Escribía ayer acerca de los derechos humanos. En Argentina conocen bien lo que significa su violación sistemática, y la impunidad de quienes ordenan reprimir la protesta social y de quienes ejecutan las órdenes. Durante la dictadura, pero también en democracia.
Ayer jueves falleció en Neuquén, Argentina, el profesor Carlos Fuentealba (en la foto de la portada del Página 12), víctima de un disparo en la cabeza, una granada de gas lanzada a quemarropa, durante una protesta docente que reivindicaba mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. El mejor relato de lo sucedido lo han escrito los compañeros del diario digital La Vaca. Quien haya podido ver la magnífica película documental La dignidad de los nadies, de Fernando Pino Solanas (menos conocida que Memorias de un saqueo, pero de mejor calidad), entenderá la situación a la que se enfrentan los maestros en Argentina.
La muerte de Carlos supone un episodio más de lo que se conoce en el país como gatillo fácil, el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza por parte de la policía. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en un informe escalofriante, aporta datos de 2.114 casos de personas asesinadas por las fuerzas policiales en diez años (de 1996 a 2006), con un incremento significativo de las muertes a partir de 1999, cuando ya eran más que evidentes los estragos causados por la política menemista. Sin embargo, bajo el gobierno Kirchner, las muertes no se han reducido, con un terrible promedio de quince personas asesinadas al mes en 2006. Un 40 % de las muertes se producen por el gatillo fácil, y otro 40 %, en dependencias policiales.
Estas cifras palidecen ante la magnitud de la represión en Brasil. Según una investigación del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, de la Universidad Cândido Mendes, 3.815 personas fueron asesinadas por la policía militar entre 1995 y 2001. Las policías de Rio de Janeiro y de São Paulo liquidaron juntas 1.295 personas en 2002. Bajo el gobierno de Lula las estadísticas no son mucho mejores, más bien todo lo contrario: sólo en 2004 la policía de Rio de Janeiro asesinó a un millar de personas. Con estos antecedentes, no debe sorprender que las fuerzas de la ONU comandadas por Brasil en Haití, la MINUSTAH, hayan provocado decenas de muertos en barrios míseros como el de Cité Soleil.
Como afirma Raúl Zibechi analizando precisamente la situación en Haití, "en los barrios de Puerto Príncipe, como en las favelas de Río de Janeiro y San Pablo, en las barriadas de Bogotá y Medellín, se está jugando una guerra contra los pobres que no tiene la menor intención de superar la pobreza sino de impedir que se organicen y resistan".
Muchos considerarán una osadía comparar la represión de una protesta sindical con la de las bandas criminales de las favelas. La diferencia es que en este último caso el desafío es armado. La estrategia es la misma, sólo cambia la intensidad en la aplicación de los métodos.
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