! ¡No me refiero al fenómeno social, sino al término!»

Me entra la duda.

«¿Te refieres a eso tan políticamente correcto de no llamarlos “negros”?», sugiero.

«No. Bueno, sí, pero no del todo», replica. «¿No fuiste tú uno de los autores del Libro de Estilo de El Mundo? ¿No explicasteis en él que, cuando se trata de aludir a alguien o a algo que está geográficamente al sur, el prefijo correcto es “sur” y no, en ningún caso, “sub”?»

No, se equivoca en eso. Lo que suelen afirmar los libros de estilo de los diarios –y el de El Mundo entre ellos, supongo– es que no debe usarse el prefijo «sud», aunque ya no recuerdo por qué, sino «sur»: suramericano, surafricano, etc.

Pero poco a poco se va haciendo la luz en mis neuroncillas y voy percatándome de la razón del enfado de Gervasio. En efecto, el prefijo «sub» indica inferioridad, sea física o posicional (subsuelo, subíndice, submarino, etc.) o de valoración (subnormal, subdelegado, subalterno, etc.). Aparentemente, no tiene ningún sentido decir que un senegalés, pongamos, es oriundo de un país que está por debajo del Sahara. Está más abajo que el Sahara, que Mauritania, que el estrecho de Gibraltar... ¿Y qué? No se caracteriza por encontrarse debajo de nada, sino, como mucho, más al sur, y tampoco demasiado: bien mirado, el polo antártico es mucho más subsahariano que Senegal. Eso sin contar con que las propias nociones de Norte y Sur son eurocéntricas como ellas solas.

Lo que le molesta a Gervasio es que, con la pretensión cursi de no referirse a los colores de la piel, que existen y pueden ser citados sin ningún ánimo peyorativo, algunos terminan por usar expresiones cogidas por los pelos que, manda narices, sí tienen un deje despectivo.

Alguna vez tenía que ocurrir: en esta ocasión, Gervasio ha acertado.

Sabía –ya lo avisé– que mi distancia crítica con respecto al régimen castrista iba a molestar a no pocos lectores de estos Apuntes, amigos y compañeros de fatigas. No he tardado en comprobarlo vía correo electrónico, sistema por el que me han hecho saber su disgusto.

Empezaré por dejar sincera constancia de mi agradecimiento. Porque, si me escriben para razonar sus puntos de vista, es porque los míos les merecen estima, y eso es de agradecer.

Dejada constancia de ello, no creo que sea necesario decir –seguro que lo daban por hecho– que no me han convencido sus argumentos, veteranos en estas lides.

Lo que no me ha gustado, y debo decirlo, es que haya quien continúe recurriendo a la vieja y nada agradable táctica de deformar los puntos de vista del oponente (yo, en este caso) para mejor criticarlo.

Así, me parece que está feo tomar mis críticas al régimen de Castro como críticas «a Cuba». Yo nunca he criticado a ningún país. Tampoco a Cuba, por cuyo pueblo siento gran simpatía. Considero muy poco riguroso identificar un régimen político con el país en el que se sustenta.

En segundo lugar, yo nunca he considerado que los regímenes que padecen el resto de los países caribeños sean mejores que el castrista. He dicho más bien todo lo contrario.

En tercer lugar, que se diga que mis críticas hacen el juego del imperialismo me parece tristísimo, por lo que tiene de regreso a los esquemas inquisitoriales del estalinismo. Las críticas se dividen en dos categorías esenciales: justas e injustas. Una crítica justa sólo hace el juego a la verdad. Y si no es justa, merece ser refutada por injusta, no por hacer el juego a nadie a quien el crítico puede abominar (éste es el caso) como el que más.

En cuarto lugar, justificar las restricciones de las libertades en Cuba argumentando que en ningún lugar del mundo hay verdadera libertad me resulta de una pobreza argumental patética. Desdeñar las libertades llamadas formales porque no son libertades plenas es propio de gente que nunca ha tenido que padecer la ausencia plena de libertades. En un coloquio tras una conferencia en Donostia hace seis o siete años me lo dijo un chaval: «Estamos como en el franquismo». Admito que no soy capaz de polemizar en esos términos.

Podría seguir mucho rato respondiendo a estos o aquellos argumentos, pero la experiencia me dice que, excepciones contadas aparte, es muy poco el personal que se mete en una polémica como ésta dispuesto a cambiar de criterio, si ve que el suyo anterior no estaba muy fundamentado.

En esas condiciones, no tiene demasiado interés discutir. Resulta hasta tedioso.

A cambio, me ha hecho gracia que haya quien crea que se conoce mejor mi pasado que yo. Un lector me dice que el Movimiento Comunista, de cuya dirección formé parte, nunca fue realmente prochino, y que estaba más bien del lado de movimientos revolucionarios de corte castrista. Debo quitarle esa idea de la cabeza. El MC, desde 1969 hasta 1975, más o menos, fue ortodoxamente prochino. He tenido ocasión de leer un estudio de reciente publicación en Brasil en el que su autor, un profesor bastante erudito, pone alguno de mis trabajos de los años 70, en concreto uno que titulé Sobre la lucha de líneas en la República Popular China, como ejemplo de ortodoxia «maoísta» (adjetivo que ni nosotros ni el propio Mao admitimos nunca, dicho sea de paso).

Insisto en lo que escribí ayer: nunca fui (fuimos) castristas. Guevaristas, algo más, en la medida en que Guevara se distanció del prosovietismo de Fidel. (Invito al que tenga paciencia para ello a que lea el texto de mi conferencia «El deber de todo revolucionario es hacer la revolución», en el que detallo estos asuntos.)

Y cambio de tercio, que a éste no le veo demasiado porvenir.

Ya lo sabéis: Fidel Castro ha sido sometido a una complicada operación. Debe de serlo, puesto que se ha creído en la obligación de redactar y firmar de su puño y letra un comunicado para dar cuenta del hecho a Cuba y al mundo.

El régimen castrista viene constituyendo desde hace años uno de los escasísimos motivos político-ideológicos que me distancian de manera radical de no pocos de mis amigos. Me culpan de ello. Dicen que me muestro excesivamente severo con Castro. Les respondo que la culpa es suya, que ponen esa excepción a su defensa de las libertades y los derechos humanos. Ser incondicional de una causa significa, por definición, no ponerle condiciones.

Mis amigos –y quienes me leen, en general– saben que no me gusta hacer trampas. Tampoco las hago en este caso. En consecuencia, y para ser sincero, he de empezar por confesar que mi animadversión hacia Castro se fraguó en los tiempos en los que, supongo que impelido por las necesidades materiales de la población cubana, él se hizo ferviente prosoviético. Por entonces yo era prochino. La República Popular de Mao y la URSS de Jruschov andaban a la greña, y hasta se tiroteaban sobre las aguas del río Usuri. De todos modos, aún más que prochino, yo era sobre todo antisoviético. El tipo de socialismo y de marxismo de boquilla que practicaban las autoridades rusas sublevaba mi intransigente revolucionarismo juvenil, que iba sin parar de la toma de la Bastilla a la del Palacio de Invierno.

Odiaba, en particular, la posición de los aparatchiki soviéticos en relación a «la cuestión nacional». Retomando una vieja fórmula antizarista, no dudaba en decir que la URSS era «una cárcel de pueblos» y repetía cual papagayo politizado todas las fórmulas leninistas sobre «el derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones».  En eso me mostraba más vasco que marxista. Excuso decir que mis anatemas hacia Moscú los hacía muy prioritariamente extensivos al Partido Comunista de España y a su secretario general, Santiago Carrillo, que ya entonces me parecía una auténtica momia política.

Debo decir que todos esos entusiasmos fundacionales me entraron cuando tenía apenas 16 años.

El apoyo de Castro a la supuesta ortodoxia marxista con sede en Moscú me condujo a mirarlo con mucha prevención.

Leí por entonces algunos libros sobre el castrismo. Uno, que recuerdo bien, se llamaba Les Guérrilleros au pouvoir, y era obra del polaco K. S. Karol (Ed. Robert Laffont, 1970). Otro, que me llamó mucho la atención por su  peculiar ángulo de visión afro-caribeño –ponía de vuelta y media al castrismo por su discriminación política de los negros cubanos–, fue Castro-Debray contre le marxisme-léninisme, de Antoine G. Petit (Ed. Laffont, 1968).

Venía yo predispuesto también por mi simpatía visceral hacia el Che Guevara y por el comportamiento que tuvo Castro con (¿contra?) él durante su desdichada y terminal estancia en Bolivia, tan mal ideada como llevada a cabo. Me soliviantó que Fidel pusiera a Guevara en manos del secretario general de los comunistas bolivianos, Óscar Zamora, prosoviético irredento que no compartía ni los objetivos ni los métodos del argentino, al que, según mis conclusiones de entonces, traicionó miserablemente. Guevara compartía (véase su Diario de Bolivia) el paquete que yo tenía a Régis Debray, por entonces amiguísimo de Castro.

Aparte de lo cual, me tragué –sigo hablando de finales de la década de los 60 e inicios de la de los 70 del siglo pasado– la versión cinematográfica de varios discursos interminables del comandante, que me resultaron engolados, narcisistas y de escasísimo interés ideológico.

Cuento todo esto porque no tengo la más mínima intención de vender ninguna burra averiada. Admito abiertamente que mi desconfianza hacia Castro no provino de un estudio en profundidad de la realidad socio-económica, política y cultural de Cuba, ni nada semejante, sino que se fijó en mi equipaje sentimental como resultado de un impulso juvenil que probablemente no aguantaría ahora ni medio análisis. Aunque también es cierto que, de haber encontrado con el paso del tiempo poderosos motivos para cambiar radicalmente de criterio sobre el personaje, lo habría hecho, como lo hice con Guevara, y con Mao.  Pero no ha sido así.

No tengo ninguna fijación con él. Ni a favor ni en contra. A quienes han tratado de catalogarme como anticastrista les he respondido siempre que para llegar al sustrato en el que albergo mi poca simpatía por el individuo en cuestión y por su obra sería preciso pasar por las capas y más capas en las que se almacena mi aversión hacia otros muchos cientos de políticos, militares y empresarios de América Latina y del mundo entero. Nunca he tenido el menor inconveniente en reconocer que, si el régimen de Castro me disgusta, muchísimo menos me gustan los regímenes políticos de todos los países que lo circundan.

Entretanto seguiré dejando constancia de que considero inaceptable que en Cuba no sea posible decir y escribir lo que a uno le parezca bien decir y escribir, que no quepa organizarse como uno desee organizarse y llamar a los demás a organizarse... y, ya de paso, que uno no pueda ser un mariposón sin que el comandante supremo le denoste por serlo, aunque ya no le meta en la cárcel por ello.

Hoy, festividad de San Ignacio, es un día particularmente apto para referirse a un pensamiento muy típico de los adeptos al jesuitismo. O a dos.

El primero es el más típico de la escuela del dilecto soldado de Dios: «El fin justifica los medios». No insistiré en catalogar la bajeza ética de esa idea; ya lo he hecho muchas veces.

El otro resulta también bastante común, aunque sea sólo jesuítico de rebote, porque procede del Derecho Romano. Me refiero al pincipìo según el cual «la causa de la causa es causa del mal causado».

El jefe del Gobierno de Israel echó ayer mano de ese remedo de razonamiento para justificar la matanza que sus bombas causaron en Canáa, allí donde in illo tempore había bodas con milagro. Según Ehud Olmert, si el Ejército israelí ha bombardeado esa población, es porque Hizbulá ha estado disparando desde allí misiles contra territorio controlado por los hijos de David. En consecuencia, Hizbulá, en tanto que «causa de la causa», debe ser considerado «causa del mal causado». Eso sin contar con que Israel ya avisó a la población de Canáa de que debía desalojar sus casas y marcharse a otra parte, por lo que no puede pretender que ha sido cogida por sorpresa. (Olmert no ha llegado a decir abiertamente que la culpa la tienen las víctimas, pero ésa es la idea de fondo.)

Ya sé que la comparación va a disgustar a muchos, pero me es imposible no establecer el llamativo paralelismo que existe entre la línea de defensa adoptada por las autoridades de Israel y la que durante años hizo suya ETA: si ella ponía bombas y mataba incluso a gente ajena al conflicto vasco, era en razón del «contencioso» existente entre Euskal Herria y el Estado español, «contencioso» del que era culpable el Estado español. En consecuencia, si la causa que explicaba sus bombas era la obstinación opresora del Estado español, el culpable de los muertos producidos por sus bombas no podía ser otro que el propio Estado español, dado que «la causa de la causa es causa del mal causado».

El paralelismo entre las dos líneas de coartada es completo: cada vez que ETA puso bombas en casas-cuartel de la Guardia Civil y mató a pobres chavalines, se justificó recordando que ya había avisado a los del tricornio que los combatientes sensatos no se llevan a sus hijos a la guerra. Tal como ayer Olmert, ETA también dejaba claro que ya había avisado.

Hijos del mismo pensamiento, todos ellos vienen a considerarse meros instrumentos de una especie de designio superior, que está por encima de sus voluntades y les exculpa. Sus dedos aprietan el botón, pero en realidad no son sus dedos: es la maldad del otro la que acciona el arma homicida.

Gracias a esa justificación, adoptan aires de tener la verdad en el bolsillo y de estar sacrificándose por sus sufridos pueblos. Pobrecillos.

Nota de edición: Javier publicó una columna que trataba de lo mismo en El Mundo: Cuestiones de jesuitismo.

Nunca he mostrado el más mínimo interés en que el Estado español me conceda la condición de víctima de la dictadura franquista.

En primer lugar, porque no necesito a nadie que me otorgue lo que ya tengo. Que yo sepa, no han sido destruidos los registros de entrada de la Dirección General de Seguridad madrileña, ni tampoco los de las comisarías, cuartelillos y cárceles (Martutene, Girona, Lleida, Barcelona, Zaragoza, Carabanchel) por los que me obligaron a pasar, a veces para retenerme en su interior durante una buena temporada. Doy por hecho que tampoco habrán desaparecido los partes médicos que dejaron constancia del lamentable estado en el que quedé tras algún hábil interrogatorio policial. Y digo yo que se conservarán también los archivos del Tribunal de Orden Público, ante el que fui juzgado (y condenado) el 25 de marzo de 1974.

De modo que tengo más que de sobra para demostrar mi condición de víctima del franquismo, si alguien la pusiera en duda.

Pero la cuestión no está en mis derechos al título, sino en la solvencia de quien lo otorga. ¿Qué autoridad tiene el Estado español para dispensar certificados de ese género? No creo que sea necesario –o tal vez sí– insistir en el hecho de que el actual Estado español es heredero directo del régimen franquista. Empezando por su propio jefe, que fue designado por Franco.

Por decirlo claramente: si el Estado español me concediera un título oficial de Víctima del Franquismo rubricado por Juan Carlos de Borbón, dudo de que sobreviviera al ataque de risa.

En ese sentido, y sólo en ese sentido, me parece de perlas el «proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura» (ustedes perdonen: se llama así), que recibió el visto bueno en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Oí a la vicepresidenta primera del Gobierno decir que éste es un proyecto de ley que trata de preservar el honor de quienes tuvieron responsabilidades en los dos bandos que se enfrentaron durante la Guerra Civil y durante la dictadura. Me pareció más que suficiente para negarme a tener nada que ver con él. Francamente: si alguien quiere obligarme a proclamar la honorabilidad de quienes se dedicaron a asesinar a cuantos no pensaban como ellos, o a torturar y encarcelar a quienes nos atrevíamos a calificarlos con los epítetos que se ganaron a pulso, que no cuente conmigo. No participaré en ninguna operación de maquillaje destinada a poner al mismo nivel al verdugo y a la víctima, al torturador y al torturado o –por explicitarlo de modo más gráfico– al que conectaba los cables eléctricos y al que recibía la descarga en sus genitales.

Tampoco pretendo sentar a esa gentuza en ningún banquillo, a estas alturas. Pero entre no pedir que se les monte el Nuremberg que merecerían y prestarme a confraternizar con ellos y a postular su honorabilidad hay un largo trecho.

Un trecho que no pienso recorrer y que me parece de una desvergüenza supina que Zapatero me invite a recorrer.

Que se metan su ley de desmemoria histórica por donde les quepa. Por el BOE, que es donde acaban metiéndolo todo.

Nota de edición: Javier publicó una columna con el mismo título en El Mundo: La ley de la desvergüenza.

Se están publicando últimamente bastantes encuestas y estadísticas interesantes, propicias para el comentario. Puede ser que los responsables de su confección hayan elegido estas fechas para darlas a conocer buscando que su trabajo logre más notoriedad, sabedores de que en verano los medios informativos no tienen demasiado material local del que nutrirse. Como ya no se estila hablar del monstruo del Lago Ness y otras serpientes de verano, la emprenden con esta cosa del «qué curiosos que somos», que da mucho juego y hasta parece seria.

El pasado miércoles hablamos en la tertulia mañanera de Radio Euskadi sobre un trabajo sociológico recién aparecido que presenta un retrato de la realidad de la inmigración en la Comunidad Autónoma Vasca y también sobre las opiniones y sentimientos de la población autóctona en relación a ese fenómeno. El estudio constata que las tres provincias han recibido bastante menos inmigración que otras zonas de la península, cosa que los autores del trabajo atribuyen al escaso peso que tiene la agricultura intensiva, que es la que genera una mayor oferta de empleo. Este aspecto del asunto me pareció muy relevante, porque viene a demostrar que lo que realmente produce el tan traído y llevado efecto llamada no es, como pretende el tópico, «la riqueza de la que los europeos hacemos ostentación», etcétera, etcétera, sino, muy específicamente, la oferta de trabajo. Los inmigrantes acuden a las zonas donde encuentran empleo, así sea en condiciones ilegales y esté pésimamente pagado, y acuden en muy inferior medida a los lugares donde les es más difícil hacerse un hueco laboral, por ricos y estupendos que sean.

Pero no es este punto –al que ya volveré en otra ocasión, porque es muy jugoso– el que me ha animado hoy a escribir, sino la constatación que obtuve en la conversación con el responsable principal del sondeo en cuestión de que los análisis de ese tipo pueden no reflejar en absoluto la realidad social tal como es en la práctica. Le pregunté en qué medida muchas personas no se creen en la obligación, cuando son interrogadas sobre su manera de pensar y de sentir, de contestar lo que saben que deberían pensar y sentir para merecer una elevada consideración social, aunque no sea eso lo que realmente piensan y sienten. En Euskadi, por ejemplo, donde la xenofobia está especialmente mal vista, no tiene que ser fácil exhibir abiertamente ante el encuestador una actitud hostil a la inmigración. No queda estético. El responsable del estudio me dio la razón, pero me dijo que ese problema se veía contrarrestado por otro: muchos ciudadanos tienden a dar importancia a los hechos que los medios de comunicación afirman que tienen importancia, con independencia de que a ellos les afecten poco o casi nada. Eso queda particularmente de relieve –también en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas– cuando se pregunta por separado a las personas encuestadas qué valoración hacen de la importancia colectiva e individual de determinados problemas. Durante años ha sido típico toparse con que la gran mayoría de los españoles consideraba el terrorismo como un problema colectivo de importancia indiscutiblemente prioritaria, pero que lo pasaba a un segundo plano a la hora de jerarquizar sus preocupaciones personales. Resultaba obligado preguntarse cómo podía ser que la gran mayoría lo viviera en su vida cotidiana como un problema de peso, pero no principal, y sin embargo lo catalogara como prioritario para el conjunto. La respuesta había que buscarla –y hay que seguir haciéndolo– en la poderosa influencia que ejercen los medios en la formación de la falsa conciencia de las masas (de su ideología, que decían los althusserianos).

Por resumir: que esos sondeos dan resultados que, en muchos casos, no está nada de más cogerlos con pinzas. Incluso cuando, como en el caso de esta encuesta sobre la inmigración en Euskadi, el resultado es halagüeño. Hay mucha tolerancia de boquilla.

Creí que era una de mis numerosas rarezas, pero he comprobado que ésta que hoy comento es bastante común; que no soy ni mucho menos el único que tiene la costumbre de polemizar con la radio y la televisión. Tiendo a amenizar la audición de los informativos y las tertulias con exclamaciones del género: «¡Falso!», «¡No tienes ni idea!», «¡Serás capullo!», «¡Manipulador!», etc. (Esto en lo que se refiere a los contenidos. La expresión oral tiene sus imprecaciones específicas, tipo: «Pero, pedazo de animal, ¡deja ya de patear el diccionario!», «¡Este zoquete hace faltas de ortografía hasta cuando habla!», etc.)

Hay  dos noticias/comentarios –esta gente cada vez separa menos la información de la opinión– que son muy frecuentes en estos días y que me tienen en estado de cabreo permanente. Ambos referidos a las acciones militares de Israel en Líbano.

El primero hace referencia al «gesto humanitario» que ha tenido Israel permitiendo el uso del aeropuerto de Beirut para abastecer a la población civil libanesa de alimentos y medicinas. «Olvidan» sistemáticamente informar de que la concreción de ese «gesto humanitario» choca con una dificultad difícilmente soslayable: el aeropuerto Rafic Hariri fue previamente destrozado por los bombardeos israelíes. Utilizarlo choca con tantas dificultades que no sirve para una labor de abastecimiento digna de tal nombre. De modo que el tan repetido «gesto humanitario» se parece bastante a una broma macabra.

Segundo tópico que suscita de manera incontenible mis potencialidades imprecatorias: la insistencia con la que los informadores-comentaristas españoles hablan de los dos soldados israelíes que fueron  «secuestrados» por Hizbolá, razón ésta que justificaría las operaciones militares en curso, que serían expresión de «el derecho de Israel a defenderse». «¡Al menos en esto estaremos todos de acuerdo!», le oí exclamar ayer en la radio a un mitinero iracundo disfrazado de analista. Pues no; no estamos todos de acuerdo. Hace cuatro días, Felipe González (¡quién, y él!) respondió a ese planteamiento de manera muy contundente: señaló que el lugar en el que Hizbolá capturó a los dos soldados utilizados como excusa para las acciones bélicas se halla en territorio ocupado por Israel de manera ilegal, de modo que ni cabe hablar de «defensa de su propio territorio» ni es correcto afirmar que se trate de dos soldados «secuestrados». Han sido hechos prisioneros cuando participaban en una operación contraria a Derecho.

Eso sin contar con que la historia de que el Ejército israelí se ha puesto en marcha para liberar a los dos soldados «secuestrados» no se la creen ni ellos. La operación estaba planificada y decidida hace tiempo y el hecho mismo de que la coalición israelo-norteamericana rechace la vuelta al statu quo ante prueba que la captura de los dos soldados no ha sido sino una excusa.

Pero corto, que van a empezar las noticias de las 8 y no quiero perderme la oportunidad de mantener en buena forma mi permanente estado de desesperación tranquila.

Ayer se reunieron Patxi López y Josu Jon Imaz. Se trataba de hablar sobre el proyecto de reformulación de las relaciones entre Euskadi y el Estado –de ese magma de problemas, difícil de encuadrar en una sola fórmula (*)– y sobre el modo en que se formará y funcionará la Mesa de Partidos que va a estudiar cómo llevar eso adelante.

Al salir del encuentro, ambos reiteraron ante la Prensa sus postulados esenciales, que no parecen haber variado ni un ápice. A los dos se les vio tan dispuestos y cordiales en las formas como distantes en los contenidos. Si han aproximado algo sus posiciones de fondo durante las últimas semanas –no digo ya en la conversación de ayer–, confieso que no he sido capaz de apreciarlo. Lo cual tampoco me extraña gran cosa porque, hasta donde alcanzan mis entendederas, no veo en qué clase de tierra de nadie podrían confluir las posiciones.

De lo dicho por los dos, lo que escuché con más interés fue lo afirmado por Patxi López. No en vano es su partido el que está procediendo a un replanteamiento más amplio de sus posiciones.

Hay en la posición del PSE-PSOE aspectos que comparto, otros a los que veo sentido aunque no los comparto y otros que me resultan directamente insostenibles.

No es mi propósito examinarlos todos hoy y aquí, ni mucho menos. Me limitaré a señalar uno por el que –lo reconozco– siento franca aversión. Me refiero a la insistencia con la que los socialistas dicen que los acuerdos a los que se llegue en la Mesa de Partidos deberán tener el apoyo de todos, porque deben respetar «las dos sensibilidades que están presentes en la sociedad vasca».

Lo primero que me disgusta es la pretensión de que en la sociedad vasca hay sólo dos «sensibilidades» que deben ser consideradas: la nacionalista vasca y la antinacionalista (o nacionalista española, si se quiere). Creo que somos muchísimos los vascos que no nos reconocemos en ninguna de las dos. Yo no soy nacionalista vasco, pero sí defensor del derecho de autodeterminación (o de la libre decisión, que se dice ahora, y no me parece mal). Conozco a muchos más que están en las mismas.

En todo caso, ninguna de esas dos «sensibilidades» representa mi «sensibilidad» personal de manera satisfactoria, porque la cuestión nacional no lo es todo en esta vida, ni mucho menos.

Lo que en realidad pretende Patxi López, según creo entender, es que quede establecido de antemano que no se podrá definir un marco de relaciones –y de no relaciones, lógicamente– entre Euskadi y el Estado español que no encaje cómodamente en los postulados ideológicos y políticos del PSE-PSOE. A eso mismo apunta también cuando añade, como modo de ilustrar lo de las dos «sensibilidades», que la Mesa de Partidos no podrá llegar a acuerdos por mayoría.

Éste es un asunto en el que se impone hilar fino, porque no es sencillo. López tiene razón al reclamar que lo que se haga tenga en cuenta el sentir de la minoría y favorezca una convivencia social que sea cómoda para los vascos que se consideran exclusiva o preferentemente españoles. Pero no la tiene cuando viene a exigir que, si sus posiciones en uno u otro punto se quedan en minoría, sea la mayoría social la obligada a renunciar a la materialización de sus aspiraciones. Entre demandar a la mayoría que modere sus planteamientos para favorecer la convivencia colectiva en paz, cosa a no poder más sensata, y tratar de imponer el derecho de veto de la minoría y su preeminencia sobre la mayoría hay una frontera decisiva que nadie puede pedir que desaparezca.

 Los socialistas deberán reflexionar muy seriamente sobre ello porque, de lo contrario, no habrá modo de ir a ningún lado. Quiero decir a ningún lado en el que no hayamos estado ya.

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(*) La que he empleado yo tampoco es demasiado satisfactoria, porque puede entenderse que obvia los problemas de territorialidad y que restringe de antemano el campo de lo planteable. La pongo sólo porque alguna hay que poner, pero sin insistir demasiado en ella.

Tal como se presenta el panorama de los grandes medios de comunicación españoles, no puedo evitar el sarcasmo que me sugiere, con las debidas variantes, la clásica boutade británica: «Y es que empiezas invadiendo un país vecino y matando civiles por decenas y acabas por dejar que te pongan un pañuelo palestino». 

No llevo ya la cuenta de los reproches a Rodríguez Zapatero y a José Blanco que llevo oídos y leídos en las últimas horas, no pocos de ellos procedentes de los medios que suelen ser considerados pro gubernamentales. ¡Dios les guarde de sus amigos! Por lo visto, no hay torpeza más imperdonable que la de permitir que un estudiante palestino se te acerque y te adorne con una prenda tan propia de su pueblo como un pañuelo. ¿Es un gesto impropio aceptar ese presente pero dan muestra de gran astucia y sentido de Estado quienes criminalizan el uso de ese pañuelo?

Lo de Blanco tampoco está nada mal. Se ve que los finos analistas de la política internacional española consideran que el Ejército israelí tira sus cohetes a ojo, a ver si caen en los sitios convenientes, y que los muertos y heridos civiles que causa son víctimas de la mala suerte, razón por la cual atribuirle un comportamiento deliberado en sus acciones de guerra es poco menos que delirante. ¿Son realmente así esos comentaristas o lo fingen? ¿Son capaces de atribuir un grado de incompetencia tan supino a unas Fuerzas Armadas cuyo alto grado de preparación técnica es tan proverbial como su carencia de escrúpulos a la hora de actuar? El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó ayer que el ataque israelí contra un puesto de observadores de la ONU, que causó la muerte de cuatro de sus miembros, fue «aparentemente deliberado». ¿También Annan delira, como Blanco? Los observadores contabilizaron nada menos de catorce impactos de misil en el área donde se hallaba el puesto de la ONU. ¿Fueron todos equivocados?

Dicen que el Gobierno de Zapatero se está enemistando torpemente con un Estado democrático. Como si no hubiera estados democráticos –que celebra elecciones y admite el ejercicio de ciertas libertades a sus nacionales– culpables de actos criminales que deben ser obligatoriamente condenados por cualquier defensor de los derechos humanos. Un gobernante democrático puede ser un criminal de guerra, como prueba sobradamente la biografía de Henry Kissinger.

Lo que nuestros gurús mediáticos están pidiendo al Gobierno español es que simpatice con un Gobierno que se ríe de las convenciones y leyes internacionales y pisotea los derechos humanos sin inmutarse. Lo único que consiguen con esa exigencia es retratarse a sí mismos.

Una de las muchas cosas que demostró la caída del Muro –la sucesión de acontecimientos que suele simbolizarse con ese hecho– es que los megacentros de análisis y prospección internacional con los que cuentan las grandes potencias occidentales pueden revelarse incapaces de prever no ya tal o cual acontecimiento de peso, sino incluso la evolución general de la realidad mundial, hasta en lo más fundamental y decisivo. O sea, lo que se dice no dar ni una.

De entrada resultó muy chocante. ¿Cómo podía ser que, contando con más datos que nadie y teniendo en plantilla al personal teóricamente mejor preparado para estudiarlos, esas agencias que suelen llamarse «de inteligencia» pudieran no ver ni cuatro en un burro? La explicación de ese enigma, sin embargo, acabó cayendo por su propio peso: convinimos todos en que de nada sirve al analista contar con los frutos de un enorme trabajo de campo si los prejuicios le impiden clasificar y jerarquizar la importancia de los datos recolectados. Para completar un gran rompecabezas no basta con tener todas las piezas; hay que saber qué imagen se trata de componer con ellas. Y los analistas de Washington y asociados estaban empeñados en que las informaciones que les llegaban procedentes del bloque del Pacto de Varsovia encajaran en un dibujo que ya sólo existía en sus mentes obsesivas. Un solo escritor ruso, Andrei Amalrik, trabajando por su cuenta y riesgo –nunca mejor dicho: fue deportado a Siberia por las autoridades de Moscú–, sacó conclusiones mucho más cercanas a la realidad que los grandes cerebros de Occidente: Amalrik puso en duda que la URSS consiguiera llegar a 1985 sin hundirse antes.

A lo largo de los últimos decenios hemos visto a esos mismos servicios de inteligencia cometer muchos otros errores de cálculo de grandes magnitudes. Quizá el más aparatoso de entre los recientes sea el que les llevó a dar por hecho que las Fuerzas Armadas de los EUA podían tomar militarmente Irak, imponer la formación de un gobierno títere y hacerse por completo con el control de la situación, pacificando el país y convirtiéndolo en un peón más de su juego. Muchos otros, que no contamos con más información que la que nos proporciona una prensa por lo general muy mediatizada, auguramos que Irak iba a convertirse en un avispero para Washington y que Bush estaba a punto de convertir en científica la predicción de Sadam Husein, que dijo que la de Irak sería «la madre de todas las guerras».

Ayer, la secretaria de Estado de los EUA, Condoleezza Rice, tras negar el respaldo estadounidense a la exigencia general de alto el fuego en Líbano, rechazó la vuelta a la situación existente antes del inicio de las hostilidades argumentando que «cualquier paz debe basarse en principios duraderos». En el contexto en que dijo eso, tras haber aclarado que su Gobierno respalda la continuidad de las acciones militares de Israel en Líbano, quedó claro que por «principios duraderos» entiende el predominio tutelar del Estado sionista en todo el Cercano Oriente.

¿De dónde ha sacado la señora Rice que algo así es posible? Del mismo lugar del que ella y sus congéneres extrajeron que lo de Irak, como lo de Afganistán antes, se podía resolver manu militari en un plazo razonable. Es decir, del universo de sus ideas previas, en el que se empeñan en seguir viviendo pese a que los acontecimientos no paran de mostrarles su falta de contacto con la realidad.

Sin tener acceso ni al 1% de la información con la que cuenta Rice y siendo –se lo concedo– mucho menos listo que ella, me permito predecir que van a acabar metidos en otro cenagal más y que pronto estarán preguntándose cómo diablos salir de él. Y si no, al tiempo.

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Nota.– Acabo este apunte a las 11:00 de la mañana. Ayer Iberia contribuyó decisivamente a que no llegara a mi casa mediterránea hasta casi las 3 de la madrugada, pese a que entré en el aeropuerto de Bilbao a las 18:30. Ya no me volverá a suceder: dejo mis colaboraciones en ETB (las de la televisión, no las de la radio) hasta septiembre.