La lectura de viejos periódicos ayuda a no olvidar que casi todo -incluyendo casi todo lo que se presenta como nuevo- tiene sus precedentes. Me tomé hace unos días el trabajo de seguir el rastro del debate sobre la ilegalización de HB, EH, Batasuna y asimilados, remontándome a sus orígenes, hemeroteca mediante. Tal vez la culpa la tenga mi mala memoria, pero me encontré con un puñado de hechos dignos de mención que no recordaba, y que, por lo que tengo leído y oído, me parece que nadie se ha tomado el trabajo de recordar.
Constaté, por ejemplo, que el PSOE, recién llegado al Gobierno, intentó por dos veces que los tribunales dejaran a HB fuera de la ley. Hubo de recurrir entonces a la Justicia ordinaria -de Madrid, ciertamente, pero ordinaria-, y no consiguió sacar nada en limpio: las dos sentencias le fueron adversas. Los jueces le dijeron que, para sancionar, la ley ha de contar con hechos. Que no le bastan -que no le bastaban, debería decir- ni las sospechas ni los silencios.
Con el tiempo parece que el PSOE se alegró de su fracaso, porque cuando Alianza Popular presentó en el Congreso de los Diputados en marzo de 1988 una moción para promover la ilegalización de HB, él mismo -como la casi totalidad de los demás partidos con representación en la Cámara- votó en contra. El grupo parlamentario socialista consideró que una medida así, además de tener difícil encaje jurídico, sería políticamente ineficaz, si es que no contraproducente.
Es muy conveniente tener en cuenta que por entonces HB se pronunciaba con muchos menos miramientos que ahora sobre los crímenes de ETA y, sobre todo, que éstos eran notablemente más frecuentes (un asesinato cada diez días, por término medio) y muchísimo más anonadantes (recuérdese, por tristes ejemplos, las masacres del Hipercor de Barcelona y de la Casa Cuartel de Zaragoza).
AP no logró en 1988 apoyo para su propuesta, pero se diría que tampoco le importó gran cosa, porque no tardó en abandonarla. Antonio Hernández Mancha, sucesor de Fraga, la dejó de lado. Y cuando AP se transformó en PP y José María Aznar llegó a la Presidencia del partido, optó por descartarla explícitamente: ya he citado en alguna otra ocasión las declaraciones que hizo en 1996 a la revista Época oponiéndose a la ilegalización de HB.
¿Tienen derecho el PP y el PSOE a cambiar de posición? Por supuesto que sí. Pero no de cualquier manera. Deberían explicar si el cambio se debe a que ellos han rectificado, porque creen ahora que se estaban equivocando defendiendo lo contrario, o si es que, en su criterio, las condiciones han variado. En cuyo caso sería bueno que argumentaran por qué consideran que la HB de 1983, 1988 o 1996 merecía ser legal, pero la Batasuna de 2002 no.
Aunque, bien mirado, también les queda otra opción: prohibir las hemerotecas.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (1 de julio de 2003) y El Mundo (2 de julio de 2003). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 13 de enero de 2018.
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