[Nota.-Ya sé que este apunte no es sino otra versión del de anteayer, titulado Ganas de perder el tiempo. Pero quería meter esta reflexión como columna de El Mundo, para el "gran público", y carecía del tiempo necesario para fabricar uno nuevo por entero para el Diario de hoy, porque he de coger un avión a las 07:20. Así que he aquí lo que he dado de mí. Ustedes perdonen.]
El ministro del Interior, firme defensor de la ilegalización de Batasuna, alega que su aspiración tiene muy nobles precedentes. Cita viejas experiencias vividas hace tiempo en la Europa democrática.
Mariano Rajoy debería pedir asesoramiento a alguno de los muchos exizquierdistas que ahora lo rodean y corean. Ellos le podrían contar que, en efecto, hace muchos años, las autoridades de varios países europeos promovieron la prohibición de determinados partidos radicales. Pero le darán cuenta también de que los integrantes de esos partidos volvieron de inmediato a la palestra amparados en siglas diferentes -a veces muy poco diferentes, a decir verdad-, con lo que la aparatosa medida tuvo unos efectos prácticos más bien limitados.
Pero habrá un aspecto todavía más importante sobre el que todos ellos podrían llamarle la atención, si su babosería actual se lo permite: le señalarán que ninguno de los partidos entonces ilegalizados tenía detrás de sí un movimiento social estable y con peso. Fueron espuma de los días, que la marea del 68 empujó hacia la orilla durante unos meses y se llevó acto seguido mar adentro con pasmosa facilidad, dejando tras de sí un rastro más cultural que político.
Lo que el PP y el PSOE se están planteando ahora es algo muy diferente, tanto en el plano jurídico como en el social. En el jurídico: no se disponen a prohibir esta o la otra sigla, sino a ilegalizar cuanta organización se oriente en una determinada línea. Y en el social: quieren que sea el BOE el que se encargue de conceder o quitar predicamento a las diversas corrientes de pensamiento.
Deben pensarse que, si el viejo Franco prohibió la lucha de clases por decreto, ¿por qué no podrían ellos, legítimos representantes de la democracia, exigir al 20% de los integrantes de una sociedad que se metan su derecho de asociación y de libre sufragio por donde les quepa?
No simpatizo una pizca con Batasuna, pero algo me dice tal vez la experiencia que los problemas sociales no se resuelven por la vía del ordeno y mano (o su versión moderna, o sea: el quieto parado, que te mando a Garzón y te vas a enterar de lo que vale un auto). Por lo demás, no deja de tener su aquel esa nueva Ley de Partidos Políticos que quieren sacar adelante.
Me he dado cuenta de que todo depende de con qué espíritu lea el inquisidor de turno las causas de ilegalización que tipifica la nueva normativa.
Aplíquenselas ustedes malévolamente al resto de los partidos, y verán... que casi todos podrían ser ilegalizados. Muy en especial los dos que están patrocinando esta curiosa ley.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social y El Mundo (27 de marzo de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 17 de abril de 2017.
Comentar