Existe una creciente preocupación en medios jurídicos españoles por el desarrollo del macrojuicio 18/98 en la Audiencia Nacional. Cuanto más avanza, más patentes se van haciendo las enormes chapuzas en que incurrió Baltasar Garzón durante la instrucción del sumario y más clara queda la arbitrariedad y la hostilidad con las que actúa la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que no se corta un pelo a la hora de coartar el derecho de defensa.
La preocupación de los juristas a los que hago mención no tiene nada que ver con ninguna actitud de respeto —y menos aún de simpatía— hacia los procesados. Al contrario. Lo que les preocupa es que el cúmulo de irregularidades que están salpicando el proceso llegue a obligar a las instancias superiores que lo revisen a declarar su nulidad, colocando a la Audiencia Nacional en una situación de ridículo difícilmente superable.
La culpa inicial la tiene, desde luego, Baltasar Garzón. Por dos razones principales: una de doctrina y otra de procedimiento.
La doctrinal se deriva de su empeño en considerar que todo aquello —y todo aquel— que quepa relacionar, así sea de modo muy indirecto, con ETA o con los propósitos políticos de ETA puede ser acusado de pertenencia o al menos de colaboración con banda armada. Es cierto que ese criterio ha llegado a contaminar con el paso de los años también no pocas resoluciones del Supremo y del Constitucional, pero nunca con la alegría —con la frivolidad— con la que Garzón recurrió a él durante la instrucción de este sumario, en el que están acusadas de colaboración con ETA personas que ni siquiera simpatizan con la causa nacionalista.
Los errores procedimentales que pueden dar al traste con este sumario y con el juicio que se basa en él se derivan, primera y principalmente, de la obsesión de Garzón por montar macrosumarios. No es la primera vez que ha dado muestra de su empeño por unir todo lo unible y más dentro del mismo sumario, dando lugar a causas que se convierten en físicamente inabarcables. Lo ha hecho en varias ocasiones y siempre con resultados nefastos para él, puesto que los juicios llevados finalmente a cabo han desautorizado una y otra vez su trabajo como instructor. Pero su vanidad es más poderosa que su sentido del ridículo y no sabe renunciar a la notoriedad que le proporcionan esos procedimientos espectaculares, tan de juez estrella. Tanto junta, y lo junta con tan poco rigor en los métodos y tan escaso fundamento en el acopio de pruebas, que los tribunales que acaban por juzgar a los acusados se ven con frecuencia en la imposibilidad de fundamentar las sentencias, incluso cuando no tienen demasiadas dudas sobre la culpabilidad de los imputados (fue el caso del célebre juicio por la llamada Operación Nécora).
La vista de este juicio se está situando a la altura de la instrucción. El comportamiento de la presidenta del tribunal —hasta su manera de expresarse— es insólito. No tiene nada de extraño que el propio Consejo General de la Abogacía haya creído necesario otorgar su amparo a las defensas, a las que no se les está permitiendo ejercer su labor con las necesarias garantías.
En contra de los juristas a los que aludía al principio de este apunte, yo no sólo no estoy preocupado por las irregularidades de este proceso, sino que fío en ellas para que se vaya al traste con todas las de la ley. Es un obstáculo para el apaciguamiento de la vida política en Euskadi. Cuanto antes desaparezca del mapa, mejor.
Javier Ortiz. Apuntes del Natural (12 de enero de 2006).
