Para mí que el fiscal ha puesto en marcha una campaña sutil y perversa que pretende propalar que la Monarquía española es una institución de mírame y no me toques, con tanta propensión a accidentarse y caerse como la acreditada por su titular.

Es la única explicación que encuentro a lo que está haciendo.

Vivimos desde hace décadas en un mundo en el que las quemas simbólicas en público son el pan nuestro de cada día. Los más viejos del lugar recordamos que durante la Guerra del Vietnam cientos de jóvenes norteamericanos quemaron de todo ante las cámaras, desde su cartilla militar a la bandera de la Unión, pasando, por supuesto, por las fotos de los presidentes de turno. Nos saldría una lista capaz de rivalizar con la guía telefónica si nos dedicáramos a enumerar las manifestaciones en las que se ha quemado de todo: monigotes representando al uno o al otro, enseñas de toda suerte, retratos de tal o cual magnate o mangante... Es algo tan habitual –tan bobo, pero tan habitual– como los gritos hiperbólicamente asesinos que se lanzaban por aquí antaño en algunas manifestaciones de izquierda, del tipo «¡Obrero despedido, patrón colgao!» o «¡Queremos pan, queremos vino, queremos a Fraga colgao de un pino!», tradición que ha encontrado extraña prolongación en ciertas consignas, no menos truculentas, que hemos podido oír recientemente en concentraciones convocadas por la AVT y el PP.

Don Juan Carlos de Borbón proviene de una vieja estirpe, la de los Capetos, una de cuyas ramas fue la de los Bourbon, la cual dio origen, entre otras cosas, al apreciado whisky (*) de Kentucky y a la no siempre tan apreciada Familia Real española. No deja de tener su aquel que quien dio paso a la estirpe de los Borbón fuera Luis V, al que sus contemporáneos apodaron El Holgazán, lo que tal vez lleve a más de uno a pensar que de casta le viene al galgo. Pero, a lo que iba: uno de los más destacados miembros de la familia fue Luis XVI, a quien la Revolución Francesa rebautizó como Luis Capeto justo a tiempo para colocarlo bajo el invento injustamente atribuido a Joseph-Ignace Guillotin, suceso que nuestros vecinos franceses no sólo no lamentan, sino que tienden a celebrar.

¿No resulta un tanto paradójico que tengamos de dilectos aliados a quienes consideran un feliz acontecimiento histórico haber rebanado el cuello de un Borbón y, al mismo tiempo, nos entretengamos en procesar a quienes se limitan a quemar melancólicamente unas cuantas fotos de uno de sus lejanos sucesores?

El fenómeno no ha sido del todo novedoso. Los que escapamos al tan común mal de la desmemoria recordamos que hubo un tiempo en el que también Xabier Arzalluz mereció grandes alabanzas en los mentideros capitalinos por su «realismo» y su «sentido de Estado» (ahí están las hemerotecas para demostrarlo). Bastó con que, guiado por los mismos objetivos y sin alterar en nada su estilo, cambiara de política de alianzas y se alejara de los grandes partidos españoles para que pasaran a catalogarlo como un ayatolá, un iluminado, un fanático peligrosísimo.

El asunto resulta así de sencillo: para algunos, quien favorece sus intereses es estupendo; quien los contraría, un canalla. Esa es la lógica de nuestros liberales y demócratas de toda la vida.

El problema es que se trata de un recorrido de ida y vuelta. Porque en el campo del nacionalismo vasco hay mucha gente que razona a la inversa, de modo que aquel que recibe los aplausos del ente abstracto denominado «Madrid» resulta automáticamente sospechoso de ser un mal defensor de la causa propia.

Lo cual no deja de tener su sentido para quien considera que las relaciones entre Euskadi y el Estado son contradictorias, ya vea el asunto desde un bando o desde el otro. Se supone que, si tú haces bien tu trabajo de opositor, el de enfrente tiene que mirarte con tirria, y que si el de enfrente te mira bien, es que estás haciendo mal tu trabajo de opositor. No otra es la razón por la que los integrantes de los círculos dirigentes de la Villa y Corte le tienen tanta ojeriza a Ibarretxe. Y es por ello mismo por lo que el lehendakari cuenta con tanto prestigio en el campo nacionalista vasco.

Josu Jon Imaz ha sido víctima -en parte: hay más razones- de eso que los rusos llaman «el oso amigo». Dicen los rusos que no hay nada más peligroso que ganarte el cariño de un oso: se empeña en manifestarte su aprecio, te da un abrazo y te parte el espinazo.

Si la política española no adoleciera de la falta de finezza que la caracteriza, los interesados no harían el oso de manera tan llamativa. Cada vez que tienen delante a alguien que creen que les conviene, se empeñan en abrazarlo efusivamente a la vista de todo el mundo. Es un error.

Claro que si Imaz no se hubiera colocado tan peligrosamente cerca de los osos (y de los madroños, ya de paso), lo mismo podría haberse escapado de su abrazo mortal.

Cuanto más he ido sabiendo sobre esa reglamentación, más me he persuadido de que su función principal es, de un lado, intimidar a la población en general, moviéndola a admitir que se tomen toda suerte de medidas restrictivas de sus derechos y libertades, y de otro, dar la sensación de que los gobernantes no están cruzados de brazos y ponen mucho empeño en la lucha antiterrorista.

Pero mi interés principal de hoy no se refiere a los líquidos que cabe introducir en los aviones, sino al hecho de que, una vez más, la Comisión Europea, que es un órgano de mando pactado entre políticos profesionales, hace caso omiso de una resolución adoptada por el Parlamento Europeo, que es el teórico foro de teórica representación de la teórica ciudadanía de los países miembros.

Son los casos así los que fomentan la idea de que los centros rectores de la UE constituyen una superestructura estratosférica, en la que unos señores y alguna señora que se identifican entre sí como expertos se dedican a misteriosas manipulaciones de las que sólo dicen lo que les da la gana, por lo común en forma de órdenes inapelables.

En realidad, todos los órganos de mando político responden a ese mismo esquema, pero cuanto más alto se sitúan en la pirámide del poder, más ajenos y distantes se ven. Casi todas las noticias que llegan al gran público procedentes de Bruselas hablan de restricciones, prohibiciones y limitaciones. ¿Cómo va a simpatizar nadie con ese tinglado?

El principal problema de la UE es que está hecha de los retales que dejan los distintos estados después de que cada uno se ha cortado su traje a la medida.

Los estados cuentan con una buena coraza protectora: los patriotismos, que todo lo perdonan. Pero el patriotismo europeo está por inventar, y la UE hace lo posible por impedir que nazca.

Lo más llamativo es que la escandalera se ha construido sobre la base de un embrollo que tiene todo el aspecto de ser deliberado: se ha hablado y escrito sin parar sobre ese libro como si fuera un manual que hubiera de servir para impartir clases de Educación para la Ciudadanía, cuando lo cierto es que se trata de un trabajo destinado precisamente a poner en solfa -eso sí, desde la izquierda- el planteamiento oficial de la nueva y controvertida disciplina.

Pretender, como han hecho muchos, que el libro en cuestión refleja «los verdaderos objetivos» que persigue el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la implantación de esta asignatura resulta disparatado por partida doble. Es tan injusto con Zapatero, al que atribuyen unas intenciones subversivas de las que el hombre carece por completo, como con los autores, a los que presuponen una devoción gubernamental que les pilla en las antípodas.

El debatido libro tiene un eje que cualquiera que se tome el trabajo de leerlo sin prejuicios comprobará que es de una obviedad palmaria: cuestiona que quepa analizar nuestra realidad social haciendo abstracción de las consecuencias, en tantos sentidos desdichadas, que nos acarrea el predominio del sistema capitalista. A partir de esa consideración, expone las bases de lo que, a juicio de los autores, debería ser una educación ciudadana crítica con el orden social imperante. Nada que ver con los rollos melifluos e inocuos, atiborrados de apelaciones abstractas a lo políticamente correcto, a los que apunta el plan educativo oficial.

«¡Es un libro marxista!», me escribe un lector iracundo. ¿Sí? Pongamos que lo fuera. ¿Y qué? ¿Está prohibido ser marxista? «Sólo sé que no soy marxista», llegó a escribir el propio Marx en un momento de cabreo. En todo caso, ¿qué clase de descalificación es ésa? ¿Es lícito escribir libros tomistas, neoliberales y hasta favorables a Bush, pero no marxistas? Quien no esté de acuerdo con sus argumentos -que los tiene a raudales- que los discuta. Pero sin falsificarlos. Y sin atribuir a los autores complicidades políticas inventadas.

Estamos ante un ejemplo (otro) de cómo se fabrican escandaleras mediáticas en la España de hoy, tan propicia a resucitar el Santo Oficio a la primera de cambio: primero se dice que el contrario ha dicho lo que no ha dicho y luego se le condena sin apelación posible por haber dicho lo que no ha dicho.

A decir verdad: yo, con que no se practicara tan masivamente la mala educación en la ciudadanía, casi que me conformaba.

Estoy más que dispuesto a creerme que los compañeros y amigos del futbolista del Sevilla Antonio Puerta estén realmente afectados por su fallecimiento, sobrevenido en circunstancias tan conmovedoras. Pero me cuesta mucho tomarme en serio –o, por decirlo claramente, me abochornan, cuando no me producen risa– los excesos poético-plañideros de algunos periodistas, como el que el pasado miércoles dijo en una radio, henchido de emoción impostada: «¡Suyo es ya el firmamento, donde podrá jugar a sus anchas!». Por un momento traté de representarme a un futbolista en el firmamento, sin oxígeno y esquivando meteoritos. Surrealista.

Los hay capaces de decir lo primero que se les viene a la cabeza, con tal de que les parezca suficientemente efectista.

Con el fallecimiento de Francisco Umbral ha pasado tres cuartos de lo mismo. Vi (y oí) en CNN Plus a alguien de letras, no recuerdo quién –del grupo Prisa, eso seguro–, que soltó, secamente: «Umbral ha sido sobrevalorado». Metieron su afirmación a palo seco, como  avergonzados, sin incluir las explicaciones que a no dudar añadió el declarante. Haciendo excepción de lo que yo mismo he dicho en alguna radio –con buen ánimo, pero sin ditirambos almibarados–, creo que ése fue el único juicio crítico audiovisual que ha merecido un personaje al que en vida despellejaron tirios y troyanos.

Y ya que hablo de tirios y troyanos: casi no hay crónica periodística sobre los incendios que están asolando Grecia en la que no se deje constancia enfática de que «lo peor de todo» es la muerte de tantas o cuantas personas. Hecha sobre el terreno, por los próximos de las víctimas, esa afirmación tendría muchísimo sentido. Pero, formulada desde el otro extremo del Mare Nostrum, a tantísima distancia, no pasa de ser un tópico absurdo. A los periodistas españoles, salvo que concurran en ellos circunstancias muy particulares, no les supone ningún drama especial que haya en Grecia 50 o 60 griegos más o menos. Estoy seguro de que a muchos les importaría más que el fuego destruyera algún monumento clásico. Y, en parte, no les faltaría razón: los humanos somos capaces de reproducirnos con bastante rapidez, pero los templos y estatuas de la Grecia clásica no se renuevan con la misma facilidad.

¡Unas decenas de muertos! Aquí los tenemos todos los fines de semana en las carreteras y pasan poco menos que desapercibidos. Salvo a sus allegados, a nadie se le ve particularmente compungido al inicio de la semana siguiente.

¿Llegará el día en el que nos decidamos todos a hablar de los muertos con el mismo desparpajo y la misma sinceridad que utilizamos para referirnos a los vivos? Supongo que no.

Afirma que se ha mantenido hasta ahora como integrante del PSOE por fidelidad a las ideas que ese partido encarnaba hace tres décadas, cuando ella pidió que le dieran el carnet de socialista.

Dicho así, queda bonito. Pero es falso. En la década de los setenta, el PSOE se declaraba partidario de la República, del derecho de autodeterminación de Euskadi y del cierre de las bases norteamericanas en España, entre otras causas no menos distantes de las que ella asume en la actualidad.  

Las fidelidades ideológicas de Rosa Díez son, en realidad, mucho más cercanas. Vienen de 1998, cuando el PSE de Nicolás Redondo Terreros abandonó su alianza con el PNV, gracias a la cual ella había sido consejera del Gobierno vasco. A partir de ahí, ambos iniciaron una problemática andadura de convergencia espiritual con el PP de Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz, de la cual obtuvieron (todos ellos) los resultados que son de sobra conocidos, con destino principal en el Parlamento Europeo.

De todo este asunto de Rosa Díez, lo que más me intriga es la constatación de que hay gente, como ella, que se empeña en seguir durante años en un partido con el que está en desacuerdo radical, y que hay partidos, como el PSOE, que se obstinan en mantener en sus filas, incluso con cargos institucionales, a personas que se dedican a presumir de que no sólo se pasan por el arco del triunfo la política acordada en los congresos correspondientes, sino que alardean públicamente de pretender justo lo opuesto. Es como si una peña taurina tuviera como directivo a alguien como yo, contrario a eso que llaman fiesta, y yo me empeñara en ser antitaurino pero miembro de la directiva taurina, y la peña asumiera como algo normal tener a un antitaurino en la cúpula de su asociación taurina. De locos.

La explicación hay que buscarla en el hecho de que los socialistas tienen un sentido un tanto peculiar de la disciplina interna. Recuérdese cómo actuaron en Cataluña cuando un dirigente de las Juventudes Socialistas estuvo presente en una manifestación de repudio a la presencia de algunos dirigentes del PP. Lo expulsaron fulminantemente, antes incluso de haber tramitado el expediente disciplinario preceptivo. Pero, si en vez de abroncar a los dirigentes del PP, los militantes socialistas van de su mano, como hizo Redondo Terreros hasta su retiro o como ha estado haciendo Rosa Díez en los últimos años, entonces no toman ninguna medida y lo presentan como un ejercicio de sana tolerancia y de democracia partidista.

La conclusión es obvia: a la dirección del PSOE le da corte meterse con aquellos de los suyos que se pasan por la derecha. Lo que no tolera de ningún modo es que se pasen por la izquierda.

Cuentan que la religiosa dejó dicho que los papeles en cuestión fueran destruidos. Pero no le obedecieron. Lo cual replantea una vieja polémica: ¿es lícito desatender la última voluntad de una persona?

Es bien conocido lo que sucedió con Franz Kafka, que rogó a su amigo Max Brod y a su novia, Doria Diamant, que destruyeran todos sus manuscritos cuando él muriera. Ella le hizo algo de caso –no mucho–, pero Brod en absoluto, gracias a lo cual conocemos la mayor parte de la creación del genial novelista checo.

¿Hicieron bien o mal? Cabría decir que hicieron bien y mal. Que hicieron bien para la historia de la literatura, pero que se portaron mal con Kafka. Claro que, una vez que estás muerto, es difícil que se porten mal contigo, y el respeto por la memoria depende de la memoria que te guarden. En el caso de Kafka, sus deudos consideraron que era un grandísimo escritor, pero que a veces tenía ocurrencias absurdas, y decidieron dar prioridad al genio sobre el agonizante, amargado y rencoroso.

Durante un tiempo sostuve que sólo hay que fiarse de los muertos, porque son los únicos que ya tienen definitivamente cerrada su biografía y no están en condiciones de dejarte con un palmo de narices cambiando de chaqueta. Llegué a esa conclusión tras sufrir algunas decepciones y quemarme la mano después de haberla puesto en el fuego por gente en la que habría hecho mucho mejor en no confiar. Pero la experiencia me ha demostrado que incluso ese criterio, por estricto que parezca, es demasiado laxo, porque tampoco resulta tan raro que, pasado el tiempo, nos enteremos de aspectos de la vida del difunto (curiosa paradoja) que habían estado ocultos y cuyo conocimiento nos fuerza a variar la consideración de su persona, o a matizarla, al menos.

Lo que no entiendo es por qué hay gente que se empeña en encargar a otros que cumplan su voluntad post mortem cuando podrían haberse asegurado de cumplirla en vida. Hay ocasiones en las que no queda otro remedio que esperar a morir para que se haga lo que quieres, y para eso están los testamentos, pero hay otras, como las que comento aquí, que podrían haberse resuelto cuando los interesados deambulaban todavía por este valle de lágrimas. Si Teresa de Calcuta tenía el firme deseo de que fueran destruidos los papeles que recogían todas esas confesiones íntimas suyas, ¿por qué no los destruyó ella? Del mismo modo: si Franz Kafka deseaba que su obra no publicada desapareciera, ¿por qué no la tiró él misma a la chimenea?

Tal vez yo sea muy retorcido, pero para mí que ninguno de los dos tenía muy clara su última voluntad.

No creo que Perry ignore que hace 230 años Texas ni siquiera pertenecía a los Estados Unidos. Tiene que saber por fuerza igualmente que Texas declaró su independencia en 1836 y que en 1861 se unió a los Estados Confederados, hostiles al proyecto de los Estados Unidos de América. Y que fue sometida por las armas, y luego sujeta a la ley marcial por su resistencia a aceptar los preceptos constitucionales, incluyendo la abolición del esclavismo.

Con referencia a su desdén hacia Europa, me conformaré con tres breves réplicas: 1ª) Texas, inicialmente poblada por amerindios y criollos mexicanos, se hizo anglosajona porque fue colonizada por inmigrantes llegados en su mayoría de Europa; 2ª) Los EEUU alcanzaron su independencia con la ayuda de Francia, como sabe muy bien cualquier conocedor de la peripecia vital del marqués de La Fayette… y cualquier turista visitante de la Estatua de la Libertad, que Francia regaló a los EEUU para festejar su independencia; 3º) De quien se independizaron los EEUU fue del Reino Unido, que es precisamente el Estado de Europa que menos protesta en la actualidad por los sangrientos usos del derecho de autodeterminación que practica su ex colonia.

Es significativa la similitud que presenta la desabrida defensa que hace el gobernador de Texas de la pena de muerte, que considera una muestra de la idiosincrasia de su pueblo, con la apología que hacían los franquistas de su dictadura allá por los años sesenta, cuando se inventaron el eslogan turístico Spain is different, patrocinado por Manuel Fraga. Su rollo es del mismo estilo: «Nosotros somos así, especiales. No se metan en nuestros asuntos».

El problema estriba en que ellos son también diferentes entre sí: unos ejecutan, los otros mueren.

James Richard Perry –al que llaman Rick, porque allí son muy campechanos– es el heredero político e ideológico de George W. Bush. Texas se ha convertido en cantera presidencial y él mantiene el nivel. Ahora se dispone a avalar la ejecución de un hombre acusado de haber sido testigo de un crimen y no haber hecho nada por evitarlo. Va para el Guiness de las aberraciones legales.

Así funciona el país que aquí muchos toman como modelo.

Es un criterio discutible.

Me resulta francamente encomiable la decisión de no poner a las calles nombres de políticos. Los vecinos de Pinto –como cualquier hijo de vecino, en general– tienen derecho a que no les obliguen a vivir bajo la advocación de individuos cuyo mero recuerdo lo mismo les repatea.

Alguna vez he comentado el caso llamativo de Santander, ciudad que es posible recorrer de norte a sur y de este a oeste sin pisar ni una sola calle que no lleve un nombre con referencias franquistas o, al menos, militantemente derechistas. Pero es que también pueden plantearse otras muchas hipótesis: que el vecino sea de derechas y le toque vivir en la calle Carlos Marx, o que sea nacionalista vasco y le restrieguen por las narices a diario el nombre de Indalecio Prieto, o que sea nacionalista español y le fuercen a difundir con sus tarjetas el nombre de Sabino de Arana Goiri.

En lo que no estoy de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Pinto es en su idea implícita de que los nombres de otros personajes famosos, no políticos profesionales, están exentos per se de conflictividad político-ideológica. Por ejemplo: ha decidido mantener el nombre de la calle que lleva el nombre de Juan Pablo II, que fue jefe del Estado vaticano y por ello tan político como el que más. Su figura fue y sigue siendo muy polémica. En mi círculo de amistades, por lo menos, no goza de demasiada popularidad. Lo mismo podría decirse de muchos artistas, escritores, compositores, músicos, etc. A mí no me haría nada feliz vivir en una calle que llevara el nombre de Gerardo Diego, pongamos por caso. ¿A cuento de qué he de contribuir a homenajear a un señor que escribía sonetos alabando a la Falange y a la División Azul?

Puesto que lo de los nombres de las calles y los números de los portales no es, en realidad, sino un sistema para permitir la localización de las viviendas, ¿por qué no adoptar métodos asépticos, sin más historias? En muchas ciudades de los EEUU aplican un recurso muy socorrido: las llaman por números. Tiene la ventaja adicional de que así sabes mucho mejor dónde te encuentras: si vas a la 5 y estás en la 2, te faltan tres para llegar. Y si vives en la 5 y hay un golpe de Estado fascista, tu calle sigue siendo la 5 (si es que no te mandan a un campo de concentración, claro).

De modo que mi punto de vista no coincide realmente con el aplicado por el Ayuntamiento de Pinto. Mi opinión está, como quien dice, entre Pinto y Valdemoro.

El primer escándalo lo proporcionan las autoridades políticas de la mal llamada República Popular, que son una especie de antología viviente del desprecio por los derechos y las libertades ciudadanas, empezando por el derecho a la vida, que trasgreden a diario aplicando la pena de muerte a mansalva.

El segundo escándalo lo encarnan las potencias occidentales, que saben cómo se maltratan en China las libertades civiles, pero que no dicen nada ni protestan por nada porque China es, mucho más que un Estado, una fantástica cifra de negocios, y nadie quiere indisponerse con sus gobernantes.

La última desvergüenza de ese género la ha protagonizado el Comité Olímpico Internacional, que ha respondido a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, que le habían informado con cifras y datos concretos de las intolerables violaciones de derechos fundamentales que se están produciendo en los propios trabajos preparatorios de los Juegos Olímpicos, diciéndoles que no puede hacer nada al respecto, porque ésos no son asuntos de su competencia.

En los últimos años he leído decenas de artículos de prensa empeñados en recordarnos el gran error que cometieron los adalides de las principales democracias occidentales cuando hicieron la vista gorda ante los desmanes iniciales de Hitler. Han esgrimido una y otra vez «el error de Munich» para alertarnos sobre fenómenos tan variopintos como el peligrosísimo régimen de Sadam Husein –que se disponía a dominar el mundo, nos decían– o el terrorismo de ETA, con el que no se podía negociar nada de nada porque seguro que en cuanto nos descuidáramos invadía algo (Polonia, Navarra o el Condado de Treviño, cualquiera sabe).

Pasaban todos ellos de puntillas por dos puntos esenciales para explicar la tolerancia de Gran Bretaña y Francia ante los primeros desafíos internacionales del III Reich. Primero: no tenían ganas de enfrentarse a Hitler porque, en buena medida, simpatizaban con su discurso anticomunista. Segundo: no querían enemistarse con Alemania, porque era una primerísima potencia económica con la que o bien tenían importantes negocios o bien esperaban tenerlos.

La ceguera y la desvergüenza de la que hicieron gala los firmantes del Tratado de Munich de 1938 habían tenido un precedente inequívoco: los Juegos Olímpicos de 1936, que se celebraron en la Alemania nazi y a los que todos los estados sedicentemente democráticos acudieron con la sonrisa en los labios, pese a que para entonces estaba ya más que clara la naturaleza dictatorial del Estado organizador, que había convertido el acontecimiento en un gigantesco acto de propaganda del Nacional-Socialismo.

Ahora se disponen a acudir a los Juegos Olímpicos de China, todos en tropel y sin decir esta boca es mía.

Ahí sí que hay semejanzas.