Quilombo

La rutina tecnocrática de las instituciones europeas se vio bruscamente interrumpida hace unos días por un hecho insólito. La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, visiblemente enojada, mostró su contrariedad con el gobierno francés a propósito de las deportaciones colectivas de gitanos de origen rumano y búlgaro, ciudadanos de la Unión Europea. Y encima en inglés. Por dos motivos. En primer lugar, por las trapacerías del gobierno de Nicolas Sarkozy, que había ocultado la existencia de una circular interna, de 5 de agosto de 2010, firmada (y luego corregida) por el jefe de gabinete del Ministro del Interior Brice Hortefeux, Michel Bart. En dicha circular -que se filtró a los medios- se especificaba que el presidente "había fijado objetivos precisos (...) para la evacuación de los campamentos ilícitos (...), de manera prioritaria los de los romaníes", lo cual es claramente discriminatorio. En segundo lugar, por las declaraciones del secretario de Estado de Asuntos Europeos Pierre Lellouche (el López Garrido francés), que aseguró que en Francia no es la Comisión Europea la encargada de velar por el cumplimiento de los Tratados, sino "el pueblo francés", exabrupto que entra en abierta contradicción con lo que establecen dichas normas. Añado que la semana anterior la Comisión Barroso había sido seriamente criticada en el asunto de la deportación de los gitanos por una mayoría de eurodiputados en el Parlamento Europeo, que aprobó una moción, con el voto en contra del Partido Popular Europeo, en la que se denunciaba la política de Nicolas Sarkozy.



Francia no es el único país que está estigmatizando a los gitanos del este europeo: en Europa occidental el gobierno italiano fue pionero en la reciente escalada represiva que han continuado países como Dinamarca o Suecia. Y en países como Rumanía y Bulgaria el trato de sus propias minorías deja mucho que desear. La Comisión Europea ha tardado demasiado, pues, en actuar. La particularidad del caso francés es que, como Italia, se ha intervenido de manera discriminatoria contra ciudadanos europeos (no contra gitanos de origen kosovar, como Alemania, o inmigrantes "irregulares", como España), pero además en abierto desprecio del equilibrio institucional europeo, en un momento de redefinición del mismo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Un asunto no menor tratándose de uno de los Estados grandes. Hay que tener en cuenta que aunque el Tratado de Lisboa reduce en términos generales el peso político de la Comisión en favor del Parlamento y el Consejo, lo incrementa en el ámbito de la justicia y asuntos de interior, al reforzar su derecho de iniciativa y otorgarle la posibilidad de iniciar procedimientos contra aquellos países que, como Francia, incumplan el derecho comunitario (algo que no era posible en el marco del antiguo tercer pilar). Este tira y afloja institucional tiene, además, un telón de fondo: la discusión de las próximas perspectivas financieras, con unos Estados miembros dispuestos a realizar también "ajustes" en el presupuesto comunitario.

Así pues, por una vez la Comisión Europea realizaba una declaración genuinamente política, alejada de la habitual frialdad administrativa de sus comunicados, sobre un asunto que atañe a derechos fundamentales y a su papel como institución. Esto es lo que no le ha perdonado a Reding el gobierno francés, con un Sarkozy que ha aprovechado la ocasión para defenderse con un buen ataque a base de histrionismo y arrogancia nacionalista. Si, como dijo Daniel Cohn-Bendit, era "una ocasión de oro para que José Manuel Barroso salvara el honor de la Comisión", al final parece que la ha desaprovechado. Porque aunque el Presidente de la Comisión respaldó la intención de Reding de iniciar un procedimiento de infracción contra Francia, desde el momento en que afirmó que algunas "expresiones empleadas en el calor del momento han podido dar lugar a malentendidos", abrió la veda para que Reding cargara con la responsabilidad de unos supuestos excesos verbales (por no hablar del machismo que destila la denuncia de su emotividad femenina). A esto se ha agarrado Sarkozy, que se ha presentado -a gritos- como garante del "honor de Francia" (sic), pero también los demás Estados miembros, como España, incómodos con la posibilidad de aislar a uno de sus pares en una materia que considera de "interés nacional" (y porque practican o piensan practicar políticas similares ante el empuje de las propuestas de extrema derecha).

Como nos venden hoy los titulares de la prensa, para la elite europea la lección de lo sucedido es que "no todos los populismos son populares", interpretación ya anticipada, entre otros, por el diario European Voice (del mismo grupo que edita The Economist): para este diario, aunque Viviane Reding tenga la razón y la ley de su parte, al politizar el asunto ("al elevar la temperatura emocional" y hacer "populismo", según el diario neoliberal), la Comisaria tomó un riesgo excesivo que se ha vuelto en su contra. Traducción: populismo nacionalista de derechas, sí, pero afirmar políticamente principios reconocidos hasta hace poco incluso por quienes se consideraban liberales (queda Guy Verhofstadt) podría conducir a peligrosos populismos (¿federalistas?) de izquierdas. Con esta lamentable conclusión se bloquea todo posible avance hacia un federalismo relativamente democrático en la Unión y se allana el terreno para las variantes más reaccionarias del neopopulismo nativista. La represión contra las categorías de la población más pobres y vulnerables (no-ciudadanos como los inmigrantes "irregulares" o ciudadanos "sin integrar" como los gitanos) pretende servir de contrapeso a los recortes en el gasto público y las reformas laborales que elevan el grado de explotación de los trabajadores. Sarkozy lo dejó ayer muy claro, sin que nadie se llevara las manos a la cabeza: para él la mejor prueba de que no se ha atacado exclusivamente a los gitanos es que en pocos meses han desmantelado decenas de "asentamientos ilegales" que ha entrañado la expulsión (sin deportación) de unas 23.000 personas, no sólo gitanos.


© Chappatte en "Le Temps" (Ginebra)

El deslegitimado Estado-Nación busca reafirmarse políticamente a costa de las aún más deslegitimadas instituciones europeas, reactivando un discurso soberanista en una de las pocas áreas, la de "seguridad" y "orden público", en las que mantiene cierta exclusividad. ¡Mano dura contra los oprimidos y perseguidos, pero guantes de seda para Bettencourt o Botín!. No faltará quienes aplaudan la "valentía" de Nicolas Sarkozy frente a los eurócratas, olvidando que, como miembro del Consejo (co-legislador en la UE), en cierta modo también lo es.

Cuando se destaca que la libre circulación de los ciudadanos europeos está sometida a determinados límites, se oculta que, como sucediera antes con el sufragio, desde 1957 la tendencia ha sido la de ampliar las categorías de personas a las que se les reconoce la libertad de movimiento: se ha pasado de reconocer dicha libertad exclusivamente a quienes desempeñaban una actividad económica (como trabajadores asalariados o autónomos) a reconocerla en tanto que ciudadanos de la Unión (Directiva 2004/38), aunque para una residencia de más de tres meses se exija que cuenten con suficientes ingresos y cobertura médica. También quedan excluidos los inmigrantes extracomunitarios. Pero antes que esgrimir estos límites como modo de justificar la selectiva represión policial y el atrincheramiento estatalista, lo que cabe exigir, como ciudadanos europeos, es la superación de los mismos para garantizar la libertad de movimiento de todos y de todas. Y comenzar a hablar de cosas como una fiscalidad común europea, de una cobertura social y sanitaria que trascienda lo estatal, de una renta básica universal europea.

Como se ha visto con la airada puesta en escena de Sarkozy, la referencia a la Segunda Guerra Mundial era, en este sentido, pertinente. También lo hizo, con mucha menos repercusión, Thomas Hammaberg, Secretario General del Consejo de Europa, organismo internacional que fue creado antes que las instituciones comunitarias. No para sacar a relucir viejos agravios históricos, sino para recordar que una unión política europea sólo vale la pena si amplía derechos civiles, sociales y políticos. Es decir, si constituye un espacio que permita luchar por una mayor democratización de la sociedad.

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