El escritor y periodista estadounidense Max Blumenthal recordaba recientemente cómo en noviembre de 1989 un joven Netanyahu, que formaba parte de la coalición gobernante encabezada por Isaac Shamir, manifestó públicamente en la universidad Bar Ilan de Tel Aviv que Israel debería haber aprovechado el conflicto chino ante las protestas de la plaza de Tianamen, mientras la atención del mundo estaba centrada en ese país, para haber expulsado masivamente a la población árabe de los territorios ocupados; y añadió: “Muy a pesar mío, no se aceptó la política que yo proponía y que sigo pensando que debería haber sido adoptada”.
La estrategia de servirse de una cortina de humo para llevar a cabo fechorías políticas de diversa naturaleza parece innata con el modo de entender la política del primer ministro israelí. Hace pocos días, ha aprovechado su alocución ante la Asamblea General de Naciones Unidas para mezclar unas insistentes y redundantes ideas sobre la aterradora perversidad iraní, de la que en breve cabe esperar todo lo peor, con unas conmovedoras imágenes del sufrimiento del pueblo judío en la Europa del siglo XIX, para lo que recurrió al recuerdo de su abuelo, brutalmente golpeado por unos bárbaros antisemitas en un pueblo europeo no determinado, quien en esa ocasión se lamentaba de que “los descendientes de los Macabeos yaciesen en el barro, incapaces de defenderse por sí mismos”. Esto le sirvió para acentuar el dramatismo del párrafo final del discurso, proclamando que “el pueblo de Israel ha vuelto a casa para nunca ser expulsado otra vez”.
Esta trágica cortina de humo se ha utilizado ahora para ocultar el más grave problema que corroe hoy a la sociedad israelí (y que nada tiene que ver con Irán): la paulatina obstrucción de todos los caminos que podrían conducir a la paz, resultado de la política suicida del Gobierno de Netayanhu, enconando progresivamente la ocupación militar del territorio palestino y la opresión del pueblo autóctono. Es inevitable deducir que, si en estos tiempos se produjese algún acontecimiento de especial relevancia mundial (como fue la revuelta de Tianamen), el Gobierno dirigido por Netanyahu haría todo lo posible por provocar la expulsión masiva de palestinos que no pudo ejecutar en 1989. Pero aún sin sufrir la violencia extrema que tal política generaría, la situación de penuria del pueblo palestino se agrava día a día.
Como se sabe, los territorios ilegalmente ocupados por Israel, están divididos en tres zonas. Una de ellas (la llamada “Área C”), que abarca el 61% del territorio de Cisjordania, está bajo pleno control militar israelí. A ésta ha dedicado su atención el Banco Mundial (BM) en un reciente informe que denuncia la insostenible situación económica del pueblo palestino. Según el BM, el control israelí de ese territorio le produce a la Autoridad Palestina la pérdida de un 35% de su producto nacional bruto (PNB): “Liberando el potencial de esas ‘tierras restringidas’ se facilitaría a los palestinos el disponer de nuevos recursos, lo que les llevaría a nuevas áreas de actividad económica y pondría a la economía del país en el camino de un crecimiento sostenido”.
Los palestinos que viven en la citada zona se ven sometidos a severas restricciones de circulación y de disponibilidad de agua, de las que están exentos los colonos israelíes, ilegalmente instalados todos ellos en la misma zona. Si además se permitiese a los palestinos el libre acceso al Mar Muerto, se obtendrían nuevos recursos (potasa y bromuro, por ejemplo) y se aprovecharía mejor el turismo. Esto supondría un aumento estimado del 10% en el PIB palestino. El informe del BM presenta unas conclusiones pesimistas: “Sin posibilidad de utilizar el potencial del Área C, el espacio económico [palestino] quedará fragmentado y ahogado. Si se eliminan las múltiples restricciones se podría transformar la economía y mejorar sustancialmente la esperanza en un crecimiento sostenido”.
Aprovechando también la distracción que para la opinión pública internacional ha supuesto la Asamblea General de la ONU, y mientras Netanyahu profetizaba un nefasto futuro bajo las amenazas de Irán, su Gobierno se preparaba para ejecutar el llamado plan Prawer, que nominalmente pretende resolver el conflicto entre los beduinos autóctonos del desierto del Neguev y el Gobierno de Israel. En realidad se trata de un proyecto para expulsar a 40.000 beduinos de lo que han sido sus tierras ancestrales y concentrarlos en poblados fijos, al estilo de las reservas indias de EE.UU. o los bantustanes sudafricanos.
Aunque ciudadanos de Israel, los beduinos habitan en “poblaciones oficialmente inexistentes”, declaradas ilegales y previstas para la demolición. En los lugares evacuados se asentarán comunidades exclusivamente judías, generosamente subvencionadas por el Estado y varios donantes internacionales. “El ‘destino manifiesto’ de los EE.UU., está para Israel en el Neguev”, ha declarado uno de éstos. Ante esta situación y estos hechos recientes, y tras una conocida trayectoria como Estado rebelde a las normas internacionales, ¿puede todavía considerarse a Israel como una democracia respetuosa con los derechos humanos?
República de las ideas, 18 de octubre de 2013
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