Desde el fracaso en 1999 de la cumbre del milenio en Seattle, no ha habido manera de acordar un marco multilateral de liberalización del comercio de mercancías y servicios. Siete años después de que se iniciaran las negociaciones de la denominada ronda de Doha, aún no se han resuelto las diferencias entre los principales actores comerciales.
El fiasco de la reciente mini-cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Ginebra el pasado mes de julio, mantiene la incertidumbre en un ambiente muy poco propicio para promover el libre comercio. Crisis económica y alimentaria (con gran impacto en aquellos países que sufrieron forzadas aperturas comerciales); inflación, y contiendas electorales en algunos de los países clave que pueden trasladar al debate público lo que normalmente se prefiere tratar entre bastidores: elecciones presidenciales en Estados Unidos (noviembre de 2008), elecciones generales en la India (mayo de 2009) y elecciones al Parlamento Europeo en la Unión Europea (junio de 2009 con la subsiguiente renovación de la Comisión Europea).
La falta de avances se debe a que el enfoque negociador del ‘todo único’, según el cual ‘no hay acuerdo sobre nada hasta que no haya acuerdo en todo’, encaja mal con una organización que necesita el consenso de sus 153 miembros (aunque unos pesen más que otros) y sobre todo con un ambicioso mandato negociador: una veintena de asuntos que van desde la agricultura a los servicios, pasando por la propiedad intelectual; desde los subsidios al acceso a los mercados para los productos no agrícolas (NAMA, en las siglas inglesas). Aunque muchos temas han sido aparcados por el camino (como inversiones, competencia, o contratación pública) cualquier acuerdo global tendrá repercusiones que van mucho más allá de lo estrictamente comercial, configurándose en una especie de constitución política del mercado global.
Esto lo supieron ver muy bien las organizaciones que promovieron las protestas anti-OMC y que politizaron lo que hasta Seattle, bajo la ideología neoliberal, era considerado como una cuestión meramente técnica, una discusión farragosa sobre aranceles y subsidios que debía reservarse a los funcionarios gubernamentales. Mediante esta estrategia los países más desarrollados (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón) pretendían imponer una agenda de liberalización favorable a los intereses de sus corporaciones.
Pero al contrario de lo que sucedió con la anterior ronda de negociación comercial (la Ronda de Uruguay), en esta ocasión la firmeza de los llamados países emergentes (principalmente Brasil, India y China) y la diversificación de intereses ha dificultado la conclusión de un acuerdo. Nuevas y contradictorias alianzas se van formando según los temas (Cairns, Quad, G-20, G-33, G-90, etc.), y aliados circunstanciales en agricultura pueden resultar ser adversarios en servicios. Además, no todos los países disponen de la capacidad en recursos humanos y financieros para intervenir de cerca en estas negociaciones, de ahí que la última cumbre haya sido solamente entre unos cuarenta países.
Ante la parálisis de la negociación en la OMC y la pérdida de credibilidad de dicha organización, en los últimos años han proliferado los acuerdos regionales (bilaterales o plurilaterales) de libre comercio. Los más conocidos son los acuerdos bilaterales asimétricos impulsados por los Estados Unidos o por la Unión Europea (con menor éxito, pues el enfoque región-región suele reproducir algunos de los problemas del ámbito multilateral), que pueden tener efectos devastadores para la seguridad alimentaria o para la protección de los bienes comunes. Pero sería un error pensar que el grueso de estos acuerdos es exclusivamente Norte-Sur. Del total de acuerdos en comercio de bienes notificados a la OMC, el 27 % son Norte-Sur, pero el 25 % son ya acuerdos Sur-Sur, si bien es cierto que los primeros suelen ir más allá del marco OMC (conteniendo regulaciones sobre inversiones, por ejemplo).
Las divergencias existen también dentro de los movimientos alterglobalizadores o críticos. ONGs como Oxfam creen que las negociaciones de Doha pueden ser el cauce adecuado para las demandas de los países en desarrollo y forzar así a los países del norte a reducir sus subsidios agrícolas (principalmente Estados Unidos) o a permitir un mayor acceso a los mercados (UE). Otros, como Vía Campesina o Focus on the Global South, sostienen en cambio que cuestiones vitales para cualquier sociedad como la agricultura o la alimentación deben quedar al margen de cualquier negociación comercial.
En realidad, muchos planteamientos bienintencionados parten de malentendidos inevitables por la complejidad de la problemática comercial. Por ejemplo: ¿qué entendemos por demandas o intereses de los países pobres o en desarrollo? Ni éstos son homogéneos ni sus oligarquías -con intereses sectoriales diversos- se mueven por lógicas diferentes a las de las oligarquías del norte.
Cuando por ejemplo el gobierno brasileño exige un mayor acceso al mercado europeo en los productos agrícolas o en agrocarburantes, está pensando en su potente agro-industria. Y la apertura europea implica una erosión de las preferencias comerciales de los países africanos menos desarrollados (ahora en proceso de revisión con la negociación de los Acuerdos de Asociación Económica). Por otro lado, una reducción de los subsidios estadounidenses al algodón podría favorecer un aumento de los precios al volcar menos excedentes al mercado internacional. ¿Significa esto necesariamente una mejor retribución de los campesinos de África Occidental o una participación más equitativa? La discusión sobre los subsidios suele ocultar el hecho de que la cadena de producción del algodón africano ha estado en manos del Estado francés -al menos hasta las recientes privatizaciones- por medio de la participación de Dagris (ex compañía colonial CFDT) en las compañias estatales que compran el algodón a los agricultores. Dagris controlaba todo lo referente a la comercialización y exportación.
No basta con hablar de cifras de exportación o importación entre tal o cual país. Exportar más puede significar el fortalecimiento de monocultivos de exportación que beneficien muy poco a los campesinos de los países pobres o la creación de cárteles u oligopolios industriales apadrinados por corruptos oligarcas. Cuando se habla del contencioso del plátano entre los países latinoamericanos y la Unión Europea es engañoso hablar de países como Ecuador o Costa Rica, cuando lo lógico sería mencionar las cuatro o cinco compañías multinacionales que controlan su producción y el comercio mundial.
Importa hablar de quién produce y cómo, quiénes controlan la distribución, quiénes pueden influir más a la hora de fijar precios, es decir, cómo se articulan las cadenas productivas con los Estados como cooperadores necesarios. Es comprensible el énfasis puesto en la década de los noventa en las traumáticas aperturas comerciales y los dogmas neoliberales que los justificaban. Pero el cuadro queda incompleto si no se va más allá, sobre todo si el neoliberalismo acaba dejando paso a políticas aún más reaccionarias. Si renunciamos a descubrir "el secreto de la obtención de beneficios" podemos acabar creyéndonos el mito que sustenta todo esto: que el mercado del que hablan es realmente libre.
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